Con motivo de la admisión a trámite parlamentario en las Cortes de Aragón de la ley que deberá establecer el nuevo impuesto que sustituirá al de Contaminación de las Aguas, se ha remitido a los medios de comunicación aragoneses la opinión que este trámite merece a la Red de Agua Pública de Aragón.
• Los aragoneses seguiremos pagando más de la media nacional, cubriendo el gasto de nuestro servicio municipal y pagando otro extra para cubrir la desastrosa y opaca gestión del Plan de Depuración.
• Se mantendrá una única figura tributaria, el impuesto, frente a la alternativa de que exista una tasa y un impuesto.
• Continuará la política de favorecer la gestión privada de las depuradoras eludiendo prestar apoyo a la gestión municipal.
Desde RAPA asistimos con estupor y enorme frustración a la continuación del procedimiento legal necesario para dar cabida a la modificación (que no derogación) del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), de la que el actual Gobierno de Aragón hace alarde ante la sociedad aragonesa.
Es evidente que el gobierno cuatripartito ha despreciado la respuesta masiva de la ciudadanía ante la imposición del ICA en Zaragoza que sigue respondiendo con una cifra entorno a los 90.000 impagos. También ha hecho caso omiso de las propuestas concretas que desde las múltiples entidades que conforman la RAPA se le han trasladado, con el afán de colaborar en el desarrollo de un Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) sostenible, tanto medioambiental como económicamente.
El tiempo ha demostrado que el objetivo prioritario del Gobierno de Aragón es mantener la recaudación lo más próxima posible a los niveles actuales, pero sin resolver ninguno de los problemas estructurales de los que el ICA adolece, tal y como se puso de manifiesto en la Comisión especial de estudio sobre la aplicación del ICA de 2018.
Antes de entrar en la propuesta de impuesto, hemos de rechazar de plano que se siga manteniendo una única figura tributaria, el impuesto, frente a la alternativa de que exista una tasa y un impuesto.
Supone un agravio comparativo entre ciudadanos de diferentes municipios el que se apliquen tarifas iguales para situaciones distintas. En cualquier municipio de Aragón en el que su ayuntamiento gestiona la depuración, se aplican tarifas para recuperar los costes del servicio, aplicando criterios que favorezcan la reducción del consumo de agua, para reducir los costes y hacer sostenible el sistema. Pero esa lógica que se aplica cuando tenemos que pagar un servicio que recibimos, no se sostiene cuando lo que se nos pide es que aportemos una cantidad a fondo perdido para ayudar a soportar los costes de la depuración de otros municipios.
Existen dos nudos gordianos en la revisión de la financiación del PASD en Aragón:
- Gran parte de los sobrecostes de la depuración son consecuencia del modelo de gestión que adoptaron anteriores gobiernos autonómicos y que la Cámara de Cuentas de Aragón ya cuantificó en su informe de auditoría del Instituto Aragonés del Agua (IAA) del ejercicio 2015 en torno al 30%.
- Tampoco ha dicho nada el gobierno autonómico respecto al papel que deben asumir los ayuntamientos en la gestión y en la financiación de la depuración en sus municipios. No se nos tiene que olvidar que, solo la gestión centralizada de la facturación y cobro del ICA a través de una empresa privada le está suponiendo al IAA más de 2 millones de euros al año, que podrían ir a cubrir parte de los gastos en los que incurren esos ayuntamientos para gestionar los datos que ha de aportar para que se emitan los recibos del ICA.
Por eso desde RAPA hemos plantado desde el primer momento que la aplicación del principio de “quien contamina, paga”, debe aplicarse sobre los costes estrictamente necesarios para depurar las aguas residuales, mientras que los costes imputables a las decisiones erróneas de anteriores Gobiernos de Aragón deberían soportarse desde los presupuestos generales de la Comunidad, cuyos ingresos se basan más en criterios de renta que en criterios de servicio prestado, porque éste no lo justifica.
De ahí la siguiente conclusión: la ciudadanía aragonesa va a seguir pagando más de la media española por la depuración de sus aguas residuales, a pesar de que faltan por depurarse los vertidos de más de 300 poblaciones. Si Aragón deja de recaudar 5,7 millones de euros con el nuevo impuesto, eso quiere decir, de acuerdo con los datos manejados por RAPA, que la aportación del Gobierno de Aragón respecto a su responsabilidad histórica se queda en, aproximadamente, un tercio de lo que debería ser, lo que obliga a que sea la población aragonesa la que asuma esos sobrecostes, soportando una presión fiscal muy superior a la media española.
Si entramos ahora a analizar la tarifa propuesta en el nuevo impuesto lo primero que observamos es que la cuota fija (4,6266€/mes) sigue siendo la más alta de España con diferencia, casi un 49% mayor que la media española que se sitúa en 2,3662€/mes, como puede observarse en el gráfico siguiente:
Si lo comparamos con la cuota fija que se paga en Zaragoza por todo el ciclo integral del agua (3,92€/mes por abastecimiento y saneamiento), la cuota fija que se propone para el “IMAR” es un 18% superior. Si la comparamos solo con la cuota fija de saneamiento en Zaragoza (1,62€/mes), la cuota fija del “IMAR” supone prácticamente el triple. Con esta tarifa, cualquier hogar aragonés va a tener que seguir pagando, independientemente de lo que consuma, 55€/año, frente a los 61€/año que paga ahora. Ese es el alcance de la reducción del 9% de la tarifa que tan triunfalmente se ha proclamado.
En lo que respecta a la cuota variable, el hecho de que se proponga una tarifa progresiva se debe a la decisión de seguir manteniendo dentro de un solo tributo lo que debería ser una tarifa por servicios prestados, aplicable a las poblaciones a las que el IAA depura sus aguas residuales, con una aportación de “corresponsabilidad medioambiental” de toda la población (impuesto) cuyo importe debería ser mucho menor y que no se justifica en una tarifa progresiva.
De hecho, para la ciudadanía de Zaragoza y el resto de las poblaciones que gestionan sus depuradoras, como Jaca, Pedrola, o Fabara, soportar una tarifa progresiva por este impuesto es verse penalizado dos veces por su consumo. Eso es un sinsentido que aumenta los agravios comparativos entre contribuyentes.
El que una familia o un comercio consuman más o menos que la media de su población afecta a los costes de depuración de su municipio y para cobrar ese servicio es donde se han de implantar tarifas progresivas que incentiven el ahorro de agua y su uso responsable. La aportación de esa familia o ese comercio para soportar los sobrecostes de la depuración en otras poblaciones no tiene ninguna relación con los costes que generan en su municipio y, por tanto, hacer que su aportación sea más que proporcional a lo que consumen es una doble penalización a todas luces desproporcionada.
La rebaja global del 23% que plantea el Gobierno de Aragón para consumos reducidos se cumple para hogares unipersonales que representan solo el 27% del total de hogares. Para hogares a partir de 4 personas, la disminución con el nuevo impuesto es irrelevante, o incluso aumenta la presión fiscal respecto al ICA, debiendo soportar parte de la reducción de los hogares de menor tamaño. En el gráfico siguiente se visualiza lo que representan el ICA actual y el impuesto propuesto respecto a lo que el Ayuntamiento de Zaragoza factura por el servicio de saneamiento y entre ellos.
Con estos datos, la presión fiscal que deberán soportar los hogares unifamiliares de Zaragoza respecto a lo que pagan por saneamiento al Ayuntamiento de la ciudad, supondrá un 84%. En el mejor de los supuestos (para hogares de 6 miembros), la presión fiscal por efecto del nuevo IMAR se incrementará un 61,3%.
Teniendo en cuenta las necesidades de inversión que tiene Zaragoza para acabar de depurar todas sus aguas residuales y mantener adecuadamente su infraestructura de saneamiento y depuración, este nuevo impuesto que se vislumbra en el horizonte va a poner en riesgo la depuración de la mitad de las aguas residuales de Aragón, al limitar la capacidad del Ayuntamiento para revisar sus ingresos tarifarios, mientras más de 300 poblaciones siguen esperando su turno para verse agraciados con una subvención con la que poder hacer frente a sus necesidades de depuración.
Ni la ciudadanía aragonesa, ni los municipios aragoneses, se merecen el trato que el Gobierno de Aragón les está dando. Es el momento de abandonar falsos triunfalismos, ser sensibles y atender a las demandas sensatas y reflexivas de las entidades aragonesas, y asumir la responsabilidad histórica sobre las malas decisiones de gobiernos anteriores, de la misma manera que se le exige corresponsabilidad a la población para sostener un Plan aragonés de depuración que sigue haciendo aguas por todas partes.
Desde el movimiento por el Agua Pública en el que se inserta la RAPA, seguiremos dispuestos a aportar soluciones y alternativas e invitamos a la población de Zaragoza a mostrar su desacuerdo con esta nueva fórmula tributaria que nos sitúa lejos de una democracia avanzada y participativa donde nuestros representantes velen por nuestros derechos, por el bien común y por la sostenibilidad medioambiental de la Comunidad Autónoma que dicen defender.
