¿AGUA PARA LA NIEVE?. 2

La reciente entrada del pasado día 5 reflejaba ya la preocupación que generaba en la Ribagorza aragonesa la última de las actuaciones de la controvertida ampliación de la Estación de Esquí de Cerler. 

Del Pirineo, en su relación con el agua hay mucho escrito en este blog. Desde la nefasta gestión del convenio con el Ministerio de Medio Ambiente hasta la repercusión que supone, para el agua y para la vida de la gente, el proceso de turistificación imparable. A este aspecto pertenece el proyecto de innivación artificial de las nuevas pistas de Castanesa. Restos de un desvarío político- administrativo con privilegiados beneficiarios dentro y fuera de la comarca y numerosos perjudicados lejos y cerca, empezando por el propio paisaje y sus habitantes. 

De aquel gran proyecto, "pionero e innovador" a más no poder que iba a constituir una "oferta única en España", la DGA descartó los dominios de Isábena y Urmella y el INAGA  suspendió su impacto ambiental. 

“El proyecto de ampliación en el que se enmarca el presente anteproyecto, denominado “Proyecto de Ampliación de la Estación de esquí de Cerler” (PAEEC), contemplaba la puesta en funcionamiento de un total de 225,2 ha de nuevas pistas, con una longitud acumulada de 83,9 km esquiables, 56 pistas y 31 remontes distribuidos en 5 dominios principales. No obstante, sometido dicho proyecto a trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, por Resolución de 23 de diciembre de 2010 (DIA) el Departamento de Medioambiente del Gobierno de Aragón resuelve que el PAEEC únicamente resulta ambientalmente compatible para el Dominio de Castanesa:

“A los solos efectos ambientales, la Evaluación de Impacto Ambiental del «Proyecto de Ampliación de la Estación de Esquí de Cerler», promovido a instancia de la mercantil ARAMON, S. A. resulta compatible para el «Dominio Castanesa» y condicionada al cumplimiento del condicionado ambiental (…).”

En este mismo sentido, en 2012, el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes decide:

“Primero. - Aprobar el Dominio de Castanesa integrante del Proyecto de Interés General de Aragón de “Ampliación de la Estación de Esquí de Cerler".

Segundo - Suspender el resto del ámbito del Proyecto, de conformidad con dispuesto en la Resolución de 23 de diciembre de 2010, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del Proyecto de Ampliación de la estación de esquí de Cerler, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, n.º 254, de 30 diciembre de 2010.”

Un proyecto con una trayectoria de difícil seguimiento.

Del actual documento presentado cabe manifestar la dificultad de acceso a la información de la solicitud en la pag. web de la CHE.  Finalmente, con escaso margen de tiempo, se ha podido leer apresuradamente para poder, siquiera simbólicamente, mostrar la opinión de la RAPA.  Una opinión compartida con un amplio muestrario de colectivos sociales y ambientalistas.

No deja de ser curiosa el desapego mostrado por los informes científicos que se permiten calificar de "pesimistas" frente a las repercusiones del cambio climático. 

“El anteproyecto se enmarca dentro de una serie de actuaciones que el Promotor: FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE, S.A., está desarrollando con objeto de aumentar el dominio esquiable en el Pirineo Aragonés de la estación de esquí de Cerler, concretamente en la zona de “Castanesa.... Así como de adaptar las instalaciones de dicha estación a los escenarios previstos de cambio climático, que auguran un incremento de temperaturas que conllevará a su vez una disminución de los niveles de innivación natural considerados como normales hasta la fecha.”

Merece la pena reseñar el detalle de que las cantidades del presupuesto aparecen tachadas. Considerando de que se trata de una obra financiable con dinero público de una empresa semipública, esta ocultación debería resultar entre sorprendente y vergonzosa, pero no parece que esta circunstancia esté causando mayor incomodidad en una sociedad acomodaticia. A ojo de buen cubero si la balsa de L'Inllada en la zona de L'Ampriu, que tiene casi la misma capacidad, se licitó por casi tres millones más otro medio millón para la acometida eléctrica y que en Pleta Vella habría que añadir toda la infraestructura de llevar el agua desde las captaciones, el coste, con toda probabilidad superará esa cifra.

Abriendo un poco el foco de la crítica, más allá del escenario comarcano, todo lo narrado no deja de ser un capítulo más del largo relato de la explotación irracional y asimétrica de los recursos de la naturales de Aragón. Una manera de ver y hacer las cosas, franquicia del "modelo tecnolatra", que triunfa a nuestro alrededor y que basa su razón de ser en la explotación de territorios, paisajes y personas a la gloria de la acumulación de riquezas en manos de una oligarquía cada vez más ambiciosa, exclusiva y excluyente.

MAS INFORMACIÓN SOBRE CASTANESA:
https://ribagorzaenaccion.blogspot.com/search?q=castanesa

NOTA DE PRENSA DE LA RED DE AGUA PÚBLICA

Replicamos en nuestro blog la Nota de Prensa de la Red de Agua Pública (RAP) respecto al procedimiento impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para adjudicar durante los próximos 25 años la gestión indirecta del abastecimiento de agua en los municipios de Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana. 

Entiende la RAP y compartimos desde Aragón, que el establecimiento de periodos tan largos de concesión imposibilita que en otro momento pueda establecerse otro modelo de gestión de un bien público como el agua que, tal como hemos escrito tantas veces, no se trata de la prestación de un servicio cualquiera, sino la gestión de un derecho humano, un monopolio natural y una infraestructura esencial para la vida y para la adaptación de los municipios al cambio climático. Parece que se extiende, tal como venimos comentando respecto a la depuración de las aguas residuales de Zaragoza y bajo capa de una tramposa colaboración Público-Privado, una intención privatizadora a todos los niveles en donde la información y participación de la ciudadanía no es tenida en cuenta.

Este es el contenido de la Nota de Prensa:

La Red Agua Pública (RAP) manifiesta su profunda preocupación por el procedimiento impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para adjudicar durante los próximos 25 años la gestión indirecta del abastecimiento de agua en los municipios de Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana.

Veinticinco años no son simplemente la duración de un contrato: son prácticamente una generación. Y lo que se decide no es la prestación de un servicio cualquiera, sino la gestión de un derecho humano, un monopolio natural y una infraestructura esencial para la vida y para la adaptación de los municipios al cambio climático.

La concesión tiene un valor estimado de 937,4 millones de euros y contempla importantes inversiones que serán financiadas mediante las tarifas de los usuarios.

La transparencia no puede llegar después de la adjudicación

Para la RAP, una decisión de esta magnitud debería haber estado precedida por un proceso plenamente transparente y participativo sobre las distintas alternativas de gestión que hubiera concluido con una justificación convincente de la elección de la gestión indirecta.

La finalización de las concesiones de los anteriores municipios fue una oportunidad perdida para decidir sobre el modelo de gestión para las próximas décadas. Ahora, en el contexto de esta licitación, esta oportunidad no puede reducirse a decidir qué gran empresa gestionará el servicio durante otros 25 años.

La RAP considera especialmente preocupantes las dificultades existentes para acceder a toda la documentación y los estudios realizados por la propia AMB que fundamentaron la elección del modelo de gestión público en los municipios, lo que contradice el objetivo de la licitación actual.

Una solicitud formal de acceso a la información pública presentada en agosto de 2026 señala que, en una petición anterior del expediente, no se facilitaron los escritos de alegaciones ni el informe de análisis y respuesta de 25 de septiembre de 2025, pese a que el acuerdo definitivo del Consejo Metropolitano se refería expresamente a esa documentación como parte de la motivación de la decisión.

La transparencia no consiste únicamente en publicar una licitación, sino en permitir que la ciudadanía conozca cómo y por qué se ha decidido entregar la gestión de un servicio esencial durante un cuarto de siglo.

La RAP reclama que se conozcan los estudios realizados, las alternativas analizadas, las alegaciones formuladas y las razones que llevaron al AMB a optar nuevamente por la gestión indirecta.

Una baja del 60 % no es un detalle técnico

Las ofertas económicas añaden una nueva preocupación. Tres propuestas han superado el umbral de presunción de anormalidad, situado en el 27,63 %: Veolia, con una baja del 60 %; la UTE Gestagua-Saur, con un 45,05 %; y la UTE Facsa-GS Inima-Constructora de Calaf, con un 29,10 %.

Una oferta incursa en presunción de anormalidad no es automáticamente ilegal y la legislación permite al licitador justificar su viabilidad. Pero una baja del 60 % en los precios de las inversiones de un servicio que debe mantenerse durante 25 años no es un detalle técnico. Es una señal de alarma que exige explicaciones extraordinariamente sólidas.

En este sentido es fundamental justificar si pueden mantenerse esos precios durante décadas garantizando la gestión del agua y al mismo tiempo las inversiones, la renovación de las redes, la calidad del servicio y las condiciones laborales. En definitiva, AMB debe garantizar que todas las ofertas son económicamente viables y que las inversiones previstas son las necesarias para asegurar la calidad del servicio.

Por este motivo, la RAP reclama al AMB la máxima transparencia en esta fase de la adjudicación y exige que los informes y documentos utilizados para justificar las bajas temerarias sean accesibles públicamente.

Nadie sabe cuánto costará gestionar el agua dentro de veinticinco años

La duración del contrato resulta todavía más preocupante ante las incertidumbres derivadas de la emergencia climática; en este sentido, blindar durante 25 años el modelo de gestión indirecta en un escenario de creciente incertidumbre climática significa tomar hoy decisiones que deberán afrontar problemas que todavía ni siquiera se conocen. Además, existen otros factores de incertidumbre a tener en cuenta, como las nuevas exigencias de calidad, necesidad de reducir pérdidas, reutilización, digitalización, renovación de infraestructuras y volatilidad de los costes energéticos y de construcción, que transformarán profundamente los futuros sistemas de agua urbana.

En definitiva, la RAP considera que la adjudicación de un contrato de esta dimensión económica y temporal requiere algo más que el cumplimiento formal de un procedimiento administrativo: exige transparencia, rendición de cuentas y garantías de que en la toma de decisiones prevalecerá el interés público.

ZARAGOZA, DEPURACIÓN Y PREGUNTAS

Estratos de agua. Pilar Iturralde 2.020

Continuando lo que se dijo en la entrada del pasado 24 de agosto y dada la escasez de información disponible, traemos a la opinión pública la realidad de la depuración de las aguas residuales de Zaragoza. Se constata que, en medio de todo el ruido político-mediático que contamina la convivencia, hay temas que no parecen interesar y que los movimientos ciudadanos tendrán que suplir la falta de difusión institucional y periodística. Tácita o explícitamente se elude una cosa tan seria como la salud de Ebro aguas abajo de donde vive más de la mitad de la comunidad autónoma, además de las gentes de Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre y Montsià. 

La depuración de las aguas de Zaragoza parece un tema permanentemente pendiente. Una de esas cosas que se resuelven por el viejo procedimiento de cifrar la solución de los problemas actuales en un futuro indeterminado. Un tiempo verbal de uso exclusivo para políticos procrastinadores.  Eso corre el peligro de llevarnos, tal como dice el profesor Gil Manuel Hernández a la desaparición del futuro como promesa, al Temporalismo Extractivo.

Repasando lo ya publicado en este blog respecto a los acuerdos entre el Ayto. de Zaragoza y la empresa concesionaria de la EDAR de La Cartuja vemos que en este mes de septiembre Ecociudad Zaragoza estaba obligado a presentar un plan integral del sistema de saneamiento y de momento,.... no hay noticias que recojan nada al respecto de este tema de importancia presente y futura. 

Complementario a esto pero mucho más puntual sabemos que está aprobado por el Ayto. la colocación de un medidor de la calidad del vertido de la depuradora de la Cartuja.  El resultado de esta medición, en continuo, lo que algunos califican como “en tiempo real”, debería estar incluido en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)  de la  Confederación Hidrográfica del Ebro. Esta actuación debía estar implantada en junio de 2026 pudiendo alargarse hasta finales de este año los trabajos de seguimiento y comprobación de la unidad. De momento los datos no aparecen en la página web de la CHE ni en la del Ayuntamiento de Zaragoza.  Así que nuestra pregunta es si está instalado o no. 

Otro aspecto reseñado en el convenio firmado con motivo de la prorroga del contrato de la EDAR se refiere al estudio de los colectores de la margen izquierda.  

Como ya hemos descrito en alguna ocasión, ocurre que cuando el río Ebro va crecido se produce una entrada de agua del río a través de las clapetas de los aliviaderos que podemos ver en las orillas del río.  Esto no debería  producirse si el sistema de cierre fuera correcto. Esa agua inunda los colectores y a partir del momento en que eso ocurre las aguas residuales direccionadas a la margen derecha para llegar a la depuradora de La Cartuja deben ser vertidas directamente al río Ebro.  

La depuradora no soportaría una llegada de semejante caudal (mezcla de agua residual y agua del Ebro). Solo la baja temperatura de llegada ya mermaría la eficiencia de los lechos bacterianos.  Este problema, perfectamente conocido por todos, precisa de un estudio, de una monitorización para definir su tratamiento que sin duda, es técnicamente complicado y con un coste económico importante  pero igualmente necesario para poder acometer soluciones entre las cuales está mejorar los sistemas antirretorno para que el agua del río no entre en los aliviaderos que es lo que ocurre ahora. 

Este estudio forma parte de un "PERTE" (Plan Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) dotado con 1,5 M€ del gobierno central-MITECO y que cuenta también con fondos europeos, Se pretende monitorizar el 80% de los aliviaderos y 30 puntos de la red general. La instalación iba a estar acabada en junio de 2026 y los resultados de esa monitorización se podrían concluir a finales de este mismo año. ¿Cuánto de esto se ha ejecutado hasta el momento?

Parece que está situación de vertido directo al río de la margen izquierda podría paliarse algo, sin ser la solución, con unas imprescindibles obras en la Estación de Bombeo del Vado que lleva agua residual de la margen izquierda a la derecha.  El proyecto ya contaba con autorización ambiental y de la CHE en febrero de 2026 y se retrasaron las obras esperando a una disminución del caudal del río Ebro.  ¿Cuál es el estado de estas obras que tenían un horizonte de ejecución de doce meses?

A la orilla.  Pilar Iturralde 2.020

Sobre el convenio de Veolia, Ayuntamiento de Zaragoza e Industrias Químicas de Zaragoza (IQZ), merece la pena una breve introducción. 

IQZ tiene autorizado por el INAGA un vertido con un volumen y una composición determinada.  La empresa lo vierte al colector de la margen izquierda y se suma al de otras empresas pasando a transferirse a través de un bombeo a la margen derecha y por tanto a la EDAR de La Cartuja. El grado de dilución de los componentes del vertido de IQZ depende del caudal del colector en cada momento, o dicho de otra manera, de lo que vierten también el resto de empresas. Esa concentración que no es constante, llega a la depuradora que no es capaz de adaptarse a esa situación cambiante.  El convenio firmado por las tres entidades pretendía que IQZ realizase un vertido que se adecuase al caudal del colector receptor reteniendo volumen en caso de bajo caudal del colector para evitar la llegada de altas concentraciones de sulfatos a la depuradora. Esas variabilidad no permite que el tratamiento sea el adecuado, se pone en peligro la propia integridad de la depuradora y el río Ebro acaba siendo la víctima final de esta situación.  Cabe decir que siendo estas realidades sobradamente conocidas desde el comienzo de la actividad empresarial, no deja de sorprender la escasa sensibilidad y capacidad decisoria de todas las administraciones responsables en la gestión del agua. 

Está por conocerse la efectividad de este acuerdo y saber, por lo tanto, si la depuradora seguía sufriendo las consecuencia y con ello el padre Ebro.

Como complemento a lo anteriormente dicho y de forma paliativa se iba a complementar un sistema denominado “Actifló” en esa depuradora. 

¿Se han iniciado las obras, en que situación se encuentran?  ¿Cuándo se espera su puesta en servicio?

Sabemos que la finalización de este implementación en el funcionamiento de la depuradora era para 2027 y que el coste  de esta actuación lo debía asumir Veolia como una de las  contrapartidas por la prórroga de gestión concedida por el consistorio zaragozano.

Saliendo de La Cartuja y también en la margen izquierda, tenemos que hablar de la empresa TEREOS, otro asunto del que no encontramos información fidedigna. En la pasada primavera la empresa tramitaba la Autorización Ambiental con el  INAGA  para instalar una depuradora y  tratar previamente sus vertidos antes de que se incorporen al colector municipal.

Ecociudad valoraba positivamente el proyecto en su aspecto técnico y no entraba en el urbanístico que lleva otra vía por necesitar una recalificación de terreno. Ecociudad no conocía los plazos de futuro en esa tramitación porque la tramitación era competencia del INAGA, Urbanismo de Zaragoza y Medio Ambiente de este ayuntamiento por el control de emisiones al aire de dicha empresa.  Desconocemos también en que situación se encuentra este proyecto que tuvo contestación social por parte del vecindario de ese barrio cuando se conoció la existencia del proyecto ya que sufre las molestias consecuentes a la instalación de una empresa de este tipo en una zona eminentemente habitacional. 

Como colofón a cuanto se ha expresado cabría plantearse la necesidad de una evaluación completa, verdadera y si apriorismos de todo el periodo de vida de la EDAR de La Cartuja que permita valorar si el modelo elegido para su gestión ha sido el idóneo o si la gestión directa hubiera podido servir con más eficacia a los vecinos de Zaragoza y a la salud de toda la cuenca aguas abajo. 

Sabemos que allá por 2008, ante la falta de capacidad de autofinanciación, se empujó a los Ayuntamientos a privatizar servicios tan básicos como el de agua y saneamiento, transformándolos en negocio privado bajo las leyes del mercado. En este contexto y desde aquel momento, la Red de Agua Pública de Aragón ha demandado del Gobierno central, de la DGA, de las Diputaciones Provinciales y muy particularmente de los Ayuntamientos, una actitud proactiva en su gestión para desarrollar todas las competencias que le son propias. Entendemos, ahora como entonces, que es preciso fortalecer “lo público” sobre los intereses que comportan modelos de gestión privada explícitos o encubiertos mediante estrategias de una dudosa colaboración público-privadas.

El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan.

Arnold J. Toynbee 

¿AGUA PARA LA NIEVE?

En zonas como Benasque causa sorpresa que pueda haber restricciones de agua. Precisamente donde el agua nace no cabría sufrir escasez, se extrañan sus vecinos, pero esas lógicas hace tiempo que se han sobrepasado. 

La superación de los límites planetarios, ampliamente conocida por la ciencia no parece ser re-conocida por una parte de nuestros representantes públicos que  prefieren insistir en viejos modelos de desarrollo antes de entrar a debate sobre el papel que el ser humano juega en el planeta, nuestra responsabilidad y las consecuencias al sobrepasar esos límites. En este estado de cosas, mientras hay gente que se atreve a poner en duda la idea de crecimiento perpetuo, otra mucha sigue apostando por el pasado para construir el futuro. Esta apuesta ya tiene nombre, "hipernormalidad" y es la última lacra que sufre la vieja Europa asolada por corrientes de NO pensamiento que pretenden encaminar al viejo continente hacia un modelo de estado corporativo. Algo ya vivido, estudiado, escrito y analizado, pero arrumbado al último rincón del olvido precisa y desgraciadamente por quienes siempre son sus víctimas.  

El delirio original

El aumento creciente de la presión humana en zonas de montaña, especialmente afectadas por la turistificación del medio natural, en una escalada irracional del modelo de desarrollo de los años 60-80 del ya lejano siglo XX, está matando la gallina de los huevos de oro mientras algunos grupos económicos hace caja. Unos beneficios nada inocentes financiados desde las arcas públicas donde se da la paradoja de que unos fondos (Next Generations) que por su nombre deberían dedicarse para el desarrollo de las "siguientes generaciones", se están consumiendo para sufragar los errores de las actuales.

ARAMON es un indicador de esta realidad. Cerler ha recibido más de 12 millones para invertir en innivación entre los años 2024 y 2027 y, por lo que se ve, va camino de utilizarlos. Y ello sin que en la sociedad civil se genere una mínima pulsión de debate sobre si esa es la mejor gestión que se puede hacer. 

El nuevo proyecto de innivación recogido en el anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro solicita  una concesión de aprovechamiento de aguas públicas en el término municipal de Montanuy. Es uno más en la larga serie de despropósitos que acumula la ampliación de la Estación de Cerler por el Valle de Castanesa y supone un cambio sustancial en el proyecto que fue declarado de Interés General para Aragón (PIGA), un cambio de suficiente entidad como para  aconsejar la tramitación de un nuevo expediente.

Habrá quien argumente que tanto los metros cúbicos a extraer por temporada como las hectáreas a innivar son similares en ambos proyectos (y algo más de 300.000 M3 y de 50 hectáreas . La novedad estriba en que en el proyecto original se extraía del rio Baliera, a1500m. de altitud, para bombearla hasta la balsa de Pleta Vella a 2100m. con mayores costes de infraestructura y mantenimiento pero mucha menos afectación ya que el nuevo proyecto extrae el agua de los humedales de la zona y especialmente de Nou Fonts. Cuando se deseca un humedal, una turbera en este caso, se altera drásticamente su ecosistema  transformando  lo que la naturaleza ha creado como sumidero de carbono en una fuente masiva de emisiones de gases de efecto invernadero. En su estado natural, las turberas están inundadas de agua, lo que crea un ambiente anaerobio que frena la descomposición de la materia orgánica acumulando carbono durante su existencia. Una existencia que este proyecto alteraría drásticamente.

Aunque se salga del objeto directo de este blog que se centra en la defensa del agua como bien público, no se puede olvidar que, a los costes de esta captación  para hacer esquiable la montaña de Castanesa, habría que añadir todo lo referente a los nuevos accesos al frente de nieve. La carretera que ahora se pretende construir como acceso a la estación se consideraba en el proyecto inicial como  de mantenimiento de las instalaciones. Pero por arte de la improvisación, la valoración como PIGA de sus comienzos  ha ido derivando a proyectos en apariencia menores pero que sumados todos ellos representan una alteración administrativa y producen una grave afección ambiental.

Ibón de Basibé

Desde la Red de Agua Pública coincidimos con la Plat. en Defensa de las Montañas de Aragón en que este proyecto debería descartarse tanto por irregularidad administrativa en su tramitación  como por grave afección al entorno del humedal catalogado de Basibé.  Desoye el promotor de la petición de esta extracción de aguas las tendencias que pronostica el Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) respecto a la disminución de precipitaciones esperables en el futuro y al hecho de que la singularidad de los humedales españoles va a activar un ambicioso proyecto europeo LIFE de conservación. El inmenso ruido de la pugna política por la conquista del poder a toda costa está enmascarando otras realidades igualmente perversas para una sociedad civil que se pensaba constituía el andamiaje, el esqueleto de una convivencia basada en libertades y derechos.

Se diría que el proceso "desregulador" que preside el programa del ejecutivo aragonés no tiene el menor problema en dirigirse en dirección contraria a la ciencia y a la "regulación" administrativa esperable del buen gobierno, algo que ya parece objeto de la utopía cuando no de la ciencia ficción.

Un poco de historia: 

https://ribagorzaenaccion.blogspot.com/search?q=castanesa

HACIA EL NUEVO CURSO DE AGUA

Proliferación de vacíos. Pilar Iturralde 2025

En medio del incesante y creciente ruido que se hace pasar como fidedigna  información hay muchas cosas que pasan desapercibidas para el gran público. No se puede decir que haya ausencia de datos, pero si que la modulación y ordenación de los contenidos construye una realidad formal de la que siempre se descuelgan aspectos importantes. La inversión de las administraciones en medios de comunicación no es ni paritaria ni inocente en tanto su manejo condiciona el pensar y el votar. En eso la involución social y política también se ha hecho notar.

No deja de ser curioso y el votante-pensador tal vez debiera considerarlo, que el espectáculo mediático/conservador compita en financiación con los planes de prevención y extinción de incendios. Este ejemplo debiera servir para cuestionar el ordenamiento informativo que nos alimenta cada día y ello sin contabilizar el delirio que llueve desde las redes sociales en donde cualquier imbécil se siente autorizado para categorizar todo lo que su ignorancia le aconseje y ya se sabe que la ignorancia es muy atrevida. 

Entre estas cosas que se evaporan de la actualidad, la realidad del agua y su gestión es una de ellas y parece obligado para este blog, activo desde 2013, repasar como anda la cosa. Nos centraremos en tres casos: el embalse de El Val, la depuradora de La Cartuja y las obras de protección de Benasque. 

En Agosto de 2016 ya recogíamos en este blog que en 2012 la Confederación Hidrográfica del Ebro había multado con 6.000 euros a los ayuntamientos de Ágreda y Ólvega por los vertidos de la EDAR originados en sus municipios, algo que ya se venía produciendo desde 2008 cuando se inauguró una depuradora que sigue sin hacer gala de su nombre. Pasados 18 años la cosa sigue igual o parecida, sin que la noticia cale en el imaginario aragonés lo suficiente como para urgir a las administraciones y generar un estado de opinión. Que el embalse de El Val sea conocido como el Mar Menor de Aragón no debería de ser motivo de orgullo y menos para los habitantes de una zona que deberían pensar y repensar sobre la piscifactoría de Vozmediano, la contaminación ganadera o las repercusiones del Polígono Industrial de Ólvega en el que conviven condenas judiciales por contaminación con subvenciones de la Junta de Castilla y León. 

Respecto al estado operativo de la depuradora de La Cartuja no tenemos otras noticias más allá de lo que ya hemos publicado. En este nuevo curso hidráulico que asoma tras las canículas, haremos por acercarnos a esta compleja realidad y aportar lo que esté a nuestro alcance, que no dejará de ser una parte del complejísimo, intrincado y poco conocido modelo de depuración aragonés. Algo de lo que este blog está repleto y que para contrarrestar la amnesia popular invitamos a visitar. 

Tal como la política autonómica laminó el movimiento ciudadano articulado en torno a la injusticia que la financiación del PASD suponía, especialmente para la población zaragozana, el tiempo desdibuja aspectos importantes de este Plan. Emborrona la participación de los partidos mayoritarios, con protagonismo del PAR, en lo que ha sido un claro proceso de privatización de servicios públicos. En eso los partidos gobernantes de Aragón se adelantaron a la doctrina Trump, tan de moda hoy día. Todo es susceptible de negocio: la educación, la sanidad o los servicios de abastecimiento y depuración agua.

Sin ánimo de investirnos de oráculo, algo dice, aunque nadie este escuchando, que el saneamiento de Zaragoza volverá a la actualidad, que la financiación no está suficientemente clara y que la salud de la cuenca del Ebro, aguas abajo de Zaragoza no está garantizada como cabría esperar en una sociedad avanzada como la que se presume desde las esferas de la Aljafería. Un poder más proclive a favorecer a las grandes empresas energéticas y tecnológicas que a lo que tradicionalmente se ha conocido como bien común. Y algo barrunta que cómo ya pasó con la construcción de la EDAR de La Cartuja, los zaragozanos volverán a pagar.

Este viaje de las irregularidades del agua remonta el río Ésera hasta su población más señera. En Benasque, la intricada relación entre la turistificación y el agua ha hecho que el IAA haya validado la ejecución de unas obras de protección contra avenidas que ya estaban realizadas y cuya ejecución ha permitido elevar el nivel del suelo de la estación de salida del teleférico de acceso a Cerler para soslayar que es zona inundable. Administrativamente, la CHE ha resuelto las reconocidas irregularidades con una multa de 4.000€ y a otra cosa. Quedará la vana esperanza de que la justicia ponga un poco de orden en este desafuero aunque la experiencia nos dice que, como en otros casos (Torre Outlet, Zaragoza), las decisiones de los tribunales no siempre fluyen por los cauces de la justicia.

Estos casos nos hablan a las claras de una administración que administra poco, de una clase política anclada en el espectáculo y el esperpento como apuesta  electoral y una ciudadanía adormecida en sueños de grandeza de clase media que nunca han sido y seguirán sin ser. A pesar de que la toma del poder de las oligarquías y el desequilibrio de las rentas sean una evidencia, la población en su conjunto no parece caer en la cuenta de las repercusiones de este nuevo capítulo de la modernidad líquida.

La tradicional sequía que por estas fechas inundará los medios de comunicación, confundiendo a menudo sequía con escasez por sobreexplotación, reina también en la racionalidad aragonesa a todos los niveles. En el de los gobernantes y el de los gobernados. A buen seguro a la vuelta del curso político, además del ya endémico acoso a La Moncloa, se escucharán voces y voceros cargados de argumentaciones simplistas y simplonas reclamando embalses y soluciones mágicas para que el progreso, su progreso, no pare y que la rueda de las frivolidades siga rodando entre cervezas frías y áticos millonarios. Ya se ha podido escuchar junto a sandeces como relacionar los incendios forestales con la regularización de la inmigración, argumentos igual de bobos como que los ríos gallegos son cortos y tiran todo el agua al mar. Verdaderamente la ignorancia es muy atrevida y la política atrae a los atrevidos como la luz a las polillas. 

Como antídoto a tanta estupidez podría ser de interés recuperar la "la inteligencia natural", aquella que recomienda no estirar el brazo más que la manga y acompasar nuestros andares al camino que tenemos por delante. 

La esperanza ensancha el alma porque no se limita a proyectar un futuro mejor, sino que transforma el presente desde dentro.

Byung-Chul Han

DIRECTIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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Siguiendo el hilo de la última entrada, la normativa europea en materia de aguas atraviesa un momento no especialmente esperanzador. Las tensiones que se perciben en la UE se trasladan a todas sus iniciativas en un momento en que los sectores productivistas parecen ejercer una fuerte presión. No habría que olvidar que en la UE hay alrededor de 30.000 lobistas. Si dividimos esta cifra entre los 720 eurodiputados, tocan a más de cuarenta cabilderos por diputado: una imagen de la presión de que hablamos.

Por un lado, La Directiva Marco del Agua, hasta el momento una de las normativas más avanzadas de la UE en protección ambiental que ya fue evaluada en 2019 con la conclusión de que no se debería debilitar sino todo lo contrario. Sin embargo, la Comisión Europea anunció en diciembre de 2025 su intención de revisarla para facilitar proyectos vinculados a la explotación de materias primas críticas. Para las organizaciones afines al ideario de la RAP, esto responde más a presiones económicas que a necesidades reales. 

“Esta revisión desvía recursos de los problemas reales y frena la innovación que Europa necesita. Es un mal acuerdo para la ciudadanía y para el clima”, señaló Sara Johansson, del European Environmental Bureau el pasado mes de marzo.

Hay que recordar que la realidad es alarmante: solo el 29% de las aguas superficiales de la UE están en buen estado químico, mientras que el 78% de la ciudadanía reclama más protección, no menos.

Por otro lado, respecto a la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (UWWTD) y los riesgos para la seguridad del suministro de medicamentos, la situación es similar. La votación del pasado 18 de junio sobre la moción de resolución relativa a su aplicación ha sido negativamente recibida por EUR EAU (Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios de Agua).

Esa votación ha puesto de manifiesto que una parte significativa del Parlamento Europeo no apoya a los municipios ni a los contribuyentes, incluidos los ciudadanos y las empresas locales, sino que se pone del lado de los contaminadores. Esto contradice el principio de «quien contamina paga», uno de los pilares fundamentales de la política medioambiental de la UE, y sienta un precedente peligroso para otros contaminantes en las aguas residuales además de marcar una incertidumbre regulatoria que hace cundir la alarma entre los movimientos ciudadanos.

Por su parte el MITECO ha activado un plazo de consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley de transposición de la Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, que terminó el pasado 26 de junio.

En este sentido la Red de Agua Pública ha realizado aportaciones relativas a la Consulta pública centradas en el convencimiento de que la transposición debe asumir de forma consecuente y plena el derecho humano al saneamiento. (VER AQUÍ). 

Entiende la RAP que existen importantes lagunas en la revisión de la Directiva que deberían solventarse en la transposición, mejorando y ampliando su texto, y asumiendo plenamente, en el contexto del derecho humano, uno de sus objetivos, que no es otro que el de mejorar el acceso al saneamiento (considerando 58 de la Directiva) y asegurar el acceso al saneamiento para todos, en particular para los colectivos vulnerables y marginados. Se entiende que la Directiva tiene un margen de mejora desde el punto de vista del derecho humano al saneamiento, que debería resolverse positivamente en la transposición a la normativa española.  

 

 

DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA

En el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía trasladamos en este blog la opinión de la Red de Agua Pública. 

• En el corazón de este movimiento está la defensa de la Directiva Marco del Agua, articulada en torno al Manifiesto apoyado por más de 270 organizaciones de la sociedad civil y más de 300 personalidades del ámbito científico, académico y de la gestión del agua.

• Piden al Gobierno de España que rechace cualquier modificación de la norma europea que debilite el principio de no deterioro o amplíe las excepciones ambientales.

 Madrid, 17 de junio de 2026. Con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, las principales organizaciones sociales y ambientales del país que se han unido para defender la Directiva Marco del Agua reclaman al Gobierno de España que proteja en las instituciones europeas la integridad de la Directiva Marco del Agua y rechace cualquier reforma que reduzca sus objetivos ambientales, debilite el principio de no deterioro o abra nuevas excepciones para proyectos con impacto sobre ríos, humedales, acuíferos, lagos, estuarios y aguas costeras.

En un país especialmente vulnerable a la escasez de agua, a la desertificación, a las sequías recurrentes y al deterioro de los ecosistemas acuáticos, las organizaciones firmantes recuerdan que la resiliencia hídrica no puede construirse a costa de rebajar las garantías ambientales. Al contrario: proteger y restaurar el buen estado de las masas de agua es una condición imprescindible para garantizar seguridad hídrica, salud pública, adaptación climática, estabilidad económica y futuro para los territorios.

La respuesta a la sequía y a la desertificación no puede ser debilitar la principal norma europea que protege el agua. La resiliencia hídrica empieza por ríos vivos, acuíferos en buen estado y humedales funcionales. España debe situarse entre los países que lideren la defensa de la Directiva Marco del Agua, no entre quienes acepten rebajarla.

Estas organizaciones advierten que la posible modificación de la Directiva Marco del Agua por parte de la Comisión Europea, bajo el argumento de la simplificación administrativa o del impulso al acceso a materias primas críticas, supondría un grave retroceso si se traduce en autorizaciones más laxas, menor control ambiental o menos transparencia y participación pública. También recuerdan que la propia Unión Europea ha situado la resiliencia hídrica en el centro de su agenda, con una estrategia orientada a restaurar y proteger el ciclo del agua, equilibrar mejor la oferta y la demanda, impulsar una economía inteligente en el uso del agua y garantizar el acceso al agua limpia y asequible. En la misma línea, el MITECO reconoce en sus orientaciones sobre agua y cambio climático la necesidad de recuperar, restaurar y proteger las masas de agua, incrementar la seguridad hídrica y avanzar en la gestión de sequías e inundaciones.

Sin embargo, subrayan que estos objetivos serían incoherentes con cualquier reforma que rebaje la protección ambiental. “No hay resiliencia hídrica posible si se permite deteriorar las masas de agua. No hay adaptación a la sequía si se siguen sobreexplotando acuíferos, degradando humedales o autorizando proyectos sin garantías suficientes”, añaden.

El problema no es la Directiva Marco del Agua, sino su insuficiente aplicación. Por ello, pedimos que los esfuerzos se centren en financiar y ejecutar los programas de medidas de los planes hidrológicos, prevenir la contaminación en origen, recuperar ecosistemas fluviales, mejorar el seguimiento del estado de las masas de agua y garantizar una participación pública efectiva.

Las organizaciones también recuerdan que la Directiva ya contempla mecanismos de flexibilidad para casos excepcionales, incluidos proyectos de interés público superior, siempre que se justifiquen adecuadamente, se evalúen sus impactos, se adopten todas las medidas de mitigación posibles y no existan alternativas ambientalmente mejores. Además, en marzo la Comisión aprobó una Directiva flexibilizando las normas que no ha entrado en vigor, por lo que la revisión es prematura. Crear nuevas excepciones sectoriales, advierten, premiaría a quienes no han adaptado sus prácticas y perjudicaría a quienes sí han invertido en una gestión responsable del agua.

Con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, piden al Gobierno de España que defienda una posición clara en Europa aprovechando el próximo Consejo de Ministros el 25 de junio basada en cinco prioridades:

1. Rechazar cualquier modificación de la Directiva Marco del Agua que debilite sus objetivos ambientales o el principio de no deterioro.

2. Priorizar la aplicación efectiva de la norma, con financiación suficiente para los planes hidrológicos y sus programas de medidas.

3. Garantizar que las nuevas actividades industriales, mineras o vinculadas a materias primas críticas solo se desarrollen si son compatibles con la protección del agua.

4. Evitar impactos negativos sobre actividades económicas sostenibles que dependen de recursos hídricos en cantidad y calidad adecuadas.

5. Defender que la competitividad europea no puede construirse a costa de rebajar la protección ambiental.

La desertificación y la sequía nos recuerdan que el agua no es un recurso garantizado. En un contexto de cambio climático, España necesita menos atajos y más cumplimiento: proteger el agua es proteger la economía, la salud, la biodiversidad y la vida en los territorios.

El motor que mueve la Defensa de la Directiva Marco del Agua está integrado por organizaciones sociales, ambientales, sindicales, de consumidores, operadores públicos y entidades de defensa del territorio y se articula en torno al Manifiesto apoyado por más de 270 organizaciones de la sociedad civil y más de 300 personalidades del ámbito científico, académico y de la gestión del agua.

Está integrada por Aigua és Vida, Amigas de la Tierra, Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Client Earth, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, FACUA, Federación de Consumidores y Usuarios, Fundación Nueva Cultura del Agua, Fundación Primero de Mayo, Greenpeace, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, Plataforma en Defensa de l´Ebre, Red Agua Pública, SEO Birdlife y WWF España.

NOTA:

La Directiva Marco del Agua, aprobada en el año 2000, constituye el pilar de la política europea del agua. Su objetivo es asegurar el buen estado de las masas de agua mediante la gestión por cuencas, criterios científicos, prevención de la contaminación, participación pública y transparencia. Para las organizaciones firmantes, esta norma no es un obstáculo para la competitividad ni para la seguridad hídrica, sino precisamente la base que permite compatibilizar la actividad económica con la protección de los recursos de los que dependen la agricultura, la industria, los servicios, la biodiversidad y la ciudadanía.

EN EL DIA DEL MEDIO AMBIENTE

El pasado día 28 terminó el proceso de aportación de propuestas al Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) al que seguirá la participación pública del “Borrador del proyecto del Plan Hidrológico del Ebro” hasta abril de 2027. Finalmente, el nuevo plan podrá será aprobado por el Consejo de Ministros a finales de 2027. 

Paralelamente, estos días coinciden varios acontecimientos relacionados con el agua. En el entorno del Día Mundial del Medio Ambiente se va a celebrar este fin de semana, la Asamblea Anual de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) en Tortosa acompañando la conmemoración del 25 Aniversario de la Plataforma en Defensa del Ebro y se ha presentado el informe “Retos de la planificación y gestión del agua en España. Informe 2025”. El documento ha sido elaborado por el Observatorio de las Políticas del Agua de la FNCA y coordinado por Julia Martínez y Francesc La Roca.

Este informe recoge, integrando rigor analítico y carácter propositivo, algunos de los principales retos actuales de la gestión del agua desde una perspectiva ambiental, social y territorial. Sus capítulos analizan cuestiones como la planificación hidrológica del cuarto ciclo, la gestión del riesgo de inundaciones en un contexto de cambio climático, la protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación y la sobreexplotación, los conflictos asociados a los trasvases, la sostenibilidad de los usos agrarios del agua y las propuestas para una transición hídrica justa. El informe incluye además reflexiones sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, la defensa de ecosistemas emblemáticos como el Delta del Ebro y el análisis de conflictos socioambientales vinculados a grandes proyectos industriales, ofreciendo una visión amplia y crítica de los desafíos que afronta la política del agua en España y la península ibérica.

Describe el informe como ya no es posible aplicar nuevas prórrogas al cumplimiento de los objetivos ambientales y que los planes hidrológicos del cuarto ciclo deberían plantearse en términos ambiciosos, con el fin de resolver las numerosas asignaturas pendientes que vienen arrastrándose de ciclos anteriores.

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Se reclama una planificación de mayor calidad y una gestión de la misma más efectiva. Baste citar como ejemplo la proliferación de centros de datos en diversas cuencas, cuyas demandas de agua están envueltas en una nube de opacidad y que compiten directamente con usuarios ya establecidos, a los que pueden llegar a disputar el rango de prioridad. Por no hablar de las extraordinarias presiones políticas de los lobbies mineros que avanzan con eficacia en la captura del regulador al máximo nivel, en este caso la propia Comisión Europea.

Tal como recoge el informe, podríamos decir que el mundo de ayer ya no existe, los  acontecimientos se reflejan, y a veces se crean, a la velocidad de los ordenadores más potentes de que dispone la cleptocracia reinante en las postrimerías de la modernidad líquida, mientras una parte significativa de la sociedad parece seducida por la espectacularidad creciente. 

El "panem et circenses" de Juvenal ha encarnado en las pantallas de cristal líquido de una sociedad desencantada que elude los problemas estructurales. Unos problemas que se deberían afrontar con rigor y decisión en lo que tiene que ver con la situación del planeta tierra y con las distintas gobernanzas de sus habitantes. 

Tanto las gobernanzas como los problemas estructurales no son ajenos a la gestión del agua y los debates sobre el PHE están siendo prueba patente. Nada nos gustaría más que equivocarnos sobre el futuro gris marengo con que se viste el horizonte de Ebro. El planeamiento del agua hasta 2033 debería ser coherente con las exigencias de los límites planetarios y capaz de acompasarse a los vaivenes de la historia de forma valiente y decidida mostrando desde el fondo de su modelo lo que la forma del discurso oficial recoge no sabemos con qué grado de convencimiento. 

Es relativamente sencillo dejar por escrito la obligatoriedad de incluir estudios para mitigar el impacto del clima en los recursos hídricos o la necesidad de reevaluación de las dotaciones de riego en toda la cuenca, pero si esas buenas palabras no van acompañadas de una verdadera adaptación a las realidades que la naturaleza y las sociedades demandan, se corre el peligro que la mayor parte del agua se consuma en el papel mojado en que puede derivar este nuevo ordenamiento.

EL RETROCESO DEL AGUA

Estamos plenamente convencidos de que Arancha Simón, Consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, empapada de la cultura del regadío de su peripecia profesional, conocerá perfectamente el Ciclo del Agua en la naturaleza y la capacidad real que tiene la cuenca del Ebro para abastecer a todos los habitantes de sus orillas. No nos cabe duda de que también conocerá sobradamente las dinámicas fluviales y la necesidad de que los ríos desemboquen en el mar, algo que a muchos de sus correligionarios les parece una frivolidad de la madre naturaleza, cuando no una conspiración del gobierno central. Hay políticos de las derechas extremas a los que persigue la inteligencia, pero ellos son más rápidos.

Damos por sentado que la consejera conoce el Delta y su necesidad de recibir los sedimentos de su cuenca para seguir existiendo como ecosistema social y económico. Algo que  viene sucediendo desde el origen de la geografía y en mayor grado desde los siglo XV-XVI, cuando el crecimiento de la población y la demanda de barcos produjeran la deforestación que hizo crecer lo que ahora mengua en la desembocadura del Ebro.

Por ello, cuando sus palabras dan marcha atrás a la historia de la racionalidad hidráulica, es comprensible que salte la alarma en colectivos que llevan años a sus espaldas de convencimiento en la gestión pública y participativa del agua en todas sus formas y en todos sus estados. Un modelo de gestión que seguirá aspirando a situar la salud y las necesidades de los habitantes de las orillas del Ebro y del propio río que, como tantas veces se ha dicho ya, debe ser usuario preferente de sus aguas en el centro de toda planificación hidrológica. Una posición que, a tenor de los titulares, las derechas extremas han decidido escorar en beneficio de un modelo extremo-productivista carente de la mínima visión de la geopolítica que las circunstancias imponen e impondrán. So pena que la "droite divine" seduzca a sus escuadristas en "el arte de mirar hacia otro lado mientras el mundo arde"

Hace más de treinta años que nació la Nueva Cultura del Agua porque  décadas de productivismo desbocado nos han llevado por caminos insostenibles de degradación generalizada, que nos han hecho olvidar el auténtico valor del agua, la verdadera dimensión de tan excepcional recurso. Un conjunto de razones obligan a dar un giro a las políticas del agua en nuestro país. Es tiempo de instaurar una nueva cultura del agua que dé paso a la eficiencia y a la imaginación, a la subsidiariedad, a la participación en la gestión, a las verdaderas cuentas económicas, sociales y medioambientales del agua y a la concepción humanística del recurso. Los usuarios de los ríos somos todos. La nueva cultura tiene que acabar con la tergiversación de los conceptos actuales de “demanda” y “recurso” con los que se ha pretendido establecer un panorama irreal de desequilibrios insostenibles para justificar la instauración de un gran estado de obras restaurador de un equilibrio hidráulico que la Naturaleza jamás antes tuvo. 

Cuando este relato social y científico ya podría considerarse viejo, dignamente viejo, el empecinamiento de las oligarquías, empeñadas en permanecer en el siglo XIX como residencia mítica de sus privilegios obligan a seguir manteniendo eternamente "NUEVA" una cultura del agua que no es sino mera racionalidad. Sencillamente, la adaptación de la gestión del agua a las necesidades que el planeta y la sociedad demanda.

Alarma sobre alarma. Probado que no fuera la ignorancia la causante de la irracionalidad hidráulica que luce la Consejera en su discurso, pudiera ser que sea prueba de obediencia debida a una oligarquía agraria aragonesa encallada en el pasado. El pasado parece ser el horizonte formal de la consejera. Eso sería atisbo de una lamentable práctica de gestión de la convivencia que, como ya se apunta en otros casos, supondría la naturalización de una forma de entender y hacer con vocación hacia el desequilibrio social y económico. El barrunto de una normativización ajustada a los intereses inmediatos de la élite social que pone y quita consejeras al albur de sus deseos.

Treinta años acompañando el envejecimiento de la Nueva Cultura del Agua no nos hace especialmente sabios a causa del alto grado de conocimiento acumulado, ni especialmente desencantados a causa del no tan alto  grado de consecución de sus objetivos. La esperanza es un equilibrio del "hoy" hacia el futuro que obliga/convence a actuar de acuerdo a una ética social que ahora mismo languidece entre los resabios de la política de tercera división que habita el Pignatelli. 

Antes de poner la marcha atrás, haría bien el Departamento de Agricultura en hacer bien las cuentas. Hacer las cuentas del coste real de todas las obras del Pacto del Agua que ahora se quiere rescatar del vertedero de la historia. De los fiascos más cantantes y sonantes como La Loteta, Mularroya o Yesa a los menos llamativos como Montearagón, El Val, Lechago,... Haría bien el departamento en valorar los tiempos transcurridos, los retrasos acumulados y si, efectivamente, esas obras han servido para algo más que para nutrir los titulares de la prensa afín a la propaganda institucional. Un proceso bien engrasado de construcción de opinión pública que, como los embalses, parecen llamados a laminar el espíritu crítico, el debate y el librepensamiento y conducir las aguas de la actualidad hacia un estado corporativo por el camino de la hipernormalización.

El primer paso de la ignorancia es presumir de saber.

Baltasar Gracián 

CONFERENCIA DE AGUA DE LA ONU 2026

En el ámbito de sus obligaciones el Relator Especial para los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento viene trabajando con Estados Miembros y agencias de Naciones Unidas implicadas en la organización de la Conferencia del Agua 2026, con el objetivo de garantizar una amplia participación social y un enfoque basado en los derechos humanos.

En este marco, la Plataforma Social del Agua plantea una petición de apoyo y difusión de una carta conjunta impulsada por organizaciones sociales afines para respaldar las siguientes demandas:

- La institucionalización de las Conferencias del Agua bajo la responsabilidad de la ONU. 

- Que estas Conferencias asuman un enfoque basado en los derechos humanos.

- Una amplia participación social en estas Conferencias.

- Y la participación de entidades locales, municipales y comunitarias, así como de los operadores públicos. 

La Red de Agua Pública de Aragón apoya esta iniciativa y anima a leer, firmar y difundir la carta entre vuestras redes.

Clicar para ver conferencia

Los abajo firmantes, organizaciones sociales, representantes de los Pueblos Indígenas, sindicatos, plataformas interreligiosas, redes municipales y comunitarias, nos dirigimos a ustedes como representantes de los Estados que han asumido responsabilidades directas en la organización de la Conferencia del Agua 2026.

La Conferencia del Agua de 2023, celebrada en Nueva York, suscitó enormes expectativas, tras 47 años desde la primera Conferencia del Agua que tuvo lugar en Mar del Plata (Argentina). En todo este tiempo, la debilidad institucional de la ONU en el frente de la gestión de aguas llevó a que fuera el sector privado quien ocupara el espacio que corresponde en rigor a Naciones Unidas.

La víspera de la apertura de la Conferencia en Nueva York, se presentó el Manifiesto por la Justicia Hídrica, que firmaron en torno a 500 organizaciones, de los Pueblos Indígenas, movimientos sociales, ONGs, y representantes de redes municipales y comunitarias. Sobre la base de dicha Declaración, que sigue teniendo plena vigencia y que recoge las principales demandas consensuadas de estos colectivos, el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento, en el contexto del mandato recibido por la resolución del Consejo de Derechos Humanos 57/13, ha promovido la Plataforma Social y de los Pueblos Indígenas por el Agua, a fin de impulsar una amplia participación social en la Conferencia 2026. 

Más allá de participar en dicha Plataforma, los abajo firmantes queremos manifestar nuestro apoyo a las siguientes propuestas concretas que el Relator Especial viene defendiendo de cara a la Conferencia del Agua de 2026:

- Que la Conferencia considere e impulse la institucionalización de las Conferencias del Agua con convocatorias periódicas bajo la responsabilidad de Naciones Unidas;

- Que dichas Conferencias promuevan y desarrollen un enfoque basado en los derechos humanos y garanticen en todos los Diálogos Interactivos ponentes de los Pueblos Indígenas, de comunidades empobrecidas y de las organizaciones que los representan, como rights-holders, criminalizados por defender esos derechos, a menudo con las mujeres al frente;

- Que las Conferencias se abran a una amplia participación social, especialmente de los colectivos en mayor vulnerabilidad y con mayores dificultades para dejar oír su voz, no sólo facilitando medios para la participación directa, sino posibilitando seguir las sesiones e incluso de intervenir en ellas online, para quienes no puedan estar en persona;

- Que las Conferencias se abran a las instituciones locales, municipales y comunitarias, así como a los operadores públicos, responsables en la mayoría de los países de la gestión de los servicios de agua y saneamiento, abriendo espacios específicos donde puedan expresarse y escucharse sus problemas, demandas y propuestas.