PROPUESTAS DE LA RED AGUA PÚBLICA ANTE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2026

Recogemos en esta entrada las propuestas que la Red de Agua Pública ha dirigido a partidos políticos y sociedad civil en general con motivo de las próximas Elecciones Generales. El enrarecido ambiente ciudadano sufrido desde el momento de la moción de censura que diera el poder al Partido Socialista Obrero Español ha generado una atmósfera de ruido social y político en la que parecen perderse los más elementales sentimientos de racionalidad y respeto.

A la crisis ambiental que hace años se lleva denunciando desde colectivos científicos y ciudadanos hay que añadir la aparición de la guerra como dialogo entre las naciones y una tendencia involucionista global que irían en detrimento de los más elementales derechos humanos, también en lo que respecta al agua y el saneamiento.

Se está organizando un acto público de presentación en Madrid el 5 de noviembre entre las 18:30 h y las 20:30h, al que se ha invitado a los partidos políticos para que se posicionen sobre el documento de la RAP. Al acto también se invitará a las organizaciones ciudadanas involucradas en la lucha por el agua pública.

Por ello desde la Red de Agua Pública se realiza las siguientes: 

PROPUESTAS DE LA RED AGUA PÚBLICA ANTE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2026 

La Red Agua Pública (RAP), que reúne a plataformas y organizaciones sociales en defensa de la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua, propone a las formaciones políticas que concurran a las elecciones generales del 29 de noviembre un conjunto de compromisos que se concretan a continuación, y solicita su incorporación en los programas electorales y su desarrollo mediante actuaciones legislativas, presupuestarias y de gobierno con asignación de responsables, plazos e indicadores públicos de cumplimiento. 

DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO 

Reconocer expresamente e incorporar a la normativa en el más alto nivel posible el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, con el alcance y contenido definido por Naciones Unidas, que las administraciones públicas tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir. Aprobar una regulación que asegure un mínimo vital de agua gratuito para las personas y hogares en situación de vulnerabilidad, y prohíba expresamente los cortes del suministro por incapacidad de pago. 

Garantizar el acceso efectivo al agua y al saneamiento a las personas sin hogar, a quienes viven en asentamientos precarios y a la población que carece de conexión, mediante soluciones seguras y dignas que no dependan exclusivamente de la existencia de un contrato individual. Extender el acceso a fuentes de agua potable y aseos públicos, e incorporar las necesidades de higiene menstrual, discapacidad y dependencia a la planificación de los servicios. 

Coordinar las políticas de vivienda y agua para garantizar ambos derechos, impedir que los costes del suministro comprometan la capacidad de mantener la vivienda y evitar que la falta de un título de propiedad o de un contrato de arrendamiento se convierta en motivo de exclusión del acceso esencial al agua y al saneamiento. 

USOS DEL AGUA. USOS PRIORITARIOS 

Detener el crecimiento de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbanos e industriales, de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles que impone el cambio climático en curso, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas, priorizando la reducción de las grandes producciones de regadío intensivo y las promociones urbanísticas y turísticas más despilfarradoras. 

Garantizar la prioridad de usos establecida en la Ley de Aguas, poniendo en primer lugar los caudales ecológicos y frente a los otros usos del agua, los del abastecimiento de poblaciones.

Diferenciar, en las redes de distribución urbana, los consumos domésticos de los turísticos, recreativos y productivos. Establecer criterios transparentes de ahorro y restricción atendiendo a la intensidad del consumo, la vulnerabilidad y la utilidad social. 

Declarar una moratoria sobre los grandes centros de datos hasta tanto no se hayan evaluado adecuadamente sus repercusiones hídricas, energéticas, medioambientales, democráticas y sociales. 

CAMBIO CLIMÁTICO, SEQUÍAS E INUNDACIONES

Situar la adaptación del ciclo urbano del agua entre las prioridades de las políticas climáticas, con financiación y coordinación entre administraciones.

Impulsar la redacción y actualización de los planes de gestión del riesgo por sequía con participación pública, indicadores verificables, umbrales de actuación, responsables definidos y medidas de protección de la población vulnerable. 

Integrar la prevención de inundaciones en la ordenación del territorio y recuperar espacios fluviales y zonas de retención natural. Impedir nuevas ocupaciones que aumenten la exposición y desarrollar medidas de reducción de la vulnerabilidad de las existentes. 

NO A LA PRIVATIZACIÓN 

Proteger mediante las reformas legales necesarias la gestión pública de los servicios del ciclo urbano del agua frente a su privatización y a la pérdida de control público. Entre tanto, se tendrá en cuenta que toda privatización de estos servicios deberá estar necesariamente precedida por un proceso de participación ciudadana informada que culmine en una consulta ciudadana vinculante. 

Prohibir por ley los cánones concesionales anticipados que utilizan ingresos futuros del servicio para financiar gastos ajenos al ciclo urbano del agua, ya que son instrumentos que favorecen la privatización, introducen prácticas opacas y fomentan la corrupción que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados. 

Prevenir la financiarización del agua, entendida como la creciente influencia de los actores, instrumentos y lógicas financieras en la gestión del agua y sus infraestructuras en tanto que, junto con la privatización, favorecen la especulación con el agua y la subordinación de su gestión a la rentabilidad financiera, especialmente en un contexto de crisis climática en el que la escasez hídrica y las necesidades de adaptación pueden utilizarse para justificar nuevos negocios privados.

Promover cambios institucionales para una plena transparencia en la gestión del agua, incluyendo acceso a los datos reales y actualizados de consumos e inversiones, así como una participación ciudadana activa, libre y significativa en un marco de democracia deliberativa. 

APOYO A LOS PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN 

Eliminar los obstáculos normativos, financieros y administrativos que dificultan la recuperación de la gestión pública, revisando las disposiciones sobre régimen local, contratación, estabilidad presupuestaria y empleo público que impidan desarrollar opciones públicas viables. Crear programas de asistencia jurídica, económica y técnica y mecanismos de financiación para los municipios que decidan recuperar sus servicios. La cooperación entre operadores públicos debe facilitar la transferencia de conocimiento y la continuidad del abastecimiento y del saneamiento durante el cambio de gestión. 

Garantizar que, cuando se extinga la concesión por finalización del plazo o resolución del contrato, y con una antelación de al menos un año, se aborde un proceso informativo de evaluación pública de las alternativas, de preparación de la reversión y participación pública destinada a decidir el modo de gestión, cuyo resultado será vinculante.

MODELO DE GESTIÓN Y GOBERNANZA 

Impulsar una ley estatal del ciclo urbano del agua, respetuosa con las competencias autonómicas y locales, que establezca garantías comunes de servicio, protección social, transparencia y rendición de cuentas. Defender un modelo de gestión pública sin ánimo de lucro, profesionalizado y sometido a control democrático, que integre abastecimiento, saneamiento y depuración y coordine la gestión de las aguas pluviales con la planificación urbana. 

Garantizar la participación pública, activa, libre y significativa en todas las fases de la gestión del ciclo urbano del agua, de forma que sea posible incidir y decidir sobre la realización y seguimiento de la programación estratégica, de los proyectos y programas que se realicen y financien, así como en la gestión administrativa y presupuestaria, incluyendo el diseño de las estructuras y políticas tarifarias. 

Reforzar la cooperación entre operadores públicos y las estructuras supramunicipales, como las mancomunidades y consorcios, para que los pequeños municipios puedan disponer de financiación adecuada, asistencia técnica, laboratorios, formación y capacidad de gestión, preservando el control democrático local. 

DEROGACIÓN DE NORMAS Y LEYES QUE FACILITEN LA PRIVATIZACIÓN U OBSTACULICEN LA REMUNICIPALIZACIÓN 

Derogar aquellas normas y leyes que facilitan la privatización u obstaculizan laremunicipalización de los servicios públicos municipales, entre ellos los de abastecimiento de agua y saneamiento. En particular, la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración Local, y los artículos y disposiciones adicionales específicas de la ley de presupuestos de 2017 y de la ley de contratos del sector público.

CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA, DE LA DIRECTIVA DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO Y LA DE AGUAS RESIDUALES 

Defender íntegramente la Directiva Marco del Agua y rechazar la reforma que la Comisión Europea tiene en marcha, que debilitará sus objetivos ambientales, el principio de no deterioro y las garantías actuales para proteger ríos, humedales, acuíferos, lagos, estuarios y aguas costeras, así como las actividades económicas sostenibles que dependen de la buena calidad de los recursos hídricos. 

Cumplir con la Directiva Marco del Agua y el resto de Directivas ambientales a través de una gestión orientada al uso sostenible del agua que garantice la conservación y la recuperación del buen estado de los ecosistemas acuáticos. Para ello, fijar y mantener caudales ambientales adecuados y garantizar la calidad del agua frente a la contaminación urbana y agraria. Es urgente abordar la elevada contaminación del agua de abastecimiento por nitratos que deja sin agua de grifo a más de 250.000 personas.

Prevenir la contaminación en origen, reforzar la vigilancia de sustancias peligrosas y contaminantes emergentes y aplicar el principio de quien contamina paga, evitando trasladar a los hogares costes que correspondan a los responsables de la contaminación. 

Desarrollar Planes de Saneamiento y Depuración que involucren a todas las administraciones competentes, adaptados a la normativa derivada de la nueva Directiva de Aguas Residuales, y que incluyan programas de financiación público-público, especialmente para el caso de pequeños municipios. 

Incorporar el enfoque de gestión del riesgo propuesto por la Directiva de aguas de consumo humano, en todas las fases del sistema de abastecimiento, empezando por el imprescindible control de las zonas de captación mediante la delimitación y aplicación de perímetros de protección suficientes y efectivos. Aplicación rigurosa de los contenidos en la transposición de la Directiva (Real Decreto 3/2023) referidos a la garantía del abastecimiento de la población vulnerable y la buena calidad del agua de suministro urbano. 

AGUA Y CIUDAD 

Vincular la planificación urbanística y turística a la capacidad acreditada del abastecimiento, el saneamiento y la depuración, considerando los escenarios climáticos y los costes de mantener las infraestructuras. 

Impulsar ciudades permeables mediante sistemas urbanos de drenaje sostenible, recuperación de suelos, arbolado adaptado al clima y espacios que retengan y regulen las aguas pluviales. 

FINANCIACIÓN 

Establecer un programa estable y plurianual de inversión pública para renovar redes, mejorar la depuración, proteger captaciones y adaptar los servicios a los riesgos climáticos. Distribuir los recursos según necesidades acreditadas y criterios de equidad territorial, con mecanismos que permitan concurrir a los pequeños municipios y eviten que su menor capacidad administrativa los excluya. 

Garantizar que los mecanismos de financiación de las infraestructuras y servicios del agua respondan al interés general, preserven el control público y prioricen el derecho humano al agua y al saneamiento y la protección de los ecosistemas. 

Asegurar que los programas de inversión incluyan la financiación y capacidad técnica necesarias para la explotación, el mantenimiento y la reposición de las instalaciones, con apoyo específico a los pequeños municipios. 

Garantizar que los ingresos tarifarios y los tributos finalistas del agua se destinen a sus fines respectivos dentro del ciclo del agua, con contabilidad transparente y seguimiento público de recaudación, inversión y resultados. 

TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y CONOCIMIENTO PÚBLICO 

Impulsar una política de digitalización del ciclo urbano del agua orientada al interés general que permita integrar los datos de abastecimiento y saneamiento para convertirlos en conocimiento operativo, anticipar riesgos y mejorar la transparencia; reforzar la formación de las plantillas y la cooperación supramunicipal; adaptar las soluciones a la capacidad de cada municipio y vincular las inversiones digitales a la renovación de infraestructuras y a la adaptación climática. 

Garantizar que la digitalización llegue a todos los territorios, especialmente a los pequeños municipios, mediante financiación estable, asistencia técnica y mantenimiento de los sistemas, conforme a los principios de la Carta de Arteixo. 

Garantizar el control público de la información del servicio y la disponibilidad de los datos, la documentación y las configuraciones necesarias para su operación, mantenimiento y eventual cambio de proveedor. Incorporar a la contratación requisitos de interoperabilidad, formatos abiertos y portabilidad que eviten dependencias tecnológicas y costes de salida injustificados.

CONDICIONES LABORALES 

Garantizar derechos y condiciones laborales justas, en términos de calidad y estabilidad en el empleo. En consonancia con la importancia de los trabajadores, garantizar su participación en las instancias de toma de decisiones. 

Impulsar planes de igualdad, eliminar las barreras de acceso y promoción de las mujeres y preparar el relevo generacional para conservar el conocimiento técnico de los servicios públicos.

GRACIAS POR SU LECTURA Y DIFUSIÓN

LA DEPURADORA EN EL PICARRAL

Junto a la Asociación Naturalista Aragonesa (ANSAR) y la Asociación de Vecinos Picarral Salvador Allende, la RAPA  ha presentado recurso de reposición al acuerdo de septiembre pasado del Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se concede a la empresa Tereos Starch &Sweeteners Iberia S.A.U. licencia urbanística y de actividad clasificada con Autorización Ambiental Integrada para construir en el barrio del Picarral una depuradora que trataría sus vertidos antes de que entren en los colectores municipales y acaben llegando a la depuradora municipal de La Cartuja. 

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El  expediente ya reconoce que la planta se ubica en zona inundable (cota 198,59 msnm), con riesgo de avenidas de periodo de retorno 500 años. Por eso se hace necesario contrastar el proyecto con lo que dicta el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y que desarrolla la Ley de Aguas  29/1985, de 2 de agosto.

En esta normativa limita los usos de suelo en zonas inundables, concretamente, es  su artículo 14.bis 2 el que establece que:

2. En aquellos suelos que se encuentren a 30 de diciembre de 2016, en la situación básica de SUELO URBANIZADO, podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, lo establecido en las letras a) y b) del apartado 1.

Necesitamos volver  al apartado 1 de ese artículo para leer que:

a) Las instalaciones y edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.

b) SE EVITARÁ el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, centros penitenciarios, DEPURADORAS, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares. Excepcionalmente,cuando tras el correspondiente estudio, se certifique por las administraciones competentes en ordenación del territorio y urbanismo que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.

En el caso del proyecto de depuradora de Tereos, se incumplirían  los mandatos y límites del articulado del Real Decreto que deja claro que se tienen que evitar depuradoras como la que se propone. Excepcionalmente, se permite siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos y dichos requisitos, en este caso, no se cumplen. Ni existe un estudio de la propia Administración en el que se recoja que no haya otra alternativa, ni  se ha asegurado la accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones, ni consta la declaración responsable exigida por la norma.

A mayor abundamiento, en el expediente no consta tampoco una evaluación específica de riesgo integrada que analice los escenarios de fallo de estanqueidad o el riesgo de vertido masivo de efluentes o productos químicos en caso de inundación.

En lo que respecta a la dotación de aparcamiento el expediente concede una exención de plazas de aparcamiento exigidas por las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación (NNUU) que fijan estándares mínimos de aparcamiento para usos industriales y de servicios, que responden a criterios de movilidad y calidad de vida urbana. Los colectivos entienden que la exención aplicada carece de amparo en las NNUU y el incumplimiento puede generar una saturación viaria y de aparcamiento en el entorno residencial. 

Por otro lado es preciso señalar  que el proyecto supera la altura máxima prevista para naves industriales en las NNUU del PGOU (10,50 m), justificando el promotor (no la Administración) el exceso por necesidades técnicas del proceso.

La cota de coronación del edificio resultante es de +27,20 metros, una superación a todas luces más que notable. La justificación técnica procede del propio promotor y no consta un análisis comparativo de alternativas menos impactantes como, por ejemplo, soluciones de proceso con menor altura, soluciones técnicas o emplazamientos diferentes. La concesión de la excepción de altura sin análisis de alternativas y sin la suficiente motivación vulnera el principio de ordenación coherente del paisaje urbano. 

Dado que no consta ningún informe técnico/jurídico del Ayuntamiento que justifique la necesidad de concesión de excepción para sobrepasar la altura máxima permitida, entendemos que el expediente y su resolución final adolecen de motivación y por tanto debería desestimarse.

El recurso de reposición interpuesto alega irregularidades en lo referente al impacto acústico. La propia documentación técnica del expediente ya reconoce que se superan los niveles acústicos, que ahora están corregidos en el periodo de noche. La empresa  propone realizar un futuro programa o proyecto de adaptación y de medidas correctoras que ahora no aportan. Con ello parece asumirse que el vecindario queda expuesto a un riesgo de ruido nocturno.

El último aspecto contemplado, de gravedad para el funcionamiento de la EDAR de La Cartuja tiene que ver con el informe de Ecociudad Zaragoza en el que advierte que, tras la puesta en marcha de la depuradora, la conductividad (medida de la concentración de sales) del vertido superará los límites máximos del Decreto 38/2004 del Gobierno de Aragón y puede generar problemas en el funcionamiento de la EDAR municipal que ya de por sí se encuentra en una difícil situación por otros aspectos ya citados en este blog.

La suma de estos aspectos aconsejarían la paralización de este procedimiento y la búsqueda de soluciones en las que la necesidad de resolver el problema de vertidos de la empresa no choque con otros intereses, entre los que, junto al derecho de los vecinos, no es menos importante el de no hipotecar el funcionamiento correcto de la EDAR de La Cartuja.

EMBALSES DE TIEMPO

Pilar Iturralde 2025

Que una política hidráulica haga aguas sería un mal chiste si no fuera porque en el caso de Aragón es una triste realidad. Juega a favor de las administraciones la mala memoria popular y la buena actuación de los medios de comunicación que saben administrar las noticias para que la sensación final favorezca al relato oficial.

Así se consigue que lo que debería ser una vergüenza autonómica transcurra sin mayores quebrantos. Como algo achacable a la naturaleza o a imponderables no predecibles que, rizando el rizo, ajustando cifras e incluyendo alguna cita acertada, se convertirá en campaña de nuevas presas y nuevas infraestructuras presentadas como la solución de los problemas de agua. El ejercicio de trilerismo comunicativo es mayúsculo.

La población, convenientemente pastoreada, no cae en la cuenta de que nunca nadie ha hecho las cuentas de los embalses aragoneses ni de sus defectos de gestión. La indiferencia popular es la mejor presa de la vieja política hidráulica aragonesa.

Sin duda la palma en incumplimientos y sobrecostes se la lleva el Recrecimiento de Yesa que lleva camino de multiplicar por cinco el presupuesto de su adjudicación inicial en 2001 y 20 años de retraso, de creer el plazo marcado para su finalización. Desde luego la urgencia de la obra ha quedado ampliamente contradicha por la realidad. 

La noticia de la prensa aragonesa sobre el embalse de Montearagón pondría de manifiesto estos aspectos de  la mala gestión de unos y la frivolidad con que otros se toman la gestión de lo público.

Las obras del embalse de Montearagón también debían haber terminado en 2006, pero, tal como hemos ido reflejando en este blog, los problemas de gestión y acumulación de errores de construcción se han ido sucediendo multiplicando los costes. Según las últimas noticias la saga no ha terminado. Las laderas se siguen deslizando poniendo en peligro la estabilidad de la presa y ahora habrá que sumar 1,2 M€ a la cuenta de una obra que, como el caso de Yesa, si hubiera sido tan urgente como se decía en su momento, ahora mismo habría unos problemas de abastecimiento que no son tales. A mayor abundamiento el ayuntamiento de Loporzano denuncia el plan de restitución cuya ejecución no alcanza el 10% de lo proyectado.

Para aprovechar esta entrada en relación a aplazamientos, incumplimientos y sobrecostes de obras hidráulicas, no podemos olvidar al embalse de El Val, el primer embalse del Pacto del Agua y  que tampoco tiene finalizado el plan de restitución territorial que afecta al pueblo de Los Fayos. Embalse  que ya es conocido como el "Mar Menor de Aragón" por el nivel de contaminación que retiene en su vaso y del que también nos hemos hecho eco en este blog.

En Agosto de 2016 recodábamos que en 2012 la Confederación Hidrográfica del Ebro había multado con 6.000 euros a los ayuntamientos de Ágreda y Ólvega por los vertidos de la EDAR originados en sus municipios, algo que ya se venía produciendo desde 2008 cuando se inauguró una depuradora que sigue sin depurar adecuadamente. Pasados 18 años la cosa sigue igual o parecida, sin que la noticia cale en el imaginario aragonés lo suficiente como para urgir a las administraciones y generar un estado de opinión. 

Unas administraciones, como la CHE, que conoce el problema perfectamente, que tiene planes de actuación, pero que no actúa. En el último "Esquema Provisional de Temas Importantes" elaborado por esa Confederación se determinaba que  el Embalse de El Val: 

Presenta alto riesgo de cianobacterias por vertidos de la EDAR de Ágreda-Ólvega (41% del fósforo) y una piscifactoría. Como posibles medidas se recoge el tratamiento terciario en la EDAR de Ágreda-Ólvega, la creación de un humedal depurador y el control de poblaciones de peces. 

Si la gestión que pueda activar estas intenciones goza de la misma fluidez que hasta la fecha,cabe esperar que dentro de otros 20 años podamos seguir comentando esta actualidad con vocación de eternidad.

De momento, el ambiente político no pinta bien para la racionalidad hidráulica, como tampoco lo hace para le energética. Los políticos oriundos o foranos seguirán con sus juegos de palabras y  sus verdades de falsete, a mayor gloria de la espectacularidad que garantice la seguridad de sus sillones que dependen más de la voluntad de las castas que los han puesto en él que de la población que les elige.

Tal como dice Diego Cañamero en sus redes sociales, en nombre del desarrollo económico, el mundo camina hacia el precipicio.

Todo gira alrededor de la producción, no importa si lo que se produce es necesario o no, ni si la explotación de los recursos naturales pone en peligro la vida en la Tierra. El sistema liberal y de "libre" mercado está diseñado para producir bienes de consumo. Para ello, necesitan una gran masa social con capacidad económica capaz de consumir todos estos bienes materiales que el sistema nos proporciona, aunque para obtener estos bienes (una especie de droga) nos están convirtiendo en esclavos modernos del siglo XXI.

ZARAGOZA,..¿CAPITAL VERDE?

Sabiendo que Zaragoza se ha presentado por cuarta vez, candidata a ser designada Capital Verde Europea 2028 y que uno de los indicadores para recibir ese galardón es todo lo relacionado con la gestión del agua, creemos oportuno un repaso de lo que venimos mostrando sobre este controvertido asunto. Una visión que se  ha trasladado al Jurado que deberá valorar la convocatoria pero que es la población de Zaragoza y de Aragón la que debe conocer con más detalle que el mostrado en las habituales campañas de marketing en que se ha convertido la política municipal.

Como es sobradamente conocido, Zaragoza celebró en 2008 que se desarrolló desde mediados de junio a mediados de septiembre de ese año y tuvo como lema central “Agua y Desarrollo sostenible”. Ese evento  tuvo elementos controvertidos previos a su desarrollo y  requirió de una transformación urbanística con algunas luces efímeras y muchas sombras persistentes.  

En la actualidad son visibles de esa Expo los edificios más emblemáticos que se construyeron y que desde entonces se encuentran vacíos de contenido y nunca han tenido uso posterior. Nos referimos a la emblemática Torre del Agua, al Pabellón de España y al Pabellón de Aragón o el propio Parque del Agua que está necesitado de actuaciones que lo mantengan y lo mejoren. Todo ello, acompañado de los problemas derivados de la financiación de aquel evento (costes hipotecarios que el erario público seguirá arrastrando por lo menos hasta 2038), no parece garantía de buen hacer en materia de gestión.

Con carácter general creemos que ni la conectividad de las zonas verdes, ni la regeneración de las riberas del río Huerva que acumulan retrasos importantes, ni el proyecto de reforestación denominado “Bosque de los zaragozanos”, de cuya mesa de seguimiento se ausentaros los colectivos ambientales dada la falta de participación efectiva en el proyecto,  pueden constituir avales fiables de buena gestión. 

Entrando en el ámbito de nuestra atención en materia de gestión del agua, el Gobierno Municipal debería ser más modesto con lo que expone en su propaganda institucional plagada de una espectacularidad alejada de la realidad. Mientras, la correcta gestión de los servicios públicos junto con la receptividad a la participación ciudadana en estos procesos deja para nosotros una deficiente calificación.

Zaragoza como el resto del país, se ha acostumbrado a una gestión política más efectista que efectiva. Con presupuestos económicos y actuaciones que deberían dirigirse a mejorar un urbanismo humanizado basado en una cultura de participación en la toma de decisiones.

Es cierto que la calidad del agua de boca ha mejorado en los últimos años. La ciudad, que antes se abastecía de agua del Canal Imperial o del propio río Ebro a su paso por Zaragoza, proporcionaba a la ciudadanía un agua de escasa calidad.  Ahora se dispone de un tercer abastecimiento procedente del río Aragón a través del Canal de Bardenas. Lo que bebe la ciudad es una mezcla variable de estas procedencias. 

Esa variabilidad produce una calidad discontinua en el agua del grifo que se podría subsanar de forma sencilla. Del Pacto del Agua de 1992 nació el embalse de La Loteta, ya construido en su totalidad, como almacenamiento plurianual (de caudales de invierno del Canal Imperial y del de Bardenas) y a día de hoy perfectamente inútil. Construido sobre una base salina que se disuelve en el agua que almacena, empeora sustancialmente su calidad y no puede utilizarse. Está por ver quién va a pagar la construcción de una obra que no sirve para lo que fue construida.

Embalse de La Loteta. Freestyle con dinero público

Conviene recordar que en la ciudad de Zaragoza vive la mitad de la población de la Comunidad Autónoma de Aragón y de ahí la importancia de la gestión del saneamiento y depuración de sus aguas que el Ayuntamiento tiene encomendada a un empresa municipal denominada Ecociudad Zaragoza SAU.

En cuanto a la depuración de las aguas residuales la situación actual presenta deficiencias y también graves errores que, en este caso, se arrastran desde la puesta en funcionamiento de la Depuradora de Aguas Residuales de la Cartuja hace 33 años. Errores en el modelo de depuración y nos atrevemos a decir que también en la explotación con una  gestión encomendada  desde el comienzo a una empresa privada. Modelo no compartido por la Red de Agua Pública que defiende la gestión pública para esta y para todas las instalaciones de depuración de nuestra comunidad autónoma.

Conviene conocer que en 2008, ante la falta de capacidad de autofinanciación, el Gobierno de Aragón empujó a los Ayuntamientos a privatizar servicios tan básicos como el de agua y saneamiento, transformándolos en negocio privado bajo las leyes del mercado. En este contexto y desde aquel momento, nuestra organización, la Red de Agua Pública de Aragón, viene demandado, muy particularmente de los Ayuntamientos, una actitud activa y responsable en la gestión directa de las competencias les son propias, evitando convertir el abastecimiento y la depuración del agua en negocio de unos pocos bajo la denominación de “colaboración público-privada”.

Ya en 2024, concluida la última prórroga a la empresa concesionaria (UTEDEZA) de la gran depuradora de Zaragoza, el ayuntamiento ha optado por hacer otra prórroga de la concesión a cambio de que dicha empresa acometa las obras esenciales para el proceso de depuración y para el mantenimiento estructural de la propia depuradora.  De esta forma se ha perdido la oportunidad de remunicipalizar el servicio en un momento en que es preciso acometer importantes actuaciones de cara a garantizar el buen estado del agua tratada en la EDAR. 

El acuerdo que el Ayuntamiento de Zaragoza ha firmado con la empresa adjudicataria de la depuradora pretende que con dichas obras se pueda cumplir los límites de los parámetros actuales de vertido final al río Ebro establecidos por  la Confederación Hidrográfica del Ebro. Estas obras están dando muestras de demoras e incumplimientos que dicen poco de la voluntad/capacidad de los gestores municipales para hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones. 

La insuficiencia más importante de funcionamiento de la EDAR de la Cartuja tiene que ver con la tipología de los vertidos que la alimentan y que deberían ser “asimilables a un vertido doméstico”. Por contra, los polígonos industriales de ambas márgenes del Ebro vierten a la EDAR generando problemas de eficacia en el resultado final de la depuración. Deficiencia ocasionada por la composición química de esos vertidos y por la variabilidad de concentración a su llegada a la depuradora. Esto pone en peligro no solo a resultado final sino también la propia estructura de la depuradora que resulta afectada por esos compuestos, afección que es difícil de valorar ya que parece que es casi imposible hacerlo a la vez que la instalación está en funcionamiento. No se trata de un problema nuevo, se trata de una situación que se conoce desde el mismo momento en que entró en funcionamiento. 

Desde entonces hasta la actualidad no ha habido la suficiente decisión técnico/política para solventar esta realidad y que las industrias causantes dispongan de un tratamiento previo a su vertido en la red municipal.

A ello hay que añadir, tal como ya conocen nuestros lectores, la especial situación que la parte de ciudad situada en la margen izquierda del Ebro que acaba realizando vertidos directos al río Ebro. La causa es conocida. Cuando el caudal del  Ebro alcanza una determinada altura, el agua del río invade los antiguos colectores de vertido directo al río. El agua del río con arrastre de barro, se mezcla con la de los colectores actuales y es imposible que la depuradora asuma esa carga de volumen y composición así que, para defenderla,  se vierten al río todas la aguas residuales de esa parte de la ciudad y sus empresas. 

La solución está alejada en el tiempo por su dificultad técnica y consiguientemente por su cuantía económica. Nos atrevemos a cuantificar en un promedio de 30 días al año  los que esta situación ocurre con la lógica afección sobre la calidad ambiental del agua del río que afecta también al abastecimiento de otras poblaciones y a la salud económica y ambiental del Delta del Ebro. 

En esa misma margen izquierda se sitúa la empresa TEREOS que carece hasta el momento, de depuradora previa y vierte a la red municipal. Los vertidos de la empresa tienen componentes biológicos que fermentan en los colectores produciendo olores y espumas a su paso. La ubicación de esta empresa y su relación con el barrio es un antiguo problema urbanístico hijo de la especulación y de la falta de decisión en la gestión de los problemas que el tiempo se ha encargado de empeorar.

En 2026, la empresa proyecta una depuradora próxima a la fábrica que ha contado con lo que algunos vecinos llaman recalificación urbanística a la carta. En el informe emitido por Ecociudad, se evidencia que la DQO (demanda química de oxígeno) supera los límites establecidos por el Gobierno de Aragón en el decreto que regula los vertidos a las redes municipales. La materia orgánica, vertida a las conducciones, produce sulfuro de hidrógeno y otros compuestos sulfatados con efectos negativos sobre el  hormigón de los colectores y riesgo para los trabajadores del alcantarillado. 

La cantidad de sales disueltas en el vertido hace que la conductividad supere también los límites autorizados. Pero en la proyección a futuro y según el proyecto de depuradora, Ecociudad explicita que el vertido aún aumentaría más en conductividad hasta alcanzar tres veces el valor medio permitido, lo que constituiría un problema para el correcto funcionamiento de la EDAR de La Cartuja al afectar los valores medios de la entrada al proceso de tratamiento. 

Nos resulta incomprensible que la empresa no haya recibido requerimientos y exigencias en relación a su vertido actual y mucho más que un ayuntamiento que aspira a Capitalidad Verde apruebe, unos días antes de la defensa final de la candidatura, un proyecto de depuración previa que va a afectar negativamente al funcionamiento de la depuradora municipal que asume los vertidos de la mayor parte de la ciudad. El proyecto está teniendo contestación social por parte de una población victima de años de una gestión basada en aplazamientos de lo importante y exhibición de lo superfluo.

Mucho más importante que lo que pueda pensar el jurado que deberá elegir la próxima Capital Verde Europea, es lo que puedan pensar las zaragozanas y zaragozanos que además de los fastos pilaristas que se asoman ya al calendario, debieran evaluar las realidades cotidianas y el modelo de ciudad que se está imponiendo. También en Zaragoza conviene acallar el ruido que aturde la convivencia a todos los niveles al que se suma la espectacularidad y la propaganda con que se pretende maquillar la gestión municipal que, en materia de agua, queda muy lejos de una capitalidad verde.

TECNOLATRÍA RENOVABLE

La nube habitada. Pilar Iturralde 2025

Comprobar  como los acontecimientos confirman los análisis escritos tiempo atrás no supone el menor consuelo. Más bien, decepción por haber llegado a creer en la posibilidad de un diálogo colectivo basado en la compartición de pareceres y que, articulando un discurso crítico respecto al crecimiento desaforado se pudiera alcanzar una cierta entente, si no cordial, al menos respetuosa. La idea de los límites del crecimiento no son el último grito de la ciencia, vienen de 1972, del informe del Club de Roma. 

Por eso cabría esperar (¡vana ilusión!) que los gestores de la cosa pública estuvieran al tanto de la realidad que la sociedad y especialmente la naturaleza, están poniendo sobre la mesa desde hace más de 50 años. Por contra, nos encontramos con un discurso socio-político que ha superado la tecnocracia para alcanzar la TECNOLATRÍA. Una huida hacia adelante, cuando delante ya casi no queda nada más que la esperanza, la esperanza de que a alguien se le ocurra publicar en el BOE un decreto sobre la MESURA. Cosa que de momento, no se ve en el horizonte.

La fantasía del progreso infinito, esa tecnolatría, convertida en narrativa nacional, ha prometido por "no se cuantas vez", una oportunidad de oro para el desarrollo de Aragón y por extensión para la salvación de la España Vaciada. Sorprende el candor con que este tipo de discursos tan triunfalistas como falsos, son aceptados en líneas generales por gran parte de la población que asume el creciente desequilibrio económico, la injusticia social, el odio al "otro" en una atmósfera en que la política de la inevitabilidad se troca en la de la eternidad tal como narra "El camino hacia la No libertad"

En esto, como en tantas cosas, los medios de comunicación mayoritarios, son co-responsables de la construcción de este ideario de fantasía. Política Disney la llaman algunos. Plegados a los intereses del monopolio energético y de los grupos de inversión que están haciendo de las energías renovables y sus industrias afines un nicho de negocio regado con dinero público. Esos medios y ya no hablemos de las redes sociales, son arte y parte en lo que tiene toda la pinta de convertirse en la siguiente burbuja del neoliberalismo. 

En ese lamentable juego social la corrupción crece como la hiedra, los poderes políticos, salvo honrosas excepciones, actúan como facilitadores del negocio de las burbujas, al que ya solo falta el seguidismo de las clases menos favorecidas para dar pátina de credibilidad a todo este embeleco. Es conocido que cuanto más grande es la mentira, más gente la creerá. Una ley de aplicación universal desde el Berlín de la esvástica de 1939 al Madrid de la fruta de 2026. 

Este blog se ha hecho eco frecuentemente del movimiento ciudadano crítico con la implantación apresurada y sin planificación  de las energías renovables a las que están vinculados los Centros de Datos de que tanto se habla y las fábricas de un hidrógeno (mal llamado) verde del que todavía se habla poco. Para completar el mosaico del crecimiento infinito, no faltarán los proyectos de bio-metano ni de bio-masa que las empresas teñirán de verde para convencer al súbdito/cliente (antiguo ciudadano) de la inevitabilidad de todo este desorden. 

Día si y día también los boletines oficiales informan de proyectos de  instalaciones de ganadería industrial cada vez mayores junto a otras de tratamiento de estiércoles y restos de matadero en una espiral en que se retroalimentan mutuamente ambas industrias. Secuenciando adecuadamente las noticias pueden ser (casi) fiel a la realidad y al mismo tiempo construir otra en paralelo que sirva a los intereses de quien paga la publicidad. 

La gente puede percibir al mismo tiempo que "Las cuencas del Aragón y Gállego-Cinca entran en alerta por sequía prolongada"   y  que  "Regantes sin agua donde planean centros de datos mientras Azcón dice que esta industria aporta más de la que consume". 

La suma de esas noticias representa un cierto desorden conceptual que quien lo lea deberá discernir entre la supuesta necesidad de más regulación para garantizar unas cosechas necesarias para la alimentación humana y la verdadera repercusión de los centros de datos en la economía y en la vida aragonesa. Todo ello además teniendo en cuenta que uno de los medios citados no ha hablado nada de la concentración de la superficie agraria en manos de grandes inversores ni de la imposibilidad científico-ambiental de construir más embalses. El otro no entra tampoco en que la llegada de nuevos demandantes a la planificación hidráulica, pueda generar una competencia compleja con los ya existentes que llevan toda la planificación hidráulica hasta le fecha exigiendo la ampliación del regadío en la cuenca. 

Los dos medios no alcanzan a la realidad. Al problema del reparto del recurso y apuntan tímidamente a que el sistema está capacitado para dar satisfacción a todos los demandantes que a menudo, confunden sequía con escasez. Porque la sequía se puede percibir como un daño colectivo mientras la escasez es propiedad del que exige un agua que  escasea. El mensaje más o menos explicito, según el medio de comunicación, es que todo se puede solucionar creciendo. Más regadío, mas centros de datos, más fabricas de hidrógeno y del cambio climático, ya hablaremos otro día. Y así nos plantamos en la TECNOLATRÍA de que ya hemos hablado.

En este proceso que nos lleva de la inevitabilidad a la eternidad, la población en su mayoría va a esperar respuestas a los problemas aunque muy pocos quieran hacer las preguntas adecuadas. Y si para eso debe abandonar la racionalidad y abrazar un pensamiento identitario con el más poderoso, sea regante o energética, pues se abraza y a otra cosa. Llegados a una situación tan compleja como las que citamos, muchas personas se sienten incapaces de comprenderla o cambiarla, optan por aceptar una versión ficticia y simplificada de la misma”. Es una especie de pacto colectivo en el que una gran parte acepta que el sistema está podrido, pero se finge que no es así para poder seguir adelante.

Si a esta situación doméstica aragonesa, con sus dimes y diretes, de si cabe más regadío o más inteligencia artificial, la endiablada geopolítica mundial, hija del neofascismo, suma la amenaza de una escalada de guerra generalizada y muchos buscarán su seguridad a cualquier precio, incluido el de su propia libertad. Un concepto este último también sometido a las leyes del mercado en el que las personas acaban por convertirse en sus propios explotadores, donantes de su libertad a cambio de una insegura seguridad. Admiradores y practicantes de la banalidad del mal.

Sólo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza.

 Walter Benjamín

¿AGUA PARA LA NIEVE?. 2

La reciente entrada del pasado día 5 reflejaba ya la preocupación que generaba en la Ribagorza aragonesa la última de las actuaciones de la controvertida ampliación de la Estación de Esquí de Cerler. 

Del Pirineo, en su relación con el agua hay mucho escrito en este blog. Desde la nefasta gestión del convenio con el Ministerio de Medio Ambiente hasta la repercusión que supone, para el agua y para la vida de la gente, el proceso de turistificación imparable. A este aspecto pertenece el proyecto de innivación artificial de las nuevas pistas de Castanesa. Restos de un desvarío político- administrativo con privilegiados beneficiarios dentro y fuera de la comarca y numerosos perjudicados lejos y cerca, empezando por el propio paisaje y sus habitantes. 

De aquel gran proyecto, "pionero e innovador" a más no poder que iba a constituir una "oferta única en España", la DGA descartó los dominios de Isábena y Urmella y el INAGA  suspendió su impacto ambiental. 

“El proyecto de ampliación en el que se enmarca el presente anteproyecto, denominado “Proyecto de Ampliación de la Estación de esquí de Cerler” (PAEEC), contemplaba la puesta en funcionamiento de un total de 225,2 ha de nuevas pistas, con una longitud acumulada de 83,9 km esquiables, 56 pistas y 31 remontes distribuidos en 5 dominios principales. No obstante, sometido dicho proyecto a trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, por Resolución de 23 de diciembre de 2010 (DIA) el Departamento de Medioambiente del Gobierno de Aragón resuelve que el PAEEC únicamente resulta ambientalmente compatible para el Dominio de Castanesa:

“A los solos efectos ambientales, la Evaluación de Impacto Ambiental del «Proyecto de Ampliación de la Estación de Esquí de Cerler», promovido a instancia de la mercantil ARAMON, S. A. resulta compatible para el «Dominio Castanesa» y condicionada al cumplimiento del condicionado ambiental (…).”

En este mismo sentido, en 2012, el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes decide:

“Primero. - Aprobar el Dominio de Castanesa integrante del Proyecto de Interés General de Aragón de “Ampliación de la Estación de Esquí de Cerler".

Segundo - Suspender el resto del ámbito del Proyecto, de conformidad con dispuesto en la Resolución de 23 de diciembre de 2010, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del Proyecto de Ampliación de la estación de esquí de Cerler, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, n.º 254, de 30 diciembre de 2010.”

Un proyecto con una trayectoria de difícil seguimiento.

Del actual documento presentado cabe manifestar la dificultad de acceso a la información de la solicitud en la pag. web de la CHE.  Finalmente, con escaso margen de tiempo, se ha podido leer apresuradamente para poder, siquiera simbólicamente, mostrar la opinión de la RAPA.  Una opinión compartida con un amplio muestrario de colectivos sociales y ambientalistas.

No deja de ser curiosa el desapego mostrado por los informes científicos que se permiten calificar de "pesimistas" frente a las repercusiones del cambio climático. 

“El anteproyecto se enmarca dentro de una serie de actuaciones que el Promotor: FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE, S.A., está desarrollando con objeto de aumentar el dominio esquiable en el Pirineo Aragonés de la estación de esquí de Cerler, concretamente en la zona de “Castanesa.... Así como de adaptar las instalaciones de dicha estación a los escenarios previstos de cambio climático, que auguran un incremento de temperaturas que conllevará a su vez una disminución de los niveles de innivación natural considerados como normales hasta la fecha.”

Merece la pena reseñar el detalle de que las cantidades del presupuesto aparecen tachadas. Considerando de que se trata de una obra financiable con dinero público de una empresa semipública, esta ocultación debería resultar entre sorprendente y vergonzosa, pero no parece que esta circunstancia esté causando mayor incomodidad en una sociedad acomodaticia. A ojo de buen cubero si la balsa de L'Inllada en la zona de L'Ampriu, que tiene casi la misma capacidad, se licitó por casi tres millones más otro medio millón para la acometida eléctrica y que en Pleta Vella habría que añadir toda la infraestructura de llevar el agua desde las captaciones, el coste, con toda probabilidad superará esa cifra.

Abriendo un poco el foco de la crítica, más allá del escenario comarcano, todo lo narrado no deja de ser un capítulo más del largo relato de la explotación irracional y asimétrica de los recursos de la naturales de Aragón. Una manera de ver y hacer las cosas, franquicia del "modelo tecnolatra", que triunfa a nuestro alrededor y que basa su razón de ser en la explotación de territorios, paisajes y personas a la gloria de la acumulación de riquezas en manos de una oligarquía cada vez más ambiciosa, exclusiva y excluyente.

MAS INFORMACIÓN SOBRE CASTANESA:
https://ribagorzaenaccion.blogspot.com/search?q=castanesa

NOTA DE PRENSA DE LA RED DE AGUA PÚBLICA

Replicamos en nuestro blog la Nota de Prensa de la Red de Agua Pública (RAP) respecto al procedimiento impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para adjudicar durante los próximos 25 años la gestión indirecta del abastecimiento de agua en los municipios de Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana. 

Entiende la RAP y compartimos desde Aragón, que el establecimiento de periodos tan largos de concesión imposibilita que en otro momento pueda establecerse otro modelo de gestión de un bien público como el agua que, tal como hemos escrito tantas veces, no se trata de la prestación de un servicio cualquiera, sino la gestión de un derecho humano, un monopolio natural y una infraestructura esencial para la vida y para la adaptación de los municipios al cambio climático. Parece que se extiende, tal como venimos comentando respecto a la depuración de las aguas residuales de Zaragoza y bajo capa de una tramposa colaboración Público-Privado, una intención privatizadora a todos los niveles en donde la información y participación de la ciudadanía no es tenida en cuenta.

Este es el contenido de la Nota de Prensa:

La Red Agua Pública (RAP) manifiesta su profunda preocupación por el procedimiento impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para adjudicar durante los próximos 25 años la gestión indirecta del abastecimiento de agua en los municipios de Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana.

Veinticinco años no son simplemente la duración de un contrato: son prácticamente una generación. Y lo que se decide no es la prestación de un servicio cualquiera, sino la gestión de un derecho humano, un monopolio natural y una infraestructura esencial para la vida y para la adaptación de los municipios al cambio climático.

La concesión tiene un valor estimado de 937,4 millones de euros y contempla importantes inversiones que serán financiadas mediante las tarifas de los usuarios.

La transparencia no puede llegar después de la adjudicación

Para la RAP, una decisión de esta magnitud debería haber estado precedida por un proceso plenamente transparente y participativo sobre las distintas alternativas de gestión que hubiera concluido con una justificación convincente de la elección de la gestión indirecta.

La finalización de las concesiones de los anteriores municipios fue una oportunidad perdida para decidir sobre el modelo de gestión para las próximas décadas. Ahora, en el contexto de esta licitación, esta oportunidad no puede reducirse a decidir qué gran empresa gestionará el servicio durante otros 25 años.

La RAP considera especialmente preocupantes las dificultades existentes para acceder a toda la documentación y los estudios realizados por la propia AMB que fundamentaron la elección del modelo de gestión público en los municipios, lo que contradice el objetivo de la licitación actual.

Una solicitud formal de acceso a la información pública presentada en agosto de 2026 señala que, en una petición anterior del expediente, no se facilitaron los escritos de alegaciones ni el informe de análisis y respuesta de 25 de septiembre de 2025, pese a que el acuerdo definitivo del Consejo Metropolitano se refería expresamente a esa documentación como parte de la motivación de la decisión.

La transparencia no consiste únicamente en publicar una licitación, sino en permitir que la ciudadanía conozca cómo y por qué se ha decidido entregar la gestión de un servicio esencial durante un cuarto de siglo.

La RAP reclama que se conozcan los estudios realizados, las alternativas analizadas, las alegaciones formuladas y las razones que llevaron al AMB a optar nuevamente por la gestión indirecta.

Una baja del 60 % no es un detalle técnico

Las ofertas económicas añaden una nueva preocupación. Tres propuestas han superado el umbral de presunción de anormalidad, situado en el 27,63 %: Veolia, con una baja del 60 %; la UTE Gestagua-Saur, con un 45,05 %; y la UTE Facsa-GS Inima-Constructora de Calaf, con un 29,10 %.

Una oferta incursa en presunción de anormalidad no es automáticamente ilegal y la legislación permite al licitador justificar su viabilidad. Pero una baja del 60 % en los precios de las inversiones de un servicio que debe mantenerse durante 25 años no es un detalle técnico. Es una señal de alarma que exige explicaciones extraordinariamente sólidas.

En este sentido es fundamental justificar si pueden mantenerse esos precios durante décadas garantizando la gestión del agua y al mismo tiempo las inversiones, la renovación de las redes, la calidad del servicio y las condiciones laborales. En definitiva, AMB debe garantizar que todas las ofertas son económicamente viables y que las inversiones previstas son las necesarias para asegurar la calidad del servicio.

Por este motivo, la RAP reclama al AMB la máxima transparencia en esta fase de la adjudicación y exige que los informes y documentos utilizados para justificar las bajas temerarias sean accesibles públicamente.

Nadie sabe cuánto costará gestionar el agua dentro de veinticinco años

La duración del contrato resulta todavía más preocupante ante las incertidumbres derivadas de la emergencia climática; en este sentido, blindar durante 25 años el modelo de gestión indirecta en un escenario de creciente incertidumbre climática significa tomar hoy decisiones que deberán afrontar problemas que todavía ni siquiera se conocen. Además, existen otros factores de incertidumbre a tener en cuenta, como las nuevas exigencias de calidad, necesidad de reducir pérdidas, reutilización, digitalización, renovación de infraestructuras y volatilidad de los costes energéticos y de construcción, que transformarán profundamente los futuros sistemas de agua urbana.

En definitiva, la RAP considera que la adjudicación de un contrato de esta dimensión económica y temporal requiere algo más que el cumplimiento formal de un procedimiento administrativo: exige transparencia, rendición de cuentas y garantías de que en la toma de decisiones prevalecerá el interés público.

ZARAGOZA, DEPURACIÓN Y PREGUNTAS

Estratos de agua. Pilar Iturralde 2.020

Continuando lo que se dijo en la entrada del pasado 24 de agosto y dada la escasez de información disponible, traemos a la opinión pública la realidad de la depuración de las aguas residuales de Zaragoza. Se constata que, en medio de todo el ruido político-mediático que contamina la convivencia, hay temas que no parecen interesar y que los movimientos ciudadanos tendrán que suplir la falta de difusión institucional y periodística. Tácita o explícitamente se elude una cosa tan seria como la salud de Ebro aguas abajo de donde vive más de la mitad de la comunidad autónoma, además de las gentes de Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre y Montsià. 

La depuración de las aguas de Zaragoza parece un tema permanentemente pendiente. Una de esas cosas que se resuelven por el viejo procedimiento de cifrar la solución de los problemas actuales en un futuro indeterminado. Un tiempo verbal de uso exclusivo para políticos procrastinadores.  Eso corre el peligro de llevarnos, tal como dice el profesor Gil Manuel Hernández a la desaparición del futuro como promesa, al Temporalismo Extractivo.

Repasando lo ya publicado en este blog respecto a los acuerdos entre el Ayto. de Zaragoza y la empresa concesionaria de la EDAR de La Cartuja vemos que en este mes de septiembre Ecociudad Zaragoza estaba obligado a presentar un plan integral del sistema de saneamiento y de momento,.... no hay noticias que recojan nada al respecto de este tema de importancia presente y futura. 

Complementario a esto pero mucho más puntual sabemos que está aprobado por el Ayto. la colocación de un medidor de la calidad del vertido de la depuradora de la Cartuja.  El resultado de esta medición, en continuo, lo que algunos califican como “en tiempo real”, debería estar incluido en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)  de la  Confederación Hidrográfica del Ebro. Esta actuación debía estar implantada en junio de 2026 pudiendo alargarse hasta finales de este año los trabajos de seguimiento y comprobación de la unidad. De momento los datos no aparecen en la página web de la CHE ni en la del Ayuntamiento de Zaragoza.  Así que nuestra pregunta es si está instalado o no. 

Otro aspecto reseñado en el convenio firmado con motivo de la prorroga del contrato de la EDAR se refiere al estudio de los colectores de la margen izquierda.  

Como ya hemos descrito en alguna ocasión, ocurre que cuando el río Ebro va crecido se produce una entrada de agua del río a través de las clapetas de los aliviaderos que podemos ver en las orillas del río.  Esto no debería  producirse si el sistema de cierre fuera correcto. Esa agua inunda los colectores y a partir del momento en que eso ocurre las aguas residuales direccionadas a la margen derecha para llegar a la depuradora de La Cartuja deben ser vertidas directamente al río Ebro.  

La depuradora no soportaría una llegada de semejante caudal (mezcla de agua residual y agua del Ebro). Solo la baja temperatura de llegada ya mermaría la eficiencia de los lechos bacterianos.  Este problema, perfectamente conocido por todos, precisa de un estudio, de una monitorización para definir su tratamiento que sin duda, es técnicamente complicado y con un coste económico importante  pero igualmente necesario para poder acometer soluciones entre las cuales está mejorar los sistemas antirretorno para que el agua del río no entre en los aliviaderos que es lo que ocurre ahora. 

Este estudio forma parte de un "PERTE" (Plan Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) dotado con 1,5 M€ del gobierno central-MITECO y que cuenta también con fondos europeos, Se pretende monitorizar el 80% de los aliviaderos y 30 puntos de la red general. La instalación iba a estar acabada en junio de 2026 y los resultados de esa monitorización se podrían concluir a finales de este mismo año. ¿Cuánto de esto se ha ejecutado hasta el momento?

Parece que está situación de vertido directo al río de la margen izquierda podría paliarse algo, sin ser la solución, con unas imprescindibles obras en la Estación de Bombeo del Vado que lleva agua residual de la margen izquierda a la derecha.  El proyecto ya contaba con autorización ambiental y de la CHE en febrero de 2026 y se retrasaron las obras esperando a una disminución del caudal del río Ebro.  ¿Cuál es el estado de estas obras que tenían un horizonte de ejecución de doce meses?

A la orilla.  Pilar Iturralde 2.020

Sobre el convenio de Veolia, Ayuntamiento de Zaragoza e Industrias Químicas de Zaragoza (IQZ), merece la pena una breve introducción. 

IQZ tiene autorizado por el INAGA un vertido con un volumen y una composición determinada.  La empresa lo vierte al colector de la margen izquierda y se suma al de otras empresas pasando a transferirse a través de un bombeo a la margen derecha y por tanto a la EDAR de La Cartuja. El grado de dilución de los componentes del vertido de IQZ depende del caudal del colector en cada momento, o dicho de otra manera, de lo que vierten también el resto de empresas. Esa concentración que no es constante, llega a la depuradora que no es capaz de adaptarse a esa situación cambiante.  El convenio firmado por las tres entidades pretendía que IQZ realizase un vertido que se adecuase al caudal del colector receptor reteniendo volumen en caso de bajo caudal del colector para evitar la llegada de altas concentraciones de sulfatos a la depuradora. Esas variabilidad no permite que el tratamiento sea el adecuado, se pone en peligro la propia integridad de la depuradora y el río Ebro acaba siendo la víctima final de esta situación.  Cabe decir que siendo estas realidades sobradamente conocidas desde el comienzo de la actividad empresarial, no deja de sorprender la escasa sensibilidad y capacidad decisoria de todas las administraciones responsables en la gestión del agua. 

Está por conocerse la efectividad de este acuerdo y saber, por lo tanto, si la depuradora seguía sufriendo las consecuencia y con ello el padre Ebro.

Como complemento a lo anteriormente dicho y de forma paliativa se iba a complementar un sistema denominado “Actifló” en esa depuradora. 

¿Se han iniciado las obras, en que situación se encuentran?  ¿Cuándo se espera su puesta en servicio?

Sabemos que la finalización de este implementación en el funcionamiento de la depuradora era para 2027 y que el coste  de esta actuación lo debía asumir Veolia como una de las  contrapartidas por la prórroga de gestión concedida por el consistorio zaragozano.

Saliendo de La Cartuja y también en la margen izquierda, tenemos que hablar de la empresa TEREOS, otro asunto del que no encontramos información fidedigna. En la pasada primavera la empresa tramitaba la Autorización Ambiental con el  INAGA  para instalar una depuradora y  tratar previamente sus vertidos antes de que se incorporen al colector municipal.

Ecociudad valoraba positivamente el proyecto en su aspecto técnico y no entraba en el urbanístico que lleva otra vía por necesitar una recalificación de terreno. Ecociudad no conocía los plazos de futuro en esa tramitación porque la tramitación era competencia del INAGA, Urbanismo de Zaragoza y Medio Ambiente de este ayuntamiento por el control de emisiones al aire de dicha empresa.  Desconocemos también en que situación se encuentra este proyecto que tuvo contestación social por parte del vecindario de ese barrio cuando se conoció la existencia del proyecto ya que sufre las molestias consecuentes a la instalación de una empresa de este tipo en una zona eminentemente habitacional. 

Como colofón a cuanto se ha expresado cabría plantearse la necesidad de una evaluación completa, verdadera y si apriorismos de todo el periodo de vida de la EDAR de La Cartuja que permita valorar si el modelo elegido para su gestión ha sido el idóneo o si la gestión directa hubiera podido servir con más eficacia a los vecinos de Zaragoza y a la salud de toda la cuenca aguas abajo. 

Sabemos que allá por 2008, ante la falta de capacidad de autofinanciación, se empujó a los Ayuntamientos a privatizar servicios tan básicos como el de agua y saneamiento, transformándolos en negocio privado bajo las leyes del mercado. En este contexto y desde aquel momento, la Red de Agua Pública de Aragón ha demandado del Gobierno central, de la DGA, de las Diputaciones Provinciales y muy particularmente de los Ayuntamientos, una actitud proactiva en su gestión para desarrollar todas las competencias que le son propias. Entendemos, ahora como entonces, que es preciso fortalecer “lo público” sobre los intereses que comportan modelos de gestión privada explícitos o encubiertos mediante estrategias de una dudosa colaboración público-privadas.

El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan.

Arnold J. Toynbee