Replicamos en nuestro blog la Nota de Prensa de la Red de Agua Pública (RAP) respecto al procedimiento impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para adjudicar durante los próximos 25 años la gestión indirecta del abastecimiento de agua en los municipios de Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana.
Entiende la RAP y compartimos desde Aragón, que el establecimiento de periodos tan largos de concesión imposibilita que en otro momento pueda establecerse otro modelo de gestión de un bien público como el agua que, tal como hemos escrito tantas veces, no se trata de la prestación de un servicio cualquiera, sino la gestión de un derecho humano, un monopolio natural y una infraestructura esencial para la vida y para la adaptación de los municipios al cambio climático. Parece que se extiende, tal como venimos comentando respecto a la depuración de las aguas residuales de Zaragoza y bajo capa de una tramposa colaboración Público-Privado, una intención privatizadora a todos los niveles en donde la información y participación de la ciudadanía no es tenida en cuenta.
La Red Agua Pública (RAP) manifiesta su profunda preocupación por el procedimiento impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para adjudicar durante los próximos 25 años la gestión indirecta del abastecimiento de agua en los municipios de Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana.
Veinticinco años no son simplemente la duración de un contrato: son prácticamente una generación. Y lo que se decide no es la prestación de un servicio cualquiera, sino la gestión de un derecho humano, un monopolio natural y una infraestructura esencial para la vida y para la adaptación de los municipios al cambio climático.
La concesión tiene un valor estimado de 937,4 millones de euros y contempla importantes inversiones que serán financiadas mediante las tarifas de los usuarios.
La transparencia no puede llegar después de la adjudicación
Para la RAP, una decisión de esta magnitud debería haber estado precedida por un proceso plenamente transparente y participativo sobre las distintas alternativas de gestión que hubiera concluido con una justificación convincente de la elección de la gestión indirecta.
La finalización de las concesiones de los anteriores municipios fue una oportunidad perdida para decidir sobre el modelo de gestión para las próximas décadas. Ahora, en el contexto de esta licitación, esta oportunidad no puede reducirse a decidir qué gran empresa gestionará el servicio durante otros 25 años.
La RAP considera especialmente preocupantes las dificultades existentes para acceder a toda la documentación y los estudios realizados por la propia AMB que fundamentaron la elección del modelo de gestión público en los municipios, lo que contradice el objetivo de la licitación actual.
Una solicitud formal de acceso a la información pública presentada en agosto de 2026 señala que, en una petición anterior del expediente, no se facilitaron los escritos de alegaciones ni el informe de análisis y respuesta de 25 de septiembre de 2025, pese a que el acuerdo definitivo del Consejo Metropolitano se refería expresamente a esa documentación como parte de la motivación de la decisión.
La transparencia no consiste únicamente en publicar una licitación, sino en permitir que la ciudadanía conozca cómo y por qué se ha decidido entregar la gestión de un servicio esencial durante un cuarto de siglo.
La RAP reclama que se conozcan los estudios realizados, las alternativas analizadas, las alegaciones formuladas y las razones que llevaron al AMB a optar nuevamente por la gestión indirecta.
Una baja del 60 % no es un detalle técnico
Las ofertas económicas añaden una nueva preocupación. Tres propuestas han superado el umbral de presunción de anormalidad, situado en el 27,63 %: Veolia, con una baja del 60 %; la UTE Gestagua-Saur, con un 45,05 %; y la UTE Facsa-GS Inima-Constructora de Calaf, con un 29,10 %.
Una oferta incursa en presunción de anormalidad no es automáticamente ilegal y la legislación permite al licitador justificar su viabilidad. Pero una baja del 60 % en los precios de las inversiones de un servicio que debe mantenerse durante 25 años no es un detalle técnico. Es una señal de alarma que exige explicaciones extraordinariamente sólidas.
En este sentido es fundamental justificar si pueden mantenerse esos precios durante décadas garantizando la gestión del agua y al mismo tiempo las inversiones, la renovación de las redes, la calidad del servicio y las condiciones laborales. En definitiva, AMB debe garantizar que todas las ofertas son económicamente viables y que las inversiones previstas son las necesarias para asegurar la calidad del servicio.
Por este motivo, la RAP reclama al AMB la máxima transparencia en esta fase de la adjudicación y exige que los informes y documentos utilizados para justificar las bajas temerarias sean accesibles públicamente.
Nadie sabe cuánto costará gestionar el agua dentro de veinticinco años
La duración del contrato resulta todavía más preocupante ante las incertidumbres derivadas de la emergencia climática; en este sentido, blindar durante 25 años el modelo de gestión indirecta en un escenario de creciente incertidumbre climática significa tomar hoy decisiones que deberán afrontar problemas que todavía ni siquiera se conocen. Además, existen otros factores de incertidumbre a tener en cuenta, como las nuevas exigencias de calidad, necesidad de reducir pérdidas, reutilización, digitalización, renovación de infraestructuras y volatilidad de los costes energéticos y de construcción, que transformarán profundamente los futuros sistemas de agua urbana.
En definitiva, la RAP considera que la adjudicación de un contrato de esta dimensión económica y temporal requiere algo más que el cumplimiento formal de un procedimiento administrativo: exige transparencia, rendición de cuentas y garantías de que en la toma de decisiones prevalecerá el interés público.
