Para la Red de Agua Pública existe una intima relación entre el agua y la energía y las noticias que se suceden no paran de confirmar este aserto.
Hoy debemos hacernos eco de la Rueda de Prensa celebrada en la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza por el colectivo 13 de marzo "Aragón por la racionalidad energética" ampliando la información facilitada el pasado 29 de enero.
En esta ocasión la Plataforma ciudadana ha anunciado su decisión de presentar denuncia de las actuaciones actuales ante los juzgados que puedan resolver sobre las competencias de las entidades y personas denunciadas.
El texto presentado recoge la exposición de motivos mostrada en el informe anterior, fundamentando la base de su presunta ilegalidad. Una ilegalidad que también se apoya en las noticias publicadas a raíz de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) a la empresa FORESTALIA y las noticias que revelan posibles prácticas irregulares en las tramitaciones de algunos proyectos, así como de las demostradas puertas giratorias que han podido influir en decisiones que deberían ser sólo técnicas.
Tal como ya se recogía en el informe que ahora sustancia en denuncia se han autorizado proyectos de FORESTALIA definiendo infraestructuras como "líneas de evacuación" privadas cuando, por su tensión (400 KV), longitud (centenares de km) y capacidad, constituyen auténticas redes de transporte eléctrico que es competencia exclusiva de Red Eléctrica de España (REESA). En este ámbito, el MITERD ha autorizado a FORESTALIA líneas similares a otras denegadas a otros promotores por motivos ambientales.
La misma irregularidad se ha detectado en autorizaciones de parques a FORESTALIA en ubicaciones similares a los de otras promotoras, denegados por el mismo Ministerio para La transición Ecológica y Reto Democrático (MITERD) por afectaciones ambientales.
Un aspecto central en la denuncia es el fraccionamiento de proyectos, ya investigado desde la Guardia Civil. Se aceptan proyectos fragmentados en múltiples sub-parques y líneas de menor entidad para eludir una evaluación ambiental estratégica conjunta obviandose el impacto acumulativo sobre el territorio. Esta fragmentación de proyectos se ha observado también en proyectos tramitados por el gobierno aragonés.
La ubicación de proyectos en zonas protegidas por el ordenamiento municipal, por la Ley de Montes de Aragón o en zonas agrarias protegidas por el propio Gobierno de Aragón es una irregularidad presente en todas las comarcas aragonesas.
Se alerta igualmente sobre la externalización de proyectos para realizar evaluaciones ambientales a empresas relacionadas profesionalmente con SARGA o FORESTALIA.
Se constatan EIAs deficientes y/o incompletas y otras irregularidades en la tramitación, como la no comunicación a interesados, modificaciones sustanciales sin volver a iniciar el trámite o la presencia de informes no presentados en exposición pública y aportados con posterioridad sin posibilidad de conocimiento por parte de la ciudadanía.
En materia ambiental se detecta una valoración incorrecta de los riesgos reales para la avifauna por parte de MITERD y realización de informes por el promotor carentes de imparcialidad y objetividad.
Recoge la denuncia la incapacidad financiera detectada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia al constituir FORESTALIA cientos de microempresas sin apenas capital y sin que esto haya supuesto ningún problema para las aprobaciones.
Se contemplan también irregularidades en la concesión de Autorizaciones Administrativas Previas de L.A.T. fuera del plazo marcado por la administración y autorizaciones de parques para autoconsumos industriales.
En muchos casos se han incumplido los hitos relativos a la obtención de la autorización administrativa previa, por tanto la administración denunciada, que en este caso sería la dirección general de energía y minas, estaría manteniendo de forma fraudulenta la tramitación de unas autorizaciones caducadas.
De acuerdo a todo los recogido en el informe y la posterior denuncia, en una sociedad civil mínimamente articulada y democrática se hace necesario solicitar la paralización de todas las tramitaciones de implantación de instalaciones relacionadas con energías renovables en tanto no exista garantía jurídica de su plena legalidad.
Aun a sabiendas del poder social y económico de los intereses que se mueven en el campo de la energía y el agua es precisa la acción colectiva de quienes apuestan por un modelo de convivencia en donde el ser humano no sea un instrumento ciego de explotación de la tierra y de sus habitantes.
Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia, y juntos, podemos lograr grandes cambios.
Jane Goodall.














