En la misma sintonía de la Campaña RAP AGUA#COVID 19 que recogimos en una entrada anterior, traemos este artículo de Pedro Arrojo que acerca la realidad de la gestión del agua en este complicado escenario social que se asoma tras la puerta del encierro/arresto en el que andamos todos metidos.
La más contundente de esas
lecciones, sin duda, es la que se refiere a la sanidad pública. Hoy, ni los más
fervorosos neoliberales hablan siquiera de la bondad de los recortes en sanidad
pública para favorecer la expansión de hospitales, clínicas y seguros de salud
privados, al tiempo que se extiende el consenso social sobre la necesidad de
fortalecer el sistema público de salud. En este contexto, sería bueno
reflexionar también sobre los servicios de agua y saneamiento, como clave
esencial de esa salud pública que queremos fortalecer.
En este campo, el proceso de
privatización ha sido más sutil, aunque no menos eficaz y demoledor. La
estrategia de promover empresas de pretendida colaboración público-privada, al
tiempo que se estrangulaban las capacidades financieras municipales, ha llevado
a muchos Ayuntamientos a promover o aceptar esas políticas de privatización de
sus servicios de agua y saneamiento para aliviar sus agobios financieros.
Así, este servicio público básico, que debería gestionarse bajo la lógica del
interés general, sin ánimo de lucro, como la sanidad pública, se ha venido
transformando en un negocio privado. Con un agravante, el de la complicidad de
muchos Ayuntamientos, que han visto en el llamado canon
concesional (el dinero que el operador privado adelanta a la Alcaldía
por la concesión) una forma de paliar a corto plazo su penuria financiera.......
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