DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO: ZARAGOZA Y ARAGÓN

Orilla de luz. Pilar Iturralde 2025

El tratamiento de la información, como herramienta de propaganda, se ajusta al público al que va dirigida. En el "extremo derecho", la publicación de la falsedad desnuda, el insulto despiadado que agita las vísceras de quienes hacen de la zafiedad su alimento. De esta práctica no se libran ni los platós de TV, ni los campos de futbol ni, lo que es más grave, el Congreso de los Diputados.

En otra banda informativa, sin alcanzar este esperpento, hay narraciones construidas a la medida de los intereses del narrador que, sin necesidad de ser necesariamente falsas pero ordenadas con cierto sesgo, determinan una acción comunicativa tendenciosa. Paradójicamente esta estrategia informativa genera un sociedad desinformada. Una sociedad propensa a tomar decisiones, más desde las vísceras que desde el cerebro y eso nunca es buena noticia.

Este preámbulo, de aplicación a muchos campos de la gestión pública es igualmente aplicable al agua y el saneamiento. La tradicional costumbre de tomar la parte por el todo  genera una idea de la realidad que, sin ser falsa, puede ser perfectamente errónea.

Mirando al barrio zaragozano del Picarral y su contencioso con la empresa Tereos, sería fácil caer en una dicotomía demasiado simplista. En un extremo se pueden colocar quienes sufren graves afecciones ambientales, un nivel de ruido por encima de lo aguantable, olores nauseabundos o una desagradables masas de vapor de agua que no solamente flotan sobre la industria sino también sobre las viviendas cercanas. Es entendible que para una buena parte del vecindario esto sea una situación intolerable. 

Por contra, otra parte del vecindario, puede considerar una buena noticia que esta depuradora pueda resolver una parte significativa de las afecciones que esta industria lleva realizando desde su origen. En ese sentido puede haber quien diga que si esta depuradora en litigio, disminuye significativamente la presencia de vertidos en los colectores del barrio, sería un avance sobre la situación actual. Las dos visiones pueden ser ciertas.

Una información veraz y completa debiera abarcar una visión global de esta situación en la que el Ayuntamiento de Zaragoza acumula más de 60 años de responsabilidades sin asumir plenamente. Cabría pensar que cada consistorio no solo debería responsabilizarse de la gestión de su mandato, también debiera serlo de gestionar los legados anteriores. Una sociedad se construye por acumulación de saberes y acciones.

No se puede obviar que cuando Campo Ebro Industrial se instaló en el barrio, el urbanismo tenía poco que ver con el actual. Si ahora hay vecinos que, legítimamente, se quejan de una situación, es porque, durante muchos años ha habido un planeamiento urbanístico, auspiciado desde el Ayto. que lo ha permitido. La hemeroteca, si no abundante si suficiente, parece resumir que el consistorio ha hecho históricamente poco para conciliar la convivencia de las dos realidades.

Los medios de comunicación harían bien en dar a conocer a los desarrolladores del parque de viviendas del barrio. Lo cierto es que hasta hace poco se han seguido construyendo viviendas, no se sabe si con la esperanza de que sea la industria la que se mude del barrio. El camino hacia la mejora de este barrio debiera tener vocación generalista y reunir todas las sensibilidades en la mesa del dialogo en la búsqueda de lo posible.

El repaso al saneamiento zaragozano da para mucho. También se habla poco de la situación de la margen izquierda que arrastra años de desidia. A nadie se le escapa que lo que haga Zaragoza repercute necesariamente en la salud de las personas y del medioambiente aguas abajo de este corredor de biodiversidad que termina en el Parque Natural del Delta del Ebre. Una responsabilidad para Zaragoza poco atendida por todos los ayuntamientos que en la historia han sido y que tampoco es demasiado conocida por el común de los consumidores de informativos.

No es suficientemente conocido que cuando el Ebro aumenta significativamente su caudal, entra en los colectores paralelos al rio que conducen los vertidos y tal aumento impediría el funcionamiento de la EDAR de La Cartuja. Así los vertidos de esta zona (150.000 habitantes aprox.) van a parar al cauce sin ningún tratamiento. En función de los caudales esta situación se repite entre 20 y 30 veces al año sin que los propios vecinos sepan el alcance de esta realidad. Todo ello en una ciudad que aspira a situarse entre las cien ciudades europeas por la neutralidad climática.

Solamente en el Campo de Tarragona hay sesenta y nueve poblaciones que se abastecen directamente del río Ebro (mini-trasvase a Tarragona) que desconocemos si son sabedores de esta situación que se crea en Zaragoza por una inadecuada gestión de la depuración y que se someten a la capacidad del propio río por ejercer la depuración natural de sus aguas.

La evolución de la depuración del agua de los zaragozanos, desde la inauguración de la EDAR de La Cartuja, tampoco es suficientemente conocida. Puede que los datos estén ahí, pero la información global se diluye porque no está siendo adecuadamente presentada en los medios de comunicación, al menos con el mismo interés que otras actuaciones municipales, como el discutible y discutido "Bosque de los Zaragozanos", ejemplo de lavado verde donde los haya. por poner solo un ejemplo.

Sin duda estamos ante unos problemas de gestión compleja que requiere grandes inversiones en la que habrá que se deberán implicar a todas las administraciones. El aldabonazo social que supuso la insumisión ciudadana al ICA que luego derivaría en el IMAR que fue bendecido por todas las fuerzas políticas en un triste ejercicio de miopía social y política, ha servido para poco. Se diga lo que se diga, los zaragozanos tienen el discutible honor de pagar dos veces la depuración de sus aguas y encima tener un servicio deficiente en donde el interés privado prima sobre el público. 

Al margen de los eslóganes informativos que alimentan periódicos y pantallas, la comisión bilateral, Gobierno de Aragón-Ayuntamiento de Zaragoza, no solo debiera servir para la construcción de La Romareda mientras los ciudadanos de Zaragoza, siguen haciendo frente a una más que discutible gestión del saneamiento. 

Queda mucho por hablar, debatir y aportar desde todas los sectores sociales en Zaragoza y en Aragón ante un Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración que depura poco y es víctima de la contaminación informativa que perjudica seriamente la salud colectiva.  

La actualidad informativa reciente se ha situado en el Pleno del Ayto. de Zaragoza que ha aprobado la modificación aislada del PGOU que permitirá construir la planta de tratamiento de efluentes que motiva la discrepancia ciudadana. 

Reproducimos íntegramente los escritos leídos en el Pleno desde los colectivos ciudadano.

Primera intervención: 

 

Segunda intervención:

DEPURADORA DE LA CARTUJA. 1

Las páginas del agua: Pilar Iturralde 2023

En mayo de 2024 finaliza el periodo de concesión de la explotación de la depuradora de La Cartuja (contrato firmado en mayo de 1989). Se trata de la mayor instalación de depuración del municipio de Zaragoza y la única gestionada a través de un contrato concesional de 25 años (alargado 6 años más) con la empresa Veolia. Ante la caducidad de este contrato y las posibles alternativas de gestión posibles, creemos que es vital un proceso de reflexión y debate en que los representantes públicos puedan testar la opinión de la ciudadanía. 

Nuestro colectivo, desde su mismo nacimiento, ha planteado la necesidad de considerar el agua como un bien común y no como una mercancía, al tiempo que ha defendido la necesidad de promover una gestión pública de los servicios de agua y saneamiento, transparente y participativa como un servicio de interés general que debe prestarse sin ánimo de lucro. 

Un fenómeno de la gravedad del Covid 19 que ya parece olvidado, muestra la gran  vulnerabilidad de nuestro modelo de convivencia, por encima de fronteras y de condición social. Tras esta experiencia, deberíamos entender mejor la importancia que tiene nuestro sistema público de salud como un reto colectivo que requiere suficientes medios públicos para conseguir un objetivo: garantizar la salud pública, como un servicio colectivo, tal como propone Naciones Unidas de acuerdo a los derechos humanos. Nadie esperaría responder a este reto de salud pública caminando hacia su privatización sino reforzando el servicio público. En consecuencia, parejo razonamiento deberíamos aplicar al servicio de saneamiento que es pieza clave y garantía de nuestra salud colectiva.

En este sentido parece fundamental garantizar la financiación de nuestros Ayuntamientos y que puedan realizar las inversiones necesarias para el desarrollo de sus competencias en abastecimiento y saneamiento del agua, desde la lógica del interés común. Una línea de financiación local que acabe con el adelgazamiento de las finanzas municipales provocada por las políticas de pretendida “austeridad” que periódicamente han impuesto los gobiernos nacionales y europeos. 

Haciendo un poco de historia, en 2008, ante la falta de capacidad de autofinanciación, se empujó a los Ayuntamientos a privatizar servicios tan básicos como el de agua y saneamiento, transformándolos en negocio privado bajo las leyes del mercado. En este contexto y desde aquel momento, la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) viene demandado  del Gobierno central, de la DGA, de las Diputaciones Provinciales y muy particularmente de los Ayuntamientos, una actitud activa y responsable a la hora de solicitar financiación y de gestión para desarrollar todas las competencias que le son propias. Ante los riesgos y desafíos derivados de la pandemia y del cambio climático en curso, entendemos que es preciso fortalecer “lo público” sobre los intereses privados que comportan modelos de gestión privada explícitos o encubiertos mediante estrategias de una dudosa colaboración público-privadas.

El cambio de enfoque de la UE tras la crisis sanitaria,  anuncia una importante financiación pública para reactivar la economía y fortalecer la cohesión social de Europa. Es una oportunidad que no se debería desperdiciar en el mantenimiento de la “forma de hacer” que nos ha traído hasta aquí ni de actividades secundarias con un beneficio localizado en sectores limitados de la población.

Zaragoza deberá tomar la decisión de qué hacer con el servicio de saneamiento que brinda la depuradora de La Cartuja a través de la multinacional VEOLIA. 2024 podría ser el año en que la ciudad recupere la gestión pública de un servicio básico tan importante. 

En este contexto, la RAPA lleva tiempo proponiendo el inicio de los trámites necesarios para recuperar la gestión pública de todos los servicios de saneamiento, integrándolos en un modelo global. Al igual que se ha hecho en otras ciudades españolas o como hicieron Paris o Berlín en nuestro entorno europeo, Zaragoza puede asumir el reto de promover un nuevo modelo de gestión pública e integrada de los servicios de agua y saneamiento, desde los enfoques de derechos humanos que demanda la ONU, basados en la transparencia y la participación ciudadana responsable. El vecindario de Zaragoza siempre ha pagado responsablemente las tarifas municipales correspondientes al servicio de saneamiento y sin duda, seguirá haciéndolo. Pero es preciso pagar sólo los costes que se derivan de esos servicios y no los beneficios de las compañías privadas a las que se les entregó como en el caso de la depuradora de La Cartuja.

Hoy tenemos los datos, la experiencia de lo que supuso entregar la construcción y gestión privada de la depuradora de La Cartuja. Conocemos los costes que se han tenido que enfrentar, en contraste con los costes de la Almozara, bajo iniciativa pública. Y ello a pesar de que, por lo que se denominan economías de escala, La Cartuja, con una capacidad para 1.200.000 habitantes equivalentes, debería ofrecer costes por metro cúbico mucho más reducidos que la de La Almozara, con capacidad tan sólo para 100.000 habitantes.

Si hacemos caso del informe de la Cámara de Cuentas (C.C.) sobre Ecociudad de 2019, el coste estimado de construcción de la EDAR fue de 124,53 M€. El contrato se modificó 5 veces. En la primera modificación, el Ayuntamiento aprobó el coste definitivo de construcción por un importe de 135,82 millones de euros, lo que implica un desfase de 11,29 M€ (9%) sobre el precio de adjudicación inicial. En la quinta (marzo de 2011): se acordó ampliar en 6 años el plazo de explotación de la concesión. Las condiciones acordadas  para esta extensión temporal supone, según la C.C. un mayor beneficio para el el concesionario de, al menos,  3 M€.

La Cámara de Cuentas estima en 426,42 M€ (IVA incluido) el coste del contrato entre 1993 y 2017. Proyectando estas cifras hasta el término de la concesión el coste total esperado ascenderá a 494,69 M€.  y, todo ello considerando que el porcentaje de uso en relación  a su capacidad de diseño, en la La Cartuja es del 51%  mientras que en las de La  Almozara y Alfocea alcanza el 93%.  

Resumía también el informe citado que el Coste de Construcción/m3  en las EDARs concesionales es doble del de las depuradoras EDARs con contratos de servicio y los costes de explotación son asimismo, más del doble en la Cartuja que en La Almozara.  

En este momento surgen no pocas incógnitas, cuya solución, en buena medida pensamos pueden derivarse de una documentación solo parcialmente conocida como son:

- El Informe de Fiscalización Ecociudad Zaragoza, S.A.U. Ejercicios 2012-2017. en  el que se puede valorar el contrato de UTEDEZA y el   "Análisis de los costes de construcción y de explotación de las EDAR en Aragón".

- El estudio actualizado de Evaluación Técnica de las Instalaciones de la EDAR  de la Cartuja. Este documento permitiría conocer el grado de resolución de las deficiencias que esta instalación ha venido acumulando en el tiempo de su explotación.

- Dentro del Documento base para la elaboración del plan estratégico 2020-2030, el Plan Director del Ciclo Integral del Agua Urbana de Zaragoza. 

No se nos escapa que no solo se trata de elegir una forma u otra de gestión. En el tramo final del contrato de explotación, se tiene que realizar la inspección final de la concesión y la reversión de los activos a la entidad titular del servicio. Este procedimiento está reglado en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Confiamos en que el pliego de condiciones habrá detallado la situación y el estado de conservación en que habrán de encontrarse las obras y el material afectos a la concesión en el momento de la reversión. En este sentido y en el plazo que haya señalado en el pliego, la Corporación habrá designado un Interventor Técnico de la empresa concesionaria, el cual vigilará la conservación de las obras y del material e informará a la Corporación sobre las reparaciones y reposiciones necesarias para mantenerlos en las condiciones previstas.

En una instalación de la envergadura de la EDAR zaragozana es necesario garantizar las condiciones de la reversión, por ello, este proceso de inspección en el tramo final de la concesión debe realizarse con sumo cuidado y precisión y es posible que pueda condicionar en alguna medida las demás pretensiones sobre el cambio de la forma de gestión.

No estará de más recordar que el Plan Estratégico de Eco-Ciudad Zaragoza. Contempla que "El ciclo integral del agua (CIA) urbano debe concebirse como un sistema único que integra los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas dado que, como su nombre indica, se trata de un ciclo sin discontinuidad  entre los servicios que incorpora". De igual forma debería ser objeto de referencia los acuerdos  en el Pacto Social por el Agua firmado en 2013 que abogan por una gestión integrada del CIA por el Ayuntamiento de  Zaragoza.

En esta coyuntura, que debería caracterizarse como histórica en lo referente al agua de la ciudad de Zaragoza, la RAPA considera necesaria la apertura de un diálogo con la Alcaldía y los grupos municipales, en el que será indispensable que se escuche la voz de los colectivos vecinales y ciudadanos.  Sin duda es el momento de debatir, en base a documentos técnicos y razonamientos sociales y políticos cual es la mejor opción para seguir mejorando los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua y decidir qué hacer con la EDAR de la Cartuja. 

Y todo ello sin olvidar que la mitad de la población aragonesa se concentra en el entorno de Zaragoza y que la depuración adecuada de sus aguas residuales es una exigencia para la salud medioambiental del resto de la cuenca del Ebro que es como hablar de la salud de las personas y la viabilidad de los usos de un agua que por pertenecer al común no tiene dueño.