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lunes, 22 de abril de 2024

UN PLAN DE SANEAMIENTO QUE "HACE AGUAS"

El tiempo, junto a un escaso interés de los partidos políticos aragoneses por construir un Plan Aragonés de Saneamiento (PASD) equilibrado y justo, independientemente del lugar de residencia de cada usuario, ha naturalizado el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR). Pero lo cierto, a tenor de lo que está sucediendo en Garrapinillos, Casetas y Villarrapa, es que este tributo, generado como forma de financiación del PASD, deja mucho que desear y se convierte en un mero instrumento de recaudación para el Instituto Aragonés del Agua (IAA) cuya única finalidad parece ser la de maximizar sus ingresos para compensar el sinsentido financiero en que se ha convertido el PASD.

Desde las primeras reuniones con el IAA, afirmaba su directora que el ICA (antecedente del IMAR) se cobraba por el mero hecho de generar aguas residuales al consumir agua. De esa forma justificaba entonces que no se producía una doble tributación (vertido-depuración) y defendía el valor medioambiental de aquel nuevo impuesto que movilizó a una buena parte de la ciudadanía aragonesa.

Los vecinos afectados afirman que el IAA está cobrando el recibo del IMAR sin aplicar ninguna reducción, lo que supone incrementar su importe un 150%  por el hecho de que Casetas vierta sus aguas residuales a la depuradora de Utebo (gestionada por el IAA) y no a las de La Almozara o La Cartuja, que se consideran “autosubvencionadas” y sí reciben esta bonificación. No es de extrañar que estos, también vecinos de Zaragoza, se consideren agraviados frente al resto de usuarios de vertido de la ciudad ya que en su momento contribuyeron a la construcción de las depuradoras de La Almozara y la Cartuja como el resto del vecindario.

Lejos del vacío. Pilar Iturralde 2019

Convendría considerar que el alcantarillado y la depuración de aguas residuales son competencias propias de los municipios y, en el caso de Zaragoza, de carácter obligatorio (artº 25.1.c) y 26.1 de la LBRL).

De igual forma, no consta que ningún gobierno municipal haya convenido con ninguna otra institución la cesión de competencias en materia de depuración.  Por tanto, desde el momento en que una vivienda o local vierte en un colector de competencia municipal, el vertido y su tratamiento pasa a ser responsabilidad del Ayuntamiento que no debería generar ninguna discriminación en el tratamiento tributario, puesto que el servicio prestado es el mismo para toda la población al margen del lugar o el método de depuración que se aplique, que no son opciones elegibles por la persona usuaria del servicio, sino una decisión municipal en el ejercicio de sus competencias.

Cualquier decisión de otras administraciones que afecten a la integridad de servicios de competencia municipal debe ser aceptada y convenida con el ayuntamiento de Zaragoza. Nos consta que el ayuntamiento de Zaragoza suscribió un convenio de colaboración con otros municipios afectados y con la DGA para construir y financiar la depuradora de Utebo, pero ese convenio preveía que los gastos correspondientes a Zaragoza se sufragaran desde el ayuntamiento, en función de los habitantes equivalentes, sin afectar a las familias ubicadas en zonas del término municipal de Zaragoza cuyos vertidos fueran a depurarse en la depuradora de Utebo.  En este sentido, cualquier decisión que afecte a Zaragoza sin su consentimiento está vulnerando los principios de autonomía municipal e integridad territorial.

La complejidad de la forma de gestión del PASD hace que en aquellos municipios de Aragón (habitual en el Pirineo) que hayan cedido sus competencias en materia de depuración al IAA puediera haber núcleos de población que no reciben el servicio de depuración. Ahí tendría sentido que se aplicara una reducción del recibo del IMAR, (*) hasta que se depuren sus aguas. Es decir, se adaptaría lo que se paga al servicio que se recibe, mediante una bonificación. 

Pero Zaragoza es, probablemente, el único municipio de Aragón donde la situación es radicalmente opuesta: no se han cedido las competencias y el servicio se presta, mayoritariamente en instalaciones propias, con algunas salvedades por decisiones adoptadas por diferentes corporaciones municipales y con la ley del IMAR lo que se pretende es penalizar (no bonificar) a algunos vecinos y empresas por decisiones que exceden de su capacidad de decisión.

Esto provoca situaciones injustas, con presiones fiscales que no son equitativas y provocando que no haya un tratamiento general y unitario para toda la población de Zaragoza.

De estas prácticas administrativas se desprende que el IAA pretende aumentar la recaudación del IMAR a costa de los aragoneses. En otras poblaciones cuyas aguas residuales se depuran en instalaciones de Zaragoza, se sigue cobrando el IMAR sin bonificaciones, a pesar de que no les prestan el servicio de depuración.  Por tanto, parece que el IAA tiene una doble moral con la única finalidad de maximizar sus ingresos y poder justificar la bondad de un Plan de Saneamiento que, pese al paso del tiempo y los cambios habidos, sigue mostrando graves carencia tal como el propio Ayuntamiento de Zaragoza demuestra con las acciones que necesita acometer para garantizar un tratamiento equitativo a sus vecinos.

Si no se resuelve este desencuentro, las familias afectadas van sufrir un aumento de la presión fiscal del 150% por término medio, simplemente porque sus vertidos puedan acabar depurados en unas instalaciones gestionadas por otra institución. Aunque el ayuntamiento de Zaragoza dice que va a aplicar una bonificación a las viviendas y locales afectados por los recibos del IMAR sin bonificación, el importe a pagar por esas familias va a seguir siendo alrededor de un 20% superior al resto de familias de Zaragoza.  Es una situación inadmisible, que el Ayuntamiento de Zaragoza debería rechazar en defensa de sus competencias, de su autonomía, de su integridad territorial y, sobre todo, de cara a la protección y tratamiento igualitario  de sus vecinas y vecinos.

(*). Esta lógica de compensación sabemos que no es norma de funcionamiento generalizada. Existen núcleos agregados que carecen de servicio de depuración de sus aguas (por ejemplo Benabarre) a los que se cobra la totalidad del IMAR.

lunes, 27 de diciembre de 2021

IMAR,... ¿UN IMPUESTO "DE PELÍCULA"?

El jueves, 9 de diciembre las Cortes de Aragón han aprobado la nueva Ley de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las aguas residuales (IMAR).

Para RAPA estamos ante una operación política de maquillaje de la financiación del modelo de depuración de las aguas más ineficaz e ineficiente de los existentes en España, un ejercicio soez de cinismo político.  El IMAR es un impuesto que se sitúa entre “Atrapado en el tiempo”, reproduciendo una y otra vez los mismos errores, y “El Gatopardo”, donde Giuseppe Tomasi di Lampedusa inmortalizó la famosa frase: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.

En los últimos años se han seguido licitando depuradoras diseñadas con criterios de hace más de diez años, como es el caso de Canfranc-Estación. Pero la  perseverancia de algunos alcaldes empezaba a introducir otras depuradoras con costes de inversión y explotación mucho menores. Tras la rebelión democrática de Fabara, 15 ayuntamientos más optan por tecnologías extensivas. Desde Castelflorite hasta AÍnsa, Siétamo o Boltaña, las tecnologías de las que la Red de Agua Pública se ha hecho eco en todo este tiempo, están cambiando la manera de entender la depuración de las aguas. Y todo ello no sin soportar las presiones, más o menos veladas, que surgen cuando se contradice el discurso dominante basado en el beneficio empresarial abusivo auspiciado desde la administración. 

Algo había que hacer para desactivar el descontento ciudadano y, sobre todo, para frenar en seco las demandas de los ayuntamientos que aspiraban a recuperar sus capacidades de gestión y avanzar hacia un modelo descentralizado y sostenible.  El nuevo IMAR es un buen instrumento para ello. La aplicación de una tarifa progresiva por tramos sumada a otra tarifa progresiva en la tasa municipal tiene como resultado un duro e injustificable castigo fiscal que penaliza y desincentiva las buenas prácticas de aquellos municipios que traten de construir y gestionar sistemas sostenibles.

La progresividad en las tarifas de abastecimiento y saneamiento tiene sentido cuando se facturan los servicios prestados, porque sus costes son proporcionales a lo que se consume y su disminución redunda en una mayor eficiencia y ahorro.  Así lo ha defendido siempre RAPA.  Sin embargo, ¿qué sentido tiene aplicar un impuesto con tarifas progresivas en municipios en los que el Gobierno de Aragón no presta ningún servicio y, por tanto, los costes que debe sufragar con él no tienen ninguna relación con el consumo de esos hogares?  Es más, de producir algún ahorro, su único efecto será un incremento de los beneficios de las empresas privadas que gestionan las depuradoras.

Conscientes de esto, la RAPA y otras entidades medioambientales y vecinales presentaron enmiendas al proyecto de Ley del IMAR, que algunos grupos políticos acogieron y trasladaron a la ponencia, obteniendo el desprecio del cuatripartito como respuesta.  En ellas se planteaba que lo coherente era adaptarse a las distintas realidades para fomentar las buenas prácticas municipales. Para ello proponíamos combinar una tasa municipal para aquellas poblaciones que gestionen su propio sistema de depuración por el coste real del servicio; una tasa autonómica que pagarían aquellas poblaciones cuya depuración esté gestionada por el Gobierno de Aragón; y un impuesto que pagaría toda la ciudadanía, pero de importe muy inferior al actual. 

La tasa autonómica, como las locales, tiene sentido que sea progresiva, según tramos de consumo, y creemos que su importe podría ser similar a la tasa de saneamiento de de Zaragoza, inferior a las tarifas propuestas para el nuevo IMAR.  El impuesto universal para contribuir a los gastos generales del sistema debería ser muy sencillo en su concepción.  En RAPA valoramos que pudiera cifrarse en 0,10 € por metro cúbico de agua y año o, lo que es lo mismo, entre 5 € y 7 € al año por habitante de media, pero lo pagarían por igual todos los hogares, el comercio y la hostelería.  La suma de ambos componentes para los hogares no debería superar la media de lo que se paga en España en concepto de depuración de aguas residuales. 

Esto, claro está, no cubriría la totalidad de los gastos de depuración en Aragón, pero el Gobierno autonómico debe hacerse corresponsable de los errores cometidos en el pasado, en los mismos términos que se lo exige a la ciudadanía.  Una parte de los sobrecostes injustificados (hasta llegar al tope a establecer por Ley de la media nacional) lo cubriríamos los ciudadanos a través de un impuesto, estamos dispuestos a asumirlo, pero el resto debería salir de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, hasta lograr la sostenibilidad económica del sistema.

El IMAR deja en el horizonte muchas dudas y muchos riesgos para los contribuyentes: ¿qué costes tendremos que afrontar cuando el sistema disponga de 100, de 200, de 300 depuradoras más y cómo haremos frente a los mismos?  La nueva Ley no prevé medidas que reduzcan los gastos soportados por la Comunidad Autónoma, no establece ningún límite al crecimiento de las tarifas del impuesto y ya prevé que éstas se actualizarán en la ley de presupuestos de cada año. 

Es absurdo pensar que el sistema va a mejorar simplemente con un ajuste tarifario de índole menor (en suma, establecer un impuesto con un pago fijo ligeramente menor –aún el doble de la media española– y un pago variable por tramos de consumo, que además, salvo en los hogares unifamiliares, acaba suponiendo una reducción tarifaria nula o irrelevante).  No alcanzaremos un sistema eficiente y sostenible si no afrontamos el problema en su raíz, si no reconocemos y revertimos las causas que nos han conducido al sistema de depuración y al consiguiente tributo más caro de España. Pero una vez más, la política aragonesa no ha querido abordar los problemas reales y ha preferido utilizar la paradoja lampedusiana: que parezca que lo cambiamos todo para que no cambie nada. ....¿De película? 


martes, 9 de septiembre de 2025

MODIFICACIÓN DEL IMAR

Las Cortes de Aragón atenderán próximamente una Proposición de Ley (P.L.), registrada a final del año pasado, de reforma la Ley (8/2021) que regula el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR).

No cabe la menor duda de que el IMAR es una estructura impositiva necesitada de una profunda reforma. La Red de Agua Pública ha dedicado a este controvertido asunto buena parte de sus esfuerzos y se siente competente en mostrar su opinión. Por ello y sin menoscabo de un análisis mas detallado, queremos avanzar algunos apuntes que puedan ayudar a nuestros lectores.

En una primer lectura parece que el argumentario de Vox pueda rimar, más que coincidir, con algunas de las cosas que la RAPA ha reivindicado desde su origen. Una primera impresión que se diluye al creer entender la motivación de esta P.L. que se presenta como un apoyo a las familias numerosas pero, de forma lateral introduce medidas relacionadas con la ganadería industrial, huertos y jardines que habrá que analizar con tiento. En este aspecto no podemos estar de acuerdo, cuanto de su aplicación se puede derivar un aumento injustificado de los consumos de agua en clara oposición a los criterios de contención y racionalidad por el que se aboga desde este blog.

 
No debería hablarse del IMAR sin relacionarlo con el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) aprobado no hace mucho por el Pignatelli y que deberá hacerlo La Aljafería, la misma que deberá atender esta P.L. Su financiación se sustenta en un 80,8 % en los ingresos del IMAR y entendemos que para reducir la carga tributaria de este impuesto (tal y como está planteado) habría que cambiar la forma de financiación del PASD y el sistema de gestión de los servicios de Saneamiento y Depuración. 

Ni la opinión pública ni, por lo visto, los grupos políticos parecen tener constancia de la evolución del PASD en cuyo enredo ha participado la totalidad de la clase política aragonesa, incluida la promotora de la P.L. que, aunque pudiera en su momento no tener representación parlamentaria, la clase a la que representa es la misma que la que se benefició con el proyecto liderado por el PAR.

De forma muy general se aprecia que el texto de la propuesta no es del todo coherente con su Exposición de Motivos (atender a las familias numerosos etc). En la redacción se concreta, por ejemplo, la exención de pago para explotaciones ganaderas de producción y reproducción incluso en el caso de que consuman agua potable de abastecimiento urbano. De igual forma se establece exención para jardines y huertos así como contempla una reducción drástica de pago para segundas residencias.  

El apartado dedicado a la ocupación de viviendas creemos que es profundamente inadecuado. La normativa actual determina los procedimientos para salvaguardar los derechos de los propietarios de la mismas. De igual forma que prevé la atención que merecen los ocupadores caso de concurrir en situaciones de vulnerabilidad social. Este es un tema tratado desde esa formación política de forma intencionadamente ambigua cuando no irreal en una línea de creación de opinión pública con la que no podemos estar en absoluto de acuerdo. El miedo, casi siempre el miedo al pobre, es una planta que no debería crecer en ningún solar, jardín o huerto de la Comunidad Autónoma. Las estadísticas muestran la realidad de la ocupación que tiene poco que ver con la visión que la extrema derecha pretende imponer como estrategia de la teoría del caos.

Entrando con algo más de profundidad en la propuesta realizad desde Vox:

ARTÍCULO 2

Se limitan a incluir la palabra “exclusivamente a la dedicación del IMAR a Saneamiento y Depuración". en el punto 2 del artículo y añaden la frase: “La tarifa deberá adecuarse y estar vinculada al coste real del servicio”

La primera inserción parece redundante con lo indicado en el punto 1, que habla del “carácter afectado” del impuesto y su “finalidad medioambiental”.  En cualquier caso, tampoco estorba.

Argumentan la inclusión de la frase para evitar que el impuesto tenga un afán recaudatorio. Suponemos  para que no se recaude por encima de los costes de los servicios que financia. Con esa inserción están reconociendo, explícita e implícitamente, que el supuesto “impuesto” es una tasa encubierta para recuperar los costes vinculados a la depuración de aguas residuales, mientras que el Gobierno de Aragón ha hecho grandes esfuerzos para desvincular las cuotas del impuesto del coste de los servicios que presta porque, entre otras cosas, a Zaragoza no les presta ningún servicio.

ARTÍCULO 6

Se elude valorar por qué las explotaciones ganaderas se excepcionan del impuesto, cuando son uno de los principales focos de contaminación de las masas de agua, lo mismo que las explotaciones agrícolas industriales.

Después proponen una nueva categoría sujeta a excepción, la de “huertos destinados a autoconsumo”, aunque consuman agua potable. De una parte, creemos difícil fijar criterios claros para establecer esa categoría, cuando existen huertos de autoconsumo en régimen de alquiler dentro de fincas privadas y públicas, sin entrar en ver cómo se determina el “autoconsumo” de lo que produzcan.  De otra parte, no parece serio considerar que, por abastecerse por medios propios o ser de autoconsumo, un huerto contamine más o menos.  Además, se sigue exigiendo que la toma sea exclusiva para el uso exento, lo que hace más difícil su aplicación.

Es la excepción de la excepción.  En el fondo siguen jugando con la idea de que el agua usada en riego no se depura y por tanto, no se le presta servicio alguno, lo que nos vuelve a llevar a que el supuesto “impuesto” todo el mundo lo considera tasa.

ARTÍCULO 7

Por una parte, dentro de una concepción algo “casposa” del lenguaje inclusivo, se propone eliminar del punto 2 la referencia “…y usuarias”.  Vemos que se opta por mantener el masculino, ignorando si se trata de una muestra de virilidad supremacista o alguna otra categoría humana que escapa a nuestro entender. 

Sin embargo a lo largo del texto, hay ocasiones en que consiguen eliminar las referencias en masculino utilizando expresiones como "personas usuarias del agua" o poniendo como sujetos, pronombres en plural "quienes...." . 

Se incluye también un nuevo apartado, el 4, relacionado con fincas o viviendas ocupadas, eximiendo de responsabilidad solidaria respecto a las deudas del impuesto a la propiedad de esos inmuebles.

En principio, no parece lógica esa derivación de responsabilidad a la propiedad, cuando el IMAR es un impuesto vinculado al consumo de agua. Es decir, la responsabilidad es de quien consume y no se debería de producir esa derivación, cuya finalidad es meramente recaudatoria (cuasi confiscatoria). Una manera sencilla de recaudar de un tercero lo que no se alcanza a cobrar del sujeto pasivo responsable.

Dicho esto, lo ideal sería quitar el punto 3, en lugar de añadir el punto 4 propuesto.  De no ser así, el punto 4 crea agravios comparativos entre propietarios y, en el caso de los usos no domésticos, hace una exención que no viene a cuento, puesto que en esos supuestos la responsable solidaria es la persona o entidad titular de la actividad que se desarrolla en el inmueble, no la propiedad. Por tanto, en ese supuesto es una exención innecesaria.

ARTÍCULO 20

Aquí se propone aplicar unos coeficientes correctores en la cuota variable para hogares de familias numerosas o con un número elevado de convivientes.

Esto resulta inadmisible:

• Las tarifas por categorías (familias numerosas, pensionistas, etc.) solo generan agravios comparativos entre consumidores que acceden o pierden beneficios por pertenecer o no a esas categorías, sin tener en cuenta su capacidad adquisitiva, cuando la modulación de tarifas solo debería modificarse en función de la capacidad económica de las personas contribuyentes.
• Es cierto que, en tarifas progresivas, la acumulación de consumos penaliza, pero la forma de solucionarlo debe basarse en criterios objetivos, como es el caso de Zaragoza. No se sabe a qué criterio responden los coeficientes que propone VOX, en función del denominado “tipo hogar”, que tampoco se sabe de dónde se saca (¿de las categorías de familia numerosa?).
• Incluyen hogares de 3 a 4 personas, considerando que son “un número elevado” de personas.  Eso supone miles de hogares, con un coste de gestión enorme y sin que se pueda considerar que en esos casos haya acumulación de consumos.
• No explican cómo se aplicaría el coeficiente corrector, porque, si es un multiplicador, lo que proponen haría que pagaran menos los hogares más pequeños (0,35), frente a los de entre 5 a 8 (0,40) o de 9 o más (0,45).
• Proponen una revisión anual de la tarifa, lo que colapsaría los servicios administrativos y supondría una carga desproporcionada para los hogares.
• No atacan el problema mayor de las tarifas, que son las cuotas fijas desproporcionadas.

En el punto 3 proponen una bonificación del 60% (¿por qué el 60%?) para agua de riego de “áreas verdes sin finalidad productiva”, lo que entra en clara contradicción con su propuesta de exención para huertos y explotaciones agrícolas. No dicen nada de que la acometida sea solo para riego, cuando lo habitual es que se riegue con la misma toma que se consume en las viviendas y, además, hablan de que “las aguas residuales no se viertan a un sistema de saneamiento de titularidad pública”, cuando se supone que el agua de riego se extiende sobre el terreno y nunca irá a parar a un colector.

En el punto 4, mezclan churras con merinas. Plantean una bonificación del 60% para:

• Hogares con una sola persona e ingresos mensuales inferiores al 75% del SMI.
• Segundas residencias (lo llaman domicilios que no tengan la consideración de vivienda habitual).

En el primer caso, entra en colisión con la “tarifa social” regulada en el artº 21 de la Ley.  En su argumentario hablan de que los hogares con una persona tienen que soportar una cuota fija muy elevada, pero luego aplican una bonificación sobre todo el impuesto, con lo que habría una doble bonificación que seguro no han previsto.

En el segundo caso, también subyace el tema de que la cuota fija es muy alta y quienes tienen una segunda residencia tienen que pagar mucho impuesto, usen o no usen la vivienda. Por otro lado, cuando hablan de “domicilios que no tengan la consideración de vivienda habitual” introducen  un concepto indeterminado . ¿A  ver quién se atreve a concretarlo y cómo se justifica esa condición? (¿las actividades económicas en domicilios tendrían derecho a la bonificación? ¿los pisos que tenga alquilados se bonificarían?, etc., etc., etc.).

De todas formas, la cuota fija desproporcionada lo es para todos los contribuyentes y requeriría una revisión a la baja, tal y como propuso la RAPA  en su momento. 

En resumen la propuesta que se analiza supone un parche de muy difícil gestión  que incrementaría los agravios comparativos entre contribuyentes y generarían una carga burocrática inasumible.

martes, 12 de enero de 2021

EL ANÁLISIS DEL NUEVO IMPUESTO EN LA PRENSA

ICA O IMAR, EL MISMO PERRO CON DISTINTO COLLAR

Este artículo del presidente de la Red de Agua Pública de Aragón refleja muy bien la realidad a la que nos aboca el cambio legislativo con que el cuatripartito aragonés pretende dar por resuelta la financiación del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.

El autor en la Marcha del Ebro, abril 2019

Tal como dice Enrique Gracia: El modelo aragonés de depuración se concibió para garantizar la rentabilidad para las empresas y no el interés público. La raíz del problema fue la opción por un modelo tecnológicamente complejo y energéticamente insostenible que ha provocado que las depuradoras puestas en servicio por el Gobierno de Aragón tengan un coste abusivo: 2,77 €/m3 de agua tratada, cuando el coste medio anual facturado por el saneamiento en España ronda los 0,92 €/m3.

...... el nuevo IMAR seguirá penalizando a la población de aquellos municipios que traten de construir y gestionar sistemas sostenibles. Para empezar, deberán pagar un impuesto progresivo que sumado a la tasa municipal, también progresiva, tiene como resultado un duro castigo fiscal. El IMAR, salvo en hogares unipersonales, acaba suponiendo una reducción nula o irrelevante al pago actual por producción de aguas residuales. La progresividad en las tarifas tiene sentido en las tasas que facturan servicios prestados, pues al gravar el consumo redunda en mayor eficiencia y ahorro, pero no en la aplicación a un impuesto del Gobierno de Aragón cuando este no presta ningún servicio y los costes que debe sufragar no tienen relación con el consumo de los hogares.

Artículo completo:

domingo, 26 de septiembre de 2021

PROPUESTAS DE ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DEL IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS AGUAS RESIDUALES (IMAR)

La actualidad de la gestión del agua y sus problemáticas en nuestro territorio dibuja un escenario complejo para un colectivo como el nuestro basado en el voluntariado y el activismo social.

Esta semana que termina se ha podido mantener una reunión con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro al respecto del abastecimiento de agua en Zaragoza y su relación con el embalse de La Loteta del que ya hemos hablado en varias ocasiones en este blog. Queremos confiar en la cordialidad como forma de relación con la administración.

El periodo de información pública del nuevo Plan Hidrológico del Ebro (PHE) nos obliga a trasladar al organismo de cuenca la propuesta de un abastecimiento seguro y de calidad desde la orilla izquierda del Ebro que supere las deficiencias actuales.

También queremos informar de la propuesta de enmiendas al IMAR que desde nuestra Red se ha tramitado ante las Cortes de Aragón. No podemos olvidar que el ICA/IMAR está en el centro de gravedad de nuestro colectivo y que seguimos mostrando la necesidad de un análisis adecuado de todo lo que ha supuesto el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración del que todavía tendremos mucho de que hablar, tanto en su diseño como en su financiación

lunes, 22 de mayo de 2023

2023. SANEAMIENTO INVISIBLE

Entre el ruido permanente en que se desarrolla la vida política aragonesa en el que no faltan proyectos estrella que, haciendo gala de su nombre, se acaban estrellando por la fuerza de la movilización ciudadana y la debilidad de la racionalidad de su diseño, parecen desaparecer una parte significativa de proyectos e iniciativas que se vuelven transparentes a la opinión pública, a voluntad de los medios de comunicación que se diría, deciden qué deben conocer y qué ignorar los aragoneses.

Posiblemente el más transparente y resbaladizo haya sido el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) que si, al comienzo de la legislatura que ahora concluye, pareció tener arraigo en el ideario de una parte del cuatripartito, para el 28M de 2023 ha desaparecido del escenario electoral y del catálogo de preocupaciones de buena parte de la población en el que, por capricho de los mercachifles de la zafiedad partidista, se introducen prioridades auténticamente delirantes.


Aquél Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) que hizo salir a la calle a miles de personas y generar la mayor insumisión fiscal que se ha visto en los últimos años, se transmutó en Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) a iniciativa de la mitad del cuatripartito con el aplauso de la otra mitad que, en aquel momento debía de tener cosas más importantes de qué preocuparse en el juego de los abalorios de su compleja posición política.

Sin duda este respaldo institucional al nuevo modelo, desactivó en buena medida, la inquietud popular que acabó por integrar el impuesto como uno más en la lista de sus obligaciones tributarias sin atender demasiado, tanto la injusticia real de la  nueva legalidad formal, como a las nuevas cargas que la población zaragozana deberá afrontar cuando el  consistorio que salga del 28M, caiga en la cuenta del estado en que se encuentra la depuración de sus aguas residuales. 

Mientras tanto, el PASD que fue aprobado en 2001 y revisado en 2009, (la ley 6 de 2001 dice que la revisión debe hacerse cada 4 años) nuevamente, en 2014 es propuesto para una nueva revisión que fue duramente criticada por la Cámara de Cuentas y se tuvo que esperar hasta 2017 para someterse a un proceso de participación en el que la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) junto a otros colectivos hicieron sus aportaciones. Llegados a 2022, ampliamente superados los márgenes temporales, se vuelve a proponer su revisión cuya información pública ha fluido por el calendario sin suscitar mayor interés, más allá de lo que pueda manifestar la RAPA que, fiel a sus principios propuso: la auditoría de todo el periodo de funcionamiento del IAA , la extinción del Instituto Aragonés del Agua (IAA), la revisión de los contratos empresariales, la devolución de competencias en materia de gestión del agua a todos los ayuntamientos y la creación de mecanismos eficaces de participación y transparencia.

En octubre de 2022, en el momento en que la Comisión del Agua aprobó el informe de revisión, la RAPA volvió a manifestar que el PASD debería ser derogado íntegramente y sustituido por otro Plan elaborado con criterios radicalmente diferentes que dieran respuesta a todas las deficiencias estructurales que el modelo concesional ha conllevado. Se debería acometer el gasto mínimo para cumplir los objetivos de depuración con un modelo de financiación que nada tenga que ver con el ICA, que se cuente con el protagonismo de los Ayuntamientos, que se priorice la gestión directa de las infraestructuras del ciclo integral del agua, que se establezcan canales de participación, que practiquen y publiciten control y transparencia para el buen uso de los recursos públicos. De igual forma se contempla la necesidad de la sostenibilidad del sistema hídrico con visión de cuenca, atendiendo al impacto ambiental estratégico de este plan y a la consideración del Derecho Humano al Agua que es una seña de identidad de la Red de Agua Pública a nivel de todo el estado.

La RAPA planteó una hoja de ruta de acuerdo a estos criterios que, a pesar de que el nuevo PASD dice haber recogido parte sus propuestas, lo cierto es que su aceptación ha sido meramente simbólica en la nueva redacción, tanto en lo formal como en lo concreto. Ni en lo que tiene que ver con la extinción del IAA para constituir una Dirección General, ni en la revisión de los contratos empresariales que no cambian nada en lo referente a las concesiones del Plan Especial de Depuración ya en vigor y apenas de denominación, en las nuevas instalaciones que, de facto, van a funcionar con criterios muy parecidos. Nada de negociar la cancelación de los contratos de concesión de obra pública; nada de renegociar los precios a la baja cuando lo anterior no sea posible o de exigir que las EDARs (como el caso de Zaragoza) sean devueltas en buenas condiciones.

La RAPA opina que en ocasiones, puede resultar más barato recuperar la gestión (negociando con las empresas una indemnización por inversión realizada y expectativas  reales de beneficio)  que pagar los plazos hasta el final de la concesión. Y ya que esto no se ha llevado a cabo, por lo menos debería incidirse en la vigilancia especial que debe realizarse en este último periodo de la concesión para que el estado de las EDARs cuya gestión devuelva, sea aceptable. 

Hay que decir que, a pesar de que el PASD pueda decir que el nuevo Plan es respetuoso con la autonomía municipal de modo que serán los municipios los que decidan sobre el modelo de gestión de las depuradoras de su ámbito territorial y si quieren conservar su competencia en la explotación de las mismas o encomendarla al IAA, lo cierto es que las condiciones reales que tienen los ayuntamientos no favorecen la recuperación de la gestión de las EDARs. De igual forma hay que valorar que la reducción en el pago del IMAR que compensa el pago de las cuotas que cobrarán los ayuntamientos a sus vecinos por la gestión y mantenimiento de la depuración es irregular y a menudo, como en Zaragoza, claramente insuficiente. 

Dado que queda fuera del objetivo del Plan la definición del impuesto y su modo de aplicación, el IMAR se sitúa bajo la responsabilidad de la política tributaria del gobierno aragonés y este establecerá el escenario de equilibrio económico del Plan analizando el porcentaje de cobertura de sus costes. Es decir, queda a discreción del próximo gobierno y de sus sucesores, la cuantía de este tributo en función de la necesidad recaudatoria en un sentido amplio, no necesariamente sujeto a las necesidades de financiación de la depuración.

Con respecto a la participación y transparencia, el hecho de que se otorgue a la Comisión del Agua de Aragón la capacidad dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, resulta de escasa credibilidad real y demuestra una clara voluntad de estatalización de la participación y la información, lejos de las propuestas de los colectivos ciudadanos.

Llegados a este punto, la situación en que se encuentra la depuración en Aragón, muestra el fracaso del PASD anterior y el incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos con el gobierno central en el convenio específico entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón para el desarrollo del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 y del Ciclo Integral del Agua en Aragón que han sido determinantes en este fracaso. 

Siendo el Pirineo la zona peor tratada y que mayores retrasos acumula ya que estamos hablando en 2023 de cumplir objetivos que debían haberse realizado en el año 2011, es igualmente cierto que el plan inspira poca tranquilidad en otras zonas.

Para terminar en Zaragoza, que no hay que olvidar que supone aproximadamente la mitad de la población de la comunidad autónoma, las cuentas no salen a favor de sus habitantes porque las inversiones necesarias en la ciudad para asegurar la sostenibilidad de todo el ciclo integral del agua vienen a representar aproximadamente la recaudación del IMAR con las que se colabora en atender otra serie de necesidades fuera de la ciudad. Parece claro que si los nuevos gobernantes que salgan de las urnas no hacen gala de mayor generosidad y consenso, mucho no tememos que los sufridos “zaragoneses” tendrán que volver a hacer frente al coste de una nueva depuradora en La Cartuja y a otras obras complementarias pendientes desde hace tiempo, para que el silencioso Ebro no se convierta en una masa de agua con altos niveles de contaminación. 

El PASD es uno más de una serie de errores de gestión hidráulica que desde el punto de vista agroganadero, industrial o poblacional pasan ante el Pilar en respetuoso silencio, pero que pueden poner en peligro la salud medioambiental y de los habitantes de toda su cuenca y del propio delta, en momento de una especial incertidumbre debida a la emergencia climática y a una escasa sensibilidad administrativa que parecen formar parte del paisaje aragonés que nunca se ha identificado con el regeneracionismo como herramienta de progreso social y humano .

lunes, 28 de junio de 2021

EL PROYECTO DE LEY DEL NUEVO IMPUESTO DE CONTAMINACIÓN INICIA SU TRÁMITE PARLAMENTARIO

Con motivo de la admisión a trámite parlamentario en las Cortes de Aragón de la ley que deberá establecer el nuevo impuesto que sustituirá al de Contaminación de las Aguas, se ha remitido a los medios de comunicación aragoneses la opinión que este trámite merece a la Red de Agua Pública de Aragón.

• Los aragoneses seguiremos pagando más de la media nacional, cubriendo el gasto de nuestro servicio municipal y pagando otro extra para cubrir la desastrosa y opaca gestión del Plan de Depuración. 
• Se mantendrá una única figura tributaria, el impuesto, frente a la alternativa de que exista una tasa y un impuesto.
 • Continuará la política de favorecer la gestión privada de las depuradoras eludiendo prestar apoyo a la gestión municipal.

Desde RAPA asistimos con estupor y enorme frustración a la continuación del procedimiento legal necesario para dar cabida a la modificación (que no derogación) del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), de la que el actual Gobierno de Aragón hace alarde ante la sociedad aragonesa.
Es evidente que el gobierno cuatripartito ha despreciado la respuesta masiva de la ciudadanía ante la imposición del ICA en Zaragoza que sigue respondiendo con una cifra entorno a los 90.000 impagos. También ha hecho caso omiso de las propuestas concretas que desde las múltiples entidades que conforman la RAPA se le han trasladado, con el afán de colaborar en el desarrollo de un Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) sostenible, tanto medioambiental como económicamente.
El tiempo ha demostrado que el objetivo prioritario del Gobierno de Aragón es mantener la recaudación lo más próxima posible a los niveles actuales, pero sin resolver ninguno de los problemas estructurales de los que el ICA adolece, tal y como se puso de manifiesto en la Comisión especial de estudio sobre la aplicación del ICA de 2018.
Antes de entrar en la propuesta de impuesto, hemos de rechazar de plano que se siga manteniendo una única figura tributaria, el impuesto, frente a la alternativa de que exista una tasa y un impuesto.
Supone un agravio comparativo entre ciudadanos de diferentes municipios el que se apliquen tarifas iguales para situaciones distintas.  En cualquier municipio de Aragón en el que su ayuntamiento gestiona la depuración, se aplican tarifas para recuperar los costes del servicio, aplicando criterios que favorezcan la reducción del consumo de agua, para reducir los costes y hacer sostenible el sistema.  Pero esa lógica que se aplica cuando tenemos que pagar un servicio que recibimos, no se sostiene cuando lo que se nos pide es que aportemos una cantidad a fondo perdido para ayudar a soportar los costes de la depuración de otros municipios.
Existen dos nudos gordianos en la revisión de la financiación del PASD en Aragón: 
- Gran parte de los sobrecostes de la depuración son consecuencia del modelo de gestión que adoptaron anteriores gobiernos autonómicos y que la Cámara de Cuentas de Aragón ya cuantificó en su informe de auditoría del Instituto Aragonés del Agua (IAA) del ejercicio 2015 en torno al 30%.
- Tampoco ha dicho nada el gobierno autonómico respecto al papel que deben asumir los ayuntamientos en la gestión y en la financiación de la depuración en sus municipios.  No se nos tiene que olvidar que, solo la gestión centralizada de la facturación y cobro del ICA a través de una empresa privada le está suponiendo al IAA más de 2 millones de euros al año, que podrían ir a cubrir parte de los gastos en los que incurren esos ayuntamientos para gestionar los datos que ha de aportar para que se emitan los recibos del ICA.
Por eso desde RAPA hemos plantado desde el primer momento que la aplicación del principio de “quien contamina, paga”, debe aplicarse sobre los costes estrictamente necesarios para depurar las aguas residuales, mientras que los costes imputables a las decisiones erróneas de anteriores Gobiernos de Aragón deberían soportarse desde los presupuestos generales de la Comunidad, cuyos ingresos se basan más en criterios de renta que en criterios de servicio prestado, porque éste no lo justifica.
De ahí la siguiente conclusión: la ciudadanía aragonesa va a seguir pagando más de la media española por la depuración de sus aguas residuales, a pesar de que faltan por depurarse los vertidos de más de 300 poblaciones.  Si Aragón deja de recaudar 5,7 millones de euros con el nuevo impuesto, eso quiere decir, de acuerdo con los datos manejados por RAPA, que la aportación del Gobierno de Aragón respecto a su responsabilidad histórica se queda en, aproximadamente, un tercio de lo que debería ser, lo que obliga a que sea la población aragonesa la que asuma esos sobrecostes, soportando una presión fiscal muy superior a la media española.
Si entramos ahora a analizar la tarifa propuesta en el nuevo impuesto lo primero que observamos es que la cuota fija (4,6266€/mes) sigue siendo la más alta de España con diferencia, casi un 49% mayor que la media española que se sitúa en 2,3662€/mes, como puede observarse en el gráfico siguiente:
 
Si lo comparamos con la cuota fija que se paga en Zaragoza por todo el ciclo integral del agua (3,92€/mes por abastecimiento y saneamiento), la cuota fija que se propone para el “IMAR” es un 18% superior. Si la comparamos solo con la cuota fija de saneamiento en Zaragoza (1,62€/mes), la cuota fija del “IMAR” supone prácticamente el triple.  Con esta tarifa, cualquier hogar aragonés va a tener que seguir pagando, independientemente de lo que consuma, 55€/año, frente a los 61€/año que paga ahora.  Ese es el alcance de la reducción del 9% de la tarifa que tan triunfalmente se ha proclamado.
En lo que respecta a la cuota variable, el hecho de que se proponga una tarifa progresiva se debe a la decisión de seguir manteniendo dentro de un solo tributo lo que debería ser una tarifa por servicios prestados, aplicable a las poblaciones a las que el IAA depura sus aguas residuales, con una aportación de “corresponsabilidad medioambiental” de toda la población (impuesto) cuyo importe debería ser mucho menor y que no se justifica en una tarifa progresiva.
De hecho, para la ciudadanía de Zaragoza y el resto de las poblaciones que gestionan sus depuradoras, como Jaca, Pedrola, o Fabara, soportar una tarifa progresiva por este impuesto es verse penalizado dos veces por su consumo.  Eso es un sinsentido que aumenta los agravios comparativos entre contribuyentes.
El que una familia o un comercio consuman más o menos que la media de su población afecta a los costes de depuración de su municipio y para cobrar ese servicio es donde se han de implantar tarifas progresivas que incentiven el ahorro de agua y su uso responsable.  La aportación de esa familia o ese comercio para soportar los sobrecostes de la depuración en otras poblaciones no tiene ninguna relación con los costes que generan en su municipio y, por tanto, hacer que su aportación sea más que proporcional a lo que consumen es una doble penalización a todas luces desproporcionada.
La rebaja global del 23% que plantea el Gobierno de Aragón para consumos reducidos se cumple para hogares unipersonales que representan solo el 27% del total de hogares.  Para hogares a partir de 4 personas, la disminución con el nuevo impuesto es irrelevante, o incluso aumenta la presión fiscal respecto al ICA, debiendo soportar parte de la reducción de los hogares de menor tamaño.  En el gráfico siguiente se visualiza lo que representan el ICA actual y el impuesto propuesto respecto a lo que el Ayuntamiento de Zaragoza factura por el servicio de saneamiento y entre ellos.
 

Con estos datos, la presión fiscal que deberán soportar los hogares unifamiliares de Zaragoza respecto a lo que pagan por saneamiento al Ayuntamiento de la ciudad, supondrá un 84%.  En el mejor de los supuestos (para hogares de 6 miembros), la presión fiscal por efecto del nuevo IMAR se incrementará un 61,3%.
Teniendo en cuenta las necesidades de inversión que tiene Zaragoza para acabar de depurar todas sus aguas residuales y mantener adecuadamente su infraestructura de saneamiento y depuración, este nuevo impuesto que se vislumbra en el horizonte va a poner en riesgo la depuración de la mitad de las aguas residuales de Aragón, al limitar la capacidad del Ayuntamiento para revisar sus ingresos tarifarios, mientras más de 300 poblaciones siguen esperando su turno para verse agraciados con una subvención con la que poder hacer frente a sus necesidades de depuración.
Ni la ciudadanía aragonesa, ni los municipios aragoneses, se merecen el trato que el Gobierno de Aragón les está dando. Es el momento de abandonar falsos triunfalismos, ser sensibles y atender a las demandas sensatas y reflexivas de las entidades aragonesas, y asumir la responsabilidad histórica sobre las malas decisiones de gobiernos anteriores, de la misma manera que se le exige corresponsabilidad a la población para sostener un Plan aragonés de depuración que sigue haciendo aguas por todas partes.
Desde el movimiento por el Agua Pública en el que se inserta la RAPA, seguiremos dispuestos a aportar soluciones y alternativas e invitamos a la población de Zaragoza a mostrar su desacuerdo con esta nueva fórmula tributaria que nos sitúa lejos de una democracia avanzada y participativa donde nuestros representantes velen por nuestros derechos, por el bien común y por la sostenibilidad medioambiental de la Comunidad Autónoma que dicen defender.

jueves, 19 de noviembre de 2020

IMAR (Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales). NUEVO NOMBRE PARA EL MISMO IMPUESTO

En el Día Mundíal del Saneamiento, la Red de Agua Pública de Aragón ha reunido  en la Plaza de San Pedro Nolasco, dentro de las limitaciones impuestas por la situación de emergencia, a un nutrido número de zaragozanos y zaragozanas y a los medios de comunicación a quienes se ha hecho partícipes del análisis que hace del nuevo tributo llamado a sustituir al Impuesto de Contaminación.

Este es el contenido completo de dicho análisis:

La valoración que se hace dista mucho del optimismo tanto por el contenido en sí de la nueva formulación del impuesto, como por la dilación en el tiempo con que se ha querido soslayar la realidad de una mala gestión en materia de saneamiento de las aguas aragonesas. De esta forma se diluye en la corriente del tiempo la falta de decisión de unos y la incapacidad de otros.

EN LA PRENSA ARAGONESA:

https://arainfo.org/la-poblacion-aragonesa-pagara-el-49-mas-que-la-media-estatal-por-el-imar-la-reforma-descafeinada-del-ica/

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/rapa-muestra-profunda-decepcion-porque-reforma-ica-no-aporta-nada_1445396.html

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/11/19/los-contrarios-al-ica-critican-el-irrelevante-ahorro-que-supondra-el-nuevo-impuesto-1406052.html


jueves, 28 de enero de 2021

EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL ICA EN LA PRENSA ARAGONESA

El oportuno y documentado artículo que ARAINFO ofrece hoy en la prensa aragonesa, acerca al gran público una visión crítica del nuevo modelo de la figura tributaria (IMAR) que deberá sustituir al ICA.

Con motivo del Día Mundial del Saneamiento, la RAPA tuvo ocasión de presentar la valoración que se hacía en aquel momento que coincide, en buena medida con la del periódico digital, en la puerta de la Consejería de Medio-Ambiente. Posteriormente, la red de Agua Público tuvo ocasión de hacer llegar a los grupos parlamentarios de las cortes aragonesas las reticencias sobre el modelo propuesto junto a su buena disposición para colaborar en un deseable proceso de alcanzar el mejor modo de financiar el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. La primera entrevista se sostuvo con el PSOE el día 15 de diciembre y posteriormente se ha acudido a la Aljafería invitados por los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, Chunta Aragonesita e Izquierda Unida.

El contenido de este artículo de hace unos meses, sigue de actualidad y puede redondear la acertada visión del artículo de hoy. 

ENLACES QUE SE CITAN:

https://arainfo.org/el-cuatripartito-de-lamban-lanza-otro-tarifazo-millonario-en-el-recibo-del-agua/

http://mareaazuldearagon.blogspot.com/2020/11/imar-impuesto-medioambiental-sobre-las.html

jueves, 20 de enero de 2022

ACTO PÚBLICO 9 DE FEBRERO

El Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) que sustituirá al ICA cobró carta de naturaleza el pasado 9 de diciembre en las Cortes de Aragón y para que pueda escucharse la valoración que se hace desde nuestra red, se ha convocado un acto público en el Centro Joaquin Roncal de Zaragoza.


Para favorecer la máxima difusión de este acto y dadas la limitaciones que impone la pandemia, también se podrá seguir su desarrollo a través del servicio de streaming del centro en el enlace: https://tinyurl.com/5n8xbuv5.

Tal como ya hemos expresado en anteriores entradas el IMAR deja en el horizonte muchas dudas y muchos riesgos para los contribuyentes. La nueva Ley no establece ningún límite al crecimiento de las tarifas del impuesto e incluso prevé que éstas se actualizarán en la ley de presupuestos de cada año. 

Es absurdo pensar que la financiación del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración de las Aguas va a poder ser soportado con un ajuste tarifario de índole menor. No alcanzaremos un sistema eficiente y sostenible si no afrontamos el problema en su raíz, si no reconocemos y revertimos las causas que nos han conducido al sistema de depuración y al consiguiente tributo más caro de España. 

Para hacer un poco más real la participación ciudadana y el afianzamiento del sentido crítico en nuestra convivencia, te invitamos a este encuentro organizado desde la Red de Agua Pública.


martes, 9 de julio de 2024

EL AGUA DE ZARAGOZA EN EL DEBATE DEL ESTADO DE LA CIUDAD

Orilla de sombras. Pilar Iturralde 2023

Coincidiendo con el debate sobre el estado de la ciudad que celebrará el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y como otros colectivos ciudadanos que también  han presentado su evaluación del funcionamiento de la capital aragonesa, desde la Red de Agua Pública queremos hacer llegar nuestra opinión en lo que concierne a la gestión del agua.

Este análisis no será muy distinto de lo ya publicado el pasado 10 de mayo, en donde mostrábamos las dudas acumuladas en nuestra experiencia reciente con el ayuntamiento zaragozano que, desde la llegada de los conservadores al gobierno municipal, ha sido más bien escasa. Solo podemos atestiguar, en los dos últimos mandatos, una variedad de correos electrónicos dirigidos a los grupos políticos del consistorio sin que su equipo de gobierno haya mostrado un mínimo interés en conocer las propuestas de la Red de Agua Pública. A nuestra manera de ver, la gestión del agua ha ido escasa de consenso político y ciudadano y sobrada de decisiones unilaterales de la alcaldía y su equipo.

Incidiendo en la reciente decisión de ampliar otros seis años la concesión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Cartuja a la multinacional Veolia, creemos que es una actuación que en términos futboleros sería de "patada adelante". En este caso, coincidiendo con la construcción del nuevo campo de futbol, la comparación es oportuna por cuanto da la sensación de que la apariencia aparente se prioriza sobre lo fundamental y las instalaciones para el entretenimiento (como en la antigua Roma) tienen más calado que las destinadas a garantizar la calidad del abastecimiento y la depuración de las aguas de la ciudad. Cierto es que es más espectacular dotar a la ciudad de un estadio de primera categoría que renovar las tuberías de abastecimiento del agua o resolver los graves problemas del saneamiento de la margen izquierda. Los iluminados campos de futbol tienen mejor inauguración que las oscuras alcantarillas.

Lo fundamental para este colectivo, es prestar los servicios públicos con plenas garantías de calidad, eficiencia y (ya puestos a soñar) participación y, en ese sentido no existe una prestación de mayor importancia que la del abastecimiento y saneamiento del agua de Zaragoza, no solo por la necesidad de servir a más de la mitad de la población aragonesa, sino también por la responsabilidad con el resto de las poblaciones de la Cuenca del Ebro en sus tramo medio e inferior que gozarán o sufrirán el nivel de calidad de la EDAR de La Cartuja.

Para cumplir las determinaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se deberán acometer cuatro grandes actuaciones: la mejora del bombeo del Vado, la creación de un baipás para las aguas industriales del polígono de Malpica, tratamientos fisicoquímicos en los decantadores primarios y la automatización de la limpieza de los decantadores secundarios. Todo ello debería hacernos pensar que la depuración del agua de Zaragoza no ha sido todo lo eficaz que debería haber sido durante el tiempo de funcionamiento de esta EDAR y en consecuencia se ha podido perjudicar a las poblaciones aguas abajo y, lo que no es menos importante, a la salud del propio río como corredor de biodiversidad. 

Conviene saber que las aguas depuradas en La Cartuja son en un 30% de origen industrial y ello, por si solo, ya debería haber sido motivo de actuación y de toma de decisiones, al menos de parecida proyección a la alcanzada por el nuevo graderío de La Romareda.  

Este alto porcentaje de vertidos industriales implica que algunas empresas no están cumpliendo con su obligación de depurar sus aguas residuales para que sean asimilables a vertidos domésticos. En este sentido, el hecho de que se decida complementar la instalación de la EDAR con un pretratamiento que haga que el conjunto de estos vertidos industriales sean depurados a costa de dinero publico, es contrario al principio de que "el que contamina paga o deja de contaminar". De forma indirecta se produce un abaratamiento de costes de producción que, como en el caso de la ganadería industrial, asumen la ciudadanía en su conjunto.

Si bien es cierto que la ciudad de hoy no es la misma que cuando se inauguró hace 35 años la EDAR cuya concesión se prorroga, es igualmente cierto que el ayuntamiento y el propio concesionario deberían haber acomodado su funcionamiento a la evolución de las necesidades. De ahí la necesidad de exigir  al segundo la obligación de cumplir los pliegos de condiciones y la del primero de garantizar que efectivamente la explotación está siendo bien atendida. En caso contrario y siempre a cargo de los zaragozanos, a la vuelta de esta nueva prórroga, podremos tener una instalación de depuración perfectamente inútil, mientras La Romareda estará exultante.  

Puede que la oposición municipal no ande muy desencaminada cuando acusa de incapacidad a este gobierno para poner en marcha unos pliegos de condiciones apropiados, en materia de depuración, de no asumir los importantes retos de la ciudad, como es la gestión del agua y de no saber elegir adecuadamente en qué se gasta el dinero de todos. A nuestra forma de ver el cierre en falso del proceso de financiación del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración a través de las desafortunadas formas tributarias ICA/IMAR, a pesar de haber mejorado la construcción y gestión de las nuevas depuradoras, representa un modelo claramente lesivo para la población empadronada en Zaragoza y el consistorio no dibuja adecuadamente la geografía del abastecimiento y la depuración de sus aguas. Prueba de ello es el enfrentamiento que los vecinos de Casetas, Garrapinillos y Villarrapa mantienen con el Instituto Aragonés del Agua respecto al  cobro discriminatorio del Impuesto Medioambiental de Aguas Residuales )IMAR.

La política debiera tener mucho más de gestión que de espectáculo, pero parece que sean verdaderos profesionales del espectáculo quienes se han lanzado a la política. 

Siguiendo con la evaluación del estado de la ciudad, el otro aspecto de la gestión del agua es su abastecimiento en el que se echa de menos, desde hace mucho tiempo, una apuesta decidida por la información de este servicio que si bien en muchos aspectos es elogiable, en otros todavía arroja sombras. Empezando por el agua en alta de la ciudad, es decir el origen de donde se nutre la planta potabilizadora de Casablanca, hay que decir que se ha avanzado en el aumento del suministro desde el polígono de riego de Bardenas a pesar de que aun hay épocas en que un aporte importante lo realiza el Canal Imperial de Aragón. Mantener lo más constante posible la procedencia del río Aragón debería vincularse a una campaña ciudadana para potenciar el uso de agua del grifo, especialmente en la hostelería, tal como se ha hecho en otras ciudades con el fin de prestigiar este servicio público sobre el que también aparece la sombra de la privatización.

De igual manera y con una evaluación menos optimista, debemos criticar el mantenimiento de las redes de distribución que no son objeto del tratamiento adecuado.  Las buenas prácticas en este aspecto, recomiendan renovar un 2% anual de manera que un tramo de tubería no preste más de 50 años de servicio. Esta cifra puede variar en función de la tipología de materiales o las características del terreno.  Debemos recordar que Zaragoza hizo un gran esfuerzo de renovación a finales de los años 90, pero sucesivas disminuciones en la inversión han repercutido en una merma importante de la calidad de la red en la que se pueden suceder perdidas de caudal y otras averías que, además de ser costosas para el erario público, ponen en peligro el buen estado de salud de los vecinos y vecinas de la ciudad que podrían disfrutar de una agua de excelente calidad. 

Todavía quedan por responder muchas preguntas que cada quien debería hacerse más allá de los titulares de la prensa local.  Sobre la futura gestión del embalse de La Loteta, sobre el discutibles abastecimiento a las poblaciones del entorno de Zaragoza, sobre el límite de funcionalidad de la EDAR de La Cartuja o sobre la tendencia privatizadora amparada en una más que dudosa "colaboración público-privado". Para la Red de Agua Pública que cree más en la gestión silenciosa que en el estruendo del espectáculo político-mediático, los representantes públicos de hoy  deberían tener en su cabeza un plan lo más consensuado posible para que gobierne quien gobierne, los proyectos y actuaciones que deberán garantizar la salud de la ciudad de Zaragoza sean una construcción en continuidad más allá de los vaivenes electorales y los intereses de las oligarquías que hoy como ayer gravitan sobre está bella ciudad que bebe de tres ríos.




miércoles, 8 de febrero de 2023

DEPURADORA DE LA CARTUJA.2


Siguiendo la información de nuestra anterior entrada desarrollamos 
con mayor detalle la difícil situación de la depuradora de La Cartuja y el peligro que su deficiente funcionamiento puede representar para la salud del río Ebro. 
Vertido de la EDAR de La Cartuja en el Río Ebro

MIRANDO ATRÁS. Las dudas sobre la gestión y el funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Cartuja son tan antiguas como la propia instalación sobre la que antes de su inauguración en 1993 ya flotaba la espuma de la corrupción. Existe una abundante hemeroteca salpicada de sospechas insatisfechas que van desde la misma adquisición del solar, facturas falsas  perdidas entre Zaragoza y Tarrasa, pagos millonarios al facilitador de la operación con la empresa concesionaria o enriquecimiento ilícito de personas próximas a la alcaldía del momento. Eran tiempos de opulencia y exceso en que el Vega Sicilia de alta gama regaba la gestión municipal. 

El escritor y concejal de aquel momento, Luis García Nieto sabría desarrollar una interesante trama de  novela negra con aquellos personajes entre los que destacaría Didac Fábregas que ahora  gestiona inmuebles y activos financieros en Barcelona después de figurar en la lista Falciani por un enigmático depósito de cinco millones de euros en un banco suizo.

Estamos hablando de una depuradora que la ciudad acabó de pagar en 2013. Unos 250 millones de euros (con la discrepancia de la Comisión de Cuentas) sin ningún tipo de apoyo de otras administraciones y que ahora, si la Virgen del Pilar no obra un milagro para que el Ebro deje de guardar silencio, está como para construir otra nueva. 

YA EN EL SIGLO XXI. En 2005 un informe de CCOO denunciaba deficiencias muy graves en las instalaciones y, a tenor de las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en la tramitación del nuevo permiso de vertido al dominio público hidráulico, parece desprenderse que las inversiones en renovación que se han ido haciendo no han dado el resultado apetecido. 

Tal como recogía el periodista Eduardo Bayona en abril de 2022, la depuración de las aguas de Zaragoza está muy lejos de ser ejemplar. El hecho de que la EDAR estuviera cubierta se consideró en su momento todo un logro técnico que evitaría malos olores en la zona, sin embargo precisamente por eso, algunos técnicos entienden que los efectos producidos por la atmósfera cerrada reduce la vida útil de sus componentes y empeora el  funcionamiento de la instalación. 

EN LA MARGEN IZQUIERDA. Si bien es cierto que la EDAR que nos ocupa tiene una capacidad de depuración teórica superior a la población a la que sirve, es igualmente cierto que no es capaz de depurar todos los vertidos industriales que provienen del polígono de Malpica, como los sulfatos de “Industrias Químicas del Ebro” y que siguen sin solucionarse. Además, a causa del diseño de los colectores, en régimen de avenida, cuando el nivel del río alcanza 2,3m. de altura, tal como manifiesta la CHE, los vertidos de la margen izquierda no pueden alcanzar la EDAR y se vierten al cauce sin depurar. A estas aproximadamente 150.000 personas que pagan por una depuración intermitente, habría que añadir las más de 1000 de la zona de Peñaflor que vierten directamente al Gállego y así no es de extrañar que los datos de la estación de Pina sean tan desfavorables para el Padre Ebro que, además de sufrir una gran demanda de agua en su cuenca, contempla como los retornos de su uso contaminan uno de los corredores de biodiversidad más importantes de la Península Ibérica y ponen en peligro la salud de los habitantes que viven y beben aguas abajo.   

A este respecto convendría saber que el “Índice de Explotación del Agua+” (por sus siglas en inglés:WEI+) es el porcentaje del total de agua dulce utilizada en comparación con los recursos renovables disponibles. Definido este parámetro por la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), se determina que valores de WEI+ mayores de 20% indican presiones apreciables que no conviene superar. Pues bien, el Plan Hidrológico recientemente aprobado que bendice un crecimiento irresponsable del regadío, computa un WEI+ del 41%, para una parte significativa de los sistemas de explotación de la demarcación. En resumen, al Ebro se le saca más agua de la que se debería y se le vierten más contaminantes de los deseables, con lo cual, no hay que ser un sabio para intuir el grave daño que se le está causando, en el que participaría activamente una deficiente depuración de Zaragoza.

Para muchas personas y colectivos sociales, Zaragoza debería haber recuperado la autonomía de gestión sobre la depuración de sus aguas residuales. El pago del ICA (ahora IMAR) al gobierno  aragonés es una merma muy importante a la hora de hacer frente a la depuración de la ciudad que consolida un tratamiento injusto para la población de la capital de la comunidad autónoma.

ADEMÁS DE LOS VERTIDOS. La deficiente construcción, funcionamiento y gestión de la EDAR de La Cartuja junto a otras deficiencias del sistema, contradicen el argumento de que, en una economía de escala, por el volumen de agua residuales tratadas, resultaría mucho más barata la depuración de Zaragoza. Ello permitiría compensar solidariamente a otras zonas menos pobladas de Aragón que tienen un volumen mucho menor de vertidos. Aquí habría que hablar de las peculiaridades del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), pero eso sería en otro episodio de esta larga serie.

Hay que considerar también que Zaragoza debe depurar sus barrios rurales que por las características de sus colectores recogen una gran carga contaminante que deberían paliar los tanques de tormenta pendientes de construcción. A esto se añade la red histórica y aun en uso, de acequias que se comportan como aguas parásitas en la red de alcantarillado que aumentan los costes de depuración al hacerlo el caudal de entrada en la EDAR. Y todo ello sin olvidar que la extensión de las redes de evacuación exigen un mantenimiento y reposición constante que igualmente aumentan la factura de la depuración.

Y SEGUIMOS SIN PARTICIPACIÓN.  En este momento, cerca ya del fin de la concesión administrativa de la multinacional Veolia, la espuma de las dudas sobre las instalaciones necesarias y sobre los costes de la depuración que deberán asumir los zaragozanos ante las previsibles obras pendientes, sigue flotando sobre las aguas del Ebro. 

A día de hoy no sabemos a ciencia cierta, si la EDAR de La Cartuja tiene arreglo posible o si habrá que acometer una (o dos) nuevas instalaciones que aseguren un vertido final al Ebro, aceptable para la normativa en vigor y positivo para el medio ambiente y las poblaciones ribereñas. Frente a eso el consistorio zaragozano utiliza el silencio como argumentario en el debate y la participación ciudadana. El mismo silencio que impone la concejal Patricia Cavero en la Comisión del Agua del Consejo Sectorial de Medio Ambiente que normativamente, debería reunirse una vez al año. 

La opinión pública es poco consciente de que las irregularidades en la depuración de las aguas en Zaragoza se inician en los tiempos de la consejería de Alfredo Boné (gobierno PSOE/PAR), continuaron con Modesto Lobón, (gobierno PP/PAR) y siguen con Joaquín Olona (gobierno PSOE/PAR/PODEMOS/CHA) que bendice un PASD en el que Zaragoza se las tendrá que arreglar sola.

Parece que el Ayuntamiento de Zaragoza se ha dado cuenta de que los contribuyentes de la ciudad pagan 16,5 millones al año en concepto de ICA/IMAR  y  reclama que se le devuelvan 12 millones para atender las graves necesidades de la depuración de Zaragoza. Aunque no era exactamente eso lo que decía la RAPA, que era más exigente a la hora de considerar el tratamiento del ICA en Zaragoza, sí que, en línea con el Tribunal de Cuentas, señalaba que los vecinos de Zaragoza no podían sostener el gran déficit de la depuración en Aragón teniendo que asumir además, por si solos sus propias necesidades en esta materia.

Pero en vez de limosnear al gobierno autonómico que no deja de ser participar de la irregularidad del PASD, la RAPA pedía la independencia y la autonomía en algo que es de competencia propia de los ayuntamientos y en último caso, colaborar de forma  solidaria (no más allá de cuatro millones al año) con las necesidades de depuración del resto de Aragón hasta alcanzar una tasa por el servicio similar al resto de España.

Los grandes partidos han querido manejar las soluciones sin atender a esa autonomía y queriendo salvar el papel hecho por el PAR a nivel autonómico durante estos años.

La RAPA decía en 2013 que, si no se tomaban las decisiones adecuadas, en 2024 en vez de una depuradora útil se podría recibir una ruina. Y por eso estos colectivos han mantenido una política propositiva por la gestión publica y eficiente tanto del abastecimiento como del saneamiento del agua y han acudido al Ayuntamiento de la ciudad no pocas veces, con una argumentación bien fácil de entender: el Ayto debe ser responsable de los impuestos de sus vecinos y gestionarlos dentro de sus competencias para que los costes que asumen las familias y empresas que, por mucho que cambie el nombre, siguen pagando dos veces por el mismo servicio (un tributo al Gobierno de Aragón y una tasa a Ecociudad Zaragoza), se pueda avanzar en un modelo tarifario que permita a Zaragoza hacer frente a sus propias necesidades en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración, aspectos todos ellos en los que se sigue acumulando un creciente déficit inversor. 

Las zaragozanas y zaragozanos de este 2023 merecen un servicio de abastecimiento y saneamiento homologable con el de cualquier ciudad de sus características y eso precisa una acción decidida y un autentico proceso de información y participación en donde la dialéctica de las medias verdades y los intereses partidistas o empresariales no contaminen la convivencia de una ciudad que, no hay que olvidar, se edificó sobre tres ríos.

ENLACES DE INTERÉS:

https://arainfo.org/la-cuenca-del-ebro-por-encima-de-la-media-estatal-en-contaminacion-del-agua/