Sanidad, educación, dependencia…Y abastecimiento y depuración de agua en los municipios. No cesa la sangría de privatizaciones. En el caso del suministro de recursos hídricos, debido a unas arcas municipales cada vez más enjutas por la crisis. El secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Jaime Morell, ha criticado estos procesos en un acto organizado por la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública.
No es fácil escuchar en foros y debates públicos a las empresas privadas que gestionan el suministro de agua en ciudades y pueblos. Prefieren orientarse directamente al lucro. Optan a las concesiones que adjudican unos ayuntamientos asfixiados por la crisis y que deciden enajenar su patrimonio y poner en manos privadas los servicios públicos, como el abastecimiento y la depuración del agua. “Unos más, otros menos, todos los partidos políticos han incurrido en estas dinámicas”, puntualiza Jaime Morell. Por eso es en parte falso el debate público/privado. Habría que entrar, para resolver esta dicotomía, en el detalle de cómo se desarrolla la gestión pública: un estudio de la OCU (2011) sobre las tarifas del agua en 50 ciudades españolas concluye que el precio del agua no está directamente vinculado al carácter del gestor.
En el plano teórico, las empresas concesionarias (generalmente transnacionales) defienden la titularidad pública del servicio. Les basta con acceder a una concesión por 20 ó 25 años y, sobre todo, explica Morell, “que no existan controles por parte de la Administración, que es lo que ocurre en términos generales”. Las adjudicatarias pagan un canon al consistorio a cambio de gestionar este servicio. Y en la práctica, subraya el secretario general de AEOPAS, “terminan repercutiendo (tarde o temprano) en las tarifas el canon que han abonado a la Administración”. En otros casos –“los más crueles”, apunta Morell- incluso se da un modelo mixto público-privado por el cual la parte privada (minoritaria en el accionariado) se reserva “de facto” el derecho de gestión.
El ingreso del sector privado en la gestión del agua tiene consecuencias de todo tipo. Las pequeñas y medianas empresas de una localidad dedicadas a este negocio prácticamente desaparecen, dado que las multinacionales compran el material a sus filiales y a los proveedores que eligen en sus concursos. Aunque en un primer momento la multinacional concesionaria pueda garantizar el empleo, afirma Morell, con el tiempo se amortizan plazas y se reducen salarios. Siempre hay una buena razón: la consabida “eficiencia”.
Otro rasgo que subyace al modelo de gestión privada es la opacidad. Según Jaime Morell, “realizan balances generales donde se mezclan conceptos y finalmente resulta muy difícil que la Administración ejerza el control; no existe, de hecho, una fiscalización real, ni rendición de cuentas; tampoco estándares de calidad ni indicadores de gestión”. En Francia, explica el secretario general de AEOPAS, se ha caminado hacia una mejor regulación del servicio público de aguas, después que en 1996 fueran condenados a penas de prisión el alcalde de Grenoble y el director ejecutivo de la empresa Lyonnaise Des Eaux (hoy Suez) por el escándalo que acompañó a la privatización.
Además, un problema del paradigma privatizador es que en lugar de considerarse al ciudadano con derechos, se está pensando en un mero cliente. De ahí que, al igual que ocurre con el suministro eléctrico, se produzcan cortes por impagos. De este modo, acota Morell, “actúan las empresas privadas, pero también las públicas”. Asimismo, se dan bastantes casos en que las empresas incumplen los pliegos de condiciones de la concesión. Pero, una vez que entran a gestionar el servicio, “es muy difícil hacer frente a estas multinacionales, pues su fuerza es mucho mayor que la de las administraciones; tampoco los ayuntamientos tienen en ocasiones voluntad política de fiscalización”.
Pero lo cierto es que las compañías huelen a cadáver y se abaten sobre la pieza mayor, la gestión del agua. Por un lado, consistorios con las cuentas en enormes apuros. Por otro, lo que Morell califica como “precios políticos” del agua. Es decir, el precio de la tarifa del agua debería, en un modelo ideal, reflejar los costes de explotación, de amortización e inversiones, entre otros. Pero esto no ocurre, lo que da lugar a un “lastre en la gestión; y finalmente, a la necesidad de que alguna gran empresa con capital acuda en socorro de los consistorios”. El secretario general de AEOPAS aclara que no pide que la iniciativa privada desaparezca totalmente del modelo; “pero ocurre que está usurpando de modo creciente espacios de responsabilidad pública”.
Así las cosas, ¿qué posibilidades les quedan a aquellos que defienden un modelo de participación pública y transparencia?. Jaime Morell se muestra esperanzado: “Nuestro discurso empieza a pesar en los responsables políticos. Ya no es tan fácil privatizar. En ocasiones han de realizar el proceso por la puerta trasera”. Se dan algunos casos en que las grandes empresas se empiezan a replantear el tradicional modelo de canon concesional. Tiene que ver, en todo ello, el auge de las “mareas” y luchas ciudadanas contra el proceso privatizador en diferentes ciudades del estado, como Jerez, Puerto de Santamaría o, en Madrid, contra la privatización del Canal de Isabel II. En el ámbito de la UE, sindicatos y organizaciones sociales desarrollan una Iniciativa Ciudadana para, mediante la recogida de firmas, instar a la Comisión Europea a que presente una propuesta legislativa que incluya el derecho humano al abastecimiento y saneamiento.
Una de las alternativas que se plantea al modelo “externalizador” es la agrupación de municipios y el trabajo en mancomunidad. También por razones de economía de escala, y porque a las grandes compañías no les sale rentable llegar a los pequeños municipios. La empresa provincial de agua de la provincia de Huelva (GIAHSA) lleva dos décadas funcionando como mancomunidad municipal, pero el sistema ha hecho crisis cuando varios alcaldes han decidido salirse de la entidad con el fin de privatizar el servicio. Caso diferente es el de Aguas del Huesna, consorcio que se hace cargo del ciclo integral del agua en una veintena de municipios sevillanos, y que retornó a la gestión pública tras unos años con destacada participación de las constructoras, sobre todo ACS.
En el punto de mira, las grandes compañías que se reparten el botín. Las transnacionales francesas Veolia y Suez (accionista de Aguas de Barcelona y Aguas de Valencia), Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) –a través de su filial Aqualia- y Acciona, que ha irrumpido con fuerza en el sector. En ocasiones se plantea como inevitable la entrada de estas compañías en la gestión del servicio público del agua, debido a su potente capacidad tecnológica. Pero lo cierto, apunta Jaime Morell, es que “mediante acuerdos entre municipios o mancomunando servicios pueden realizarse las inversiones y frenar la privatización”.
Una de las grandes claves reside en que se haga público el estudio económico-financiero de la oferta y las condiciones del contrato (m3 de distribución, coste del personal, mantenimiento, porcentaje previsto de fugas, entre otros apartados). Es en ese documento donde puede comprobarse si realmente la empresa paga al municipio en proporción a los costes que tiene, a los servicios que ofrece y al volumen de negocio que va a manejar. Además, apunta el secretario general de AEOPAS, “si uno tiene en mano el expediente administrativo verá que a las empresas no les salen las cuentas nunca; por eso es tan importante disponer del documento, para constatar que cumplen con aquello a lo que se han comprometido”. De lo contrario, habría que reclamar por incumplimiento de contrato. Aunque, matiza Jaime Morell, “muchas veces la complicidades se encuentran dentro de los ayuntamientos”.
Como en tantos otros bienes de primera necesidad, por un lado cabalgan las grandes proclamas y, por otro, la severa realidad. En julio de 2010 Naciones Unidos aprobó una resolución que reconocía el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Recursos hídricos suficientes, salubres y asequibles para la población, pero también el acceso a la información por parte de los ciudadanos (por ejemplo, para saber qué porcentaje del agua finalmente se depura; o si se aplica el principio de recuperación de costes). Los estados han de incluir en su ordenamiento jurídico y sus constituciones los principios consagrados por Naciones Unidas. Pero muy pocos países lo han hecho. Tampoco el estado español.
No es fácil escuchar en foros y debates públicos a las empresas privadas que gestionan el suministro de agua en ciudades y pueblos. Prefieren orientarse directamente al lucro. Optan a las concesiones que adjudican unos ayuntamientos asfixiados por la crisis y que deciden enajenar su patrimonio y poner en manos privadas los servicios públicos, como el abastecimiento y la depuración del agua. “Unos más, otros menos, todos los partidos políticos han incurrido en estas dinámicas”, puntualiza Jaime Morell. Por eso es en parte falso el debate público/privado. Habría que entrar, para resolver esta dicotomía, en el detalle de cómo se desarrolla la gestión pública: un estudio de la OCU (2011) sobre las tarifas del agua en 50 ciudades españolas concluye que el precio del agua no está directamente vinculado al carácter del gestor.
En el plano teórico, las empresas concesionarias (generalmente transnacionales) defienden la titularidad pública del servicio. Les basta con acceder a una concesión por 20 ó 25 años y, sobre todo, explica Morell, “que no existan controles por parte de la Administración, que es lo que ocurre en términos generales”. Las adjudicatarias pagan un canon al consistorio a cambio de gestionar este servicio. Y en la práctica, subraya el secretario general de AEOPAS, “terminan repercutiendo (tarde o temprano) en las tarifas el canon que han abonado a la Administración”. En otros casos –“los más crueles”, apunta Morell- incluso se da un modelo mixto público-privado por el cual la parte privada (minoritaria en el accionariado) se reserva “de facto” el derecho de gestión.
El ingreso del sector privado en la gestión del agua tiene consecuencias de todo tipo. Las pequeñas y medianas empresas de una localidad dedicadas a este negocio prácticamente desaparecen, dado que las multinacionales compran el material a sus filiales y a los proveedores que eligen en sus concursos. Aunque en un primer momento la multinacional concesionaria pueda garantizar el empleo, afirma Morell, con el tiempo se amortizan plazas y se reducen salarios. Siempre hay una buena razón: la consabida “eficiencia”.
Otro rasgo que subyace al modelo de gestión privada es la opacidad. Según Jaime Morell, “realizan balances generales donde se mezclan conceptos y finalmente resulta muy difícil que la Administración ejerza el control; no existe, de hecho, una fiscalización real, ni rendición de cuentas; tampoco estándares de calidad ni indicadores de gestión”. En Francia, explica el secretario general de AEOPAS, se ha caminado hacia una mejor regulación del servicio público de aguas, después que en 1996 fueran condenados a penas de prisión el alcalde de Grenoble y el director ejecutivo de la empresa Lyonnaise Des Eaux (hoy Suez) por el escándalo que acompañó a la privatización.
Además, un problema del paradigma privatizador es que en lugar de considerarse al ciudadano con derechos, se está pensando en un mero cliente. De ahí que, al igual que ocurre con el suministro eléctrico, se produzcan cortes por impagos. De este modo, acota Morell, “actúan las empresas privadas, pero también las públicas”. Asimismo, se dan bastantes casos en que las empresas incumplen los pliegos de condiciones de la concesión. Pero, una vez que entran a gestionar el servicio, “es muy difícil hacer frente a estas multinacionales, pues su fuerza es mucho mayor que la de las administraciones; tampoco los ayuntamientos tienen en ocasiones voluntad política de fiscalización”.
Pero lo cierto es que las compañías huelen a cadáver y se abaten sobre la pieza mayor, la gestión del agua. Por un lado, consistorios con las cuentas en enormes apuros. Por otro, lo que Morell califica como “precios políticos” del agua. Es decir, el precio de la tarifa del agua debería, en un modelo ideal, reflejar los costes de explotación, de amortización e inversiones, entre otros. Pero esto no ocurre, lo que da lugar a un “lastre en la gestión; y finalmente, a la necesidad de que alguna gran empresa con capital acuda en socorro de los consistorios”. El secretario general de AEOPAS aclara que no pide que la iniciativa privada desaparezca totalmente del modelo; “pero ocurre que está usurpando de modo creciente espacios de responsabilidad pública”.
Así las cosas, ¿qué posibilidades les quedan a aquellos que defienden un modelo de participación pública y transparencia?. Jaime Morell se muestra esperanzado: “Nuestro discurso empieza a pesar en los responsables políticos. Ya no es tan fácil privatizar. En ocasiones han de realizar el proceso por la puerta trasera”. Se dan algunos casos en que las grandes empresas se empiezan a replantear el tradicional modelo de canon concesional. Tiene que ver, en todo ello, el auge de las “mareas” y luchas ciudadanas contra el proceso privatizador en diferentes ciudades del estado, como Jerez, Puerto de Santamaría o, en Madrid, contra la privatización del Canal de Isabel II. En el ámbito de la UE, sindicatos y organizaciones sociales desarrollan una Iniciativa Ciudadana para, mediante la recogida de firmas, instar a la Comisión Europea a que presente una propuesta legislativa que incluya el derecho humano al abastecimiento y saneamiento.
Una de las alternativas que se plantea al modelo “externalizador” es la agrupación de municipios y el trabajo en mancomunidad. También por razones de economía de escala, y porque a las grandes compañías no les sale rentable llegar a los pequeños municipios. La empresa provincial de agua de la provincia de Huelva (GIAHSA) lleva dos décadas funcionando como mancomunidad municipal, pero el sistema ha hecho crisis cuando varios alcaldes han decidido salirse de la entidad con el fin de privatizar el servicio. Caso diferente es el de Aguas del Huesna, consorcio que se hace cargo del ciclo integral del agua en una veintena de municipios sevillanos, y que retornó a la gestión pública tras unos años con destacada participación de las constructoras, sobre todo ACS.
En el punto de mira, las grandes compañías que se reparten el botín. Las transnacionales francesas Veolia y Suez (accionista de Aguas de Barcelona y Aguas de Valencia), Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) –a través de su filial Aqualia- y Acciona, que ha irrumpido con fuerza en el sector. En ocasiones se plantea como inevitable la entrada de estas compañías en la gestión del servicio público del agua, debido a su potente capacidad tecnológica. Pero lo cierto, apunta Jaime Morell, es que “mediante acuerdos entre municipios o mancomunando servicios pueden realizarse las inversiones y frenar la privatización”.
Una de las grandes claves reside en que se haga público el estudio económico-financiero de la oferta y las condiciones del contrato (m3 de distribución, coste del personal, mantenimiento, porcentaje previsto de fugas, entre otros apartados). Es en ese documento donde puede comprobarse si realmente la empresa paga al municipio en proporción a los costes que tiene, a los servicios que ofrece y al volumen de negocio que va a manejar. Además, apunta el secretario general de AEOPAS, “si uno tiene en mano el expediente administrativo verá que a las empresas no les salen las cuentas nunca; por eso es tan importante disponer del documento, para constatar que cumplen con aquello a lo que se han comprometido”. De lo contrario, habría que reclamar por incumplimiento de contrato. Aunque, matiza Jaime Morell, “muchas veces la complicidades se encuentran dentro de los ayuntamientos”.
Como en tantos otros bienes de primera necesidad, por un lado cabalgan las grandes proclamas y, por otro, la severa realidad. En julio de 2010 Naciones Unidos aprobó una resolución que reconocía el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Recursos hídricos suficientes, salubres y asequibles para la población, pero también el acceso a la información por parte de los ciudadanos (por ejemplo, para saber qué porcentaje del agua finalmente se depura; o si se aplica el principio de recuperación de costes). Los estados han de incluir en su ordenamiento jurídico y sus constituciones los principios consagrados por Naciones Unidas. Pero muy pocos países lo han hecho. Tampoco el estado español.
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