viernes, 29 de noviembre de 2013

LA SOMBRA DEL TRASVASE ES ALARGADA

Esto es lo que dice la prensa aragonesa









DESDE LA FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA


Informes jurídicos FNCA sobre las enmiendas a la Ley de Impacto Ambiental

En las últimas semanas la FNCA ha estado trabajando, en colaboración con muchas otras personas y organizaciones, sobre las enmiendas introducidas por el Partido Popular a la Ley de Impacto Ambiental y basadas en el contenido del Memorándum del Tajo firmado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las regiones de Murcia y Valencia. Estas enmiendas dan un giro radical no sólo a la regulación del trasvase Tajo-Segura, sino también a la política de aguas en este país y sobre la regulación de todos los trasvases.  Por este motivo la FNCA ha elaborado dos informes jurídicos que analizan los impactos potenciales de estas enmiendas.
  • El primer informe pone de manifiesto la modificación del régimen jurídico y reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, dando prioridad a los intereses de las cuencas receptoras del trasvase y a costa de la cuenca cedente. Estas profundas modificaciones se han producido al margen del proceso de planificación hidrológica actualmente en marcha. 
  • El segundo informe pone de manifiesto que las enmiendas de la Ley de Evaluación Ambiental ponen las bases de un mercado generalizado de aguas intercuencas. El nuevo informe analiza las enmiendas 306 y 307 en las que se pretende facilitar el régimen de las ventas de agua entre distintas cuencas, centralizar su autorización y otorgar certeza a los beneficiarios de trasvases a costa de los usuarios de la cuenca cedente.
OTROS ENLACES DE INTERÉS DE LA FNCA




martes, 26 de noviembre de 2013

INSTAN AL PARLAMENTO EUROPEO A QUE MEJORE LA NORMATIVA COMUNITARIA DE AGUA




Entre estas carencias se encuentra la falta de atención a las amenazas particulares que afectan a las masas de agua del Sur de Europa. De  manera, que las organizaciones firmantes quieren poner de manifiesto esas problemáticas y proponer soluciones, como por ejemplo, que la Directiva Marco de Agua (DMA) prevalezca como principio guía y condicione cualquier otra acción de la UE que presente algún tipo de impacto sobre los recursos hídricos. Esta propuesta responde a algunos casos en los que la UE ha financiado proyectos que dificultan o contradicen los principios y objetivos de la DMA; práctica que hace imposible que se alcance un buen estado de las masas de agua.


Asimismo, la presentación de este documento pretende ser una llamada de atención ante las ambigüedades de determinados artículos que son utilizadas como vía de escape por parte de las administraciones. Esta es una forma de denunciar que los estados miembros están abusando de las excepciones, y la única manera de conseguir que el marco legislativo en materia de agua sea eficaz, es eliminando o restringiendo al máximo estas deficiencias.

Otras propuestas tienen que ver con la definición de los caudales ecológicos, el orden de preferencia de usos del agua, la defensa y garantía del derecho humano al agua e incluso, la protección de acuíferos y zonas sensibles frente a la amenaza de la fractura
hidráulica, y un largo etcétera hasta llegar a sesenta instancias.

Las organizaciones promotoras del documento consideran que es necesario avanzar también en medidas para evitar la contaminación química de las aguas o en la consideración del papel que el cambio climático jugará en la disposición de recursos hídricos.

Durante la reunión también se ha hecho hincapié en casos concretos donde el Gobierno Español abusa de las ambigüedades presentes en la normativa comunitaria en materia de aguas.

lunes, 25 de noviembre de 2013

EL MEMORANDUM TAJO-SEGURO INCUMPLE LA NORMATIVA COMUNITARIA


Una veintena de organizaciones ha presentado hoy ante el Jefe de la Unidad de Protección del Agua y el Entorno Marino de la Comisión Europea, Peter Gammeltoft, un informe que muestra los graves incumplimientos a la legislación europea de la normativa derivada del Memoran'dum del Trasvase Tajo-Segura (TTS).

"El Gobierno español pretende introducir el Memorándum aprovechando la tramitación de la Ley de Evaluación Ambiental, es decir, presentando enmiendas a una ley totalmente diferente y que no tiene nada que ver con la legislación de aguas", explica desde Bruselas Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción enCastilla-La Mancha y representante ecologista en el Consejo del Agua de la Demarcación del Tajo.


El informe, elaborado por Ecologistas en Acción y titulado "Valoración preliminar de las modificaciones a la normativa de aguas impulsadas desde el Memorándum sobre el Trasvase Tajo-Segura" expone que los cambios legislativos derivados del Memorándum transgreden tres normas de rango europeo.

-La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
-La Directiva 92/43/CEE del consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres al afectar gravemente al menos a 5 espacios de la Red Natura 2000.
-El Artículo 6 sobre participación del público en las decisiones relativas a actividades específicas del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, dado el proceso poco transparente y sin participación seguido para la tramitación del Memorándum y de la reforma legislativa.

De todos esos incumplimientos el más grave es el que condena al Tajo Medio al incumplimiento permanente de la buena calidad, cuantitativa y cualitativa, de las aguas. No se podrán establecer caudales ambientales y los caudales mínimos en Aranjuez serán fijos a lo largo del año.
Además, difícilmente se podrán mejorar la calidad de las aguas en Toledo y aguas abajo.

Peter Gammeltoft, Jefe de la Unidad de Protección del Agua y el Entorno Marino de la Comisión Europea, ha señalado que estudiarán con detalle las modificaciones normativas y se ha mostrado preocupado por que no se haya dado oportunidad de participación pública efectiva a todas las partes interesadas y afectadas por el trasvase. "Nos comprometemos a analizar en profundidad las modificaciones normativas de la legislación que afecta al trasvase y pasarlo por el filtro de las Directivas", ha declarado.

Más información: Miguel Ángel Hernández, +34 608823110/ Santiago Martín,
+656925083/ Mariola Olcina (prensa), +34 659 36 59 61

Enlace al informe
Enlace de descarga de fotos: http://we.tl/JExO6NeyQt

jueves, 21 de noviembre de 2013

EL REINO DEL EUFEMISMO









martes, 19 de noviembre de 2013

PACTO SOCIAL SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA EN ZARAGOZA

Este es el documento que se va a proponer como "PACTO SOCIAL PARA LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA EN ZARAGOZA

 PACTO SOCIAL POR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA EN ZARAGOZA

  
Ante la ciudadanía de Zaragoza, quienes abajo firman, representantes de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones vecinales y sociales, sindicatos, fundaciones y demás entidades relacionadas, hacen público su compromiso por una gestión pública, integrada y participativa, del ciclo integral del agua en Zaragoza, y se comprometen a cumplir y hacer cumplir los siguientes principios fundamentales, así como las tareas que de ellos se deriven, y que consideran que han de regir desde las administraciones públicas para que esa gestión pública y participativa sea real y efectiva:

1) Respaldamos la resolución A/RES/64/292, de 28/07/2010, adoptada por la Asamblea General de NNUU sin ningún voto en contra, por la cual se reconoce que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

En su cumplimiento, actuaremos para preservar y asegurar el acceso universal de todos los ciudadanos a los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua sin que su situación económica afecte a ese derecho.  Asimismo, deberá destinarse el 0,7% del presupuesto del ciclo del agua a la colaboración en programas de cooperación al desarrollo en materia de recursos hídricos, aportando recursos y asistencia técnica a comunidades que lo necesiten.

Para avanzar en el desarrollo y mejora de ese modelo de gestión, se deberán establecer planes de investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua en las ciudades, a desarrollar mediante la colaboración con la Universidad, colegios profesionales , expertos y organizaciones sectoriales

2)   Reconocemos que los servicios de abastecimiento y saneamiento constituyen un ciclo urbano integrado cuya gestión es indisoluble y debe realizarse de manera conjunta.

En este sentido, creemos imprescindible establecer un modelo de gestión integrada que permita tener una visión de conjunto de los servicios prestados así como de los ecosistemas de los que tomamos el agua y sobre los que vertemos nuestros retornos, que incluya tanto los derechos como las responsabilidades del ayuntamiento y sus contratistas, y de los ciudadanos y usuarios, capaz de responder ante las necesidades sociales con eficacia y transparencia.

Para avanzar en el desarrollo y mejora de ese modelo de gestión, se deberán establecer planes de investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua en las ciudades, a desarrollar mediante la colaboración con la Universidad, colegios profesionales , expertos y organizaciones sectoriales.

3)   Consideramos, en la medida en que el agua es un bien público; que los ríos, acuíferos, lagos y humedales forman parte del dominio público hidráulico; y que los servicios de abastecimiento y saneamiento se vinculan a derechos humanos y de ciudadanía.  Dichos servicios no deben ser gestionados desde la lógica del mercado, bajo criterios y prioridades de negocio privado, sino desde la gestión pública, sin ánimo de lucro, como un servicio de interés general.

Creemos que desde la gestión pública se pueden prestar los servicios públicos cumpliendo con los estándares más exigentes de calidad y eficiencia, contando con el compromiso y responsabilidad de los empleados públicos, y garantizando una gestión transparente en la que participe la ciudadanía.

Por ello, declaramos expresamente que, con independencia del ente público que asuma la gestión del ciclo integral del agua de Zaragoza (servicios municipales, patronato, ente público empresarial, sociedad anónima, etc.), velaremos porque la titularidad del mismo sea siempre cien por cien pública, no admitiendo el acceso de empresas privadas a su accionariado.

No obstante lo anterior, consideramos necesaria la asistencia de la iniciativa privada en la realización de obras y en la prestación de algunos servicios auxiliares. Los procesos básicos de la gestión del ciclo integral del agua deberán ser prestados directamente por el ente público gestor. La participación de la iniciativa privada deberá basarse siempre en los requisitos previstos en la normativa de contratación del sector público vigente en cada momento; se deberá realizar directamente por el ente público gestor, por periodos que preserven los intereses públicos y aseguren el control institucional y ciudadano desarrollando de forma efectiva el principio de transparencia.

4)   Sostenemos que la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos. Pero debe evitarse que especialmente en las presentes circunstancias se produzca una precarización de las condiciones de trabajo y de la seguridad de los trabajadores. El Ayuntamiento, actuando en colaboración con las organizaciones sindicales, deberá tomar las medidas oportunas para garantizar, tanto en lo gestionado directamente por el ente público gestor como en su relación con las contratas, condiciones de calidad, seguridad y estabilidad en los empleos.

5)   Velaremos porque el Ayuntamiento ejerza la responsabilidad que tiene en la adopción de las decisiones oportunas que aseguren la sostenibilidad del ciclo integral del agua en la ciudad, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, desde tres ámbitos diferentes:

  • · Medioambiental.  Preservando la calidad de las fuentes de suministro; asegurando que se utiliza el mínimo recurso necesario para satisfacer las necesidades de la ciudad; realizando programas de prevención de la contaminación, basados tanto en la intervención sobre las infraestructuras como en programas de sensibilización y formación; minimizando el efecto de los vertidos a cauce público; y compensando las afecciones medioambientales.

  • ·      Económica.  Repercutiendo el coste real de la prestación de los servicios a los usuarios del servicio; y aplicando tarifas que se fundamenten en los principios recogidos en el artículo 7 “Costes del ciclo del agua y su recuperación” de la Ordenanza Municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad en la Gestión Integral del Agua de Zaragoza (OMECGIA), aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 28-01-2011: suficiencia económica, equidad, eficiencia, sencillez y transparencia.

  • ·      Estructural.  Planificando y realizando las inversiones necesarias para que el agua llegue a los usuarios en las mejores condiciones, de acuerdo con las normativas aplicables en cada momento; se controlen y minimicen las pérdidas en las redes de suministro y saneamiento; se adecúe la calidad el agua al uso a que se destine en cada caso; y se traten todas las aguas captadas por la red de colectores municipales antes de ser vertidas a cauce natural.  Todo ello intentando utilizar las tecnologías más eficientes disponibles.
6) Velaremos porque todos los ingresos que se obtengan a través de las tarifas de abastecimiento y saneamiento que se apliquen a los usuarios, así como los que provengan del alquiler o cesión de las infraestructuras hidráulicas públicas, subvenciones, operaciones de crédito, o cualquier otro medio, vinculados al ciclo integral del agua, se destinen a sufragar los costes de dichos servicios.

Caso de existir remanentes anuales, deberán destinarse a las inversiones y mejoras que el ciclo integral del agua requiera o, caso de no ser necesarias o si su importe es inferior al capital disponible, a la adaptación de las tarifas del año siguiente en el porcentaje que corresponda.

De forma excepcional,  y sólo previo acuerdo y bajo la supervisión del “Consejo Social”, se podrán destinar remanentes  a un fondo municipal de acción social.

Velaremos porque en ningún caso el ayuntamiento de Zaragoza utilice los ingresos vinculados al ciclo integral del agua para sufragar cualquier otro gasto público de competencia municipal, ni se incorporen a los costes del ciclo integral del agua los cánones, aportaciones o cuotas de alquiler de infraestructuras abonadas al ayuntamiento de Zaragoza por el ente público gestor, que no hayan sido reinvertidos en estos mismos servicios.

7)   Entendemos, no obstante, que no basta garantizar la gestión pública, sino que es preciso promover nuevas formas de control social y de democracia participativa, que garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva, tal y como estableció la Convención de Aarhus, transpuesta a la normativa europea por la Directiva 2003/35/, de 26 de mayo de 2003, y a la normativa española por la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los “derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente”.

Por ello, apostamos por un modelo de gestión en el que el ente público gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos de los que dependa como a los ciudadanos.

Velaremos para que se asegure el acceso de todos los ciudadanos a la información básica de la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad, mediante varios mecanismos:

  • ·   Estableciendo una batería de indicadores significativos para los distintos ámbitos de la gestión (técnicos, financieros, sociales, medioambientales, patrimoniales), accesibles por vía telemática, que sean comprensibles para los ciudadanos.
  • ·      Dando publicidad a todos los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de dirección del ente gestor, así como a las condiciones de prestación de los servicios contratados con terceros.
  • ·        Estableciendo un Consejo Social con competencias efectivas de control sobre cuestiones clave que trate el Consejo de Administración del ente público gestor.
  • ·      Incluyendo representantes del Consejo Social, con voz y voto, en el Consejo de Administración del ente público gestor del ciclo integral del agua.
  • ·      Poniendo los medios necesarios que faciliten a los ciudadanos la realización de consultas públicas, solicitud de información y presentación de reclamaciones
8)   Constatamos que el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), aprobado por “LEY 9/1997, de 7 de noviembre, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Aragón”, ha demostrado su inviabilidad económico-financiera y en muchos casos su ineficacia a la hora de recuperar el buen estado de nuestros ríos; ha supuesto una privatización encubierta de los servicios de saneamiento; ha erosionado la autonomía municipal, mediante la imposición de un determinado modelo por parte del Gobierno de Aragón; ha generado agravios comparativos entre poblaciones en su aplicación; y ha dado lugar a la imposición de unas tarifas claramente abusivas que han aumentado un 133,5% desde 2005 (un 22,5% entre 2012 y 2013) .

Por ello rechazamos el PASD, y nos oponemos activamente a su implantación en Zaragoza en tanto no se haga una revisión en profundidad del mismo, que evite el sobredimensionamiento actual de muchas depuradoras; que prevea la posibilidad de utilizar otras tecnologías, adaptadas a cada población, que requieran menos recursos financieros y menos consumo energético; que preserve la autonomía municipal en la gestión de los servicios del ciclo integral del agua; y que establezca unos criterios de revisión de tarifas que eviten las variaciones habidas hasta ahora.

Deberá asegurarse la gestión directa por el ayuntamiento de Zaragoza de sus infraestructuras de saneamiento y depuración.

Deberán revisarse las tarifas del canon de saneamiento y su forma de aplicación, permitiendo la adaptación de las mismas a las de cada municipio.

Así mismo, deberán realizarse las auditorías necesarias para dar luz sobre lo hecho hasta ahora y exigirse las responsabilidades políticas que correspondan por los errores cometidos. 

9) Finalmente, nos comprometemos a hacer lo necesario para que las normas municipales vigentes  (reglamentos, ordenanzas, etc.) se adapten a los compromisos del presente pacto.

En ese sentido deberá especificarse en la norma correspondiente, que cualquier decisión que pudiera afectar a los principios aquí establecidos, como podría ser una eventual propuesta de privatización de este tipo de servicios, sea sometida a un amplio y profundo proceso de información pública que culmine en una Consulta Ciudadana con las garantías suficientes para que sus resultados fueran vinculantes, caso de alcanzarse un nivel de participación suficiente.

En Zaragoza, a ....... de ........  de 2013





EL EBRO NO SE TOCA


En estas dos disposiciones se favorece la cesión de derechos de aguas intercuencas, algo que la ley actual restringe a casos excepcionales. No serían las Confederaciones, ni las Comunidades Autónomas quienes decidirían. Tampoco serían  el Congreso y y el Senado. Sería la Dirección General del Agua la que autorizaría directamente estas cesiones.  Se hace además de forma urgente y oculta en una Ley que no tiene que ver con el agua, a sabiendas que Europa, en los dos próximos dos meses, va a reformar la Directiva que hace referencia a la Evaluación ambiental.
Como se  señala desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, el Partido Popular cambia las reglas del juego en materia de agua por la puerta de atrás, sin debate ni participación pública .De hecho esto supones modificaciones muy importantes a la Ley de Aguas y al Plan Hidrológico Nacional que les permitiría desarrollar:
Una Agencia Nacional o ADIF del Agua que centralice las decisiones de la planificación y asignación del agua por encima de las confederaciones hidrográficas y las comunidades autónomas. Un banco nacional del agua en el que los usuarios, principalmente regantes, puedan venderse los derechos entre diferentes cuencas, posibilitando trasvases privados de agua. Una red de “autopistas del agua” con capital preferentemente privado, que eufemísticamente sustituiría el polémico término “trasvase”.
Estos cambios realizados permitirían, por ejemplo, autorizar un trasvase desde el Ebro sin ningún acto legislativo adicional y profundizan el modelo productivista hidráulico y neoliberal que está en la base del deterioro generalizado de los ríos y acuíferos en España y que es diametralmente opuesto a los objetivos, principios y enfoque ambiental y participativo de la Directiva Marco del Agua.
De hecho, todo este proceso de privatización de las aguas del Ebro ya se ha iniciado con el Plan de Cuenca recientemente aprobado en los meses pasados. Para trasvasar hace falta regular y de ahí que en esa Plan del Ebro se aprobasen 79 nuevos embalses de los que se  pagan  un 80% por el erario público, es decir, por todos los ciudadanos.
A medio plazo se plantea consumir el 50% de las  aguas circulantes por el Ebro. El supuesto otro 50% que iría al mar sería el objeto de deseo del Ministerio y los regantes de Valencia y Murcia.
Pero, frente a aquellos que machaconamente dicen lo contrario, el agua no se pierde en el mar. El río necesita agua, la calidad de las aguas circulantes necesita agua, los ecosistemas acuáticos  necesitan agua y el mar Mediterraneo  necesita que le llegue agua dulce en cantidad y calidad. Agotar o disminuir excesivamente estos caudales ; nos lleva a gastar mucho  dinero en restaurar los  daños ambientales provocados por  especies invasoras , concentración de contaminantes , proliferación de especies que afectan a la salud humana…Y todo ello en un escenario en que ya estamos teniendo ya un 20% menos de caudales respecto a décadas pasadas debido al cambio climático  y que a su vez condiciona  largos periodos de sequía .Y el Ebro, contrario a lo que dice la copla, ya  está cansado de guardar silencio.
El precedente del  trasvase  Tajo- Segura  es un pésimo ejemplo para la cuenca del Ebro. Con la firma del memorándum y su inclusión en la ley de evaluación ambiental hace muy difícil la  derogación de esos derechos .Si en otro momento posterior se quisiera dar marcha atrás, el Sindicato de Regantes Tajo- Segura. estima que habría que realizarles una compensación económica de diez mil millones de euros.
Los derechos de las aguas y los ríos quedan en manos de particulares que  hacen negocio con ella . La situación se va pareciendo al cien por cien al  ejemplo ultraliberal chileno donde su Constitución, impuesta por el dictador   Pinochet, contempla la privatización de todos sus ríos con la diferencia de que los artículos de la  Constitución  española y su desarrollo en la Ley de Aguas  en donde se  habla del carácter  público de sus aguas y su entorno,  se arrasan con estas medidas unilaterales y ultraliberales del PP.
El jueves 21 se vota en el Congreso la ratificación de esta ley que dará vía libre a los trasvases en el Ebro y en donde  esperamos muy poco de los parlamentarios aragoneses del PP que aunque, tuvieran alguna actuación contraria a dicha aprobación, seguirán al día siguiente apoyando las políticas de su partido. De su socio de gobierno, el PAR, esperamos que además de su posicionamiento en contra, no siga con sus apoyos a Mª Fernanda Rudi en el Gobierno de Aragón.
A la sociedad civil y al resto de partidos no nos queda otra salida que reeditar la oposición que hicimos hace doce años porque
¡¡el Ebro no se toca!!

lunes, 18 de noviembre de 2013

MIERCOLES 20N

El próximo miércoles daremos aprobación definitiva al documento "Pacto Social  para la Gestión Publica del Agua en Zaragoza". Si alguien quiere modificar algún aspecto  tiene hasta el miercoles para proponerlo.

Se comentaran las charlas que tenemos el jueves a las 12.00h.  en la Diputacion  Provincial de Huesca con la participación de Enrique Ortega y Abel Lacalle dirigida a los ayuntamientos oscenses y colectivos ciudadanos.


Por la tarde repiten a las 8 de la tarde en Valderobles en la comarca del Matarraña.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

EL TRASVASE POR LA PUERTA DE ATRAS


Con un par de sencillas enmiendas (la 306 y 307) el rodillo del P.P ha legalizado la política de trasvases con  total impunidad. Algunos lo llaman "democracia", nosotros creemos que "trampa legal" es una definición más acorde a la realidad. ¿Desempolvarán los cachirulos antritrasvasistas nuestros gobernantes aragoneses?   



Artículo 72. Infraestructuras de conexión intercuencas.

1. La Dirección General del Agua podrá autorizar la cesión de derechos, a que se refiere esta sección, que implique el uso de infraestructuras que interconectan territorios de distintos Planes Hidrológicos de cuenca, esta autorización conlleva la de uso de las infraestructuras de interconexión. Se entenderán desestimadas las solicitudes de cesión una vez transcurridos los plazos previstos sin haberse notificado la resolución administrativa.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69.3, el régimen económico-financiero aplicable a estas transacciones será el establecido en las normas singulares que regulen el régimen de explotación de las correspondientes infraestructuras.
3. La autorización de las cesiones que regula el presente artículo no podrán alterar lo establecido en las reglas de explotación de cada uno de los trasvases.’’»
JUSTIFICACIÓN
Se incorporan los acuerdos adoptados en el seno del grupo de trabajo del Memorándum Tajo-Segura.

Aqui en la pagina del Senado , sale la ficha de esta Ley q esta esperando paso con caracter urgente.  pongo enlaces :



La ley con las enmiendas segun como sale del Congreso:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-59-2.PDF