DIRECTIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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Siguiendo el hilo de la última entrada, la normativa europea en materia de aguas atraviesa un momento no especialmente esperanzador. Las tensiones que se perciben en la UE se trasladan a todas sus iniciativas en un momento en que los sectores productivistas parecen ejercer una fuerte presión. No habría que olvidar que en la UE hay alrededor de 30.000 lobistas. Si dividimos esta cifra entre los 720 eurodiputados, tocan a más de cuarenta cabilderos por diputado: una imagen de la presión de que hablamos.

Por un lado, La Directiva Marco del Agua, hasta el momento una de las normativas más avanzadas de la UE en protección ambiental que ya fue evaluada en 2019 con la conclusión de que no se debería debilitar sino todo lo contrario. Sin embargo, la Comisión Europea anunció en diciembre de 2025 su intención de revisarla para facilitar proyectos vinculados a la explotación de materias primas críticas. Para las organizaciones afines al ideario de la RAP, esto responde más a presiones económicas que a necesidades reales. 

“Esta revisión desvía recursos de los problemas reales y frena la innovación que Europa necesita. Es un mal acuerdo para la ciudadanía y para el clima”, señaló Sara Johansson, del European Environmental Bureau el pasado mes de marzo.

Hay que recordar que la realidad es alarmante: solo el 29% de las aguas superficiales de la UE están en buen estado químico, mientras que el 78% de la ciudadanía reclama más protección, no menos.

Por otro lado, respecto a la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (UWWTD) y los riesgos para la seguridad del suministro de medicamentos, la situación es similar. La votación del pasado 18 de junio sobre la moción de resolución relativa a su aplicación ha sido negativamente recibida por EUR EAU (Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios de Agua).

Esa votación ha puesto de manifiesto que una parte significativa del Parlamento Europeo no apoya a los municipios ni a los contribuyentes, incluidos los ciudadanos y las empresas locales, sino que se pone del lado de los contaminadores. Esto contradice el principio de «quien contamina paga», uno de los pilares fundamentales de la política medioambiental de la UE, y sienta un precedente peligroso para otros contaminantes en las aguas residuales además de marcar una incertidumbre regulatoria que hace cundir la alarma entre los movimientos ciudadanos.

Por su parte el MITECO ha activado un plazo de consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley de transposición de la Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, que terminó el pasado 26 de junio.

En este sentido la Red de Agua Pública ha realizado aportaciones relativas a la Consulta pública centradas en el convencimiento de que la transposición debe asumir de forma consecuente y plena el derecho humano al saneamiento. (VER AQUÍ). 

Entiende la RAP que existen importantes lagunas en la revisión de la Directiva que deberían solventarse en la transposición, mejorando y ampliando su texto, y asumiendo plenamente, en el contexto del derecho humano, uno de sus objetivos, que no es otro que el de mejorar el acceso al saneamiento (considerando 58 de la Directiva) y asegurar el acceso al saneamiento para todos, en particular para los colectivos vulnerables y marginados. Se entiende que la Directiva tiene un margen de mejora desde el punto de vista del derecho humano al saneamiento, que debería resolverse positivamente en la transposición a la normativa española.  

 

 

AGENDA DE MAYO

El mes de mayo trae 4 actividades que tienen que ver con la, no siempre fácil, convivencia del ser humano con el agua. Ese elemento de la vida que oscila entre su concepción como derecho humano y las leyes del mercado, en función de cómo soplen los vientos de la sociología humana que últimamente parecen haber rolado hacía horizontes de dudoso equilibrio, si no de clara injusticia social.

El día 10 será la primera de las tres citas que junto a Ecologistas en Acción y la Asociación Naturalista Aragonesa se organiza para conocer la historia y la actualidad de las acequias zaragozanas. Unas infraestructuras de gran importancia para el desarrollo del entorno de Zaragoza poco conocidas. 

También desde COAGRET y los ayuntamientos de Morata de Jalón y Chodes, en el marco de la iniciativa internacional "CAMINAR EL AGUA".( WalkingRivers), se  ha organizado una ruta guiada. El escenario, el entorno del río Jalón, un espacio poco conocido a pesar de estar tan cerca de Zaragoza que, desde hace mucho tiempo es víctima de la injusticia climática y del interesado desinterés de la clase política aragonesa. 

Todo el mundo está invitado a estos encuentros. Gracias por participar y por difundir

AGUA Y ENERGÍA. 5

En medio del tráfago investigador de los efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil  (UCO y UCOMA) respecto a la gestión de las instalaciones de energía renovables que han invadido los territorios y paisajes aragoneses, se han cumplido 4 años del funcionamiento de la Plataforma 13 de Marzo "Aragón por la racionalidad energética" que ha sido la depositaria de la idea RENOVABLES SÍ, PERO NO ASÍ. Con ese motivo el colectivo ha enviado una "Carta a la ciudadanía" que transcribimos a continuación.

La manifestación celebrada en Zaragoza el 13 de marzo de 2022 puso nombre a esta Plataforma que tiene como apellido “Aragón por la racionalidad energética”. Fue el arranque de un esfuerzo compartido entre plataformas ciudadanas surgidas ante el avance de la implantación de instalaciones de energías renovables en sus paisajes y colectivos ambientalistas. Una necesidad de buscar refugio de racionalidad ante la lamentable falta de planificación de las administraciones que han usado y abusado de la consideración como Proyectos de Interés Público para Aragón cuando lo son del exclusivo particular de algunas empresas. 

Todo ello, con la aquiescencia de buena parte de la clase política y el silencio de muchos medios de comunicación, ha impuesto la irregularidad como norma y la voluntad empresarial como ley, en menoscabo de una transición energética justa. 

Como regalo de cumpleaños, la Plataforma ha recibido con agrado la admisión a trámite, por parte de la fiscalía, de la denuncia presentada hace unas semanas sobre las presuntas irregularidades detectadas en los proyectos desarrollados por la empresa Forestalia en Aragón, que entra en fase de inicio de diligencias de investigación.

Los acontecimientos vividos como resultado de las investigaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en Aragón, están dado la razón a estos colectivos que llevan años abogando por una nueva cultura energética que prime el servicio público sobre cualquier exigencia del mercado.

La incuestionable exigencia de los límites planetarios y el cambiante orden mundial, cada día más acuciante, suponen un reto inédito en la historia de la humanidad. Un reto que no se podrá superar dando continuidad a los modelos de vida que nos ha traído hasta aquí. Aragón vive un momento que necesita imaginación, coraje y compromiso y reproducir las prácticas caciquiles maridadas con el oligopolio energético y los grupos financieros ávidos de rendimientos inmediatos, es un grave error que una sociedad democrática no se debería permitir.

La historia y la ciencia nos brindan la oportunidad de una aplicación justa de las energías renovables que evite impactos ambientales y sociales para no condenar al sacrificio a una gran parte de nuestro territorio. 

Compartimos plenamente la necesidad de una transición energética hacia un modelo renovable como fórmula de descarbonización en el que la producción de electricidad es sin duda, una parte. Una parte que habrá que tener en cuenta, pero sin olvidar otros sectores con tanta o mayor responsabilidad que igualmente deberán ser atendidos. 

La tremenda avalancha de proyectos de centrales, líneas de transporte, centros de datos e industrias de hidrógeno que está sufriendo Aragón, no hacen sino fosilizar las energías renovables y abortar la oportunidad de un sistema energético que permita modular el interés de la población consumidora con el de las empresas productoras. 

Además de ocupar paisajes ya antropizados (cosa que no se ha hecho), se habrán de ocupar otros espacios, pero ese proceso debería estar marcado por un diálogo social que está muy lejos de las prácticas prepotentes con que los promotores como Forestalia invaden los campos de Aragón forzando la toma de decisiones y gestando un nuevo expolio rural. La investigación de la UCO y la UCOMA no hacen sino avalar este diagnóstico del que debería derivarse una contundente y generalizada actuación judicial que deslinde responsabilidades y restituya la legalidad violada. 

Como ya venimos diciendo desde hace mucho, es preciso detener esta avalancha especulativa y ordenar adecuadamente la implantación de las energías renovables en Aragón para que los mercados internacionales y los intereses empresariales, con la connivencia de las administraciones, no antepongan sus cuentas de resultados al interés de la ciudadanía.

En el aniversario de este movimiento social nos dirigimos a todos los aragoneses para que abran sus ojos a una realidad que no siempre alcanza con suficiente claridad a una ciudadanía saturada de un frentismo político estéril que parece anteponer el espectáculo sobre la gestión de los bienes públicos.

Hoy, como en otros aniversarios de esta plataforma, recordamos que es preciso:

- Fomentar un modelo distribuido basado en aproximar la generación de energía a los centros de consumo y en la gestión de la demanda.

- Favorecer proyectos de energía colaborativa con la participación de la ciudadanía en los mercados energéticos a través de las “comunidades de energías renovables”, de las “comunidades ciudadanas de energía” y de la municipalización de las redes de distribución de baja tensión.

- Asegurar el Derecho de los pequeños proyectos de renovables a que se simplifique su tramitación administrativa y que en las subastas se permita la participación no discriminatoria de pequeños actores y entes locales.

- Proponer un Aragón respetuoso con el legado recibido y con el que se ha de dejar a las generaciones venideras, en el que los macro-proyectos de cualquier tipo, sean energéticos, agro-ganaderos o turísticos desaparezcan de su horizonte de posibilidades.

Aragón requiere el compromiso de sus gentes y de sus representantes públicos por un espacio de convivencia libre y soberana donde la persona, el paisaje, la justicia y la economía social sean palabras que construyan el relato colectivo que queremos para esta pequeña nación con nombre de río.

DECAE EL DECRETO LEY QUE PROHIBIRÍA LOS CORTES DE SERVICIOS BÁSICOS

Difundimos en este blog el comunicado que hace llegar la Red de Agua Pública  respecto a la decisión del Parlamento Español que supone la caída de la moratoria de cortes de suministros básicos. La RAP ha hecho de esta iniciativa de apoyo a los más desfavorecidos, seña de identidad de su trabajo.

Cortes de suministro: el Congreso tumba el decreto ómnibus y deja sin protección a cientos de miles de hogares vulnerables

La ReDE denuncia el voto en contra de Junts, que protege los intereses de los rentistas y el oligopolio eléctrico, provocando la caída de la moratoria de cortes de suministros básicos

El Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la convalidación del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, denominado decreto ómnibus, provocando su derogación automática. Como consecuencia directa decae la prohibición de los cortes de suministro de electricidad, agua y gas a los hogares en situación de vulnerabilidad. Una medida que lleva prorrogándose desde 2020 y que se había ampliado de nuevo hace un mes, manteniendo la protección a miles de familias en todo el Estado.

La Red estatal por el Derecho a la Energía (ReDE), que agrupa a una quincena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con hogares en situación de pobreza energética, denuncia que este resultado es consecuencia directa de la descoordinación y la falta de diálogo entre los partidos políticos implicados.

Los votos en contra de Junts, PP y VOX han impedido que el RDL no se convalidara. ReDE denuncia que hasta el último momento, estos partidos han generado mensajes aporofóbicos ante el decreto ómnibus, por incluir medidas sociales en materia de vivienda destinadas a proteger a personas con acreditada situación de vulnerabilidad con impagos de alquiler o en situación de ocupación forzada. En opinión de esta red, se trata en realidad de un movimiento para proteger los intereses de los rentistas, que además criminaliza la pobreza.

“Desde ReDE calificamos de irresponsabilidad mayúscula que se utilice la protección de derechos básicos como moneda de cambio parlamentaria y alertamos de que el rechazo del decreto tendrá efectos inmediatos e impactos graves sobre miles de hogares que, a partir de ahora, vuelven a quedar expuestos a cortes de suministros”.

El agua es un derecho humano reconocido por la NNUU desde 2010, y la energía es un derecho reconocido por la Declaración de derechos emergentes. Así pues, el acceso garantizado al agua y a la energía es una condición indispensable para una vida digna y forma parte del contenido esencial del derecho a una vivienda adecuada.

En febrero, el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que el Estado español había vulnerado la Carta Social Europea al no garantizar un acceso «estable, constante y seguro a una energía adecuada». Asimismo, la Directiva (UE) 2024/1711 del mercado eléctrico obliga a los Estados miembros a proteger a los consumidores vulnerables frente a las desconexiones.

Con la caída de este Real decreto-ley, y el retraso en la actualización de la ENPE, el Estado español vuelve a situarse en una posición de incumplimiento de estos marcos normativos internacionales y europeos, además de ignorar el impacto social de una medida cuya necesidad ha sido reiteradamente exigida.

Ante esta situación, ReDE denuncia a los grupos parlamentarios que han votado en contra del decreto -PP, VOX y Junts-, por las consecuencias sociales que tendrá la pérdida de esta protección. La red exige la adopción inmediata de medidas legislativas como puede ser la implementación del principio de precaución que ya se recoge en la Ley catalana, que restituyan la prohibición de cortes de suministros y eviten de una vez por todas que miles de hogares comiencen 2026 sin luz, sin agua o sin calefacción.

27 de enero de 2026 por Aliança contra la Pobresa Energètica 

 

Miembros de la ReDE:

Aeioluz, Alianza contra la Pobreza Energética, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Coalición por la Energía Comunitaria, ECODES, Ecologistas en Acción, Ecoserveis, Energía Bonita, Enginyeria Sense Fronteres, Intiam Ruai, La Palma Renovable, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Socaire, Torreblanca Ilumina, Unión Renovables, Xarxa per la sobirania energètica.

NOTA DE PRENSA DE LA RED DE AGUA PÚBLICA

HAY QUE MANTENER LA GARANTÍA DE LOS SUMINISTROS DE AGUA Y ENERGÍA EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

Ante la eventualidad de que el 31 de diciembre decaiga la moratoria de cortes de suministros de agua y energía, la Red Agua Pública (RAP) exige al gobierno que renueve esta medida vigente en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.

11 de diciembre de 2025

El gobierno central, inmediatamente después de declarar el estado de alarma configuró (Reales decretos-ley 8 y 11 de 2020) un escudo social que, entre otros aspectos, prohibía los cortes de agua y energía a personas con la consideración de vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. Desde 2020 el escudo social se ha ido convalidando hasta en nueve ocasiones, la última mediante el Real decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que lo prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025.

La Red Agua Pública (RAP) ha apoyado decididamente al escudo social, pero reiteradamente ha puesto en evidencia la necesidad de pasar de reconocer la garantía puntual de los suministros de agua y la prohibición de cortes, al reconocimiento explícito del derecho humano al agua y lo que ello conlleva de garantizar el mínimo vital y la prohibición de cortes de suministro para las personas en situación de vulnerabilidad.

Si el escudo social decae, se agudizará la situación de pobreza, exclusión social y desigualdad en España dando lugar a una potencial emergencia habitacional ya que el peso de los gastos asociados a la vivienda supone que el 14,4% de la población en España está bajo el umbral de la pobreza severa, circunstancia (FOESSA 2025) que es previsible que se agudice teniendo en cuenta las dinámicas especulativas imperantes en este sector e impacte directamente en la pobreza energética e hídrica.

Es por ello que la RAP, ante la eventualidad de que las medidas previstas en el Real Decreto-ley 1/2025 decaigan, exige al gobierno que renueve el escudo social y garantice los suministros de agua y energía para las personas en situación de vulnerabilidad, y que avance decididamente en la implementación del derecho humano al agua.

La RAP suscribe la nota de prensa que, en este sentido, ha emitido la Red estatal por el Derecho a la Energía.

MAÑANA LA CITA ES EN JACA

En la víspera de la manifestación en Jaca por una Montaña Digna que se sitúa entre el recuerdo y la vocación de futuro, parece oportuna una pequeña reflexión sobre personas y colectivos que hicieron y siguen haciendo cuanto pueden por el cambio de modelo vital que la naturaleza exige cada vez con más fuerza. 

El final del siglo XX se produjo un encuentro afortunado entre el conocimiento científico y la conciencia popular del que surgió la idea de la "Nueva Cultura del Agua". Personas con un alto nivel de implicación social y de saberes en geología, economía o sociología, junto a habitantes de la montaña aragonesa saturados del expolio a que las políticas hidráulicas habían sometido a su tierra, coincidieron en la necesidad de un cambio de modelo. Un cambio de modelo centrado en aquel momento, en la lucha contra los grandes embalses del Pacto del Agua pero que se proyectaría más allá de esa lucha. 

Era un momento social y político complejo de una España cambiante, entre esperanza y frustración, con el Euro a la puerta. Para muchos, 25 años después, la cosa no parece más favorable, ni para la montaña ni para el llano. En un momento en que la geopolítica mundial parece involucionar hacia forma de gobernanza autoritarias, es tan necesario como siempre una movilización ciudadana que abunde en la idea de un progreso de la humanidad por encima de la dictadura de los mercados.

Este cuarto de siglo transcurrido,  guarda el recuerdo del trabajo generoso de mucha gente. Por no hacer una lista exhaustiva y aun a riesgo de dejar la mitad de la nómina en el tintero, viene a la memoria José Javier Gracia que recorrió los lugares de conflicto y plantó sobre el papel las ideas fuerza del movimiento. Javier Martinez Gil que bautizó el nuevo concepto y acuño el término de "Nueva Cultura del Agua" o Antonio Casas que lleva otros tantos años acertando sobre la irracionalidad del recrecimiento de Yesa que sigue embalsando dinero público ante el silencio indolente de varias generaciones de políticos, alguno de ellos con méritos suficientes como para pasar una temporada en prisión. 

En la nómina de habitantes de la Nueva Cultura del Agua, Pedro Arrojo, ha tenido una trayectoria brillante que le ha llevado durante los últimos seis años a desempeñar el cargo de Relator Especial de las NNUU para el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. 

"Cosiendo ríos". El arranque de la Red de Agua Pública de Aragón

Precisamente este aniversario coincide con el fin de su oficio que concluye con un informe sobre el acceso al agua potable en el que pide una moratoria para los centros de datos. Y es que, si hace 25 años la exigencia de Dignidad venía marcada por la política hidráulica, hoy la desordenada implantación de energías renovables, hace necesario exigir el control y la mesura sobre el binomio AGUA-ENERGÍA. Hoy, como ayer y cómo siempre el derecho de las personas debiera prevalecer sobre los intereses de los mercados.

Esta reciente entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=8e8pLuuOvHA recoge bien la trayectoria de nuestro compañero y transversalmente, el ideario de la Red de Agua Pública compartido por otros muchos colectivos que han tejido una red de solidaridad y con los que estamos seguros de disfrutar mañana de un encuentro entrañable. Un recuerdo de lo pasado con una proyección ilusionada hacia un futuro que todavía está por escribir.

Hoy es siempre, todavía

 

¿VUELVEN LOS TRASVASES?

El desprecio por la racionalidad, la inteligencia y el derecho de todas las regiones geográficas a su desarrollo se ha hecho patente en Murcia el pasado domingo. 

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a sacar del armario a los trasvases de agua y con ello la patente de corso de unas regiones sobre otros al uso de un bien común. De forma intencionadamente sesgada se ha mostrado partidario de las transferencias de agua entre territorios: “Hay que traer el agua de los sitios donde sobra”, ha defendido en el acto de presentación de la Declaración de la Región de Murcia, en una intervención aplaudida por los barones populares, entre ellos el propio presidente aragonés Jorge Azcón. 

Con razón, los movimientos ciudadanos que defienden la gestión pública, democrática  y participativa del agua en toda España, se preguntan si la espiral totalitaria que emerge sobre el imaginario colectivo resucitará las políticas trasvasistas.

En esa línea de pensamiento la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) ha emitido la siguiente nota prensa:

      Desde la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, rechazamos las declaraciones del Presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijoo, realizadas hace unos días en Murcia, diciendo que hay que llevar a Murcia agua de donde sobre. 

     Es una declaración que trata de esconder detrás de un eufemismo la idea de reactivar los trasvases de agua entre cuencas. Carece de sentido en 2025 persistir en este tipo de obras insostenibles, que suponen un derroche de cientos de millones de euros de dinero público, produciendo enormes sacrificios ambientales, territoriales y humanos. La comunidad científica apuesta desde hace años por otras soluciones, que pasan por  una adaptación a la realidad del cambio climático y una adecuada gestión de la demanda.

 Entradas relacionadas con este tema:

https://mareaazuldearagon.blogspot.com/search?q=TRASVASES

  

MODIFICACIÓN DEL IMAR

Las Cortes de Aragón atenderán próximamente una Proposición de Ley (P.L.), registrada a final del año pasado, de reforma la Ley (8/2021) que regula el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR).

No cabe la menor duda de que el IMAR es una estructura impositiva necesitada de una profunda reforma. La Red de Agua Pública ha dedicado a este controvertido asunto buena parte de sus esfuerzos y se siente competente en mostrar su opinión. Por ello y sin menoscabo de un análisis mas detallado, queremos avanzar algunos apuntes que puedan ayudar a nuestros lectores.

En una primer lectura parece que el argumentario de Vox pueda rimar, más que coincidir, con algunas de las cosas que la RAPA ha reivindicado desde su origen. Una primera impresión que se diluye al creer entender la motivación de esta P.L. que se presenta como un apoyo a las familias numerosas pero, de forma lateral introduce medidas relacionadas con la ganadería industrial, huertos y jardines que habrá que analizar con tiento. En este aspecto no podemos estar de acuerdo, cuanto de su aplicación se puede derivar un aumento injustificado de los consumos de agua en clara oposición a los criterios de contención y racionalidad por el que se aboga desde este blog.

 

No debería hablarse del IMAR sin relacionarlo con el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) aprobado no hace mucho por el Pignatelli y que deberá hacerlo La Aljafería, la misma que deberá atender esta P.L. Su financiación se sustenta en un 80,8 % en los ingresos del IMAR y entendemos que para reducir la carga tributaria de este impuesto (tal y como está planteado) habría que cambiar la forma de financiación del PASD y el sistema de gestión de los servicios de Saneamiento y Depuración. 

Ni la opinión pública ni, por lo visto, los grupos políticos parecen tener constancia de la evolución del PASD en cuyo enredo ha participado la totalidad de la clase política aragonesa, incluida la promotora de la P.L. que, aunque pudiera en su momento no tener representación parlamentaria, la clase a la que representa es la misma que la que se benefició con el proyecto liderado por el PAR.

De forma muy general se aprecia que el texto de la propuesta no es del todo coherente con su Exposición de Motivos (atender a las familias numerosos etc). En la redacción se concreta, por ejemplo, la exención de pago para explotaciones ganaderas de producción y reproducción incluso en el caso de que consuman agua potable de abastecimiento urbano. De igual forma se establece exención para jardines y huertos así como contempla una reducción drástica de pago para segundas residencias.  

El apartado dedicado a la ocupación de viviendas creemos que es profundamente inadecuado. La normativa actual determina los procedimientos para salvaguardar los derechos de los propietarios de la mismas. De igual forma que prevé la atención que merecen los ocupadores caso de concurrir en situaciones de vulnerabilidad social. Este es un tema tratado desde esa formación política de forma intencionadamente ambigua cuando no irreal en una línea de creación de opinión pública con la que no podemos estar en absoluto de acuerdo. El miedo, casi siempre el miedo al pobre, es una planta que no debería crecer en ningún solar, jardín o huerto de la Comunidad Autónoma. Las estadísticas muestran la realidad de la ocupación que tiene poco que ver con la visión que la extrema derecha pretende imponer como estrategia de la teoría del caos.

Entrando con algo más de profundidad en la propuesta realizad desde Vox:

ARTÍCULO 2

Se limitan a incluir la palabra “exclusivamente a la dedicación del IMAR a Saneamiento y Depuración". en el punto 2 del artículo y añaden la frase: “La tarifa deberá adecuarse y estar vinculada al coste real del servicio”

La primera inserción parece redundante con lo indicado en el punto 1, que habla del “carácter afectado” del impuesto y su “finalidad medioambiental”.  En cualquier caso, tampoco estorba.

Argumentan la inclusión de la frase para evitar que el impuesto tenga un afán recaudatorio. Suponemos  para que no se recaude por encima de los costes de los servicios que financia. Con esa inserción están reconociendo, explícita e implícitamente, que el supuesto “impuesto” es una tasa encubierta para recuperar los costes vinculados a la depuración de aguas residuales, mientras que el Gobierno de Aragón ha hecho grandes esfuerzos para desvincular las cuotas del impuesto del coste de los servicios que presta porque, entre otras cosas, a Zaragoza no les presta ningún servicio.

ARTÍCULO 6

Se elude valorar por qué las explotaciones ganaderas se excepcionan del impuesto, cuando son uno de los principales focos de contaminación de las masas de agua, lo mismo que las explotaciones agrícolas industriales.

Después proponen una nueva categoría sujeta a excepción, la de “huertos destinados a autoconsumo”, aunque consuman agua potable. De una parte, creemos difícil fijar criterios claros para establecer esa categoría, cuando existen huertos de autoconsumo en régimen de alquiler dentro de fincas privadas y públicas, sin entrar en ver cómo se determina el “autoconsumo” de lo que produzcan.  De otra parte, no parece serio considerar que, por abastecerse por medios propios o ser de autoconsumo, un huerto contamine más o menos.  Además, se sigue exigiendo que la toma sea exclusiva para el uso exento, lo que hace más difícil su aplicación.

Es la excepción de la excepción.  En el fondo siguen jugando con la idea de que el agua usada en riego no se depura y por tanto, no se le presta servicio alguno, lo que nos vuelve a llevar a que el supuesto “impuesto” todo el mundo lo considera tasa.

ARTÍCULO 7

Por una parte, dentro de una concepción algo “casposa” del lenguaje inclusivo, se propone eliminar del punto 2 la referencia “…y usuarias”.  Vemos que se opta por mantener el masculino, ignorando si se trata de una muestra de virilidad supremacista o alguna otra categoría humana que escapa a nuestro entender. 

Sin embargo a lo largo del texto, hay ocasiones en que consiguen eliminar las referencias en masculino utilizando expresiones como "personas usuarias del agua" o poniendo como sujetos, pronombres en plural "quienes...." . 

Se incluye también un nuevo apartado, el 4, relacionado con fincas o viviendas ocupadas, eximiendo de responsabilidad solidaria respecto a las deudas del impuesto a la propiedad de esos inmuebles.

En principio, no parece lógica esa derivación de responsabilidad a la propiedad, cuando el IMAR es un impuesto vinculado al consumo de agua. Es decir, la responsabilidad es de quien consume y no se debería de producir esa derivación, cuya finalidad es meramente recaudatoria (cuasi confiscatoria). Una manera sencilla de recaudar de un tercero lo que no se alcanza a cobrar del sujeto pasivo responsable.

Dicho esto, lo ideal sería quitar el punto 3, en lugar de añadir el punto 4 propuesto.  De no ser así, el punto 4 crea agravios comparativos entre propietarios y, en el caso de los usos no domésticos, hace una exención que no viene a cuento, puesto que en esos supuestos la responsable solidaria es la persona o entidad titular de la actividad que se desarrolla en el inmueble, no la propiedad. Por tanto, en ese supuesto es una exención innecesaria.

ARTÍCULO 20

Aquí se propone aplicar unos coeficientes correctores en la cuota variable para hogares de familias numerosas o con un número elevado de convivientes.

Esto resulta inadmisible:

• Las tarifas por categorías (familias numerosas, pensionistas, etc.) solo generan agravios comparativos entre consumidores que acceden o pierden beneficios por pertenecer o no a esas categorías, sin tener en cuenta su capacidad adquisitiva, cuando la modulación de tarifas solo debería modificarse en función de la capacidad económica de las personas contribuyentes.

• Es cierto que, en tarifas progresivas, la acumulación de consumos penaliza, pero la forma de solucionarlo debe basarse en criterios objetivos, como es el caso de Zaragoza. No se sabe a qué criterio responden los coeficientes que propone VOX, en función del denominado “tipo hogar”, que tampoco se sabe de dónde se saca (¿de las categorías de familia numerosa?).

• Incluyen hogares de 3 a 4 personas, considerando que son “un número elevado” de personas.  Eso supone miles de hogares, con un coste de gestión enorme y sin que se pueda considerar que en esos casos haya acumulación de consumos.

• No explican cómo se aplicaría el coeficiente corrector, porque, si es un multiplicador, lo que proponen haría que pagaran menos los hogares más pequeños (0,35), frente a los de entre 5 a 8 (0,40) o de 9 o más (0,45).

• Proponen una revisión anual de la tarifa, lo que colapsaría los servicios administrativos y supondría una carga desproporcionada para los hogares.

• No atacan el problema mayor de las tarifas, que son las cuotas fijas desproporcionadas.

En el punto 3 proponen una bonificación del 60% (¿por qué el 60%?) para agua de riego de “áreas verdes sin finalidad productiva”, lo que entra en clara contradicción con su propuesta de exención para huertos y explotaciones agrícolas. No dicen nada de que la acometida sea solo para riego, cuando lo habitual es que se riegue con la misma toma que se consume en las viviendas y, además, hablan de que “las aguas residuales no se viertan a un sistema de saneamiento de titularidad pública”, cuando se supone que el agua de riego se extiende sobre el terreno y nunca irá a parar a un colector.

En el punto 4, mezclan churras con merinas. Plantean una bonificación del 60% para:

• Hogares con una sola persona e ingresos mensuales inferiores al 75% del SMI.

• Segundas residencias (lo llaman domicilios que no tengan la consideración de vivienda habitual).

En el primer caso, entra en colisión con la “tarifa social” regulada en el artº 21 de la Ley.  En su argumentario hablan de que los hogares con una persona tienen que soportar una cuota fija muy elevada, pero luego aplican una bonificación sobre todo el impuesto, con lo que habría una doble bonificación que seguro no han previsto.

En el segundo caso, también subyace el tema de que la cuota fija es muy alta y quienes tienen una segunda residencia tienen que pagar mucho impuesto, usen o no usen la vivienda. Por otro lado, cuando hablan de “domicilios que no tengan la consideración de vivienda habitual” introducen  un concepto indeterminado . ¿A  ver quién se atreve a concretarlo y cómo se justifica esa condición? (¿las actividades económicas en domicilios tendrían derecho a la bonificación? ¿los pisos que tenga alquilados se bonificarían?, etc., etc., etc.).

De todas formas, la cuota fija desproporcionada lo es para todos los contribuyentes y requeriría una revisión a la baja, tal y como propuso la RAPA  en su momento. 

En resumen la propuesta que se analiza supone un parche de muy difícil gestión  que incrementaría los agravios comparativos entre contribuyentes y generarían una carga burocrática inasumible.

LA DIGNIDAD DE LA MONTAÑA 25 AÑOS DESPUÉS. 3

El camino iniciado meses atrás hacia el próximo 25 de octubre ha cubierto dos etapas más, en Graus y Sabiñanigo. La cita con los colectivos que hace 25 hicieron posible el manifiesto junto a los que representan las reivindicaciones actuales en este territorio, ha sido un encuentro con la esperanza.

Pedro Arrojo, fundador de la Red de Agua Pública entre otros muchos cargos, ha mandado este saludo:

Tal como hemos recogido en este blog en dos ocasiones anteriores, el  tiempo ha cambiado el escenario social y también el político, pero la realidad de los pueblos y las gentes de las montañas y del mundo rural aragonés, en general, siguen dando motivos para mantener viva la exigencia por la “Dignidad de la Montaña”. En estos 25 años, otros proyectos amenazan el derecho de los pobladores de aquellos territorios, levantados en lucha, a un modelo de progreso propio que no hipoteque su futuro. (@o25paramos)

La Red de Agua Pública de Aragón se siente parte de este movimiento ciudadano y aportará su presencia y colaboración en este ideal compartido por el equilibrio entre el paisaje y sus habitantes en un clima de igualdad de trato hacia todas las regiones de este pequeño país con nombre de río. 

DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO: ZARAGOZA Y ARAGÓN

Orilla de luz. Pilar Iturralde 2025

El tratamiento de la información, como herramienta de propaganda, se ajusta al público al que va dirigida. En el "extremo derecho", la publicación de la falsedad desnuda, el insulto despiadado que agita las vísceras de quienes hacen de la zafiedad su alimento. De esta práctica no se libran ni los platós de TV, ni los campos de futbol ni, lo que es más grave, el Congreso de los Diputados.

En otra banda informativa, sin alcanzar este esperpento, hay narraciones construidas a la medida de los intereses del narrador que, sin necesidad de ser necesariamente falsas pero ordenadas con cierto sesgo, determinan una acción comunicativa tendenciosa. Paradójicamente esta estrategia informativa genera un sociedad desinformada. Una sociedad propensa a tomar decisiones, más desde las vísceras que desde el cerebro y eso nunca es buena noticia.

Este preámbulo, de aplicación a muchos campos de la gestión pública es igualmente aplicable al agua y el saneamiento. La tradicional costumbre de tomar la parte por el todo  genera una idea de la realidad que, sin ser falsa, puede ser perfectamente errónea.

Mirando al barrio zaragozano del Picarral y su contencioso con la empresa Tereos, sería fácil caer en una dicotomía demasiado simplista. En un extremo se pueden colocar quienes sufren graves afecciones ambientales, un nivel de ruido por encima de lo aguantable, olores nauseabundos o una desagradables masas de vapor de agua que no solamente flotan sobre la industria sino también sobre las viviendas cercanas. Es entendible que para una buena parte del vecindario esto sea una situación intolerable. 

Por contra, otra parte del vecindario, puede considerar una buena noticia que esta depuradora pueda resolver una parte significativa de las afecciones que esta industria lleva realizando desde su origen. En ese sentido puede haber quien diga que si esta depuradora en litigio, disminuye significativamente la presencia de vertidos en los colectores del barrio, sería un avance sobre la situación actual. Las dos visiones pueden ser ciertas.

Una información veraz y completa debiera abarcar una visión global de esta situación en la que el Ayuntamiento de Zaragoza acumula más de 60 años de responsabilidades sin asumir plenamente. Cabría pensar que cada consistorio no solo debería responsabilizarse de la gestión de su mandato, también debiera serlo de gestionar los legados anteriores. Una sociedad se construye por acumulación de saberes y acciones.

No se puede obviar que cuando Campo Ebro Industrial se instaló en el barrio, el urbanismo tenía poco que ver con el actual. Si ahora hay vecinos que, legítimamente, se quejan de una situación, es porque, durante muchos años ha habido un planeamiento urbanístico, auspiciado desde el Ayto. que lo ha permitido. La hemeroteca, si no abundante si suficiente, parece resumir que el consistorio ha hecho históricamente poco para conciliar la convivencia de las dos realidades.

Los medios de comunicación harían bien en dar a conocer a los desarrolladores del parque de viviendas del barrio. Lo cierto es que hasta hace poco se han seguido construyendo viviendas, no se sabe si con la esperanza de que sea la industria la que se mude del barrio. El camino hacia la mejora de este barrio debiera tener vocación generalista y reunir todas las sensibilidades en la mesa del dialogo en la búsqueda de lo posible.

El repaso al saneamiento zaragozano da para mucho. También se habla poco de la situación de la margen izquierda que arrastra años de desidia. A nadie se le escapa que lo que haga Zaragoza repercute necesariamente en la salud de las personas y del medioambiente aguas abajo de este corredor de biodiversidad que termina en el Parque Natural del Delta del Ebre. Una responsabilidad para Zaragoza poco atendida por todos los ayuntamientos que en la historia han sido y que tampoco es demasiado conocida por el común de los consumidores de informativos.

No es suficientemente conocido que cuando el Ebro aumenta significativamente su caudal, entra en los colectores paralelos al rio que conducen los vertidos y tal aumento impediría el funcionamiento de la EDAR de La Cartuja. Así los vertidos de esta zona (150.000 habitantes aprox.) van a parar al cauce sin ningún tratamiento. En función de los caudales esta situación se repite entre 20 y 30 veces al año sin que los propios vecinos sepan el alcance de esta realidad. Todo ello en una ciudad que aspira a situarse entre las cien ciudades europeas por la neutralidad climática.

Solamente en el Campo de Tarragona hay sesenta y nueve poblaciones que se abastecen directamente del río Ebro (mini-trasvase a Tarragona) que desconocemos si son sabedores de esta situación que se crea en Zaragoza por una inadecuada gestión de la depuración y que se someten a la capacidad del propio río por ejercer la depuración natural de sus aguas.

La evolución de la depuración del agua de los zaragozanos, desde la inauguración de la EDAR de La Cartuja, tampoco es suficientemente conocida. Puede que los datos estén ahí, pero la información global se diluye porque no está siendo adecuadamente presentada en los medios de comunicación, al menos con el mismo interés que otras actuaciones municipales, como el discutible y discutido "Bosque de los Zaragozanos", ejemplo de lavado verde donde los haya. por poner solo un ejemplo.

Sin duda estamos ante unos problemas de gestión compleja que requiere grandes inversiones en la que habrá que se deberán implicar a todas las administraciones. El aldabonazo social que supuso la insumisión ciudadana al ICA que luego derivaría en el IMAR que fue bendecido por todas las fuerzas políticas en un triste ejercicio de miopía social y política, ha servido para poco. Se diga lo que se diga, los zaragozanos tienen el discutible honor de pagar dos veces la depuración de sus aguas y encima tener un servicio deficiente en donde el interés privado prima sobre el público. 

Al margen de los eslóganes informativos que alimentan periódicos y pantallas, la comisión bilateral, Gobierno de Aragón-Ayuntamiento de Zaragoza, no solo debiera servir para la construcción de La Romareda mientras los ciudadanos de Zaragoza, siguen haciendo frente a una más que discutible gestión del saneamiento. 

Queda mucho por hablar, debatir y aportar desde todas los sectores sociales en Zaragoza y en Aragón ante un Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración que depura poco y es víctima de la contaminación informativa que perjudica seriamente la salud colectiva.  

La actualidad informativa reciente se ha situado en el Pleno del Ayto. de Zaragoza que ha aprobado la modificación aislada del PGOU que permitirá construir la planta de tratamiento de efluentes que motiva la discrepancia ciudadana. 

Reproducimos íntegramente los escritos leídos en el Pleno desde los colectivos ciudadano.

Primera intervención: 

 

Segunda intervención:

LLAMAMIENTO UNIFICADO PARA ENFRENTAR LA HAMBRUNA EN GAZA

Hacemos nuestro el documento que la Red de Agua Pública está difundiendo sobre el genocidio de Gaza. 

Cuando ya se han alcanzado los límites del espanto, no se puede abandonar la palabra y el compromiso personal.

Al borde del espanto. Pilar Iturralde 2024

LLAMAMIENTO UNIFICADO PARA ENFRENTAR LA HAMBRUNA EN GAZA 

LANZAMIENTO INMEDIATO DE LA CARAVANA DIPLOMÁTICA HUMANITARIA

12 de mayo de 2025

La sociedad civil palestina, junto con organizaciones humanitarias y de derechos humanos de todo el mundo, lanza este llamado urgente y unificado: la hambruna provocada en Gaza debe detenerse. La comunidad internacional debe actuar de manera decisiva, inmediata y con plenaresponsabilidad moral y legal.

Estamos presenciando, en tiempo real, el hambre deliberada de una población civil como método de guerra. Más de dos millones de palestinos en Gaza están viviendo en hambruna.

Desde el 2 de marzo de 2025, Israel ha bloqueado toda ayuda humanitaria y asistencia vital, lo que constituye el asedio total más prolongado que Gaza haya experimentado. UNICEF y OCHA han dado la voz de alarma: en Gaza se ha destruido la tierra cultivable, se ha prohibido la pesca, las panaderías y cocinas comunitarias están cerrando, los alimentos se han agotado y la gente lucha por conseguir agua en medio de un bombardeo constante. Los niños “se acuestan con hambre”. El 92% de los niños menores de dos años y las madres lactantes no están recibiendo nutrición adecuada. Los hospitales no tienen sangre, y los heridos por explosiones no tienen agua para sobrevivir.

UNRWA y el Programa Mundial de Alimentos han agotado sus reservas, mientras Israel avanza en el desmantelamiento del sistema de distribución de ayuda administrado por la ONU. El 11 de abril de 2025, la Red de ONG Palestinas declaró que Gaza había entrado en una etapa avanzada de hambruna. Esto fue seguido por una declaración oficial del Estado de Palestina que designa a la Franja de Gaza como zona de hambruna y pide intervención internacional urgente, incluso bajo el Artículo 99 de la Carta de la ONU. Ya se están produciendo muertes por hambre, y se espera que aumenten drásticamente si las condiciones persisten. Según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), toda la población de Gaza sufre inseguridad alimentaria aguda, y medio millón de personas enfrentan la inanición. Existe un alto riesgo de que la hambruna (Fase 5 de la IPC – Catástrofe) se materialice pronto, por lo que es imperativo actuar de inmediato.

A pesar de esta realidad catastrófica, más de 3,000 camiones de ayuda y 116,000 toneladas métricas de alimentos están listos para entrar en Gaza, obstruidos únicamente por Israel.

Esto se hace en abierta violación de los principios fundamentales del derecho internacional, como se ha reiterado en órdenes legales vinculantes, incluyendo las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia en el caso Sudáfrica vs. Israel, órdenes que siguen siendo ignoradas más de un año después.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha dicho:

“La ayuda no es negociable... La entrada de asistencia debe restaurarse de inmediato... No debe haber ningún obstáculo a la ayuda humanitaria. Este no es momento para expresar apoyo de forma ritual, marcar una casilla y seguir adelante.”

El 29 de abril de 2025, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, advirtió sobre el colapso total del apoyo vital, afirmando que:

“Los terceros Estados tienen obligaciones claras en virtud del derecho internacional para garantizar que esta conducta se detenga inmediatamente, y deben actuar en consecuencia.”

Por lo tanto, hacemos un llamado para la organización y el despliegue inmediato de una Caravana Diplomática Humanitaria hacia Gaza a través del cruce de Rafah.

Instamos a los estados a unirse a la caravana humanitaria enviando misiones diplomáticas oficiales –al más alto nivel posible– para acompañar a los camiones de ayuda ya esperando en el cruce de Rafah y entrar en Gaza junto a ellos. Este acto se fundamenta en las obligaciones legales de los estados, el coraje moral y la solidaridad humana. Con ese fin, exigimos lo siguiente:

1. Llamamos a todos los estados a comprometerse públicamente a unirse a la caravana humanitaria, enviando misiones diplomáticas oficiales que acompañen los camiones de ayuda hacia Gaza por el cruce de Rafah. Se anunciará una fecha específica de salida próximamente. Los estados deben rechazar también la instrumentalización de la ayuda y los mecanismos de distribución planificados por Israel, que militarizan los esfuerzos humanitarios y excluyen a las agencias de la ONU y actores humanitarios.

2. Urgimos a todos los estados a coordinar con las Naciones Unidas y el Gobierno de Egipto para facilitar la entrada de la caravana y garantizar el paso inmediato, sin trabas y seguro de la ayuda humanitaria, equipos médicos y trabajadores humanitarios.

3. Aunque algunos gobiernos, cómplices de las atrocidades en curso, puedan optar por no participar, llamamos a diplomáticos, parlamentarios y ministros de esos países a unirse a la caravana a título personal.

4. Instamos a los medios internacionales a acompañar la caravana, para dar testimonio, documentar la hambruna y exponer el bloqueo que está matando de hambre a Gaza.

5. Llamamos a la sociedad civil global –incluyendo ONGs, sindicatos, grupos estudiantiles, partidos políticos y redes de solidaridad– a movilizarse de inmediato para presionar a los gobiernos a apoyar la caravana y brindar apoyo material, político y público.

6. Exigimos a las Naciones Unidas que completen con urgencia las evaluaciones y procedimientos necesarios para declarar oficialmente a Gaza como zona de hambruna, basándose en datos verificados, y que apoyen este llamado unificado facilitando, respaldando y participando activamente en la Caravana Diplomática Humanitaria.

Esta es una imperativo humano. Una Caravana Diplomática Humanitaria representaría un paso histórico para romper el asedio, poner fin a la hambruna y afirmar el rechazo global al uso del hambre como arma de guerra.

Este llamado se fundamenta en el derecho internacional, la moral compartida, la Convención para la Prevención del Genocidio, las medidas provisionales de la CIJ, la Carta de las Naciones Unidas y numerosas resoluciones de la ONU, la OCI, la Liga Árabe y las uniones Africana y Europea.

La inacción conducirá a una muerte masiva por hambre, facilitará más crímenes  y socavará el sistema legal internacional. Hoy les llamamos a que:

Permitan que Gaza viva.

Pongan fin a la hambruna.

Detengan el asedio.

Abran los cruces fronterizos.

Impulsen la Caravana Diplomática Humanitaria – AHORA.

LA DIGNIDAD DE LA MONTAÑA 25 AÑOS DESPUÉS. 2

Tal como ya recogimos en este blog el pasado mes de noviembre los colectivos que hace 25 años movilizaron a la montaña aragonesa se han vuelto a concentrar en Chanovas es 27 de abril. Otras personas y movimientos ciudadanos surgidos en este tiempo han acudido a esta cita, no tanto para recordar lo que fue como para proyectar lo que tendrá ser. 

El paso del tiempo ha cambiado el escenario pero la realidad de los pueblos y las gentes de las montañas y del mundo rural aragonés tienen hoy parecidos motivos para mantener viva la exigencia por la “Dignidad de la Montaña”. En estos 25 años, otros proyectos amenazan el derecho de los pobladores de aquellos territorios, levantados en lucha, a un modelo de progreso propio que no hipoteque su futuro. 

Las mal llamadas energías renovables con sus líneas de transporte, las plantas de fabricación de hidrógeno, las instalaciones de almacenamiento de energía o los centros de datos informáticos, son hoy el nuevo peligro de que Aragón se consolide como territorio de sacrificio para que otras regiones de España o Europa puedan mantener el viejo modelo de desarrollo. 

Por ello hoy la montaña reunida en Chanovas lanza esta propuesta y esta invitación al trabajo colectivo.

MANIFIESTO POR LA DIGNIDAD DE LA MONTAÑA 2025 

Un fantasma recorre el Pirineo…

Algo se mueve a través de estas montañas y discurre por los valles llegando a todos los pueblos y colándose por la puerta de cada casa que queda aún sin trancar.

Se siente en diferentes lenguas pero cuenta lo mismo.

Habla de lo que un día fuimos, pero se centra en lo que hemos de ser. Habla de viejos pantanos y de nuevas pistas de esquí. De cañadas y de autovías a medio-construir, de centrales hidroeléctricas y de placas solares. De rebaños y de discotecas en puerto. Del precio del alfalce y del parte de nieve en temporada. De la bombera forestal y del píster. Del carpintero y del Ikea. De Casa -con mayúscula- y de apartamento. De la cartera y del repartidor de Amazon. Del practicante, y del hospital sin UVI móvil. De la vieja sentada junto al portal y de quien la viene a cuidar.

Hablamos de lo que nos pasa. Porque no estamos aquí de paso. Nos criamos en esta tierra o vinimos a trabajar en ella. Y cada día nos echamos a la cama con la preocupación de qué será ésto en el futuro, porque a diferencia de quienes ven en el Pirineo sólo un paisaje, queremos vivir aquí.

Un día como hoy, hace 25 años, un manifiesto hablaba de estas montañas como el paradigma de una minoría. Minoría frente al llano aragonés, y minoría de Aragón en un mundo globalizado: éramos y aún somos parte de ese medio rural que llegaba agonizando al fin del siglo XX sin que las minorías hubiéramos contado para nada.

Nuestros pueblos se ahogaban, literalmente, y nos echaban de casa. Nuestros valles iban quedando inundados uno a uno por pantanos planificados desde Zaragoza, Madrid o Bruselas bajo el pretexto del progreso de las mayorías.

Pero entonces, la montaña se plantó y dijo basta.

Estos montes en los que creían que no vivía nadie se levantaron al unísono y el 25 de Octubre paramos. Las escuelas, los tajos, los servicios, las comunicaciones… Un paro general contra los mismos mercados a los que abastecía nuestro trabajo. Contra las directrices de los mismos partidos a los que pertenecían nuestros representantes. Contra quienes nos imponían un modelo de desarrollo sobre el que ni siquiera nos habían consultado.

Un día como hoy, hace 25 años, hicimos de estas montañas, casi más que nunca, un país. Nos unimos. Reclamamos nuestra soberanía y juntos conseguimos, simplemente, que para hablar de este territorio se nos tuviera en cuenta a quienes vivimos en él.

Y esa palabra fluyó como los ríos, y bajó hasta el llano. Inundó todo Aragón de una fuerza que abrió caminos e inspiró a otras luchas.

Y conseguimos que nuestra voz se escuchara en Zaragoza, en Madrid y hasta en Bruselas. Y llenamos las calles y las plazas. Y paramos muchos de aquellos pantanos. Se paró el trasvase. Salvamos muchos de nuestros pueblos y valles.

25 años después seguimos aquí.

Y pese al tiempo seguimos sufriendo de lo mismo. La misma planificación que nos llega desde ciudades lejanas a golpe de decreto de interés general, que no es otro que su interés particular. Y casi consiguen que nos olvidemos del nuestro propio.

De aquellos pantanos todavía queda el de Yesa, que tres décadas después es un despropósito al que siguen sin dignarse a renunciar. Quizá como venganza por aquella osadía, y como amenaza para que no nos volvamos a levantar.

Si no lo paramos hoy, donde no puedan almacenar más agua propondrán almacenes de litio, como el de Samitier, o querrán inundarnos de placas como en La Fueva.

Lo volvimos a ver en Canal Roya. Nuevos planes que no necesitamos y que encima pagamos nosotros. Que se repiten en Benás-Cerler y que se repetirán si no los paramos.

Es hora de parar cuando ya es imposible vivir. Cuando de la Val de Tena a la de Benasque, la vivienda digna cada día parece más un lujo que un derecho que se deba garantizar. Cuando todo el flujo de capital público termina en grandes empresas y sólo nos deja empleos basura y precariedad. Cuando queda tan claro que hay un interés que prevalece que no es el nuestro sino el suyo propio. El suyo ajeno. 

Es hora de demostrarles, que unidos de nuevo podemos hacer algo más que mendigar y consentir. Que tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro y en base a nuestros propios intereses. Que tenemos la fuerza de plantarnos. Porque sin estos montes y pueblos, aquellos llanos y ciudades tampoco serían lo que son.

Por eso hoy es momento de parar de nuevo las carreteras que suben desde el llano hasta los puertos, y preguntarnos por qué sólo se llenan los viernes y los domingos. Por qué cada día hay más competencia entre valles y entre pueblos, y menos apoyo mutuo entre vecinos, como ha sido siempre. Por qué tantas de nuestras casas, abiertas durante siglos, permanecen cerradas salvo 15 días al año. Por qué los jóvenes seguimos emigrando.

Vivimos tiempos en los que más que nunca se decide por nosotros. Y sólo les servimos callados y divididos. Pero si algo sabemos en estas montañas es que no valemos para servir. Y 25 años después sólo nos queda volver a ponernos en pie y exigir que, como entonces, se nos tenga en cuenta.

Tenemos que volver a unirnos y levantarnos al unísono por los que se levantaron entonces. Hasta parar el último pantano. Hasta detener la última ocurrencia energética impuesta. Hasta que la vivienda sea un derecho. Para cortar los recursos a quien especula con el turismo de masas, y redistribuirlos entre quienes lo trabajamos. Para construir una tierra donde vivir, con unas infraestructuras pensadas para los que las sufrimos a diario, y no sólo para quienes las utilizan los fines de semana. Por un lugar del que no nos fuercen a marchar, o al que visitar sólo en vacaciones. Por un lugar al que inmigrar, al que volver.

Por una montaña digna para quienes queremos vivir y trabajar aquí.

¡Montañeses y montañesas, arriba de una vez!

Por la dignidad de la montaña.

Firma de adhesión: https://www.o25paramos.org/