DIRECTIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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Siguiendo el hilo de la última entrada, la normativa europea en materia de aguas atraviesa un momento no especialmente esperanzador. Las tensiones que se perciben en la UE se trasladan a todas sus iniciativas en un momento en que los sectores productivistas parecen ejercer una fuerte presión. No habría que olvidar que en la UE hay alrededor de 30.000 lobistas. Si dividimos esta cifra entre los 720 eurodiputados, tocan a más de cuarenta cabilderos por diputado: una imagen de la presión de que hablamos.

Por un lado, La Directiva Marco del Agua, hasta el momento una de las normativas más avanzadas de la UE en protección ambiental que ya fue evaluada en 2019 con la conclusión de que no se debería debilitar sino todo lo contrario. Sin embargo, la Comisión Europea anunció en diciembre de 2025 su intención de revisarla para facilitar proyectos vinculados a la explotación de materias primas críticas. Para las organizaciones afines al ideario de la RAP, esto responde más a presiones económicas que a necesidades reales. 

“Esta revisión desvía recursos de los problemas reales y frena la innovación que Europa necesita. Es un mal acuerdo para la ciudadanía y para el clima”, señaló Sara Johansson, del European Environmental Bureau el pasado mes de marzo.

Hay que recordar que la realidad es alarmante: solo el 29% de las aguas superficiales de la UE están en buen estado químico, mientras que el 78% de la ciudadanía reclama más protección, no menos.

Por otro lado, respecto a la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (UWWTD) y los riesgos para la seguridad del suministro de medicamentos, la situación es similar. La votación del pasado 18 de junio sobre la moción de resolución relativa a su aplicación ha sido negativamente recibida por EUR EAU (Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios de Agua).

Esa votación ha puesto de manifiesto que una parte significativa del Parlamento Europeo no apoya a los municipios ni a los contribuyentes, incluidos los ciudadanos y las empresas locales, sino que se pone del lado de los contaminadores. Esto contradice el principio de «quien contamina paga», uno de los pilares fundamentales de la política medioambiental de la UE, y sienta un precedente peligroso para otros contaminantes en las aguas residuales además de marcar una incertidumbre regulatoria que hace cundir la alarma entre los movimientos ciudadanos.

Por su parte el MITECO ha activado un plazo de consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley de transposición de la Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, que terminó el pasado 26 de junio.

En este sentido la Red de Agua Pública ha realizado aportaciones relativas a la Consulta pública centradas en el convencimiento de que la transposición debe asumir de forma consecuente y plena el derecho humano al saneamiento. (VER AQUÍ). 

Entiende la RAP que existen importantes lagunas en la revisión de la Directiva que deberían solventarse en la transposición, mejorando y ampliando su texto, y asumiendo plenamente, en el contexto del derecho humano, uno de sus objetivos, que no es otro que el de mejorar el acceso al saneamiento (considerando 58 de la Directiva) y asegurar el acceso al saneamiento para todos, en particular para los colectivos vulnerables y marginados. Se entiende que la Directiva tiene un margen de mejora desde el punto de vista del derecho humano al saneamiento, que debería resolverse positivamente en la transposición a la normativa española.