Desde un punto de vista "formal", la participación pública debe ser una realidad en una sociedad civil articulada y activa, con un dialogo horizontal y permanente entre todos sus sectores. En la relación entre administradores y administrados existen "formalmente" procesos de información pública, periodos de aportación de propuestas y posibilidad de reclamación cuando la ciudadanía considera que sus derechos no son suficientemente considerados.
Este convenio emana de la Declaración de Río de Janeiro (1992) sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y recuerda las resoluciones de la Asamblea General de NNUU (1982 y 1990), relativas a la Carta Mundial de la Naturaleza, y a la necesidad de garantizar un medio ambiente sano para el bienestar de las personas. Todo ello en la idea de preservar y mejorar el estado del medio ambiente y de garantizar un desarrollo sostenible ecológicamente idóneo. Para hacer valer este derecho y cumplir con ese deber, los ciudadanos deben tener acceso a la información y las administraciones, al firmar este convenio, se comprometen en una práctica de rendición de cuentas y de transparencia, en el proceso de toma de decisiones sobre el medio ambiente.
Pues todo esto es solo parcialmente cierto, un ejercicio de apariencia que convierte en imposible ejercer ese derecho si las instituciones no tienen voluntad política para favorecer que se ejerza de una manera efectiva. Desde los ayuntamientos que cuelgan los anuncios oficiales en un tablón de anuncios mal iluminado en un rincón del patio junto al cartel de las Fiestas Patronales de hace dos años, hasta el INAGA que concede un plazo de 23 días para valorar un proyecto que ocupa 6.300MBs de memoria informática, la práctica real es parcial, manifiestamente injusta y engañosa para la ciudadanía.
Por una lado se traslada a la población la idea de que existe proceso de participación pública abierto en cada obra y en cada iniciativa que se promueve y por otro se articula ese proceso para que sea de facto, inviable. En la realidad cotidiana existe una participación ficticia que enmascara una voluntad de acometer proyectos que obligan a los colectivos ciudadanos y ecologistas a una tensión administrativa y jurídica desproporcionada a sus capacidades y muy lejana de las bellas propuestas de Aarhus.
Este desequilibrio aumenta cuando se califica un Proyecto como de Interés General. En el Caso de Aragón se les conoce como PIGAs. Este paraguas administrativo lo mismo sirve para destruir la montaña de Castanesa en unas discutidas obras de ampliación de Cerler hacia el valle del Baliera, como la instalación de grandes instalaciones cárnicas y en ambos casos con la posibilidad de expropiación de bienes particulares a favor, ya no de un proyecto de uso público, sino del interés de una u otra empresa.
La última fase de esta abusiva forma de entender la relación entre administración y administrados la tenemos en el nuevo Plan de Interés General “Expansión de la Región AWS en Aragón” que supone el aterrizaje en Aragón de empresas tecnológicas sin que se haya realizado un proceso de ordenamiento territorial de todo lo que estos nuevos nichos de negocio pueden suponer realmente.
Dadas las circunstancias que se dan en este expediente, por encima de las características técnicas que el proyecto refleja, se centra la crítica en el modelo social y político que la administración aragonesa esta consolidando en todo lo que tiene que ver con la implementación de instalaciones de energías renovables y sus aplicaciones derivadas. Para la RAPA y otros colectivos alegantes, la falta de ordenamiento de que el gobierno aragonés ha hecho gala en el necesario proceso de transición energética sitúa a la comunidad autónoma en una situación de debilidad y profundo desequilibrio territorial con respecto a otras zonas geográficas.
Tal como han recogido ya muchos medios de comunicación, en caso de que se llevaran a cabo estos proyectos, AMAZON gastaría en sus centros de datos en Aragón más electricidad que toda la región y tanta agua como 20.000 hogares y lo relacionado con el agua, con todas las cautelas ante el secretismo en que se mueve esta empresa.
Con este nuevo negocio empresarial se corre el riesgo de repetir los sucedido en la implantación de instalaciones de energías renovables. La contemplación parcial de las iniciativas planteadas, impiden una visión del conjunto de actuaciones. Las administraciones públicas ya hicieron, en el caso de las instalaciones renovables dejación de sus obligaciones de ordenación económica y territorial. De esta forma volvemos a encontrarnos en un caso de fragmentación de proyectos sin que se pueda tener una visión del conjunto de la totalidad de Centros de Procesamiento de Datos que, no solo la empresa de Jeff Bezos plantean. Otras empresas del sector se muestran igualmente deseosas de la energía verde y el agua azul de esta tierra que cuenta con unos representantes públicos muy dado a proyectos gigantes. Sea la mayor central de datos de España o el mayor prostíbulo de Europa. Tal como ha venido sucediendo en el caso de las centrales fotovoltaicas y eólicas, la voluntad y el interés empresarial prevalece sobre la ordenación territorial.
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| El capital siempre servicial |
El gran volumen de agua y energía requerida por estos proyectos no sólo comprometen el futuro de Aragón desde el punto de vista medioambiental, energético y de recursos hídricos, sino que también podría impedir el desarrollo de proyectos de otra índole. Cabe recordar que estas nuevas demandas de agua entrarían en conflicto con las previsiones de aumento de regadío en la cuenca del Ebro. Previsión criticada ya desde el movimiento ecologista que se sorprende ante el silencio mantenido por las organizaciones agrarias y las comunidades de regantes ante la llegada de un nuevo demandante de recursos hidráulicos.
No contemplan los proyectos que se alegan el hecho de que una buena parte de las unidades de gestión de la cuenca del Ebro ya superan ampliamente el Índice de Explotación de Agua (WEI+) por el que la Agencia Europea de Medio Ambiente determina el buen estado de un río y eso sin contar las exigencias de crecimiento del regadío citadas. Estos proyectos junto a los que con toda probabilidad vendrán a continuación, tanto en centros de datos como en fabricación de hidrógeno, exigen una nueva demanda en una cuenca ya de por si deficitaria en donde antes de instalar ni una balsa más, se debería evaluar con mayor rigor la realidad hidrológica existente en un marco de usos y consumos indiscutiblemente marcados por el cambio climático. Resulta un verdadero sarcasmo demandar más agua, cuando ni siquiera las aprobadas en el plan de cuenca, tienen garantías de atención.
Olvida el promotor y elude la administración la singularidad histórica que atravesamos. Se precisa de un cambio profundo en los modelos del agua y la energía que, si hasta el momento han podido ser, en este momento de quiebra de esa realidad requiere un proceso valiente de TRANSICIÓN. Entendiendo por este término un periodo en el que la normativa vigente ha dejado de ser de aplicación ante la dimensión de los profundos cambios de todo tipo, que marca el nuevo tiempo.
“El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”.
Antonio Gramsci
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