Hace más de siete años (noviembre de 2015) ya mostrábamos nuestra preocupación por cómo se desarrollaban los acontecimientos. Hay que recordar que en 2013 el equipo de gobierno del PSOE había prorrogado hasta 2024 la concesión de su funcionamiento a la multinacional VEOLIA perdiendo una magnífica ocasión para la remunicipalización del servicio. En aquel momento decíamos que si no se tomaban las decisiones oportunas, en 2024, en vez de una depuradora útil íbamos a tener una estructura que solo sirviera para el derribo.
En aquel momento había suficientes pruebas de la deficiente gestión que VEOLIA había realizado en una instalación, por otro lado plagada de irregularidades desde el mismo momento de su diseño y construcción, como para redirigir la gestión de esta instalación que, no olvidemos, es la clave de la depuración de casi la mitad de la población aragonesa y principal responsable de la salud del río Ebro.
Nos preguntábamos en aquel momento, por el papel que jugaba Ecociudad Zaragoza. Conocedora de los problemas que aquejaban a la instalación de La Cartuja y ante su escasez decisoria, parecía constatarse que esta empresa pública respondía a una mera estrategia financiera para soslayar las restricciones de la legislación estatal sobre estabilidad presupuestaria.
Entonces como ahora, el equipo de gobierno ignoró nuestra presencia en la casa consistorial y prefirió ignorar las consecuencias del ICA para Zaragoza. Nuestro argumento era sencillo de entender: la desmedida presión fiscal hacia las familias y empresas que, por mucho que cambie el nombre, siguen pagando por el mismo hecho impositivo un tributo al Gobierno de Aragón y una tasa a Ecociudad Zaragoza, más allá de sus consecuencias sociales y económicas, ha impedido avanzar en un modelo tarifario que permitiera a Zaragoza hacer frente a sus propias necesidades en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración, aspectos todos ellos en los que el déficit inversor de la ciudad se sigue acumulando.
Se sumaba entonces y se sigue sumando ahora, la culminación del contrato con VEOLIA para la gestión de la Depuradora de La Cartuja en 2024. Las organizaciones agrupadas en la RAPA siempre consideraron un grave error el modelo concesional y tecnológico desarrollado en Zaragoza por esta empresa, que dio lugar a una inversión desproporcionada con resultados muy cuestionables y a costes de explotación (sostenidos durante más de 30 años por los zaragozanos) excesivos.
Hace dos años señalábamos que, por el servicio de la EDAR de La Cartuja, veníamos pagando 0,25€ por metro cúbico de agua tratada, cuando por el de La Almozara (que por su mucho menor efluente debiera ofrecer menor eficiencia) pagábamos menos de la mitad, 0,12 € por metro cúbico.
En mayo del mismo año, con motivo de la presentación de una moción del grupo municipal de PODEMOS-EQUO, la Red de Agua Pública aportó al pleno del ayuntamiento de Zaragoza su visión sobre la situación de la depuradora de La Cartuja y la necesidad que se pusieran sobre la mesa los estudios necesarios para nutrir un debate social que definiera el modelo de explotación más adecuado cuando termine (2024) la ampliación de la concesión en vigor.
Pues bien, a un año vista que se produzca el fin de la concesión, el consistorio "guarda silencio al pasar por el Pilar" no se sabe si lo hacen para no despertar a la Virgen o para no mostrar una clara voluntad de que el saneamiento del agua de Zaragoza siga siendo el suculento negocio privado que ha sido hasta el momento.
Este segundo video, grabado igualmente ayer en el Ebro a su paso por La Cartuja, evidencia cual es el fruto de la mala gestión de la empresa concesionaria y del que el Ayuntamiento de Zaragoza es su directo responsable.
La Red de Agua Pública cifra su discurso en el derecho humano a los servicios de agua potable y saneamiento, consagrado por Naciones Unidas desde 2010. Considera que el agua es un bien común y no una mercancía y que la gestión de esos servicios no se puede ceñir a las leyes del mercado. El mercado, sin duda, puede ser de utilidad en muchos aspectos, pero no debe serlo en la gestión de un servicio público que debe obedecer exclusivamente a la lógica del interés general. Quizá el periodo electoral que vamos a tener que sufrir los ciudadanos en breve, sea un momento tan adecuado como cualquier otro para valorar cuales son los verdaderos intereses que mueven a los representante públicos en cuyas manos se ponen cosas tan importantes como la salud física y medioambiental de toda una comunidad.
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