Este
mes se cumplen 50 años de funcionamiento de la potabilizadora de Casablanca.
Felicitamos a cuantas personas han hecho posible este servicio durante ese
tiempo, claro ejemplo de que la gestión pública puede ser eficaz y sostenible,
para garantizar aspectos básicos de nuestra calidad de vida, como es la
potabilización y distribución de agua en la ciudad.
Constatamos con
satisfacción que las mejoras en estos años han sido continuas: la ampliación de
la planta y la recuperación de los antiguos depósitos en la orilla derecha del
Canal; la construcción de una planta de extracción de fangos que antes
contaminaban al rio Huerva; el recubrimiento de los depósitos de almacenamiento
del agua o la colocación sobre él de una instalación fotovoltaica, son algunos
ejemplos.
Pero a pesar de estas incuestionables mejoras
queda mucho por hacer en el ciclo integral del agua de la ciudad.
Así, en el campo de la potabilización, se nos
prometió que a principios del 2000 beberíamos agua exclusiva del Pirineo
trayéndola del río Aragón y regulando su almacenamiento por medio del embalse de La Loteta. El
agua del Pirineo no
llegó a la ciudad hasta 2009. En 2010 bebimos el 80% de agua derivada del río Aragón. En 2013
el porcentaje fue del 50% y en el 2014 disminuyó al 35%. En suma,
bebemos agua con parámetros de calidad legalmente permitidos pero no es el agua
de excelente calidad que se nos prometió hace ya 17 años.
La Loteta, verdadera pieza de regulación de caudales, tanto del Pirineo como del Ebro, para
Zaragoza, nunca va a cumplir su función dados los problemas de salinidad que
produce el sustrato del embalse, por lo que desde RAPA rechazamos que Zaragoza
asuma los costes de esa infraestructura. Por tanto, el
gobierno de la ciudad debería exigir a la Confederación
Hidrográfica del Ebro una pieza de regulación alternativa a La
Loteta y revisar los costes que se nos
imputan, ya que, en la actualidad, tomar el 4% del agua
que circula por el canal de Las Bardenas nos supone pagar el 40% de su
mantenimiento, mientras que tomar menos del 10% de los caudales del Canal Imperial nos supone aportar el 70% de su presupuesto.
¿Y
qué ocurre con la gestión del saneamiento? Estos días era noticia que el propio
Ayuntamiento ha abierto expediente por el incumplimiento de los parámetros
exigibles a los vertidos de la Depuradora de la Cartuja. En 2013 caducaba la
concesión a Veolia que lleva la gestión de la planta. El anterior equipo de
gobierno la prorrogó hasta 2024. Se perdió una magnífica ocasión para cambiar
la remunicipalización del servicio.
Mucho nos tememos que si
esperamos a 2024, en vez de una depuradora tengamos una estructura que solo
sirva para el derribo. El Ayuntamiento tiene que seguir con las labores de
vigilancia y, si no cumplen el contrato, que se denuncie y se rescate la
concesión.
Y nos preguntamos,... ¿qué
papel ha jugado la sociedad pública de Ecociudad Zaragoza, sabiendo que el
problema en La Cartuja se había detectado desde enero de este año?. ¿Es útil y
cumple su función, o se evidencia que responde a una mera estrategia financiera
para burlar las restricciones de la legislación estatal sobre estabilidad
presupuestaria?.
El ciclo integral del agua
requiere inversiones para nuevas infraestructuras y mantenimiento de las
existentes. Hace falta construir tanques de tormenta, desdoblar el colector de
Malpica, renovar anualmente en torno al 2% de las redes de distribución y
saneamiento, etc.
Pero si la situación financiera es mala, todavía será peor en
2016. El gobierno de Aragón quiere
recaudar en Zaragoza alrededor de trece millones al año para cuadrar las cuentas del
saneamiento del resto de Aragón. Los zaragozanos ya han pagado cerca de 300 millones de
euros para la construcción y mantenimiento de la depuradora de la Cartuja. No
nos negamos a ejercer la solidaridad con el resto de Aragón, pero antes debe
realizarse una auditoría del Plan de saneamiento que ha supuesto hasta ahora un
trasvase desmedido de dinero público a la empresa privada.
El afán recaudatorio del
Gobierno de Aragón, forzado por la falta de fondos y financiación, empujó a los
anteriores responsables políticos a buscar la forma de disponer de ingresos
directos, sin intermediarios y sin la interferencia de algunos municipios,
implantando un nuevo modelo de gestión del Impuesto sobre la contaminación de
las aguas (ICA), sin pensar en las dificultades que entraña, los costes que
conlleva y los problemas que va a suponer para muchos aragoneses.
El actual gobierno
autónomo parece continuar en esa línea y pretende desmontar un sistema de
facturación a través de las entidades suministradoras que estaba consolidado y
funcionaba, al margen de las quejas de los ciudadanos por el alto importe del
impuesto. De esta manera, el papel
de los ayuntamientos queda relegado a un simple contribuyente más, sin
capacidad de gestión ni de intervención.
La Consejería de Sostenibilidad mantiene que
si paraba el concurso (iniciado por el gobierno anterior) para la gestión
privada del ICA, no había capacidad de cobrarlo a comienzos de 2016 como marca
la ley. Probablemente estemos a tiempo de cambiar la ley.
Desde la RAPA pedimos, en concordancia con el “Compromiso por una gestión pública y
participativa del agua en Aragón” suscrito por partidos políticos y entidades
sociales el pasado 23 de septiembre, que se declare la exención del ICA para
aquellos municipios sin depuradora, o que esté gestionando directamente sus
infraestructuras de depuración, en tanto se lleva a cabo una auditoría del Plan
Aragonés de Saneamiento y Depuración que aporte luz a uno de los mayores pozos
de despilfarro de dinero público, que ha tenido esta Comunidad.
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