SOLUCIONES AL CONFLICTO DEL I.C.A.

Reproducimos este artículo publicado en el Periodico de Aragón.

No se trata de no pagar impuestos, sino que sean justos, y el de contaminación de aguas es injusto y oscuro.

Ya van más de 25.000 reclamaciones contra el ICA, y ello a pesar del dinero gastado por la DGA para intentar frenar la protesta. En su mayoría, la gente que hace esas reclamaciones, tanto en las asociaciones vecinales como en las mesas que pone RAPA (Red Agua Pública de Aragón) en la calle, son personas mayores, con pensiones miserables, que se ven pagando un nuevo recibo a la DGA por un saneamiento que ya pagan al ayuntamiento, que es quien mantiene el servicio. Estamos ante una nueva ola de indignación, pero esta vez protagonizada por los mayores, aunque en realidad el robo y la estafa nos afecta a todos.

El ICA, en efecto, es un robo legal para pagar el mayor chandrío, con negros perfiles de corrupción, que jamás se haya montado en Aragón; y su aplicación a los vecinos de los pueblos que no tienen depuradora, no es sino una clamorosa estafa colectiva, que en el caso del Pirineo se eleva a categoría superior, digna de una película de Berlanga, en la medida en que se les cobra por depuradoras que no se han construido, previo desvío del dinero que vino de Madrid por construirlas y, para colmo, se les multa por no tener construidas esas depuradoras. Esto solo pasa en Aragón.

Con este oscuro plan de saneamiento, basado en la privatización de los servicios de agua (con unos 3.000 millones en juego), somos la comunidad donde más caro resulta depurar las aguas usadas; el doble que en el resto de España, en media; y eso a pesar de que Zaragoza, con su enorme población, baja mucho la media y de que no faltan en el resto del país casos de corrupción, como el de Valencia (Emarsa).

Un plan que sobredimensiona y sobretecnifica las depuradoras, de forma más que sospechosa, con unos costes que se disparan más aún con la privatización, como reseña la Cámara de Cuentas. De hecho, en los municipios donde se han construido esas depuradoras, lo que pagan sus vecinos con el ICA, a pesar de su desmesura, no cubre ni el 20% de los costes. Pero, bueno, «No se preocupen --les dicen desde la DGA a los alcaldes más inquietos…-- , que esto lo pagará Zaragoza…».

A lo largo del año pasado, muchas de las denuncias de RAPA, a lo largo de los últimos años, se han ido confirmando, tanto con el Informe de la Cámara de Cuentas, como con la decisión de la DGA de disolver el Instituto Aragonés del Agua, reconociendo así, de facto, que en su seno se cometieron todo tipo de irregularidades. Por otro lado, se acepta que, en efecto, se sobredimensionaron y sobretecnificaron las depuradoras; pero no se depuran responsabilidades. La DGA, incluso ha acabado por asumir la denuncia de los contratos incumplidos en el Pirineo, aunque, sospechosamente, sin exigir daños y perjuicios para los ayuntamientos, a las empresas que incumplieron contrato, al no construir las depuradoras. Más que suficientes y evidentes indicios, desde hace tiempo, para que la fiscalía anticorrupción y la policía abran una investigación de oficio … Pero cuanto más tarden, menos pruebas quedarán por borrar.

Desde mi punto de vista, el debate de nuevos presupuestos debería afrontar esta cuestión. Me temo que Lambán no se atreva a mirarle a los ojos al problema, para aclarar las cosas y afrontar de verdad esta oscura catástrofe; y siga prolongando la injusticia y el bochorno que supone para Aragón el robo legal del ICA y, muy en particular, la estafa del Pirineo. De momento, el presidente reconoce que todo está muy mal y se muestra dispuesto a reformar el ICA; es decir, a cambiar lo que haga falta, para que nada sustancial cambie de verdad.

La RAPA, por su parte, con el apoyo de decenas de miles de vecinos y vecinas indignados, exige derogar el ICA, al tiempo que propone un nuevo modelo justo y solidario, perfectamente elaborado y realista. Un modelo basado en que la DGA asuma su responsabilidad en el chandrío, tanto en lo que se refiere al ICA, como a la estafa del Pirineo. Un nuevo modelo que respete la autonomía municipal, facilite la recuperación de competencias por parte de los ayuntamientos y promueva la solidaridad, pero desde la transparencia. La alternativa se basa en que nadie en Aragón pague más de lo que pagan el resto de españoles, en media, por este servicio, y que el sobrecoste derivado de la insensatez, la incompetencia o incluso la posible corrupción, promovidas o amparadas desde la DGA, sea cubierto por la DGA. Cierto que la DGA somos todos, pero parece más razonable que, más allá de perseguir responsabilidades políticas y penales, se paguen los sobrecostes desde los presupuestos de la comunidad, en base a un sistema impositivo progresivo, que no en el recibo del agua. En un año en el que contaremos con 240 millones de euros más en el presupuesto de Aragón, dedicar 15, como propone RAPA, para afrontar este reto desde ya, parece más que razonable.

La Red Agua Pública de Aragón y todos las organizaciones sociales que apoyan esta campaña por la derogación del ICA, nos están dando un ejemplo de responsabilidad a todos los partidos, y muy especialmente al Gobierno de la comunidad, al elaborar una salida razonable, justa y solidaria, que la DGA debería haber promovido hace tiempo. No se trata de no pagar impuestos, sino de pagar impuestos justos; y el ICA es tan injusto, como abusivo y oscuro. Veremos si, en el debate de presupuestos, los que tienen mucho que esconder, se atreven a romper con ese pasado oscuro, que huele a podrido, y si los que venimos empujando desde la nueva política conseguimos hacer de esa política el arte de hacer posible y de hacer realidad lo que es necesario y es justo. 

Pedro Arrojo. 
Diputado por Zaragoza de Unidos Podemos