COMISIÓN DEL AGUA DE ARAGÓN

La Comisión del Agua de Aragón ha aprobado con 36 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones el dictamen de la Mesa del Agua que en nuestra opinión no es más que un intento de lavado verde del Pacto del Agua que en 1992 era la franquicia aragonesa del Plan Hidrológico Nacional sobre el que se apoyaba el trasvase del Ebro.

Este es el texto aprobado que deberá ser enviado para su posterior trámite al Presidente del Gobierno, a las Cortes de Aragón y al Justicia de Aragón.

 

La sesión ha puesto de manifiesto un evidente desequilibrio a la hora de valorar la duración de las intervenciones de los asistentes, así como una evidente capacidad reduccionista de buena parte de ellos que optan por una argumentación manida que abunda en un relato fácil, simplista y en buena medida, falso. Esta simplificación de la compleja realidad de la gestión del agua propicia el desconocimiento de la población que acaba por conformarse con eslóganes, tópicos y lugares comunes mientras se le merma el acceso sin apriorismos a su realidad cotidiana.

Lo cierto es que hay que valorar positivamente la celebración de esta mesa como lugar de encuentro entre todos los sectores sociales afectados por la gestión del agua en la Comunidad Autónoma. En las escasas ocasiones en que se ha recurrido a la mediación social para resolver conflictos, se ha demostrado que esa vía conduce a un mejor escenario. Este procedimiento de escucha y compromiso entre las partes requiere de una dedicación y capacidad técnica que pensamos es más complejo que el mero hecho de sentar alrededor de una mesa a unos cuantos representantes de colectivos.

Si bien es cierto que el dictamen contiene algunos aspectos positivos, el conjunto aun queda lejos de satisfacer los planteamientos del Ecologismo Social y define un escenario en el que se mantienen vivos elementos que después de más de 30 años, siguen siendo inasumibles.   

En ese plazo de tiempo, muchas cosas en lo social, lo político, lo económico y lo medioambiental han cambiado lo suficiente como para asumir sin más, la resignificación de un documento y un modelo de gestión hidráulica que se debería dar por superado.

Es difícil asumir que el Pacto del Agua, “….., no debe verse afectado, en lo que al principio conceptual de las reservas de recurso por él establecidas se refiere”. 

En la evaluación del documento de 1992 que se pretende conservar con algunos matices, se echa a faltar una valoración real tanto de las obras ejecutadas como de las abortadas. Sin enumerar el largo listado de obras, pensadas en su momento como reservorio trasvasista, creemos adecuado poner dos ejemplos. 

Merece la pena valorar el embalse de El Val que hoy en día no cumple con las demandas y acumula en sus lodos la contaminación de Ólvega en una zona que el dictamen de hoy valora muy benévolamente ya que el regadío y otros abastecimientos del sistema Queiles son deficitarios. Este embalse (1º del Pacto del Agua) no se llena ningún año y prevé  una disminución de caudal de escorrentía alrededor del 12 por ciento.  

Del de La Loteta y del proyecto de abastecimiento de Zaragoza y su desmedida zona de influencia, desde el el embalse de Yesa, habría mucho que valorar y por nuestra parte, no es asumible desde ningún punto de vista, que se considere que, “….una vez puesto en explotación su recrecimiento, se suministren al 100% sus necesidades desde dicha fuente sin menoscabo de la garantía acordada para las hectáreas incluidas en los Planes Coordinados de la Zona Regable de Bardenas.” 

Diálogo entre un alcalde y un delincuente

La experiencia de todo este tiempo ha demostrado que es posible un abastecimiento de agua de calidad a Zaragoza si la necesidad del recrecimiento de Yesa a la que parece se le sigue queriendo hacer rehén de una obra innecesaria y muy gravosa para el erario público. Estas afirmaciones son recurrentes en este blog.

Cuando se habla de las obras hidráulicas pendientes:  “...pudiendo ser necesarias para limitar el abandono territorial en sus respectivas áreas de influencia, no pueden soportar régimen económico-financiero establecido, por la legislación vigente, para la amortización de las inversiones por ellas requeridas...”, se acierta en parte, en la visión económica pero se yerra de pleno al relacionar el asentamiento de la población y las obras hidráulicas.  Mularroya es un ejemplo de desequilibrio social, económico y poblacional que tal como pasa con Yesa, embalsa y embalsará sobrecostes mientras altera gravemente la vida de sus habitantes por mucho que se apunten en el documento algunos aspectos de compensación poco entendibles. 

Sin entrar a valorar la visión, apenas esbozada, sobre la depuración y las cuestiones medioambientales que no pasan de las buenas intenciones, falta por definir y acometer  el grave problema que, en ese aspecto, van a tener que hacer frente las administraciones aragonesas. En particular Zaragoza que lleva 4 años eludiendo el problema de la EDAR de La Cartuja, va a tener que hacer frente a un gran coste para depurar sus aguas residuales.

De ser necesaria la elaboración de un nuevo documento para definir  las grandes líneas de la política hidráulica en Aragón, debiera ser más ambicioso, respetuoso con los territorios que han soportado las obras de regulación, en plena sintonía con la Directiva Marco del Agua y sobre todo, huyendo del continuismo con una decisión tomada en un lejano 1992. 

No hay que ser muy avispado para comprender que el planeamiento de cuenca en vigor y las normativas de referencia han vaciado de contenido un pacto programático que ya debería ser objeto de estudio de la antropología social aragonesa.

No obstante la crítica anterior, es de destacar y agradecer el trabajo desarrollado por la Mesa de Dialogo que, a pesar de haber realizado un documento muy lejos de lo deseable y de lo necesario, podría ser el comienzo de procesos de conciliación que pudieran abordar la difícil gestión del agua que comparte una dualidad de difícil digestión: recurso económico y bien común. 

Desgraciadamente, por más que el pacto se pinte de verde, poco parece haber cambiado en 31 años en la política hidráulica aragonesa.