El jueves, 9 de diciembre las Cortes de Aragón han aprobado la nueva Ley de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las aguas residuales (IMAR).
Para RAPA estamos ante una operación política de maquillaje de la financiación del modelo de depuración de las aguas más ineficaz e ineficiente de los existentes en España, un ejercicio soez de cinismo político. El IMAR es un impuesto que se sitúa entre “Atrapado en el tiempo”, reproduciendo una y otra vez los mismos errores, y “El Gatopardo”, donde Giuseppe Tomasi di Lampedusa inmortalizó la famosa frase: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.
En los últimos años se han seguido licitando depuradoras diseñadas con criterios de hace más de diez años, como es el caso de Canfranc-Estación. Pero la perseverancia de algunos alcaldes empezaba a introducir otras depuradoras con costes de inversión y explotación mucho menores. Tras la rebelión democrática de Fabara, 15 ayuntamientos más optan por tecnologías extensivas. Desde Castelflorite hasta AÍnsa, Siétamo o Boltaña, las tecnologías de las que la Red de Agua Pública se ha hecho eco en todo este tiempo, están cambiando la manera de entender la depuración de las aguas. Y todo ello no sin soportar las presiones, más o menos veladas, que surgen cuando se contradice el discurso dominante basado en el beneficio empresarial abusivo auspiciado desde la administración.
Algo había que hacer para desactivar el descontento ciudadano y, sobre todo, para frenar en seco las demandas de los ayuntamientos que aspiraban a recuperar sus capacidades de gestión y avanzar hacia un modelo descentralizado y sostenible. El nuevo IMAR es un buen instrumento para ello. La aplicación de una tarifa progresiva por tramos sumada a otra tarifa progresiva en la tasa municipal tiene como resultado un duro e injustificable castigo fiscal que penaliza y desincentiva las buenas prácticas de aquellos municipios que traten de construir y gestionar sistemas sostenibles.
La progresividad en las tarifas de abastecimiento y saneamiento tiene sentido cuando se facturan los servicios prestados, porque sus costes son proporcionales a lo que se consume y su disminución redunda en una mayor eficiencia y ahorro. Así lo ha defendido siempre RAPA. Sin embargo, ¿qué sentido tiene aplicar un impuesto con tarifas progresivas en municipios en los que el Gobierno de Aragón no presta ningún servicio y, por tanto, los costes que debe sufragar con él no tienen ninguna relación con el consumo de esos hogares? Es más, de producir algún ahorro, su único efecto será un incremento de los beneficios de las empresas privadas que gestionan las depuradoras.
Conscientes de esto, la RAPA y otras entidades medioambientales y vecinales presentaron enmiendas al proyecto de Ley del IMAR, que algunos grupos políticos acogieron y trasladaron a la ponencia, obteniendo el desprecio del cuatripartito como respuesta. En ellas se planteaba que lo coherente era adaptarse a las distintas realidades para fomentar las buenas prácticas municipales. Para ello proponíamos combinar una tasa municipal para aquellas poblaciones que gestionen su propio sistema de depuración por el coste real del servicio; una tasa autonómica que pagarían aquellas poblaciones cuya depuración esté gestionada por el Gobierno de Aragón; y un impuesto que pagaría toda la ciudadanía, pero de importe muy inferior al actual.
La tasa autonómica, como las locales, tiene sentido que sea progresiva, según tramos de consumo, y creemos que su importe podría ser similar a la tasa de saneamiento de de Zaragoza, inferior a las tarifas propuestas para el nuevo IMAR. El impuesto universal para contribuir a los gastos generales del sistema debería ser muy sencillo en su concepción. En RAPA valoramos que pudiera cifrarse en 0,10 € por metro cúbico de agua y año o, lo que es lo mismo, entre 5 € y 7 € al año por habitante de media, pero lo pagarían por igual todos los hogares, el comercio y la hostelería. La suma de ambos componentes para los hogares no debería superar la media de lo que se paga en España en concepto de depuración de aguas residuales.
Esto, claro está, no cubriría la totalidad de los gastos de depuración en Aragón, pero el Gobierno autonómico debe hacerse corresponsable de los errores cometidos en el pasado, en los mismos términos que se lo exige a la ciudadanía. Una parte de los sobrecostes injustificados (hasta llegar al tope a establecer por Ley de la media nacional) lo cubriríamos los ciudadanos a través de un impuesto, estamos dispuestos a asumirlo, pero el resto debería salir de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, hasta lograr la sostenibilidad económica del sistema.
El IMAR deja en el horizonte muchas dudas y muchos riesgos para los contribuyentes: ¿qué costes tendremos que afrontar cuando el sistema disponga de 100, de 200, de 300 depuradoras más y cómo haremos frente a los mismos? La nueva Ley no prevé medidas que reduzcan los gastos soportados por la Comunidad Autónoma, no establece ningún límite al crecimiento de las tarifas del impuesto y ya prevé que éstas se actualizarán en la ley de presupuestos de cada año.
Es absurdo pensar que el sistema va a mejorar simplemente con un ajuste tarifario de índole menor (en suma, establecer un impuesto con un pago fijo ligeramente menor –aún el doble de la media española– y un pago variable por tramos de consumo, que además, salvo en los hogares unifamiliares, acaba suponiendo una reducción tarifaria nula o irrelevante). No alcanzaremos un sistema eficiente y sostenible si no afrontamos el problema en su raíz, si no reconocemos y revertimos las causas que nos han conducido al sistema de depuración y al consiguiente tributo más caro de España. Pero una vez más, la política aragonesa no ha querido abordar los problemas reales y ha preferido utilizar la paradoja lampedusiana: que parezca que lo cambiamos todo para que no cambie nada. ....¿De película?
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