La errónea
opción política de los anteriores gobiernos de someter todo el sistema a un mando
único centralizado, hurtó a los Ayuntamientos la posibilidad de construir y
gestionar plantas de depuración de bajo coste, eficientes social y
ambientalmente y de fácil sostenibilidad económica.
La
raíz del problema fue la opción por un modelo tecnológicamente desfasado y
económica y ecológicamente insostenible que ha provocado que las depuradoras
puestas en servicio por el Gobierno de Aragón tengan un coste abusivo: 2,77 €/m3
de agua tratada, cuando el coste medio anual facturado por el saneamiento
en España ronda los 0,92 €/m3, en Zaragoza 0,75 €/m3 y en Fabara 0,65 €/m3.
Este año que comienza entre virus y vacunas, vamos a seguir hablando claro. Se sigue manteniendo el provechoso negocio privado que, en manos de la Comunidad Autónoma, y respaldado por un impuesto confiscatorio, es el más alto de los tributos por contaminación de las aguas existentes en España.
Entretanto, el sistema ha colapsado. Desviados
a otros fines los fondos recibidos del Estado, no sabe el Gobierno de Aragón cómo
afrontar la financiación de las depuradoras del Pirineo; quedan cerca de 400
núcleos de población sin ningún tipo de depuración que seguirán engrosando los
costes del sistema; y, lo que se ignora y puede ser a medio plazo peor,
Zaragoza, castigada por el ICA, está desde hace años, por falta de capacidad y
voluntad inversora, en grave riesgo de incumplir su obligación de depurar
adecuadamente la mitad de las aguas residuales que se producen en Aragón.
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