BENABARRE Y EL Impuesto de Contaminación de las Aguas.
Las decisiones tomadas sobre la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Benabarre son un ejemplo de cómo ha
funcionado el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración en Aragón y porqué
todos los aragoneses vamos a tener que pagar el “PLUS de la mala gestión”.
Posiblemente su alcalde se ufane de haber traído a su pueblo una instalación de
más de un millón de euros, pero lo que hay que decirle a la gente de su pueblo, y al
resto también, es que en realidad ha participado en la dilapidación de casi
un millón de euros.
La secuencia es la siguiente:
- En 2005 el ayuntamiento cede sus competencias, en materia de depuración al IAA para que
este haga frente a la construcción de la EDAR.
- En
este periodo debería haber habido reuniones de seguimiento del convenio firmado
para evaluar su evolución. Estas reuniones no tuvieron lugar.
- Las
obras se adjudican en 2008 pero no comienzan hasta mayo de 2015.
- En
diciembre de 2012 el concejal de CHA pregunta porqué no se contempla la
instalación de una depuradora extensiva. Se
responde que no ha lugar a ello porque ya se han estudiado las alternativas posibles y
la que se ha elegido es la mejor. Además se dice que ya está la obra comenzada,
cosa que no es cierta. A este respecto hay que decir que, a día de hoy, el propio
IAA contempla la depuración extensiva como la más viable para municipios
menores de 3000 habitantes equivalentes.
- La
depuradora no está operativa hasta septiembre de 2016.
En esta dilatada secuencia temporal ha habido tiempo para varias opciones:
En esta dilatada secuencia temporal ha habido tiempo para varias opciones:
- Pedirle
al IAA que hubiera resuelto la concesión con DRACE por incumplimiento de plazos
y reiniciar el proceso de diseño de la EDAR.
- Denunciar
el convenio con el IAA y recuperar las competencias de depuración.
- De
no haberse dado lo anterior, al menos haber consultado al equipo jurídico sobre
las opciones que se podían haber contemplado en ese periodo de tiempo.
La EDAR de Benabarre ha sido construida por DRACE (ACS / DRAGADOS) y asciende a 1.363.000€ (*) y obliga a la explotación por parte del concesionario durante 20 años con un coste de mantenimiento estimado en unas 20 veces superior al de una depuradora extensiva. Este coste deberá ser sufragado a través del ICA que pagaremos todos los aragoneses, incluidos los habitantes de Benabarre.
Esta
descripción de hechos no es una rareza de Benabarre. En las 13 zonas del Plan
Especial de Depuración se ha optado por los mismos modelos tecnológicos y parecidos
procedimientos administrativos. La suma de todo ello completa un modelo general
sobredimensionado y entregado a la iniciativa privada que debe obtener de todo
este proceso, no solo la financiación para realizar la depuración, sino su
propio beneficio como empresa. Esta claro que, sin pensar en sombras de
corrupción, el mero beneficio empresarial ha convertido la depuración aragonesa
en un lucrativo negocio orquestado por los sucesivos gabinetes del Gobierno de
Aragón que ha hecho de intermediario entre el dinero público y el beneficio
privado. A la hora de pagar se aplica el antiguo dicho de “ a escote no hay
nada caro” y a otra cosa. Bastará echar mano de palabras como “solidaridad”
para que, en poco tiempo, todos lo consideremos como algo cotidiano e
inevitable.
Bajo el amparo
de la rentabilidad, los ayuntamientos han sufrido una perdida de sus
competencias que no debería hacer sentir orgulloso a ningún alcalde. Solo desde
una visión clientelar y partitocrática se comprende la obediencia mostrada por los municipios a las
directrices del IAA al dictado de las grandes empresas de la construcción que
han encontrado en la gestión del agua un nicho de beneficio.
Sin duda
estamos de acuerdo en que es preciso financiar la depuración de las aguas de
Aragón y podemos estar de acuerdo en que es preciso aplicar el principio de
solidaridad con aquellos municipios a los que se les ha construido una
instalación que no podrían pagar jamás. Pero lo que es claramente exigible,
desde el más elemental principio de racionalidad, es que se debe conocer, al
detalle en cada instalación y de cada municipio, COMO, CUANDO Y QUIEN ha tomado
las decisiones que ha derivado en la situación que ahora es ya CASI inevitable.
De igual forma
a la hora de revisar el PASD se deben describir al detalle la situación, la
evolución del PASD desde el 2001 en que se creó el IAA y acometer el nuevo
documento desde una óptica de racionalidad y eficiencia de la gestión de “lo
público”.
Cualquier
solución debe pasar por el compromiso de unos funcionarios que funcionen y de
unos responsables que respondan.
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