jueves, 30 de marzo de 2017

CUESTIÓN DE MODELO

POSICIÓN DE LA RED DE AGUA PÚBLICA DE ARAGÓN ANTE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN RELACIÓN AL IMPUESTO SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
El modelo de gestión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración instaurado por anteriores gobiernos autonómicos ha empobrecido a los municipios aragoneses en dos sentidos:
·      Ha mermado las competencias municipales, favoreciendo la cesión a la comunidad autónoma del servicio de depuración.
·      Ha establecido un impuesto que obliga a todos los aragoneses a pagar unas cantidades desproporcionadas para intentar cubrir los costes de unas infraestructuras sobredimensionadas, inadecuadas e ineficientes, cuya única alternativa de financiación es el incremento progresivo de las tarifas.
El PASD, desarrollado por empresas privadas,  hipoteca la futura capacidad impositiva de los ayuntamientos, augura aumento de tarifas según varíen las necesidades de financiación y carece de estímulos  en la búsqueda de eficiencia en la gestión. 
Por ello, los aragoneses pagamos ahora un 138% más por el impuesto sobre la contaminación de las aguas que en el momento de su creación, sin que esos incrementos hayan supuesto una mejora proporcional de la depuración de nuestras aguas residuales.  No se han cumplido  los objetivos del Plan Especial de Depuración, que pretendía depurar las aguas de todas las poblaciones de más de 1.000 habitantes equivalentes  y no se han  construido las depuradoras del Plan de Depuración del Pirineo, reconocidas de interés general y para las que el Ministerio de Medio Ambiente aportó 142 millones de euros.
Tampoco podemos olvidar que aún no se han iniciado las obras del Plan Integral de Depuración de Aragón, que ha de dar solución a los vertidos de todas los poblaciones con menos de 1.000 habitantes equivalentes que, de momento, parece retrasarse hasta el año 2019, y afecta a 567 municipios con una población censada de 120.134 habitantes.
Los ayuntamientos se han dado cuenta de que la cesión de competencias al Instituto Aragonés del Agua pone en entredicho el principio de autonomía municipal. Los vecinos se preguntan por qué pagar cada vez más por servicios que no reciben y por qué sus munícipes aceptan soluciones aparentemente más cómodas, pero que se convierten en una trampa de difícil salida
Ante esta situación, el pasado domingo día 26 de marzo de 2017, 24 alcaldes y alcaldesas aragoneses han iniciado un nuevo camino basado en:
·      La denuncia de un Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración insostenible, tanto económica como medioambientalmente.
·      La recuperación de las competencias en depuración que permitan ejercer la autonomía municipal en la gestión de este servicio básico
·      El cambio del modelo de gestión de la depuración en Aragón, que pase por:
-       El establecimiento de convenios de colaboración entre ayuntamientos y Comunidad Autónoma para recuperar la gestión municipal y establecer el marco de financiación del saneamiento y depuración.
-       La denuncia de los contratos de concesión de obra pública que cuenten con incumplimientos flagrantes.
-       El estudio económico del resto de concesiones para analizar la viabilidad o no de su rescate.
-       El cumplimiento de los objetivos de depuración en Aragón contando con el protagonismo de los municipios y el apoyo técnico y financiero de la Comunidad Autónoma.
En este contexto, desde la Red de Agua Pública de Aragón creemos que Zaragoza puede ser la abanderada de estos planteamientos.  Que, frente a problemas comunes, las soluciones deben serlo también.  Por ello, entendemos que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha de exigir al Gobierno de Aragón lo siguiente:
1. Que inicie, a la mayor brevedad, los estudios económicos necesarios para analizar la viabilidad del rescate de las concesiones de obra pública vigentes.
2. Que denuncie los contratos de concesión de obra pública en los que se constaten incumplimientos por parte de los concesionarios y poder así recuperar la gestión pública de esas zonas de depuración.
3. Que proponga a las Cortes autonómicas la modificación de la Ley 10/2014, de Aguas y Ríos de Aragón para que establezca, con carácter general, un marco de relaciones entre los municipios y la Comunidad Autónoma basado en la firma de convenios de colaboración para el ejercicio de las competencias en materia de saneamiento y depuración.  En dicho marco deberán establecerse los mecanismos de apoyo y supervisión del Instituto Aragonés del Agua a los servicios técnicos municipales y plantear un reparto de las cantidades recaudadas por encima de los costes de los servicios, de manera que incentive la reducción de costes y redunde en el correcto mantenimiento de los sistemas de depuración y la mejora de los servicios del ciclo integral del agua de cada municipio.
4. Que el Instituto Aragonés del Agua asuma todos los costes y sanciones derivados de la falta de depuración de las aguas en aquellas poblaciones en las que no se han cumplido los objetivos de depuración del PASD.
5.  Que se cambie de manera radical  el modelo de financiación del  Plan Aragonés de Saneamiento  y que incluya la participación de los ayuntamientos en él de manera que la repercusión de los costes a los vecinos se haga a través de las tarifas del propio ayuntamiento,  fomentando políticas de gestión de la demanda.
Así mismo, exigimos al Ayuntamiento de Zaragoza que destine a inversiones en el ciclo integral del agua las cantidades que Ecociudad Zaragoza le abona en concepto de cesión de infraestructuras de saneamiento; que adopte el acuerdo de no destinar los ingresos por las tarifas del ciclo integral del agua a otros servicios; que mantenga un volumen de inversión anual constante para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento y saneamiento; y, finalmente, que adopte las medidas oportunas para volver a unificar la gestión del abastecimiento y el saneamiento en el seno de la estructura municipal, eliminando costes innecesarios y simplificando la gestión.

Zaragoza, a 28 de marzo de 2017

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