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| Somontano: Pilar Iturralde 2023 |
Dado que el caso de contaminación de las aguas del río Queiles causante del grave brote que afecta la salud de la población de Tarazona, se localiza y repercute tanto en la CA de Castilla y León como en la de Aragón, desde el grupo de Zaragoza de Ecologistas en Acción (EEeA), en estrecha colaboración con el de Soria, se ha presentado escrito ante la Fiscalía General del Estado (Sala de Coordinación de Medio Ambiente y Urbanismo). En el mismo sentido se han remitido escritos a las consejerías de Medioambiente y Turismo y a la de Agricultura y Ganadería del ejecutivo aragonés.
No es la primera vez que la Fiscalía General atiende la demanda de EEeA. En Mayo de 2022 en relación a la decisión de sanción que tramitó la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) sobre los vertidos comprobados en el cauce del río Val procedentes de la depuradora de Ágreda, se remitió escrito de ampliación de información sobre los hechos sancionados. Resultado de esa actuación, en agosto de 2023, la Fiscalía Provincial de Soria ha abierto Diligencias de Investigación Preprocesal, pendientes de resolución.
En la información facilitada a la Fiscalía General, en aquel momento, se mostraba la larga serie de incumplimientos y falta de control por parte de los Ayuntamientos de Ólvega y Ágreda en relación a los vertidos de algunas empresas del Polígono Industrial Emiliano Revilla que se vienen detectando desde el año 2012.
La comarca soriana del Moncayo atesora en su geografía todo un catálogo de afecciones al medio ambiente que en un momento u otro, acaban por afectar también a los habitantes de las dos laderas del Moncayo. La, todavía pendiente, gestión de Valle de Odieta en Noviercas, la probada contaminación del Polígono de Ólvega o la ampliación de la mina de Borobia que proyecta acoger una planta de calcinación de magnesita, son ejemplos de la falta de modulación entre el razonable deseo de beneficios de la empresas y el imprescindible control que las diversas administraciones deben determinar para que la riqueza de unos no se transforme en el perjuicio de otros. En este "otros" hay que considerar en primer término, al medio natural que sustenta y nutre a sus habitantes cuya salud es reflejo de la de la biodiversidad que les rodea.
En el caso que nos ocupa, EEeA manifiesta a la Fiscalía General que la presencia del protozoo Criptosporidium parvum en Tarazona, así como sus consecuencias, origen y gestión, son cuestiones muy complejas y transversales a las competencias de diversos órganos de la administración de las CCAA y de los organismos de cuenca y, en concreto las referidas a los órganos ambientales, de conservación de la naturaleza, de salud pública, ganadería, sanidad animal, seguridad alimentaria, autorización y control de vertidos. En este punto, debe ser el rigor de la ciencia el que diagnostique la situación e imponga el procedimiento adecuado para su resolución. Cualquier otro vaticinio, comentario o suposición resulta estéril en este momento y corre el peligro de generar un ruido que amortigüe la verdadera información.
De forma sintética parece obligado considerar que el foco de Criptosporidium parvum puede estar en una actividad sometida a autorización ambiental, y a su correspondiente control e inspección. Puede haber afectadas o ser el origen de la contaminación una actividad ganadera sometida a la normativa de salud y bienestar animal, entre las cuales se encuentra una piscifactoría y varias explotaciones de porcino y ovino y puede haber actividades productivas sometidas al mismo control que se pueden ver afectadas por la contaminación con este protozoo o ser la causa de su origen.
Es igualmente cierto que por estar el origen de este brote en la red municipal de abastecimiento/saneamiento o en una actividad sometida a licencia ambiental municipal, se podría contemplar la responsabilidad municipal o del Instituto Aragonés del Agua.
Desde la Red de Agua Pública, como elemento aglutinador de los colectivos que apuestan por una gestión eficaz, publica y participativa de la gestión del ciclo integral del agua, no podemos por menos que aspirar y exigir de las administraciones el control a que las normativas obligan. Al mismo tiempo, una sociedad civil organizada alrededor de los Derechos Humanos que también se proyectan sobre el abastecimiento y saneamiento del agua, tiene toda la capacidad para ejercer cuantas acciones políticas y legales dicte su buen criterio. Vivimos tiempos en que el espectáculo prima por encima de todo, la banalidad triunfa hasta en la gestión de la "res pública" y más a menudo de lo deseable los representantes públicos son la correa de transmisión de los intereses del dios mercado. Ante eso, desde el pensamiento colectivo y el sentido crítico se puede atisbar una sociedad madura que apunte hacia la igualdad como atmosfera de convivencia.
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