Las campañas electorales que se nos avecinan van a estar marcadas por el agua.
Mientras en Aragón el presidente de la comunidad visita las obras del embalse de Mularroya, en Andalucia el derecho humano al agua alcanza el debate político.
El PSOE de Pedro Sánchez prometía ya en su programa marco garantizar un mínimo vital de 100 litros de agua por persona y día, con el fin de evitar el "desahucio hídrico" de las personas y sectores vulnerables, así como la prohibición de realizar cortes de suministro. Los operadores privados (y sus asociaciones) han negado, como hicieron anteriormente la necesidad de la medida.
Esta media, elogiada por el Defensor del Pueblo en un informe sobre esta cuestión, hizo que al final de la pasada legislatura se reconociera expresamente este “mínimo vital” a través de una disposición final de la Ley de Medidas frente al Cambio Climático y para un Nuevo Modelo de Transición Energética en Andalucía, lo que suponía asimismo la modificación del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía que en sus borradores ya reconocía que los operadores deberían asumir este coste como algo propio. No obstante, su aplicación están pendientes de desarrollo por el nuevo ejecutivo.
Para que el Reglamento sea implementado, los operadores públicos se reunirán próximamente en la ciudad de Sevilla con representantes de sus entidades y con representantes de la sociedad civil e iniciarán una campaña recogida de firmas para el mínimo vital de agua beneficie a unos 330.000 andaluces con dificultades.
El caso de Mularroya se encuentra en el otro extremo. La apuesta por la creación y modernización de regadíos ha sido una de las políticas del departamento de Desarrollo Rural en esta legislatura. Se han invertido 85 millones en un nuevo marco de financiación, que tiene como objetivo principal la finalización de proyectos de creación de regadío que llevaban décadas pendientes por falta de recursos económicos. Lo que no parece contemplar el G. de Aragón es la idoneidad del gasto público que estas políticas implican, faltaría por analizar los costes reales en la producción agrícola y el efecto de la agroindustria en la economía rural.
Tal como ya hemos manifestado en otras ocasiones. La políticas agraria no debería seguir respondiendo a la
demanda ilimitada de crecientes caudales de riego. El
debate sobre el futuro del regadío debe ubicarse en el contexto del cambio
climático en curso, sobre la base de un diálogo profundo con el
sector agrario y ganadero sobre un nuevo modelo de producción de alimentos,
basado en el principio de la soberanía alimentaria, que garantice un nivel de
vida adecuado a los agricultores y ganaderos pequeños y medianos, en función de
los múltiples servicios que prestan a la sociedad y a la conservación del medio
natural.
El modelo defendido y aplicado por el Gobierno de Aragón está lejos del modelo que incentive la existencia del mayor número
posible de agricultores y agricultoras en el territorio practicando una
agricultura y ganadería responsable.
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