miércoles, 20 de enero de 2016

EL ICA,...... ¿IMPUESTO O IMPOSICIÓN?

El Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) es uno de los mayores ejemplos de prepotencia institucional que se hayan visto nunca en nuestra Comunidad Autónoma.

Cuando en 2001 se implantó el ICA con su denominación anterior (canon de saneamiento), las tarifas vigentes no llegaban a cubrir los costes de depuración de las instalaciones que ya existían.  De hecho, se estuvo a punto de firmar un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, para que se aplicara en la ciudad desde el primer momento.  Sin embargo, fue el IAA quien se echó atrás cuando se dio cuenta de ese déficit.


La ventaja de tener la capacidad legislativa, unida a la lejanía de los ciudadanos, favoreció que a las Cortes de Aragón no les temblara la mano cuando en 2005 consintieron que las tarifas del impuesto se duplicaran, a propuesta del gobierno autónomo, cuando ya muchos municipios habían cedido sus competencias a la administración autónoma. Ni que entre 2010 y 2012, en plena crisis económica, las tarifas volvieran a subir más de un 16%.


Paradójicamente, ahora se nos pretende “vender” como bonificación, una tarifa que viene a gravar la economía de unos ciudadanos que llevan pagando la depuración de sus vertidos desde 1993, con un impuesto que probablemente suponga una doble imposición (pagaríamos dos veces por lo mismo) y en una ciudad que necesita retomar las inversiones en las infraestructuras del agua, paralizadas en los últimos años.
El Ayuntamiento de Zaragoza suscribió el 28/12/2007 un Convenio Marco de colaboración con el Gobierno de Aragón para regular la manera en que Zaragoza se iría incorporando progresivamente al régimen general del impuesto.  Ese Convenio sigue vigente a día de hoy.  Sin embargo, el gobierno autónomo pretende aplicar el ICA en Zaragoza a golpe de modificación legislativa, argumentando, en este caso, que Zaragoza no ha cumplido con aquello a lo que se comprometió.  Pues bien, quizá la DGA debiera hacer un ejercicio de introspección, puesto que quien argumenta ahora que Zaragoza es de “poco de fiar”, era hasta mayo de 2015 el responsable municipal de que lo pactado se cumpliera.
Quizá el Consejero de Hacienda y Administración Pública de Aragón no se fíe de si mismo, pero debería ser consecuente con lo que suscribió cuando le tocó defender los intereses de los zaragozanos, y dar un margen de confianza a la corporación municipal actual, a la par que se ponen en marcha los acuerdos del “Compromiso por una gestión pública y participativa del agua en Aragón” que su partido suscribió el 23/09/2015, junto con otras organizaciones políticas y sociales, evitando innecesarias crisis institucionales y la más que previsible judicialización del conflicto, de seguir con sus pretensiones.
También tiene que comprender el Consejero que los municipios aragoneses cada vez se fíen menos de su gobierno autonómico cuando han sido testigos durante más de 15 años de la implantación de un impuesto con un funcionamiento errático en cuanto a sus tarifas y bonificaciones; con unas inversiones desproporcionadas e ineficientes; basado en un modelo privatizador y que cuenta con el dudoso honor de soportar uno de los mayores costes por metro cúbico depurado de España.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/ningun-grupo-apoya-podemos-recortar-altos-cargos_1082146.html

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