El Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) es uno de los mayores ejemplos de prepotencia institucional que se hayan visto nunca en nuestra Comunidad Autónoma.
Cuando en 2001 se
implantó el ICA con su denominación anterior (canon de saneamiento), las
tarifas vigentes no llegaban a cubrir los costes de depuración de las
instalaciones que ya existían. De hecho,
se estuvo a punto de firmar un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, para
que se aplicara en la ciudad desde el primer momento. Sin embargo, fue el IAA quien se echó atrás
cuando se dio cuenta de ese déficit.
La ventaja de
tener la capacidad legislativa, unida a la lejanía de los ciudadanos, favoreció
que a las Cortes de Aragón no les temblara la mano cuando en 2005 consintieron
que las tarifas del impuesto se duplicaran, a propuesta del gobierno autónomo,
cuando ya muchos municipios habían cedido sus competencias a la administración
autónoma. Ni que entre 2010 y 2012, en
plena crisis económica, las tarifas volvieran a subir más de un 16%.
Paradójicamente,
ahora se nos pretende “vender” como bonificación, una tarifa que viene a gravar
la economía de unos ciudadanos que llevan pagando la depuración de sus vertidos
desde 1993, con un impuesto que probablemente suponga una doble imposición
(pagaríamos dos veces por lo mismo) y en una ciudad que necesita retomar las
inversiones en las infraestructuras del agua, paralizadas en los últimos años.
El Ayuntamiento de
Zaragoza suscribió el 28/12/2007 un Convenio Marco de colaboración con el
Gobierno de Aragón para regular la manera en que Zaragoza se iría incorporando
progresivamente al régimen general del impuesto. Ese Convenio sigue vigente a día de hoy. Sin embargo, el gobierno autónomo pretende
aplicar el ICA en Zaragoza a golpe de modificación legislativa, argumentando,
en este caso, que Zaragoza no ha cumplido con aquello a lo que se
comprometió. Pues bien, quizá la DGA
debiera hacer un ejercicio de introspección, puesto que quien argumenta ahora
que Zaragoza es de “poco de fiar”, era hasta mayo de 2015 el responsable
municipal de que lo pactado se cumpliera.
Quizá el Consejero de Hacienda y Administración
Pública de Aragón no se fíe de si mismo, pero debería ser consecuente con lo
que suscribió cuando le tocó defender los intereses de los zaragozanos, y dar
un margen de confianza a la corporación municipal actual, a la par que se ponen
en marcha los acuerdos del “Compromiso por una gestión pública y participativa
del agua en Aragón” que su partido suscribió el 23/09/2015, junto con otras
organizaciones políticas y sociales, evitando innecesarias crisis
institucionales y la más que previsible judicialización del conflicto, de
seguir con sus pretensiones.
También tiene que
comprender el Consejero que los municipios aragoneses cada vez se fíen menos de
su gobierno autonómico cuando han sido testigos durante más de 15 años de la
implantación de un impuesto con un funcionamiento errático en cuanto a sus
tarifas y bonificaciones; con unas inversiones desproporcionadas e ineficientes;
basado en un modelo privatizador y que cuenta con el dudoso honor de soportar
uno de los mayores costes por metro cúbico depurado de España.
http://www.
http://www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario