LA RED AGUA PÚBLICA EXIGE AL MINISTERIO DE SANIDAD QUE EL PROCESO DE TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO SEA PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE
El 16 de diciembre de 2020
el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea aprobaron la Directiva 2020/2184
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. Esta normativa
sustituyó a la entonces vigente que databa de 1998 y que estaba, a todas luces,
desfasada. La revisión de la directiva estuvo motivada, en gran parte, por
la presión que se consiguió a través de la Iniciativa Ciudadana Right2Water «El derecho al agua y el
saneamiento como derecho humano”,
que fue apoyada por cerca de 2 millones de ciudadanos europeos y por muchas
organizaciones sociales que propugnaban que el abastecimiento de agua no puede
regirse por las normas del mercado
interior, debe quedar fuera
del proceso de liberalización, a la vez que tiene que cumplir condiciones
estrictas de información, participación pública y rendición de cuentas, todo
ello en el contexto general del reconocimiento del derecho humano al agua.
A pesar de que el Parlamento europeo asumió las reivindicaciones de la
iniciativa right2water, en el proceso de revisión de la directiva de
1998 se relegaron una parte importante de los planteamientos de la ciudadanía,
de forma que la Directiva aprobada en diciembre de 2020, si bien supone
un importante avance con respecto a la anterior, no cubre lo fundamental de
las exigencias ciudadanas expresadas en la iniciativa right2water.
Atendiendo al principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5
del Tratado de la Unión Europea, el gobierno ha puesto en marcha el proceso
de trasposición de la nueva directiva al ordenamiento español. Este
proceso, que está siendo liderado por el Ministerio de Sanidad, se está
llevado a cabo de una forma opaca sin que se propicie la participación de la
ciudadanía en un tema en el que
debe tener especial presencia, si se consideran los principios
definitorios del derecho humano al agua.
En este contexto, la Red Agua Pública se ha dirigido por carta a la
Ministra de Sanidad -que se adjunta-, denunciando esta circunstancia y
ofreciendo su colaboración para que en la trasposición de la directiva
europea se recojan las reivindicaciones ciudadanas que quedaron soslayadas en
la directiva aprobada en diciembre de 2020. La carta se ha puesto en
conocimiento a las titulares de los ministerios de Consumo y Transición
Ecológica toda vez que también están directamente interesados en el proceso.
CARTA QUE SE CITA:
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