Por nuestra parte encontramos en esta convocatoria profundas contradicciones que refuerzan, si cabe, nuestra visión crítica al proceso de abordar la depuración de las cabeceras de nuestros ríos y por eso se ha remitido a los medios de comunicación aragoneses la siguiente
Nota de prensa
El Gobierno de Aragón resolvió en 2018 los cuatro
contratos de concesión de obra pública que apenas habían materializado alguna
de las previsiones de depuración en las cabeceras de los valles pirenaicos, lo
que puso en evidencia uno de los mayores errores cometidos en la planificación
de la depuración en Aragón: se derrocharon más de 100
millones de euros aportados por el Ministerio de Medio Ambiente, en obras
probablemente necesarias pero no prioritarias ni de interés general como eran
las depuradoras del Pirineo, con el argumento de que el modelo de implantación
y gestión elegido, la concesión de obra pública, era incompatible con
subvencionar esas infraestructuras al 100%.
Aquella decisión ha provocado que los aragoneses
tengamos que pagar ahora a través del impuesto de contaminación de las aguas todos
y cada uno de los euros necesarios para construir las esperadas depuradoras del
Pirineo.
Otra derivada, también grave y alarmante, ha sido la
situación en la que se han visto envueltas las poblaciones del Pirineo que
cedieron sus competencias al Instituto Aragonés del Agua al comienzo de los años
2000 para que construyeran sus depuradoras y que se han visto sometidas desde
entonces a una doble presión por parte de la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), debiendo abonar el canon de control de vertidos más alto posible y
siendo objeto de expedientes sancionadores por realizar vertidos “no adecuados”
por falta de depuración.
Curiosa paradoja, cuando la CHE forma parte de la
comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre Ministerio y DGA y
pertenece a la misma administración que consintió en su momento que se
derivaran los fondos aportados para el Pirineo a otras obras que nada tenían
que ver con esa prioridad medioambiental.
Ahora el IAA lanza una convocatoria de subvenciones
dirigidas a entidades locales del ámbito pirenaico, dando otro paso para
alejarse del modelo de concesión de obra pública. Sin embargo, tras esta decisión aparentemente
positiva se ponen en evidencia una serie de deficiencias estructurales en el
modelo de depuración de Aragón que desde la RAPA nos vemos en la obligación de
denunciar:
· La finalización de las
prorrogas concedidas por el Ministerio para justificar el cumplimiento del
objetivo de depuración en los valles del Pirineo han forzado al IAA a lanzar
esta convocatoria de subvenciones con la finalidad de justificar que se está
haciendo algo al respecto.
· Avanzar en la depuración en Aragón
mediante convocatorias de subvenciones pone en evidencia la ausencia de un Plan
Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) actualizado, con criterios y
herramientas suficientes y adecuadas para decidir dónde y cuándo se
invierte. De hecho, el PASD que todavía
sigue vigente, aprobado en 2009, debería haber sido revisado en 2015 y tendría
que volver a ser revisado el próximo año.
· La elaboración de proyectos
de depuración tiene un coste importante para las poblaciones a las que van
dirigidas las convocatorias de subvenciones, con el evidente riesgo de que su
solicitud no sea atendida y deban hacer frente al coste del proyecto con su
exiguo presupuesto.
· Además, potencia la rivalidad
y competencia entre poblaciones, dejando en manos del IAA la decisión última de
cuáles serán las beneficiarias de las subvenciones, cuyos criterios de
valoración tienen una importante carga subjetiva.
· Sin un asesoramiento y apoyo
técnico estructurado desde la administración autonómica, los pequeños
municipios quedan en manos de consultores externos que defienden “su producto”
frente a las necesidades reales de la población.
Por todo ello, cabe preguntarse qué valor tiene un
PASD que ha implantado un modelo de depuración en las poblaciones de mas de
1.000 habitantes equivalentes manifiestamente insostenible, tal y como ha
puesto en evidencia la Cámara de Cuentas de Aragón y ha reconocido el propio
Gobierno de Aragón. Mientras que para
las más de 400 poblaciones de menos de 1.000 habitantes equivalentes no está
teniendo ninguna utilidad, puesto que sus depuradoras no responden a
estrategias, previsiones o criterios planificados, si no a esporádicas campañas
de subvenciones cuyos criterios de valoración y selección van variando de
convocatoria en convocatoria.
Por tanto, desde la RAPA comprobamos con desolación
que la actuación del Gobierno de Aragón viene a confirmar todas y cada una de
las denuncias que venimos haciendo desde hace más de 8 años y, por ello,
reclamamos con urgencia la redacción de un nuevo PASD, adaptado a las
directivas europeas y orientado a los objetivos de transición ecológica; el
apoyo a las pequeñas poblaciones para que puedan elegir sus proyectos dentro de
una planificación que tenga en cuenta las prioridades medioambientales, el
tamaño de los municipios y la relación coste/eficacia de las soluciones
propuestas; y, finalmente, la modificación del modelo de financiación de la
depuración en Aragón para que sea mucho mas equitativo y sostenible, sin que
ningún aragonés tenga que pagar por cada metro cúbico consumido más que la
media nacional, asumiendo desde el Gobierno de Aragón el sobrecoste ocasionado
por las decisiones de anteriores gobiernos autonómicos.
TEXTO DE LA CONVOCATORIA:
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-65&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20191227
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-65&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20191227
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