La eterna pugna entre un modelo de gestión netamente publica de los servicios públicos y la tendencia a su privatización ha oscilado recientemente hacia esta última. Formulas gramaticales de aparente consenso como la "COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA", esconde una intención de convertir en negocio la prestación de los servicios básicos a la ciudadanía.
El precio que pagan los ciudadanos por el agua, la recogida de basuras o el alcantarillado seguirá careciendo de los límites que hasta hace dos años le concedía su forma jurídica. El Tribunal Constitucional ha desestimado un recurso presentado por el grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea contra el precepto de la Ley de Contratos Públicos de 2017 que implica cobrar mediante una tarifa los servicios públicos, en lugar de que se reembolsen mediante una tasa.
Lo que implica pasar de una forma de cálculo a la otra es que mientras que las tasas están limitadas por el coste de la prestación, las tarifas quedan al albur de las decisiones sobre el precio del ayuntamiento o empresa pública que da la concesión y de sus negociaciones con la empresa adjudicataria, y no tienen un límite.
Toda la información en:
https://www.eldiario.es/economia/Tribunal-Constitucional-Unidas-Podemos-desmedidas_0_910959093.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/podemos-fracasa-intento-agua-tasa-publica_254250_102.html
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