Con la difusión de esta Nota de Prensa de la Red de Agua Pública nos sumamos desde Aragón a la campaña para suprimir la disposición adicional 27 de la Ley de Presupuestos del Estado.
LA RED AGUA PÚBLICA ANTE LA LEY DE
PRESUPUESTOS DE 2017
Los gobiernos del Partido Popular de Mariano Rajoy se han posicionado
sistemáticamente en contra de los intereses municipales, menoscabando sus
competencias y favoreciendo la privatización de los servicios públicos que, por
ley, tienen que gestionar. Esto quedó palmáriamente claro cuando aprobaron la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, y, en la presente legislatura, cuando se personan
judicialmente a través del Ministerio de Hacienda para entorpecer la recuperación de la gestión de los
servicios públicos, como en el caso de Valladolid en el que intentan paralizar
la remunicipalización del ciclo integral del agua por parte del ayuntamiento de
esta ciudad, favoreciendo descaradamente los intereses de la empresa Aguas de
Barcelona (AGBAR), dependiente de la multinacional francesa Suez.
Los hechos anteriores no son aislados, sino que
se encardinan en una estrategia clara del gobierno central del Partido Popular de favorecer los intereses de las grandes corporaciones que
especulan con el derecho humano al agua, promoviendo la privatización
de los mismos y obstaculizando los procesos de remunicipalización que se están
impulsando en diferentes territorios del estado español. Intentan, en
definitiva, evitar que se multipliquen los procesos de remunicipalización que
se están generalizando en numerosas ciudades europeas como Paris, Montpellier,
Grenoble, Burdeos, Berlín, Stuttgart, Génova o Budapest.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2017 que ha presentado el gobierno del Partido Popular se
inscribe en esta estrategia, toda vez que su Disposición adicional vigésima séptima introduce
un verdadero caballo de Troya que atenta contra la
autonomía municipal al impedir la incorporación como empleados
públicos a los trabajadores de las empresas privatizadas. De esta forma será
prácticamente imposible que se materialicen procesos de remunicipalización de cierta envergadura, con un volumen
de trabajadores considerable. Esta Disposición atenta, además, contra los
derechos laborales de los trabajadores y restringe drásticamente la democracia
en tanto que los ciudadanos o sus representantes electos no podrán optar por
modelos de gestión públicos una vez hayan sido privatizados, quedando
condenados a sufrir el oligopolio de las tres multinacionales que hacen negocio con el Derecho
Humano al agua y el saneamiento.
La Red Agua Pública llama a todas las fuerzas políticas con representación
en el Congreso de los Diputados a rechazar la
Disposición
adicional vigésima séptima del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2017.
Más información:
Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales,
ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión
del agua como bien común y servicio público, y luchan por
la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y
participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento.
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