Desde la Red de Agua Pública aceptamos que los zaragozanos contribuyan a la financiación
del Plan Aragonés de Saneamiento pero sólo tras la revisión del mismo y a
través de un acuerdo justo con su Ayuntamiento
El irracional modelo de masiva concesión privada de la
construcción y explotación de la depuradoras tuvo como consecuencia en Aragón
que se sobredimensionaran los proyectos dando por resultado que tengamos que
soportar hoy uno de los sistemas de depuración de aguas residuales más costosos
de España. Este sistema ha sido posible merced a la imposición a la ciudadanía
de un impuesto, el ICA, que desde su creación no ha parado de crecer, subiendo
sus tarifas más de un 16 % en los años peores de la crisis económica (2010 a
2012).
Es por ello que la RAPA contempló con satisfacción que los grupos que sostienen al
actual Gobierno de Aragón alcanzaran el pasado 23 de septiembre el compromiso
público de “promover una moratoria inmediata de cuantas acciones están
previstas en desarrollo del Plan de Saneamiento, en tanto se desarrolla una
auditoría económico-financiera y de viabilidad del Plan que permita revisar a la
baja los costes”. Pues bien, sólo cuatro meses después de la firma de este
acuerdo, el Gobierno de Aragón parece decidido a incumplirlo, y sin revisión
previa del Plan Saneamiento y de su sistema de financiación, a continuar
imponiendo por ley la extensión de este modelo abusivo e injusto.
A juicio de la RAPA es intolerable e injusto, y además de muy
dudosa legalidad, que se pretenda castigar a los zaragozanos, que ya llevan
pagando desde 1993 su propio sistema de depuración, con una doble tributación
por el mismo concepto. Por más que se bonifique la tarifa, cada familia
zaragozana podría llegar a pagar en concepto de saneamiento hasta un 50% más de
las ya abultadas tarifas actuales. Pero además hay que considerar que, en
hogares con bajos ingresos que tienen hoy la tarifa bonificada, el recibo
podría llegar a multiplicarse por tres, ya que los requisitos de exención
social del ICA son mucho más restrictivos que los que aplica el Ayuntamiento de
Zaragoza.
Por todas estas razones, la RAPA considera que los zaragozanos
han de participar en el sostenimiento de un sistema aragonés de saneamiento,
pero siempre tras la revisión en profundidad del actual modelo del mismo y a
través de un acuerdo con su Gobierno Municipal, en el marco de los convenios
suscritos entre ambas instituciones, que garantice una aportación justa y
razonable y un sistema recaudatorio eficiente que no relegue al Ayuntamiento a
mero observador de la voracidad recaudatoria de la Comunidad Autónoma sobre sus
vecinos.
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