En sintonía con lo que ya pudimos ver y escuchar en las Jornadas del Agua organizadas el pasado mes de noviembre, la ENERGÍA y el AGUA son dos elementos físicos y conceptuales íntimamente unidos tanto por la naturaleza como por el neoliberalismo económico que lo impregna todo.
La llegada de la energía solar y eólica, eterna ambición del movimiento ambientalista, podría haber sido una oportunidad de futuro y de democratización de la energía que no ha llegado a término. Un ejemplo más de perversión de un ideal que se pone al servicio del MERCADO atento al beneficio de las grandes empresas tecnológicas. Unas empresas que, por otro lado, no lo deben estar haciendo tan bien como sus voceros proclaman cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está investigando la trama societaria de FORESTALIA en su relación con el caso "Leyre".
Las irregularidades en la gestión de la implantación de "Energías Renovables" en Aragón son, o deberían ser, de dominio público. Para abundar en ese conocimiento, la Plataforma 13M "Aragón por la Racionalidad Energética", ha elaborado un informe que recoge la experiencia de este colectivo en este aspecto del que no todos los medios de comunicación se hacen eco por igual.
Para la Plataforma citada, los proyectos definieron infraestructuras de evacuación que, por sus características, son auténticas redes de transporte eléctrico que vulnerarían abiertamente la legislación vigente.
Si estos proyectos se llevaran a término el resultado sería que los promotores acabarían dotándose de toda una auténtica red de transporte eléctrico propia y privada situada al margen de la legalmente establecida que, de momento, goza de un marco regulatorio y un riguroso control por parte del estado.
Es necesario considerar que los presumibles altos costes de estas infraestructuras y los costes variables de su operación y mantenimiento corren el riesgo de acabar recayendo en los consumidores finales de la energía generada.
Señala el informe que el órgano ambiental del MITERD ha autorizado a FORESTALIA, de forma incomprensible, líneas similares a otras denegadas por motivos ambientales a otras empresas.
Las sospechas de irregularidades no parecen infundadas cuando se han producido autorizaciones de centrales renovables a FORESTALIA en ubicaciones similares a las de otras promotoras denegadas por el MITERD por afecciones ambientales. Casos en Matarranya y Cinco Villas son muestra de esta práctica.
Una realidad en la que ha sido habitual el fraccionamiento de proyectos que, por su proximidad o por compartir infraestructuras eléctrica de evacuación o por pertenecer a la misma empresa matriz, hubiera resultado razonable su descarte. Está más que probado que muchos proyectos han sido intencionadamente fraccionados para evitar que se traten como un único proyecto en el que se hubiera de haber considerado su dimensión y sus impactos sinérgicos y acumulativos. Monegros, Cinco Villas y Camporromanos, lo testifican.
Ni las zonas de protección determinadas por el planeamiento urbano o por la Ley de Montes de Aragón y otras delimitaciones agrarias, han sido óbice para la extensión de una expansión desmedida que, como se ha dicho en abundancia, tiene más de especulación que de herramienta y metodología para caminar hacia una transición energética real y ajustada, por encima de todo, a las necesidades de la población aragonesa. El Regadío de Movera, la Concentración Parcelaria de Cinco Villas o el maltrecho Maestrazgo de Teruel, lo corroboran.
Llama la atención en el informe el hecho de que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) externalizara las evaluaciones ambientales a empresas que habían trabajado para SARGA o FORESTALIA. Un caso de incompatibilidad que no parece haber sido tenida en cuenta por las administraciones.
En estos últimos años se han dado otras irregularidades en la tramitación respecto a la falta de información a interesados, modificaciones sustanciales o informes aportados posteriormente que no vuelven a ser sometidos a exposición pública. El catálogo es amplio y siempre a favor de parte.
Lo cierto es que ni la administración ambiental ni la sustantiva han adoptado diligencia alguna en orden a repetir el trámite de información pública pese a la modificación sustancial introducida en los proyectos con posterioridad al primer periodo. En este estado de cosas, se ha mermado a la ciudadanía y a los colectivos ambientales la posibilidad de acceder a la nueva documentación e información relativa al mismo.
La gente de Movera, Cinco Villas, los afectados por el clúster del Cinca o el promovido por Soluciones Tecnológicas de Energías Verdes de Zaragoza, pueden hablar con conocimiento de toda esta forma de gestión.
Desde otro punto de vista, el informe de la Plataforma 13M recoge la incapacidad financiera detectada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. El entramado societario de FORESTALIA de cientos de microempresas sin apenas capital no ha alarmado a las administraciones competentes para la aprobación de muchos proyectos que parece contar con una bula especial. Se han estado manejando proyectos de centenares de millones de euros gestionados por empresas casi desprovistas de capital con que hacer frente a sus responsabilidades.
Una consideración que también hace mucho que se conoce y se difunde es la valoración incorrecta de los riegos reales en la avifauna por parte de MITERD que asume los informes de los propios promotores cuya imparcialidad y objetividad parecen a todas luces insuficientes.
Hubiera parecido adecuado que estos informes se hubieran solicitado a organismos independientes, científicos y académicos que hubieran sido más objetivos. El promotor tiene un claro interés en que los informes sean favorables a su voluntad constructora.
Colectivos como ANSAR llevan mucho tiempo denunciando los fallos en la aplicación de los protocolos de parada establecidos por la normativa aragonesa y el deficiente sistema de control y prevención de muertes de aves y murciélagos.
No es fácil de entender que, ante toda esta información, ante las dudas y certezas de los daños ambientales y en la avifauna en zonas de la red natura 2000, el MITERD se haya pronunciado de forma favorable la puesta en marcha de tantas instalaciones.
El inventario de irregularidades, cuando no claras infracciones a la legalidad estatal y aragonesa, es demasiado largo para la intención y capacidad de esta entrada que solo aspira a dar una pincelada de cómo los Iconos de Progreso de los que la clase política aragonesa presume como garantía de desarrollo de Aragón, deberían ser puestos en cuestión si verdaderamente hay alguien que cree en la necesidad real de trabajar para una Transición Energética Justa.
Por todo ello la Plataforma 13M ha pedido a las administraciones locales, autonómicas y estatales, así como a los partidos que se presentan a las elecciones a las Cortes Aragonesas, la paralización de todos los proyectos de FORESTALIA en nuestro territorio hasta que finalice la investigación y se determine si han existido tramitaciones fraudulentas y trato de favor.
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