LA DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL QUIERE PRIVATIZAR EL AGUA en PROVINCIA
Según informa el Diario de Teruel, en el reciente pleno
extraordinario de la Diputación Provincial de Teruel, se acordó elaborar “un convenio marco para encomendar la gestión
conjunta de todos los servicios relacionados con el abastecimiento de agua
potable domiciliaria,..... que llevará a cabo una misma empresa en los
diferentes pueblos …”. Dicho en
otras palabras, un asalto a la autonomía local para privatizar a nivel
provincial la gestión del agua de boca, que dejaría de ser un servicio público que los Ayuntamientos deben brindar a sus vecinos desde la lógica del interés
general, para pasar a ser un negocio privado.
La DGA, en su momento, hizo lo propio con el saneamiento y hoy
sufrimos las consecuencias: servicios privatizados que pagamos al precio más
caro de España a través del injusto, abusivo y oscuro ICA.
La Diputación Provincial sabe que la competencia en materia de
servicios de agua y saneamiento es municipal y que por tanto, semejante proceso
de privatización del agua debería contar previamente con las correspondientes
cesiones de competencias en esta materia por parte de cada Ayuntamiento.
Por otro lado, resulta ofensivo e insultante, tanto para las
alcaldías y corporaciones municipales de Teruel, como para los funcionarios
públicos encargados de gestionar estos servicios, afirmar que el objetivo de
esta operación de privatización del agua se centra en que “los municipios
puedan cumplir la normativa” y brindar “un buen servicio…”; afirmaciones que
presuponen la incapacidad de alcaldes, concejales y funcionarios para cumplir
la normativa y brindar un buen servicio.
Debería advertir la Diputación de Teruel que los servicios de
abastecimiento que han sido privatizados hasta la fecha en la provincia, como
ocurre en Alcañiz, no sólo son los más caros, sino que están lejos de ser
ejemplares.
Por todo ello, elevamos nuestra protesta contra este acuerdo de
la DPT, al tiempo que lanzamos una señal
de alarma, no sólo en Teruel sino en el conjunto de Aragón, en vísperas de las
próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas.
El agua no debe
privatizarse sino gestionarse como un bien público desde la lógica del interés
general y no del mercado. Los servicios de agua y saneamiento, tal y como
establece Naciones Unidas, deben garantizar el acceso al agua potable como un
derecho humano y no como un negocio.
Exigimos que todas las formaciones políticas y candidaturas,
tanto municipales como autonómicas y europeas, expliciten su posición a este
respecto antes de las elecciones, al tiempo que llamamos a toda la ciudadanía
aragonesa a estar atenta a este tema y votar en consecuencia.
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