Este es el contenido de la nota de prensa remitida como valoración del proceso rescisión de los contratos de concesión de obra pública para la depuración de las localidades del pirineo que avanzábamos en nuestra anterior entrada:
Tras
la noticia de que el Gobierno de Aragón ha desbloqueado el Plan Integral de
Depuración del Pirineo Aragonés, mediante la resolución de los cuatro contratos
de concesión que deberían haber permitido llevarlo a cabo antes del 31 de
diciembre de 2017, la Red de Agua Pública de Aragón quiere dejar constancia que
la revisión de estos (y otros) contratos ha sido una de nuestras
reivindicaciones históricas, estudiando la conveniencia de su rescisión frente
al mantenimiento de los mismos durante todo el periodo previsto de vigencia. Así, pues, nos congratulamos de esa decisión.
También
es una noticia positiva el hecho de que las 19 depuradoras que haga el IAA se
lleven a cabo mediante contratos de obra y no con el método concesional que
tantos problemas ha ocasionado. Apoyamos, asimismo, la previsión de que los
ayuntamientos puedan elegir el método de gestión (directa, o a través del IAA)
una vez construidas estas 19 instalaciones y también las de las 250 localidades
que podrán elegir el sistema de depuración a aplicar en su municipio, con una
subvención del 100% para su construcción.
Dice
el consejero Olona que los pagos a las concesionarias cuyos contratos se
rescinden, por importe de 5 millones aproximadamente no son en concepto de
indemnización, sino que permite que el Gobierno de Aragón obtenga la propiedad
de los proyectos redactados y los terrenos adquiridos por las concesionarias.
En
relación con este apartado nos gustaría saber si los aproximadamente 3,9M€ por
depuradora (46,3 presupuestados M€/19 depuradoras) están calculados con los
proyectos que ya tenían hechos las concesionarias (sobredimensionados e
insostenibles) o con los que se elaboren de nuevo (en cuyo caso los antiguos
son inservibles).
Querríamos
puntualizar que paliar el desaguisado que ha supuesto hasta ahora la depuración
en el Pirineo no puede justificar en modo alguno el mantenimiento del actual
ICA. Los gastos en depuración son importantes y hay que cubrirlos, sí. Pero da la casualidad de que la depuración de
los ríos pirenaicos fue declarada de interés general por la Ley 10/2001 del
Plan Hidrológico Nacional, por lo que han de financiarse al 100% con
aportaciones del Estado. A ese fin se
suscribió en 2008 un Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y el
Ministerio de Medio Ambiente.
Lamentablemente, los 142 millones de euros aportados por el ministerio
para depurar los ríos del Pirineo, entre otras obras de saneamiento, se
destinaron a otros fines, por lo que el Gobierno de Aragón no puede pretender
ahora que lo paguemos entre todos los aragoneses a través del ICA.
La
construcción de las depuradoras del Pirineo se ha de financiar sin incrementar
los costes del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. La situación actual de los ríos pirenaicos es
otra consecuencia negativa más del modelo concesional utilizado por la
Comunidad Autónoma para cubrir las necesidades de depuración en Aragón.
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