La prensa aragonesa se hace eco de la propuesta de negociación que el gobierno aragonés pretende imponer al Ayuntamiento de Zaragoza. Al parecer la "condición sine qua non" supone que se alcance un convenio sobre el impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA) que abra la vía para que la DGA pueda recaudar el tributo sin trabas en la capital.
Sorprende la escasa capacidad de sonrojo de que hace gala el ejecutivo aragonés cuando dice pretender que el ICA salga del debate partidista, no se convierta en arma electoral y se conduzca por el carril de la lealtad institucional. En nuestra opinión su actuación obedece justamente a esos principios de deslealtad que no tiene ningún problema en zanjar la polémica del Impuesto de Sucesiones a la espera de un presumible gobierno con la derecha aragonesa sin tener en cuenta la realidad del Impuesto de Contaminación de las Aguas.
Por otro lado, Javier Lambán, debería saber que la oposición al cobro del ICA no es una lucha entre dos contendientes. El viejo y gastado trastorno bipolar de "Zaragoza contra Aragón" debería darse por superado y abordar un dialogo verdadero que nunca puede ser el intento de imponer un monologo obcecado.
Lamentamos profundamente la escasez de miras de nuestros representantes públicos en el Pignatelli que no parecen dispuestos a cambiar nada sustancial y esperamos que, pese a todo, la lógica de una negociación sin apriorismos sin imponga sobre la sinrazón del inmovilismo.
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