En la cuarta jornada la CARAVANA POR EL AGUA
PÚBLICA ha descendido hasta Barbastro compartiendo vivencias y opiniones con
los vecinos de Graus y la capital del Somontano sin olvidar el disfrute que supone recorrer, en buena compañía, uno de los más bellos ríos de Aragón.
Nos han acompañado José Antonio, Victor y Enrique. José Antonio Aines, miembro de Chunta Argonesista de Barbastro se incorporó a la Caravana en Ainsa mientras que Victor y Enrique lo han hecho en Seira. Con los tres hemos disfrutado de la acogida de los amigos de Graus y Barbastro haciendo palpable que el interés por el buen gobierno de lo publico hace superar las diversas visiones políticas.
En 72 Kms. hemos realizado un
recorrido entre dos exponentes de la mala gestión de la depuración de las aguas
en Aragón. Si en la montaña vienen pagando desde hace años el Impuesto de
Contaminación de las Aguas sin que la gran mayoría de las depuradoras se hayan
construido, en ciudades como Barbastro, los vecinos pagan, por el mismo
concepto, tres veces el coste de su sistema de depuración.
En Barbastro nos cuentan que, construida su depuradora
con fondos europeos, el IAA se apropió, mediante convenio, esta competencia
municipal que pasó a gestión privada. El resultado es un aumento de los costes
de la depuración y por otra parte los vecinos pagan en concepto de ICA, el
triple de la cantidad que el IAA destina a la gestión de la depuradora.
Municipio a municipio este sobreprecio que los ciudadanos pagan sobre el coste
real de la depuración es lo que engrosa el inmenso negocio privado organizado
en los último años en el resto de localidades. Así es como el gobierno de
Aragón entiende la solidaridad interterritorial. Y, aun a riesgo de ser tildados de demagogos, no podemos estar de acuerdo con este perversa versión de la solidaridad.
En opinión de la RAPA, en casos como el de
Barbastro, debería posibilitarse que el ayuntamiento recuperara sus plenas
competencias sobre la gestión de su servicio de aguas. Es la forma en que
entendemos se abarataría el servicio y una parte del ICA recaudado debería ir
destinado a infraestructuras hidráulicas de estos ayuntamientos. Para ello es
imprescindible modificar la Ley de Aguas y Ríos de Aragón que concibe este
impuesto exclusivamente como mecanismo de financiación de las concesiones
privadas.
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