Las esperanzas puestas en el último Gobierno de Aragón no parecen materializarse en el cambio sustancial en las políticas sobre depuración que deseábamos. El consejero Joaquin
Olona parece haberse dejado llevar por las inercias políticas de gobiernos anteriores y
poco o nada se ha cambiado.
En esencia se ha optado por paliar el gran agujero
económico surgido como consecuencia de premiar la gestión de las empresas privadas, con el cobro a cientos de poblaciones que no tienen
depuración ni la van a tener en un horizonte próximo. del Impuesto de
contaminación y que las grandes poblaciones, entre ellas Zaragoza, paguen este desaguisado.
Para justificar esta afirmación hagamos un
repaso de las tres últimas zonas de depuración que ha tenido que ir poniendo en
marcha o cerrando el Instituto Aragonés del Agua. Son las zonas A3, A10 y P3 de depuración.
La zona A3 en la comarca de La Litera consta
de 14 depuradoras, cuyas obras se licitaron en 2008 para un total de 16000
habitantes con un coste total de 26 millones de euros en su construcción. Al
cabo de los 20 años de su concesión la empresa contratada habrá facturado unos 80 millones de euros. Ello supone cuatro millones de euros cada año a
pagar por los 16000 vecinos de la comarca. Esto es claramente insostenible.
La empresa adjudicataria incumplió los plazos
para la ejecución de las obras. Reclamó al IAA una indemnización de más
de 11 millones de euros a través de un contencioso. El IAA declaró de
manera oficial (en reuniones de la Comisión del Agua) que rescindiría el
contrato y volvería a hacer una nueva licitación. En septiembre de 2013
hubo sentencia del contencioso dando la razón al IAA y diciendo que no procedía
indemnización a la empresa. En abril de 2014, se difunde en prensa una
noticia según la cual el IAA había llegado a un acuerdo con la empresa
adjudicataria (por tanto, no había rescindido el contrato) para que se iniciara
progresivamente la construcción de las depuradoras adjudicadas.
En 2015,
el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad tramitó dos expedientes de
expropiaciones para la construcción de 3 de las depuradoras de esta zona, ¡7
años después de haber adjudicado su construcción!. ¿Quien ha sido el
responsable de que se licitaran las depuradoras sin tener
los terrenos para construirlas?
Por otro lado los ingresos previstos por ICA en esa zona 3 están muy lejos de los costes reales, resulta que los ingresos solo cubren un
13,64% de esos costes. Es cierto que, en principio, los ingresos previstos tienen una bonificación del 60%, pero, aunque se aplicaran al 100%, los ingresos no
superarían el 30% de los costes. Los precios unitarios por m3 son
superiores en algunos casos a 9 euros por m3 que son 90 veces más caros que la depuración que por ejemplo
se hace en Zaragoza. Aunque haya
economías de escala la diferencia es una barbaridad y proviene de la elección
de tecnologías carísimas y el sobredimensionamiento Ante estos graves desfases,
la solución que sigue encontrando el IAA, es que paguen todos los ciudadanos de Aragón.
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| Depuradora de Valderrobles |
En la zona A 10 que comprende la comarca del
Matarraña El contrato firmado con Depuraaragón en 2008 se rescinde en 2012 y se
decide dividirlo en tres zonas para que pudieran entrar en la licitación
empresas aragonesas. En Agosto del 2013 se adjudica en 40,7 millones en la construcción y mantenimiento de las
cinco depuradoras del alto Matarraña. En total, todas las de la comarca salen a
licitación por 145 millones de euros que supone un incremento del 23% con relación a como se había licitado en el 2008.
Las cuentas que hemos hecho son análogas a las
de la zona A3. El nº de habitantes de esta zona es de 4500 que
tendrían que pagar unos costes de dos millones de euros al año. Los ingresos
previstos por el ICA en este año en las cinco poblaciones no llegan a 130.000 euros. Es decir no
llega ni al 15% de los costes. La falta de datos de las demás zonas no nos
impide esperar que el análisis sea similar por lo que se ratifica que toda
esta inversión, a 20 años, de más de 100 millones de euros es toda una gran
operación para que ciertas empresas privadas hagan un gran negocio.
En la zona P3 del Pirineo?. El
contrato con la empresa adjudicataria se hace en 2010, cuando todavía hay ayuntamientos que
no han firmado el convenio de delegación de competencias en esa fecha (caso de
Ainsa-Sobrarbe, Bielsa y Plan) por lo que la administración contratante está
licitando y comprometiendo gasto público para algo sobre lo que no tiene
competencia. Ante el
incumplimiento de la ejecución, se plantean dos prorrogas porque entre otras
cosas: Falta la ubicación
de algunas de las depuradoras, permisos de carreteras, permisos para acceder a
algunas parcelas y realizar estudios geotécnicos e hidrogeológicos ¿Quienes son
los responsables de que se licite sin tener estas cuestiones resueltas?. Sodemasa alega razones de “índole técnica, en su mayor parte no
imputables al concesionario”. Es decir que son imputables a la administración
pero lo que no conocemos son los informes jurídicos
del IAA sobre las prórrogas.
Ya con el Plan Nacional de Calidad de Aguas de los 169 millones que el Estado ha ingresado hasta el 2015, 23 millones de € lo fueron para poner en
marcha cuatro plantas de residuos de purines para la obtención de biogás. En el
último periodo han estado paralizadas por su ineficiencia. La primera pregunta
que nos hacemos: ¿una actividad empresarial como es el tratamiento de purines
debe entrar en las subvenciones de los planes de saneamiento de aguas
residuales de Aragón?.
Una de ellas la de Peñarroya de Tastavin ha
entrado en funcionamiento con una empresa que se plantea la obtención de
compost ecológico. ¿Paga por el arrendamiento de la planta? ¿ En que
condiciones se ha hecho el contrato.?
Nosotros tenemos dudas sobre el proyecto. De
no llevar un control riguroso en los piensos administrados será difícil obtener
compost ecológico y de paso eliminar una de las mayores agresiones ambientales
que hay sobre los suelos, el aire y las aguas.
En diferentes zonas rurales de Aragón se están
levantando voces sobre el aumento exponencial de las granjas de porcino y la difícil convivencia con otras actividades. Se habla de que puede generar otra burbuja
de graves consecuencias en el medio rural.
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