REPRODUCIMOS ESTE ARTICULO DE MARIANO MÉRIDA
En abril de 2008 se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón dentro del Plan Nacional de la Calidad de las Aguas de Saneamiento y Depuración 2008-2015 por el que se subvencionaban la construcción de depuradoras que completasen las ya construidas en las principales ciudades y cabeceras de comarca de Aragón. En el listado de obras del anexo I de dicho convenio se recogían la construcción de cerca de 300 depuradoras en el Pirineo por valor de 128 millones de euros y en un segundo anexo se recogían la construcción en tres fases de depuradoras en el resto de Aragón por 58 millones
Se ha acabado el 2015 y el ministerio ha aportado a Aragón la importante cantidad de 142,6 millones de euros ¿Pero, realmente, qué se ha hecho con este dinero?.
Desde algunos colectivos ecologistas tratamos durante los cuatro años de la pasada legislatura en saber dónde se había invertido ese dinero. Hicimos continuas peticiones por registro al anterior consejero de la DGA, Modesto Lobón, y al director del Instituto Aragonés del Agua (IAA) Alfredo Cajal. En varias intervenciones en la Comisión del Agua nos remitieron de forma genérica al Boletín Oficial de Aragón y nos negaron cualquier información, no solo sobre lo que había pasado con los 142,6 millones, sino también sobre los pagos que las poblaciones aragonesas habían realizado en los últimos 10 años para satisfacer el impuesto de contaminación de las aguas (ICA) aduciendo, según ellos, aspectos de tributación y fiscalidad que no se podían exponer públicamente.
Con la entrada del nuevo equipo en el IAA nos ha llegado, parcialmente, información que anteriormente era vetada. Se nos entregan las actas de las comisiones de seguimiento del convenio entre el ministerio y el Gobierno de Aragón y, con gran sorpresa, observamos que en abril del 2008 se aprueba un listado de obras de construcción de depuradoras en el Pirineo y en junio, tres meses después, en la comisión de seguimiento y al margen del convenio, se aprueba un nuevo listado --cuyo anexo no aparece en el acta-- totalmente distinto y que hace referencia a la construcción de obras de abastecimiento y renovación de redes. Nada de construcción de depuradoras que era el fin fundamental del convenio. Pero no solamente eso,.... en las renovaciones del convenio en 2010 y 2013 se sigue poniendo el mismo listado de obras de depuración por hacer, pero se siguen haciendo otras totalmente distintas. Nada que ver con la depuración.
Una incorporación sustancial que se hace posteriormente es la de una partida por valor de 26,5 millones de euros para la construcción de plantas de tratamientos de purines, que han servido a necesidades empresariales de los dueños de las granjas de porcino, y que hoy están totalmente paradas e inutilizadas.
¿Qué consecuencias han tenido estas decisiones de los gobiernos aragoneses y en especial del exconsejero de Medio Ambiente Alfredo Boné en ejecutivos PSOE-PAR?.
- Una primera es que en 2016 gran parte de la depuración del Pirineo siguen sin hacerse.
- Una segunda es que la CHE cobra la mayor cuota del canon de vertido a estas y otras poblaciones de Aragón al no tener depuración de sus aguas sin ser responsabilidad de las poblaciones como son los casos últimos de Canfranc y Villanúa y otras diez poblaciones del Pirineo.
- Y tercera, a todos los ciudadanos aragoneses se nos encarece el recibo de depuración al detraerse esos 142 millones del montante total de los pagos por el saneamiento.
Ha habido una desviación de dinero público a otras partidas y en consecuencia una grave responsabilidad política de los anteriores gobiernos autonómicos. Y estamos estudiando si no hay, además, responsabilidades judiciales.
En mayo de 2014, con el anterior gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza y el pasado septiembre del 2015 en las Cortes de Aragón, firmamos sendos documentos de colectivos sindicales, vecinales, ecologistas y de consumidores en que, entre otras cosas, se hablaba de una moratoria en el cobro del ICA mientras no hubiese más luz sobre la gestión pasada del impuesto.
Pero el gobierno PSOE-CHA en la DGA no ha apoyado esta posición y mientras en el Ayuntamiento de Zaragoza se sostiene con el apoyo de la oposición una sociedad pública como Ecociudad, con un gerente, que es una de las personas que más cobra en el ayuntamiento, sin avanzar en las necesidades de una gestión integral del agua y que esta se, gestione de una forma democrática y participativa, tal como se firmó en el Pacto social por el Agua de mayo de 2014.
Tenemos pedido al consejero Joaquín Olona el listado de obras que se aprobó en la primera comisión de seguimiento de junio de 2008. No sabemos si no se encuentra o nunca lo hubo, porque a fecha de hoy no lo tenemos. Y desde hace seis meses también hemos pedido los pagos de los ayuntamientos al ICA en los últimos 10 años. A pesar de los cambios positivos, en el IAA, sigue faltando información y lo único que esperamos es que se cumpla la ley de transparencia del propio Gobierno de Aragón y no tengamos que esperar otros cuatro años más, como en la pasada legislatura.
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