LOS ERRORES Y LOS HORRORES DEL PLAN
ARAGONÉS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
Esas depuradoras son una medida esencial para conseguir un buen estado
de las masas de agua en la Comunidad Autónoma y nadie discute la necesidad de
que los aragoneses colaboremos en su financiación a través de nuestros
impuestos. Sin embargo, tanto su
planificación como su gestión han respondido a una voluntad política de los
distintos gobiernos autonómicos para privatizar los servicios vinculados al
ciclo integral del agua.
A tal fin, desde el año 2000 los sucesivos gobiernos
de Aragón han fomentado en los municipios la cesión de sus competencias en
saneamiento, optando por la centralización de las mismas en el Instituto
Aragonés del Agua (IAA), que es un organismo autónomo sin los controles
públicos adecuados.
A partir de ahí, el IAA planificó la construcción de más de 500 km. de
colectores y de grandes depuradoras, basadas en unas previsiones de crecimiento
de población totalmente irreales. Es decir, se previeron sofisticadas infraestructuras necesitadas de
grandes inversiones para hacerlas atractivas al sector privado. El IAA distribuyó las obras por “zonas
de depuración” y adjudicó su construcción y explotación durante 20 años a
grandes empresas del sector, mediante contratos de concesión de obra
pública. Se trata, por tanto, de
un claro proceso de privatización.
Todo este descomunal montaje de grandes infraestructuras se gestó
desoyendo las recomendaciones de los de organismos estatales especializados,
como el CEDEX o el CENTA, que abogan por tecnologías con poca necesidad de
inversiones, con bajos consumos energéticos, y aplicables en cada población, lo
que permitiría ahorrar también en la construcción de colectores.
Teniendo en cuenta que el 21,34% de los municipios de Aragón tienen
menos de 100 habitantes y que el 71,68% tiene entre 100 y 2.000 habitantes,
podemos concluir que alrededor del 90% de las depuradoras de Aragón se podrían
haber construido a un coste infinitamente menor que el que ahora se nos obliga
a soportar a todos los aragoneses.
A consecuencia de esas decisiones, muchas depuradoras actualmente en
funcionamiento, están mal dimensionadas. Como prueba de ello basta indicar que, según datos del año 2012, el 40%
de las mismas funcionaron a menos del 50% de su capacidad y un 26% funcionaron
entre el 50% y el 75%, obligando al IAA a pagar hasta 6 euros por metro cúbico
depurado a las empresas adjudicatarias, con el fin de mantener el equilibrio
económico de la concesión.
Pero no terminan ahí los sinsentidos del Plan Aragonés de Saneamiento y
Depuración. La Comunidad Autónoma
suscribió un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2008, en
base al cual Aragón ha recibido en el periodo 2008-2016 142 millones de euros
para financiar, según los anexos de ese convenio, obras de depuración en la
Comunidad Autónoma. De esas obras,
las correspondientes a depuradoras del Pirineo, con un presupuesto de 128
millones de euros, se podían haber beneficiado de financiación del Estado al
100%, al estar reconocidas de “interés general” por la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Pues bien, el Consejero firmante de ese convenio, a la sazón D. Alfredo
Boné, decidió, con la connivencia del Ministerio y la Confederación
Hidrográfica del Ebro, dedicar esos 142 millones a otras obras, relacionadas, en
mayor o menor medida, con la gestión del agua, dejando constancia de que no se
podían utilizar esos fondos para financiar las depuradoras pirenáicas “porque su modelo de gestión del PASD, a
través de empresas privadas, era incompatible con la financiación del Estado”. Es decir, conscientemente, decidió que
los aragoneses soportáramos a través del Impuesto sobre la Contaminación de las
Aguas (ICA) un enorme coste que podría haberse evitado.
El efecto de esta acumulación de malas decisiones es que, en la
actualidad, el coste medio de depuración en Aragón es de 1,5€ por metro
cúbico. Casi el doble del coste en
la Comunidad Valenciana y tres veces más que en Castilla y León o La Rioja.
Por eso, desde la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) venimos exigiendo
una auditoría del PASD desde su inicio, el replanteamiento de todas las
depuradoras pendientes de construir, el cambio de modelo de gestión, la
recuperación por parte de los municipios de sus competencias en saneamiento y
depuración y otra serie de medidas que permitan reducir las tarifas del ICA, lo
hagan más justo y nos permitan conseguir los objetivos de depuración a que la
normativa europea nos obliga con una presión fiscal similar a otras comunidades
autónomas limítrofes.
(Articulo publicado en el periódico del Arrabal de la Asoc. de Vecinos Tío Jorge)
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