Hoy, Día Internacional de Acción por los Ríos y contra las grandes presas, Ecologistas en Acción exige la paralización y reversión de los embalses que están produciendo la inundación de valles con gran valor ecológico, el desplazamiento de la población, la pérdida de un elevado patrimonio natural y cultural, así como la represión, criminalización e, incluso, la muerte de quienes se oponen a estos proyectos
La exigencia no puede limitarse únicamente a los embalses contemplados en el Estado español sino que necesariamente debe tener un carácter internacional, pues la construcción de estas obras obedece a una lógica global: el crecimiento económico basado en la construcción de grandes infraestructuras que benefician, principalmente, a intereses empresariales. Ya sean del sector hidroeléctrico, de la construcción, minero, agrícola o financiero. En el pasado siglo se construyeron 50.000 embalses en todo el mundo y actualmente otros miles amenazan a ecosistemas y comunidades.
En nuestro país estarían, entre otros, el caso del recrecimiento del embalse de Yesa que se está llevando a cabo a pesar del despilfarro económico que supone y el riesgo asumido por las localidades situadas aguas abajo de la presa, debido a los deslizamientos de tierra. Asimismo, se trata de una obra que no tiene ninguna utilidad, pues se plantea para abastecer a unos futuros nuevos regadíos, que jamás se van a llevar a cabo. También hay que señalar la irracionalidad de los 35 nuevos embalses contemplados en el Plan Hidrológico del Ebro recientemente aprobado (entre los que se incluye el proyecto citado). Por ello, Ecologistas en Acción ha solicitado la retirada de este plan hidrológico. Estos serían dos ejemplos dentro de nuestras fronteras.
En el plano internacional, las organizaciones ambientales, campesinas y de pueblos indígenas han venido denunciando los impactos de la presa Belo Monte –donde participa la compañía Iberdrola, a través de Neoenergía, y también la empresa brasileña Vale, financiada por el BBVA– que inundará 1.500 km2 de la Amazonía brasileña y puede generar el desplazamiento de miles de personas, fundamentalmente pertenecientes a pueblos indígenas. Un día como hoy recordamos a Nilce Souza Magalhães “Nicinha”, activista del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), que se oponía a la represa de Jirau en el Río Madeira (Brasil) y que fue “desaparecida” el pasado 7 de enero.
Hay también decenas de proyectos hidroeléctricos que se están desarrollando en Centroamérica. Algunos de ellos están generando fuertes impactos ambientales y sociales, muy especialmente en los pueblos indígenas que viven en las zonas afectadas. Ejemplos como Barro Blanco en Panamá, Hidro Santa Cruz en Guatemala y Agua Zarca en Honduras. Esta última está tristemente de actualidad, pues el pasado 3 de marzo asesinaron a la persona que lideraba la oposición al proyecto, Berta Cáceres. Además hirieron al activista Gustavo Castro, todavía retenido en Honduras con el riesgo que supone para su vida.
La construcción de estas obras sigue un mismo patrón, en varios aspectos: la represión y criminalización que sufren quienes se oponen y resisten a la construcción de estos proyectos con el objetivo de conservar el territorio. De nuevo, los ejemplos se repiten dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas.
Ocho personas que se movilizaron contra los procesos de expropiación, relacionados con el recrecimiento de Yesa, se enfrentan a penas de entre cuatro y seis años y medio de cárcel. En Guatemala llegaron a estar 10 personas presas por su resistencia frente a Hidro Santa Cruz, a pesar de no existir pruebas ni demostrar los cargos que les imputaban. El caso de Honduras muestra, además, cómo la persecución puede poner en riesgo la vida de estos defensores y defensoras de los ríos. La oposición al proyecto de Agua Zarca le ha costado la vida a cinco personas. No es el único país donde los líderes y lideresas arriesgan su vida en su actividad de rechazo a estas obras. El 11 de octubre de 2015 fue asesinado en Colombia el indígena Benicio Flor Belalcázar, activista contra la represa de la Salvajina. Y el pasado 28 de diciembre cinco balas acabaron con la vida del activista Hitler Ananías Rojas, opositor a la hidroeléctrica de Chadín 2, en el río Marañón, en Cajamarca (Perú).
Ecologistas en Acción considera imprescindible frenar la construcción de estas infraestructuras que tanto daño ambiental y humano están generando. Debe esclarecerse la responsabilidad civil y penal de los responsables de la represión y tienen que ser restituidas las condiciones ambientales, sociales, económicas y culturales que tenían las comunidades afectadas.
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