En estas semanas, dentro del
debate de presupuestos del Gobierno de Aragón, se está decidiendo cual debe ser
la contribución de los aragoneses al Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA).
Es objetivo del Gobierno de
Aragón que los zaragozanos paguen 16 millones de euros en el año 2016 en
concepto de ICA, lo que supondría un incremento medio del 40% para cada familia
zaragozana con respecto al año 2015, aunque en hogares con pocos ingresos y
tarifas municipales bonificadas, el recibo podría llegar a multiplicarse casi
por 3, ya que no se prevén más exenciones sociales que para los perceptores del
IAI, cuyos requisitos son mucho más restrictivos que los establecidos por el
Ayuntamiento de Zaragoza.
En su concepción actual el
efecto del ICA en Zaragoza, al tratarse de un impuesto lineal y regresivo (una elevada
cuota fija por contador, más un único precio fijo por m³ de agua consumida), sería
demoledor para las políticas de gestión de la demanda que tan buenos resultados
han dado en los últimos diez años, dejando de estimular el ahorro. Además, castigaría a los zaragozanos a
pagar un 13 % más que el resto de los aragoneses, sometiéndoles a una doble
imposición sobre sus consumos de agua.
Por si esto fuera poco, el
Gobierno de Aragón pretende imponer que la recaudación del ICA la realice una
empresa privada con datos que deberá facilitar el ayuntamiento de la ciudad,
dejando al ayuntamiento fuera de una relación tributaria que aumentará
notablemente la presión fiscal sobre los zaragozanos. Este modelo generará múltiples problemas de gestión, cuando
hoy la labor tributaria la están prestando mucho mejor y de forma más económica
los servicios municipales.
Y todo esto sin que ni
siquiera se haya pactado que haya una recuperación de una parte de los ingresos
con destino a los servicios de abastecimiento y saneamiento de una ciudad que
tantas inversiones tiene pendientes, e incumpliendo de manera flagrante el Convenio
Marco que ambas instituciones suscribieron en 2007 y que, a fecha de hoy, sigue
vigente.
De igual forma, se obliga a
poblaciones que no tienen servicio de depuración, a pagar el 25% del ICA
mientras siguen pagando a la Confederación Hidrográfica del Ebro el máximo del
canon de vertido por no haber resuelto la administración autonómica la depuración de sus aguas
residuales.
Antes esta situación la Red
de Agua Pública de Aragón-RAPA- quiere manifestar:
- Que el 23 de Septiembre de
2015 se firmó el Compromiso por la Gestión Pública del Agua por una mayoría de grupos representados en el
Parlamento Aragonés- PSOE,PODEMOS CHA e IU-. En el punto 7 de dicho documento
se decía textualmente : “promoveremos una moratoria inmediata de
cuantas acciones están previstas en el desarrollo del PASD, en tanto se desarrolla
una auditoría económico-financiera y de viabilidad del Plan y del Instituto
Aragonés del Agua-IAA, que permita revisar a la baja los costes del sistema
aragonés de depuración”. De esto se desprende que antes de establecer
ningún modelo tributario, debería realizarse la auditoría.
- Que a finales de Noviembre
tuvimos una comparecencia ante los grupos parlamentarios, solicitada por la
propia RAPA, donde se decidió por unanimidad, que las cuentas del Plan de
Saneamiento de Aragón-PASD-, desde el año en que se empezó a desarrollar, se
mandaran a la Cámara de Cuentas para que en el plazo de tres meses se pudiese
tener una auditoría del Plan.
- Que en estas condiciones se
podrían conocer las cuentas reales del PASD y su viabilidad económica y que se
podrá fijar la cuantía necesaria con que tienen que contribuir todas las
poblaciones de Aragón, incluida Zaragoza. Lo que supone que, si las acciones
parlamentarias necesarias no se demoran, en el mes de abril se debería conocer
dicha auditoría.
- Que Entre tanto, consideramos que
debería suspenderse la participación en el ICA de la población de Zaragoza y
cualquier otra variación en la situación actual del impuesto en cumplimiento
del compromiso adoptado. Todos los aragoneses debemos ser solidarios pero hemos
de exigir que sea con cuentas claras y transparentes, sobre todo en un momento
de crisis como el que vivimos.
- Que los zaragozanos han de
participar en el sostenimiento de un sistema aragonés de saneamiento revisado,
pero siempre tras un acuerdo con su Gobierno Municipal en el marco de los
convenios suscritos entre ambas instituciones, que garantice una aportación
justa y razonable y un sistema recaudatorio eficiente que no relegue a los
municipios a meros observadores de la voracidad recaudatoria de la Comunidad Autónoma
sobre sus vecinos.
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