La Ley de Aguas y Rios de Aragón parece marcada por la polémica desde su inicio. El Tribunal Constitucional, si quiera tangencialmente, da la razón a quienes aconsejaban legislar con más calma y acometer la gestión de las aguas aragonesas desde un punto de vista global y con una participación mayor de todos los agentes sociales que tienen algo que decir al respecto. Sin duda este revés judicial pone en entredicho la forma de atender y entender la política hidráulica aragonesa.
Así han recogido los medios de comunicación esta noticia:
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