El día 23 de septiembre a las 6 de la tarde convocamos a partidos políticos y colectivos sociales a la firma del COMPROMISO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA Y PARTICIPATIVA DEL AGUA EN ARAGÓN. Creemos que es el momento adecuado. El apoyo que el Parlamento Europeo ha prestado a la petición ciudadana de que el agua no sea tratada como una mercancía más, nos anima especialmente en esta lucha por un modelo de sociedad en donde el hombre y la mujer sean el centro y razón de ser de la convivencia.
COMPROMISO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA Y PARTICIPATIVA
DEL AGUA EN ARAGÓN
Las personas abajo firmantes,
representantes de Partidos Políticos y Coaliciones Electorales, ante la
necesidad de poner freno a las nuevas estrategias trasvasistas y a las
presiones privatizadoras del agua que se extienden en Aragón, suscribimos la
presente Declaración y nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir sus
principios y a desarrollar sus contenidos políticos a través de los
representantes que nuestras organizaciones han obtenido en los distintos
Ayuntamientos, Comarcas, Diputaciones Provinciales y en las Cortes de Aragón.
1) Los
ríos, acuíferos, lagos y humedales, como patrimonios de la biosfera, y el agua,
como bien público, deben ser gestionados desde criterios de sostenibilidad e
interés general, evitando que se impongan los intereses particulares de unos u
otros grupos de presión. Los servicios de agua y saneamiento, vinculados a
derechos humanos y de ciudadanía, que por su naturaleza tienen que ser de
acceso universal, NO deben ser gestionados desde la lógica del mercado, sino
desde nuevos modelos de Gestión Pública Participativa, sin ánimo de lucro, como
servicios de interés general.
2) Consideramos
necesario que los ayuntamientos ejerzan sus competencias, dotándoles de los
medios necesarios para promover una gestión integrada de los servicios de agua
y saneamiento, que permita optimizar su eficiencia y preservar el buen estado
ecológico de nuestros ríos.
3) Respaldamos
la resolución de NNUU (2010), por la que se reconoce “el acceso al agua potable
y al saneamiento como un derecho humano”, y nos comprometemos a hacerlo
efectivo en nuestros municipios para todos los ciudadanos, habilitando los
mecanismos que sean necesarios para evitar que su situación económica suponga una
restricción en el uso doméstico, al tiempo que proponemos dedicar el 1% de la
recaudación tarifaria a proyectos de cooperación internacional en este campo.
4) Frente
a las diversas estrategias de privatización, nos comprometemos a desarrollar un
nuevo modelo de gestión pública, transparente y participativa. Velaremos para
que el ente que asuma la gestión
del ciclo integral del agua sea siempre público no admitiendo el acceso de
capital privado en su accionariado
5) Promoveremos
tarifas progresivas que permitan recuperar los costes del ciclo integral del
agua incluyendo penalizaciones, exenciones e incentivos que garanticen el
acceso universal de los ciudadanos a servicios de alta calidad, una gestión de
la demanda eficiente, y el sostenimiento financiero del ciclo integral del
agua.
6) Constatamos
que el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) de la DGA ha
privatizado el servicio de saneamiento, ha forzado la cesión de competencias de
los ayuntamientos, en bastantes casos ha sobredimensionado las instalaciones
sin tomar en consideración las alternativas tecnológicas disponibles ni sus
costes asociados y, como resultado de todo esto, ha demostrado ser de difícil
viabilidad económica .
7) En
este contexto, promoveremos una moratoria inmediata de cuantas acciones están
previstas en desarrollo del PASD, en tanto se desarrolla una auditoría
económico-financiera y de viabilidad del Plan y del Instituto Aragonés del
Agua-IAA, que permita revisar a la baja los costes del sistema aragonés de
depuración.
8) Promoveremos
la reforma de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón
para adaptar la gestión de los recursos hídricos de Aragón a los principios
recogidos en este documento, mediante procesos participativos que devuelvan el
protagonismo a los ayuntamientos y sus ciudadanos.
9) La DGA
estudiará y facilitará la recuperación de competencias a los Ayuntamientos. que
lo soliciten. En los casos de Ayuntamientos que quieran mantener la cesión de
sus competencias de saneamiento a la DGA, se constituirá de forma inmediata la
comisión de seguimiento prevista entre ambas instituciones. Así mismo se
propondrá una reforma del ICA que recoja exenciones a aquellos municipios que
no dispongan de depuración y se estudiará la
puesta a disposición de dichos Ayuntamientos, para
que financien sus respectivas depuradoras, de lo que hasta hoy han pagado sus vecinos por el ICA
y también de lo que esos ayuntamientos han
pagado como canon de vertido a la CHE (para que financien sus respectivas
depuradoras).
10) Denunciamos
la nueva estrategia trasvasista promovida por el actual Gobierno, basada en
mercantilizar los derechos concesionales de agua, lo cual, en la práctica,
supone privatizar el agua y gestionarla desde una lógica de mercado y no desde
el principio del interés general. Nos comprometemos a promover la reversión de
los cambios legales que se han introducido en la última legislatura para
legalizar el libre mercado de derechos concesionales.
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