Al final de los
años noventa los gestores públicos acordaron que las redes de agua y alcantarillado
eran insuficientes en casi todas las poblaciones españolas. En Aragón la DGA dió
dinero para proyectos de depuración a unas 20 ciudades medianas. Cuando se hizo
la ley, la gestión del agua y el saneamiento conjuntamente eran una competencia
municipal.
La reacción de los
ayuntamientos fue pegarse un susto y pedir ayuda a las instituciones de más
arriba, solicitando que el modelo de gestión sea Público-Publico, entre
ayuntamientos y DGA o Diputaciones o Comarcas. Nada que objetar a este modelo.
Los problemas
comienzan cuando a los ciudadanos se les impone un "canon". Se divide
el mapa de Aragón en varios trozos y se privatiza el servicio, la
infraestructura y la gestión. Este modelo se adopta exclusivamente en las
comunidades de Madrid, impuesto por el PP, y de Aragón, impuesto por el PSOE. El
rescto de CC.AA. no adoptaron este modelo
Al privatizarse la
gestión del agua, esta se convierte en un negocio y además se sobredimensiona,
se proponen soluciones caras e inadecuadas y se oculta información a los
ciudadanos. Las recomendaciones en España son que, para poblaciones menores de 2.000 o 3.000 habitantes, no se
construyan depuradoras físico-químicas, que son más caras de construir y
muchísimo más de mantener pues consumen mucha energía eléctrica.
El modelo
alternativo propuesto es la depuradora de humedal artificial con aneas, que
está funcionando en la localidad de Fabara (Teruel) y en muchas otras
poblaciones españolas; basta con un terreno de 0.7 hectáreas para 3.000
habitantes. El coste es de 235.000 € incluido el módulo de energía solar,
mientras que una depuradora físico- química para la misma población costaría
2.400.000 €. La diferencia en los costes de mantenimiento es aún más bestia,
mientras el modelo Fabara cuesta unos 13.000 € anuales, la físico-química
cuesta 180.000 €, sin contar que necesita tratamiento de fangos, que pone el
recibo en 500.000 € anuales. ¿Por qué se
ha propuesto una solución tan cara para todo Aragón?
Otro tema analizado
es que todo el plan está tremendamente sobredimensionado. ¿Por qué la depuradora de Zuera es diez
veces más grande de lo necesario? Hay razones para pensar que este plan es
corrupto y la fiscalía debería actuar de oficio.
En el Pirineo la
situación es aún más sangrante: hace años el gobierno de España entregó 169
millones para construir las depuradoras del Pirineo. La DGA dijo que ya tenia
inversión privada para ese propósito y destinó el dinero a otros menesteres sin
que, a pesar de haberlo investigado, se sepa donde acabó la mayor parte de ese
dinero.
Dijeron que
hicieron alguna obra de alcantarillado; por ejemplo en Murillo de Gállego. Esto
es verdad pero hicieron el alcantarillado incorrectamente, pues debe separarse
las aguas de lluvia de los vertidos de viviendas e industrias, ya que el agua de lluvia no es necesario
depurarla y las depuradoras cobran por metro cúbico depurado. Actualmente este
tipo de construcción sería ilegal.
Un caso escandaloso
es el de Jaca; los empresarios pagan actualmente a la empresa privada 2.500.000
€ anuales cuando la gestión costaba 400.000 € en el mismo periodo.
Este plan de
depuración se hizo en tiempos de la burbuja y está brutalmente
sobredimensionado. El actual gobierno lo considera un problema heredado.
Además este plan
carece de financiación. Hace unas semanas, la DGA dijo públicamente que lo
financiaría el BEI (Banco Europeo
de Inversión) mediante un crédito hipotecario, pero es mentira no hay ninguna
petición al BEI en tal sentido. ADELPA (asociación de municipios del Pirineo)
planteó una queja al respecto ante las instituciones europeas.
En Zaragoza hay dos
depuradoras: la de La Cartuja, que es privada, se construyo gobernando el PSOE
y cuesta 0,32 € el metro cúbico depurado y la de La Almozara que es pública y cuesta 0,13 € el metro
cúbico depurado. Computando todo Aragón la depuración sale a una media de 1,05
€ el metro cúbico, diez veces más que en Zaragoza. En la Rioja, con depuración
publica, el coste es de 0,15 € el metro cúbico .
Utilizando la tecnología extensiva en lugar de las
carísimas depuradoras físico-químicas se pueden rebajar mucho los costes de
construcción y gestión. El actual plan de depuración está colapsado y debe
rehacerse haciendo un plan Público-Público, Ayuntamiento-DGA o similar. Y este
es un debate de ciudadanos, no es un debate de izquierdas ni derechas, porque
dentro de poco llegaran las multas europeas por incumplir los plazos acordados
y porque en los sitios donde llevan años pagando a Aquagest el recibo ha subido
un 125%. El derecho al agua es un derecho fundamental del ciudadano que no
puede ni debe ser gestionado por el mercado, ni puede sobrepasar el 3% de los
ingresos familiares. Y como el sistema ha colapsado se puede y se debe hacer
otro plan por 10 veces menos de dinero y que además no haga del agua un
negocio.
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