TECNO-INTERÉS GENERAL

Atardecer imperfecto. Foto: Maite Gracia Cazorro

La posibilidad de una participación ciudadana real en las informaciones públicas de los proyectos que emanan de los boletines oficiales tiene más de fantasía y de simulacro que de realidad. 

Los colectivos críticos a la implantación masiva de instalaciones de energía renovable, de centros de datos o de hidrógeno (mal llamado) verde  que comparten la idea de "SiPeroNoAsi", no pueden sino levantar acta de todos los anuncios de BOEs o BOAs que inundan la atmósfera administrativa aragonesa. 

Pese a ello, es de admirar el trabajo que se está haciendo por parte de estos grupos humanos que, además de hacer frente a la avalancha de proyectos que salen de las administraciones, tienen que lidiar con la voluntad de unos medios de comunicación que bendicen, desde casi todas las cabeceras y pantallas, el modelo de desarrollo impuesto desde las empresas del oligopolio energético y de las grandes tecnológicas. Una expresión más de marketing que cala en una gran parte de la población que navega como Dios le da a entender en el lamentable espectáculo mediático en que parece haberse convertido la convivencia ciudadana. 

La información sobre el Plan de Interés General de Aragón "Región MSFT", promovido por la mercantil Microsoft 7724 Spain, SLU, es un ejemplo de ello.

Este proyecto, con un consumo total de 1.846 MW, equivaldría a unos 310 aerogeneradores o 3418 hectáreas de campos fotovoltaicos. Parece que en medio de toda la avalancha de proyectos, nadie cae en la cuenta de que estos (mal llamados) parques traen consigo daños considerables ya no solo sobre la biodiversidad sino también por el cambio profundo en los usos del suelo. Un desequilibrio territorial que las autoridades aragoneses soslayan.

Si se atiende al conjunto de centros de datos de que se está hablando, su instalación incrementaría la demanda de electricidad de la Comunidad Autónoma entre 5 y 15 veces. Esto obligaría a que más del 37% de los terrenos agrícolas estuvieran ocupados por instalaciones de energía renovable; es decir, a eliminar masivamente terrenos agrícolas y convertir zonas verdes en degradadas, una decisión que acabará por pasar factura al conjunto de esta comunidad autónoma.

Por mucho que este proyecto prometa el consumo de energías renovables y combustibles amigables con el medio ambiente para los equipos electrógenos de respaldo, estas instalaciones se enfrentan a graves problemas ecosistémicos, ahondan en la crisis climática y la irreversible transformación de suelos.

Las energías renovables tienen un gran coste medioambiental de producción. Desde la extracción de materias primas y su transporte, la fabricación de placas solares y componentes para aerogeneradores, hasta su transporte e instalación, se realizan con equipos que funcionan con energías fósiles y, por tanto, tienen afecciones directas sobre el cambio climático y el resto de límites planetarios. Asistimos a la paradoja de que la introducción de energías renovales puede empeorar la situación que se quería resolver con su implantación.

Este proyecto difunde la falsedad de que los efectos de las emisiones de GEI y calor se disipan; los efectos se diluyen en un espacio mayor y se reparten con los territorios vecinos potenciando el cambio climático. Si además se tiene en cuenta que las energías renovables no son continuas ni estables, cuando no haya suficiente sol o viento, deberán entran en funcionamiento las centrales térmicas o de ciclo combinado que emiten ingentes cantidades de GEI y de compuestos tóxicos. Los cálculos de emisiones de GEI del proyecto responden a una situación estable de abundancia energética renovable, algo que ya no puede garantizarse cuando el Gobierno de Aragón ha autorizado la conexión de 6300MW de potencia  para el sector de centros de datos y otros 2500MW para la producción de hidrógeno y la acumulación de baterías. Ello implica multiplicar por nueve el actual consumo energético de Aragón y hasta por cuatro su actual producción renovable. Todo ello a beneficio de inventario de un sector que no parece dudar en recurrir a la corrupción para alcanzar sus objetivos.

Aun siendo el consumo de agua de estas instalaciones un problema menor en comparación con el de la energía, lo cierto es que la llegada de nuevos demandantes generará un conflicto de intereses con el resto de usuarios del agua de la cuenca y también con las necesidades medioambientales del propio río que debería ser el primer usuario de sus propias aguas. Nadie parece atender/entender a que la proliferación de instalaciones de hidrógeno producido a partir de energías renovables, junto a las peticiones de nuevos caudales para la ampliación del regadío en toda la cuenca, determina un horizonte de incertidumbre que ni las empresas beneficiarias ni el organismo de cuenca ni los gobiernos autónomos, están tomando en consideración. Parece que se aplique la consideración previa a cualquier planificación de que el agua es un bien ilimitado.

Los colectivos ciudadanos que se han opuesto a este proyecto piden la denegación de este Plan de Interés General para Aragón debido a las irreversibles consecuencias medioambientales, climáticas y sobre la salud de las personas.

Consideran que la vía de urgencia en su tramitación es innecesaria y que su aplicación puede producir un importante daño a la economía aragonesa que, con toda probabilidad, tendrá que hacer frente a una subida del precio de la electricidad en las facturas de familias, comercios y empresas.

Esta consideración que el GA asume sin mayor voluntad de ordenamiento, pone en peligro la seguridad energética de Aragón y del conjunto de España y, pese a las opiniones vertidas en los medios de comunicación respecto al empleo generado, este no solo es precario sino que además se destruye más que el que se genera. Esta actividad puede expulsar de Aragón a otras empresas productivas.

Si a todo esto añadimos que la aplicación de esta plan avala las prerrogativas coercitivas que sólo debería tener la administración en materia de expropiación el resultado es un avance hacia la desvertebración y la despoblación del territorio y sus paisajes.

Un ejercicio en suma, de tecno-optimismo culpable con vocación de distopía que pone a Aragón, sus gentes y sus paisajes, al servicio del interés de un reducido grupo de intereses mercantiles obedientes al liderazgo neoliberal globalizado que hace soplar los vientos del autoritarismo en todos los hemisferios. Todo ello con el silencio culposo de una sociedad civil adormilada que va perdiendo paulinamente su estatus ciudadano para abrazar el de cliente, consumidor y siervo del tecno-feudalismo en boga.