En el caso de Zaragoza no es ajena a esta idea la privatización
en la remodelación urbanística del canal que proyecta el consistorio
zaragozano.
En septiembre pasado, coincidiendo con la XXXVIII Bajada del
Canal, los vecinos volvían a reclamar el desarrollo del Plan Especial que ya se
planteó en 1994 en el Ayuntamiento de Zaragoza, a instancias de organizaciones
vecinales y ecologistas, y cuyo primer avance se aprobó en el año 2000, aunque
sin un desarrollo y con falta de
dotación económica. En el 2003 se renovaron varios tramos y tuvieron su
continuación con las obras de acompañamiento de la Expo en el 2008. Pero
quedaban otros espacios por remodelar como el situado entre las terrazas de
Pina hasta Quinta Julieta, con el Cabezo Cortado por medio, y que podría ser
uno de los bulevares arbolados y peatonales más preciosos de la ciudad.
La sociedad civil, que demanda más vivienda pública para Zaragoza está en desacuerdo con que el
ayuntamiento haya optado por vender el suelo público que queda delante del
centro deportivo Pepe Garcés, antigua fábrica de Alumalsa, donde obtendrá 5,3
millones de euros de los derechos de 110 viviendas. Con la gran necesidad que
existe de vivienda pública, que no se promociona, y que provoca que los jóvenes
de San José y Torrero se dirijan a Arcosur cuando no a Cuarte y Cadrete.
Seguimos viviendo las consecuencias de la operación de la Expo, cuando
alegremente la ciudad se endeudaba, comprando a 700.000 euros la hectárea del
meandro de Ranillas y dejando docenas de edificios abandonados.
Sin duda, también sobre el caso de los canales que hemos citado o en el desarrollo urbano que el ayuntamiento zaragozano elige para la ciudad, gravita la falacia de la “COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADO” que como ya hemos comentado en este blog, en otras ocasiones, representa un mito de gestión de lo público que genera más temores que esperanzas. Este sistema que fue considerado
una solución al permitir inversión y financiación privada para acometer la
construcción y explotación de infraestructuras públicas ya en 2018, el Tribunal
de Cuentas Europeo, en su informe de fiscalización puso en entredicho la
utilización de la colaboración público-privada en su variante de las
asociaciones público-privadas (APP) como vía de optimización de recursos bajo
demoledoras críticas que apuntan a sobrecostes, insuficiencias generalizadas,
gastos ineficaces, falta de transparencia y retrasos. La experiencia del Plan
Aragonés de Saneamiento corrobora este análisis y debería servir de pauta para
lo porvenir.
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