AGUA Y ENERGÍA. 4

Las investigaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado respecto al Caso Forestalia no hacen sino corroborar cuanto desde los colectivos críticos con la implantación de energías renovables (EERR), se viene denunciando. 

Han tenido que ser las actuaciones llevadas a cabo en la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha calificado los hechos como presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, las que ha dado verosimilitud a todo ello.

Por ese motivo, una amplia muestra de estos colectivos (Asamblea Canal Roya, Plataforma en defensa de las Montañas de Aragón, Ecologistas en Acción de Monzón y la Plataforma 13-M por la Racionalidad Energética), han ofrecido una rueda de prensa de análisis de las últimas novedades.

Han agradecido la labor realizada por la UCOMA de la Guardia Civil, cuyo trabajo viene a refrendar las sospechas expuestas a lo largo de los años.

Se ha mostrado la tremenda indignación ante las prácticas irregulares desveladas para forzar Declaraciones de Impacto Ambiental para proyectos de energía renovable, dejando en evidencia la falta de respeto por los pueblos y las gentes afectados. 

Se ha puesto de manifiesto la necesidad de que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias en la Subdirección General de Evaluación Ambiental, en el MITERD, en el Gobierno de Aragón y en el INAGA, a pesar de la relevancia de los implicados que han podido actuar de manera ilícita en los múltiples proyectos tramitados.

No está de más recordar que los colectivos críticos participaron de buena fe el año 2024 en la comisión de las Cortes de Aragón, creada para la investigación de posibles irregularidades en la implantación de las renovables, donde se enumeraron la mayoría de las ilegalidades denunciadas estos días. Por contra algunos grupos políticos se negaron a incluir cualquier irregularidad a pesar de haberse detallado claramente. El resultado fue una comisión tan inútil como otras que ya se han celebrado con otros aspectos que tienen que ver con la gestión de lo público.

Ante el supuesto anuncio de la ministra Aagesen relativo a la suspensión de los proyectos de Forestalia, merece la pena destacar que los trámites se encuentran parados por su judicialización o si se diera el caso de suspensiones cautelares derivadas de los recursos presentados, pero en ningún momento se habla de una suspensión ex profeso.

Los colectivos críticos con el proceso de implantación de EERR solicitan expresamente:

a) La suspensión cautelar de todos los proyectos de la empresa Forestalia que se están desarrollando en Aragón, independientemente de la fase en la que se encuentren.

b) El desmantelamiento del INAGA como instituto independiente y que se cree una Dirección General de Evaluación ambiental gestionada por funcionarios, con protocolos y directrices claras para evitar, en la medida de lo posible, las actuaciones irregulares que presumiblemente se han producido en proyectos renovables y de otros sectores.

c) La investigación dentro del MITERD para depurar responsabilidades, cesar a las personas involucradas en los posibles hechos delictivos o en su supervisión, si tuvieron algún conocimiento y no actuaron, y modificar los protocolos para que sucesos como estos no vuelvan a ocurrir.

d) Que asuman responsabilidades políticas aquellos cargos públicos que hayan podido obtener contraprestaciones ilícitas y aquellos que no hayan ejercido sus funciones de vigilancia como responsables jerárquicos.

e) Una revisión de todos los proyectos, y no solo de energías renovables, sobre los que se han manifestado posibles ilícitos o tratos de favor, así como una investigación rigurosa para destapar otras posibles prácticas fraudulentas en los organismos públicos encargados de la aprobación de proyectos.

Todo ellos con la finalidad de preservar la convivencia en los pueblos y mantener los espacios naturales, los entornos rurales y los espacios agro-ganaderos como lugares de vida, biodiversidad y desarrollo.

En el punto en que se encuentra la sociedad aragonesa es indispensable un desarrollo de las EERR distribuido, planificado y democrático que subordine la economía y los intereses privados a la ética, a la moral, a las necesidades de las personas y a los límites físicos del medio ambiente.