ANTE LAS ELECCIONES EUROPEAS

La participación efectiva España en el esquema político, económico y social de Europa ha repercutido en el ordenamiento normativo de nuestro país en todos los aspectos. La traslación de las directivas europeas, especialmente las relacionadas al agua y el saneamiento, a la legislación española ha representado un avance importante para el modelo que la Red de Agua Pública representa. 

PROPUESTAS DE LA RED AGUA PÚBLICA ANTE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 9 DE JUNIO DE 2024

La Red Agua Pública (RAP) -organización que reúne a varias decenas de plataformas y organizaciones sociales del estado español en la defensa de la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua-, propone a los partidos políticos que concurren a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, un conjunto de consideraciones relacionadas con el sector, con el objetivo de contrastarlas con lo recogido en sus respectivos programas electorales y conocer su disposición a desarrollarlas en iniciativas posteriores, durante la X legislatura del Parlamento.

Las propuestas de la RAP, que las considera fundamentales para avanzar en la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua, se concretan en las actuaciones y reformas legislativas siguientes, que se incardinan en la decisión de evitar retroceder en los avances conseguidos hasta ahora, y reivindican la exigencia de políticas más ambiciosas. 

DERECHOS HUMANOS AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

Reconocimiento expreso e incorporación a la normativa en el más alto nivel posible de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, con el alcance y contenido definido por Naciones Unidas, que las administraciones públicas tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir.

Mientras esto no se consiga, tramitar, en lo posible, la legislación que avance en la implementación de estos derechos y, significativamente, la relacionada con el mínimo vital de agua que garantice que las personas en situación de vulnerabilidad puedan recibir de forma gratuita un suministro mínimo de agua que cubra sus necesidades básicas que les permita vivir dignamente, a la vez que se prohíba expresamente los cortes del suministro en tales circunstancias.

Ante el significativo retraso en la implementación del derecho humano al saneamiento, es relevante impulsarlo no solo en el ámbito de los hogares sino también en los espacios públicos y comunes; la transposición de la nueva Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas a la las legislaciones nacionales, puede ser una buena ocasión para ello.

USOS DEL AGUA, USOS PRIORITARIOS, CAMBIO CLIMÁTICO Y SEQUÍA

Detener el crecimiento de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbanos e industriales, de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles por efecto de la sobreexplotación y el deterioro de la calidad de las aguas y los ecosistemas, y que se agudiza por  el cambio climático en curso, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas, priorizando la reducción de las grandes explotaciones de regadío, las promociones urbanísticas y los usos turísticos más despilfarradores. 

En todo caso, la reducción de la disponibilidad de agua para los distintos usos se deberá realizar con un carácter socialmente progresivo, que priorice el derecho humano al agua, proteja a los sectores productivos agrarios con arraigo en el territorio y a los grupos sociales más vulnerables y asegure los caudales ecológicos.

En coherencia con lo anterior, asegurar que la Política Agraria Común (PAC) se ajuste sistemáticamente a los objetivos de la Directiva Marco del Agua, de forma que la expansión de la superficie de regadío deje de ser subvencionable si el riego afecta a masas de agua cuyo estado se ha definido como inferior a bueno, y se limite la financiación de cultivos intensivos en agua en regiones con estrés hídrico sin que medien controles ni salvaguardas medioambientales y sociales.

PROTECCIÓN DE LAS FUENTES Y ÁREAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE

Urgir a las administraciones públicas y a los operadores de los servicios de abastecimiento de agua a tomar las medidas necesarias para la protección efectiva de las áreas de captación, en consonancia con lo establecido en la directiva relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, concebida como un instrumento de gestión del riesgo

Por otro lado, las instituciones europeas deben actualizar y completar los instrumentos ya existentes –como la lista de sustancias prioritarias de la directiva marco del agua- y profundizar en las estrategias de prevención de los riesgos para la salud humana relacionados con la presencia de productos tóxicos en las aguas de consumo, tales como pesticidas y otros contaminantes emergentes (derivados de fármacos, cosméticos, etc).

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA

Defensa del carácter público de la gestión de los servicios del ciclo urbano del agua rechazando su mercantilización, privatización y financiarización. En cualquier caso, se tendrá en cuenta que toda privatización de estos servicios deberá estar necesariamente precedido por un proceso de participación ciudadana informada que culmine en una Consulta Ciudadana vinculante.

APOYO A LOS PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN

Apoyo a los procesos de remunicipalización de los servicios del ciclo urbano del agua, para lo cual es fundamental revertir la legislación aprobada en el pasado inmediato tendente a obstaculizar, cuando no a impedir, la remunicipalización de los servicios del ciclo urbano del agua.

Garantizar que, cuando se extinga la concesión por finalización del plazo o resolución del contrato, y con una antelación de, al menos un año, se aborde un proceso de información y participación pública destinado a decidir el modo de gestión, cuyo resultado será vinculante.

MODELO DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

Defensa de un modelo de gestión pública que se realice sin ánimo de lucro y de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental. Exigencia de que todos los ingresos que se obtengan de la contraprestación económica procedente de los servicios de abastecimiento y saneamiento se destinen a sufragar los costes de dichos servicios. 

Este modelo es consustancial con la garantía del derecho a la participación pública, activa, libre y significativa en todas las fases de la gestión del ciclo urbano del agua, de forma que sea posible incidir y decidir sobre la realización y seguimiento de la planificación estratégica en todos los niveles de las administraciones públicas, de los proyectos y programas que se realicen y financien, así como en la gestión administrativa y presupuestaria, incluyendo el diseño de las estructuras y políticas tarifarias.

Impulsar instrumentos democráticos de participación ciudadana -como los Observatorios del agua-, que garanticen el acceso a la información y la transparencia en la gestión, haciendo posible una efectiva rendición de cuentas por parte de los operadores de los servicios del ciclo urbano del agua.

Por lo que respecta a los aspectos económicos y financieros de la gestión del agua hay que recordar que, en el estado español, los instrumentos de recuperación de costes según el principio de quien contamina paga están por desarrollar, especialmente por lo que se refiere a la estimación e imputación de los costes ambientales, sobrecargando por la vía de los hechos a los usuarios urbanos. 

DEROGACIÓN DE NORMAS Y LEYES QUE FACILITEN LA PRIVATIZACIÓN U OBSTACULICEN LA REMUNICIPALIZACIÓN

Derogar la legislación que promueva la privatización u obstaculice la remunicipalización de los servicios públicos municipales, entre ellos los de abastecimiento de agua y saneamiento.

CONDICIONES LABORALES

Defensa de personal con derechos y condiciones de trabajo justas, en términos de calidad y estabilidad en el empleo. En consonancia con la importancia de los trabajadores, garantizar su participación en las instancias de toma de decisiones.

Aplicar de forma consecuente las Directivas que regulan la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, así como al acceso a bienes y servicios y su suministro, con estrategias para eliminar los techos de cristal existentes.