PLAN DE SEQUÍA 2023

Las Confederaciones Hidrográficas, son organismos autónomos de la Administración General del Estado que se adscriben al ministerio que ejerce, en cada momento, las competencias en materia de medio ambiente y nadie alberga la menor duda de su capacidad técnica y científica para caracterizar, evaluar y comprender la realidad de sus ríos, del aprovechamiento de sus cuencas y de la calidad de sus masas de agua. 

Otra cosa muy distinta puede ser el marco administrativo en que todo ese conocimiento consolidado se proyecta. Como en tantos aspectos de la actividad humana, el paso de la ciencia pura a su aplicación en una realidad, siempre condicionada al interés económico, presenta un escenario muy difícil de gestionar en el que los sectores productivos pretenden, por todos los medios, imponer su modelo en un intento de continuismo social y económico que no contempla ni de lejos los cambios a que la industrialización de la agricultura, por un lado, y la emergencia climática por otro, obligan.

El caso de la cuenca del Ebro no es ninguna rareza. Sin duda es un escenario complejo en el que, por tradición histórica el peso en la toma de decisiones está claramente escorado hacia los intereses de las comunidades de regantes que, con el paso del tiempo y pese a la consideración del agua como bien demanial, se convierten en sus administradores privilegiados de acuerdo a unas concesiones  que los cambios normativos posibilitan que sean objeto de mercado. Esto es especialmente grave porque las leyes del mercado no deberían dominar la gestión de los bienes públicos.

Nadie duda del valor del agua como recurso ni que la agricultura y la ganadería la necesitan para su desarrollo. De igual forma nadie puede dudar, desde hace mucho tiempo, de la supremacía de un modelo industrializado de agro-ganadería que ha desplazado a la agricultura familiar que fue el origen de la necesidad de gestión adecuada del agua, de los sindicatos de riego y de los organismos de cuenca que deben regular todo el conjunto. Una difícil misión de armonización de intereses, sin duda legítimos, pero, las más de las veces en confrontación y todo ello sin olvidar que el primer usuario de los caudales disponibles debería ser el propio río que, como espacio de biodiversidad, cumple una función medioambiental imprescindible para la vida, al que nunca se da su verdadero valor y que debería ser el primer sujeto de derecho. 

En este estado de cosas, el carácter mediterráneo del Ebro determina regímenes de avenida y estío al que se ha ceñido la actividad humana y deberá ceñirse en el futuro. En ese contexto la sequía es una parte de ese régimen que ciclicamente se pone de actualidad y que el organismo de cuenca gestiona habitualmente a través de sus planes de sequía. Para que no falte de nada las consecuencias del cambio climático van a enfatizar estos periodos y de ahí la importancia del plan que se debate que es la continuidad del ahora en vigor, aprobado en 2018. 

En dicho plan no se acaba de comprender la consideración de sequía como un “fenómeno natural no predecible”. Algo que, como el plan explica muy bien, se sabe que pasa cada cierto tiempo, en modo alguno debería ser considerado “no predecible” porque, precisamente en su predicción y toma de medidas radicará su éxito o su fracaso. Lo no predecible es azar y nadie quiere una planificación hidráulica basada en el azar. De igual forma se debería ser cautelosos con el binomio sequía-escasez que estando relacionados, merecen una gestión cuidadosa y diferenciada.

Desde el comienzo de la planificación hidráulica, los colectivos ecologistas han alertado del creciente desequilibrio entre el recurso disponible y el demandado que podrían llevar a la cuenca del Ebro al colapso hídrico. Lejos de tener en cuenta estas consideraciones y apostar por una estabilización de las demandas, el último Plan de Cuenca (2021-2027), aumenta la superficie de regadío (63.000 has. hasta 2027, 39.000 de ellas en Aragón) y esto, unido a la reducción del recurso por efectos del cambio climático, aumentará la frecuencia y la intensidad de la escasez de agua en un futuro próximo. Un mínimo sentido de prudencia recomendaría revisar la planificación porque cualquier otra opción plantearía un escenario insostenible de crecimiento sin control.

Otro aspecto negativo de este Plan Especial de Sequía 2023, es la admisión de un régimen de caudales ecológicos menos exigente en caso de sequía prolongada. Tal como hemos dicho el río debe ser el primer usuario de su recurso. Necesita el agua para ser río porque la reducción de su régimen hídrico natural puede altera de forma significativa los procesos biológicos, la calidad del agua y a todas las personas que de una u otra se nutren de él. Los caudales ecológicos previstos en el Plan de Cuenca oscilan entre 5-10% de los caudales en régimen natural y ya son de por si, muy bajos para cumplir con sus necesidades ambientales. El Plan de Sequía supone el incumplimiento de estos caudales, agravándose así el deterioro de los ecosistemas y poniendo en riesgo la continuidad ecológica, la biodiversidad y la calidad de las aguas. 

Igual que muchos colectivos que ya se han manifestado en estos términos, deberíamos considerar que reducir los caudales ecológicos supone un grave error que tendrá afecciones importantes aguas abajo de los lugares en que se establezcan alterando gravemente la unidad natural que supone el Ebro que, no hay que olvidar, comprende hasta su delta. 

En la actualidad la demanda bruta media para uso agrícola en la Demarcación Hidrográfica del Ebro es del 92% del total (8.141,33 hm3 /año) correspondiente a un regadío concesional de 924.424 has., una demanda, a todas luces excesiva excesiva en un clima mediterráneo con sequías cada vez más intensas y frecuentes . 

Tal como ya decía la Fundación de la Nueva Cultura del agua en 2017  las políticas agrarias no pueden seguir respondiendo a la demanda ilimitada de crecientes caudales de riego. El debate sobre el futuro del regadío debe ubicarse en el contexto del cambio climático en curso, sobre la base de un diálogo profundo con el sector agrario y ganadero sobre un nuevo modelo de producción de alimentos, basado en el principio de la soberanía alimentaria, que garantice un nivel de vida adecuado a los agricultores y ganaderos pequeños y medianos, en función de los múltiples servicios que prestan a la sociedad y a la conservación del medio natural. Un modelo que incentive la existencia del mayor número posible de agricultores  en el territorio practicando una agricultura y ganadería responsable.

Los Planes de Modernización del Regadío no han cumplido las expectativas iniciales en ahorro de agua, a la vez que han incrementado los costes energéticos en las explotaciones poniendo en cuestión en muchos casos su viabilidad. En no pocas ocasiones los planes de modernización del regadío han deteriorado los regadíos tradicionales y han expulsado a muchos pequeños y medianos agricultores al no poder hacer frente a las inversiones y costes correspondientes. En este sentido es necesario hacer una auditoría de los planes realizados y reorientar los objetivos adaptándolos a las necesidades de cada territorio huyendo de un modelo único. 

Parecería razonable que si se sabe que esta no es la solución a los problemas de escasez sería urgente planificar desde un punto de vista global de cuenca y asegurar la preservación de los valores ecosistémicos que directamente benefician a la propia cuenca, así como asegurar los caudales ecológicos.

En resumen, ante la actual escasez de agua que, en el contexto de cambio climático, se repetirá cíclicamente, se debe priorizar el mantenimiento de los caudales ecológicos en toda la cuenca, entendiendo como recurso esencial por su elevado valor ecosistémico y la interrelación de toda la cuenca. Es preciso entender que el caudal ecológico además de representar un servicio ecosistémico es fundamental a lo largo de toda la cuenca de la que dependen además una importante actividad económica hasta las costas del delta.

En la misma línea de actuación se debería plantear la posibilidad de retirar el riego de tierras no rentables con problemas de salinidad, drenaje o calidad agronómica, estableciendo compensaciones  para los regantes afectados, lo que permitiría reducir la superficie regada ahorrando caudales que permitirían aumentar la garantía de riego en explotaciones viables. 

Posiblemente la agro-ganadería, como parte de un proceso económico global deba enfrentarse a una reconversión industrial como ya ha pasado en otros momento y en otros sectores. En el caso de Aragón la disponibilidad de agua que, como bien público, deberá servir también a otros usos y usuarios, es clave para determinar la viabilidad del modelo que nos ha traído hasta este momento histórico en el que puede que ya no tenga cabida la continuidad de unas formas de hacer y entender que fueron acertadas en un tiempo que no va a volver.