Desde que el año 2001 se publicase (BOE 23/05/2001) el proyecto de Mularroya, si algo ha caracterizado a este proyecto ha sido la falta de información que se ha ofrecido por parte de las Administraciones a los habitantes del entorno; por no informar no se ha informado ni siquiera al sector agrario de toda la cuenca, supuesto beneficiado de la obra. Lo costoso de este proyecto por el trasvase que lo complementa (12,8 Km. de túnel para trasvasar 8m.cúbicos /segundo) hace que los costes que tendrán que asumir los agricultores de la cuenca del Jalón para el riego pueda comprometer la viabilidad sus explotaciones. La desinformación de agricultores de las zonas como el Jiloca o el Aranda de la obligación de asumir los costes de Mularroya, por tratarse de una obra para solucionar la supuestas deficiencias hídricas de todo el sistema, provocará en el futuro tensiones entre los agricultores de los diferentes territorios. A día de hoy todavía no se ha informado a ninguna comunidad de regantes los pagos que tendrán que asumir por la puesta en marcha de Mularroya, ni quiénes serán los beneficiados de las 5.000Ha. de nuevos regadíos que se pretenden transformar aguas abajo de la obra.
Pero la desinformación no sólo se da hacia el sector primario, se da a la sociedad civil en general; en un intento de sacar adelante la obra, el Ministerio y sus diferentes representantes, se ven obligados a forzar el marco legal para sortear la ilegalidad en la que incurre el proyecto desde sus comienzos.
La presa de Mularroya está ubicada dentro de una zona protegida, concretamente se trata de la ZEPA (Zona Especial Protección de Aves) “Desfiladeros del Jalón”, incluida en la Red Natura 2000. Situar un pantano sobre una zona protegida de la Red Natura 2000, es un hecho sin precedentes, es incompatible la protección medioambiental que se pretende con la construcción de un gran pantano como Mularroya. Si a este dato añadimos que la embocadura del túnel de trasvase se sitúa en otra área de Red Natura 2000 (LIC Hoces del Jalón), es fácil concluir que se trata de un proyecto que desde sus principios se ha posicionado fuera de la legislación medioambiental. Todo ello llevó a la Audiencia Nacional el 2 de Febrero de 2009 a anular la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), el Proyecto y el Anteproyecto, y al propio Tribunal Supremo a ratificar esa sentencia y ordenar la paralización de las obras resolviendo el recurso presentado por la abogacía del Estado y la Junta Central de Usuarios del Jalón contra la sentencia de la Audiencia Nacional. A partir de entonces desde el Ministerio se planteó una estrategia de saltarse las leyes medioambientales a través de modificaciones estratégicas de determinados artículos de leyes que regulan la gestión de espacios protegidos (Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad), bajo el amparo del “interés público prioritario” o “razones imperiosas de primer orden” se regula la excepcionalidad en la aplicación de la normativa medioambiental, se instaura un instrumento que permita que la actual DIA no pueda ser cuestionada ni anulada por el poder judicial; en el último Consejo de Ministros del 2014 se declara Mularroya como obra de interés prioritario, en Junio de 2015 sale publicada en el BOE la nueva DIA de Mularroya que salvaba las sentencias desfavorables de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Toda la “ingeniería normativa” que ha exigido la construcción, a cualquier precio, del embalse de Mularroya y el trasvase del Jalón, está suponiendo un fraude democrático que tendrá consecuencias en las obras de infraestructuras que se planteen en el futuro, supeditar la conservación del medio ambiente a una declaración de “Interés general” de un Consejo de Ministros es dar al Gobierno de turno una “patente de corso” para llevar adelante cualquier proyecto. Limitar la capacidad de arbitraje de los tribunales en proyectos cuestionados socialmente resta peso al poder judicial y crea indefensión a la ciudadanía comprometida con el territorio.
Otra variante que se utilizó (y se sigue utilizando) en distintos momentos del procedimiento judicial es la de la seguridad de la obra. Si bien fue un argumento recurrente en las primeras alegaciones al proyecto, no se tuvo en cuenta; desde la CHE se contestó negando peligro alguno, aunque se tratase de una zona inestable geológicamente. Sólo después de que el Tribunal Supremo paralizase las obras (marzo 2013) volvieron aparecer los argumentos en torno a la seguridad de la obra, esta vez en el recurso de reposición ante la Audiencia Nacional que plantearon la Abogacía del Estado y la Junta Central de Usuarios del Jalón, se pretendía que se continuasen las obras por lo peligroso que suponía ese modelo de presa (material suelto) frente a una avenida del río Grío. El recurso fue desestimado por la Audiencia Nacional, en la tercera y última sentencia desfavorable al proyecto. A partir de entonces se repetían las razones de seguridad para justificar la continuidad de las obras, desde las declaraciones de “interés público de primer orden” del Consejo de ministros hasta cualquier comparecencia, ante los medios de comunicación, de responsables políticos, siempre se argumentaba las razones de seguridad para continuar las obras.
La publicación de un informe geológico (Revista de la Sociedad Geológica de España) por parte de un grupo de geólogos de la Universidad de Zaragoza este pasado mes de febrero, ha dado una nueva dimensión a la cuestión de la seguridad en Mularroya. En dicho informe se advertía la posibilidad de que el llenado de Mularroya pudiera provocar seísmos de magnitud entre 6,2 y 6,8 en la escala Richter, que acarrease un fallo geotécnico de la presa que provocara graves inundaciones e poblaciones como Ricla y Calatorao. A partir de ese informe se vuelve la posición de partida cuando la CHE respondía a las primeras alegaciones negando cualquier riesgo y ofreciendo una seguridad total; si un cuerpo de presa de materiales sueltos suponía un peligro en una avenida del río Grío, no podemos infravalorar el riesgo de un seísmo de la magnitud que señala el informe. La administración emplea la seguridad/inseguridad de la obra en función de la coyuntura del momento, lo importante parece ser es continuar la obra cueste lo que cueste.
Una paralización de las obras que permitiese un debate científico sereno y trasparente a la sociedad civil, podría ser una demostración de responsabilidad y valentía política, una oportunidad para que los ciudadanos sintamos que nuestros responsables políticos no comprometen nuestra seguridad en proyectos de difícil ejecución técnica y de dudosa rentabilidad social. Jalón Vivo.
Parece ser que las obras del túnel de derivación ya han empezado, poniendo en peligro las zonas protegidas citadas en el texto anterior, así como el hábitat fluvial y el posiblemente el riego y suministro de agua potable de algunos pueblos. Yo me pregunto, ¿desde el Ayuntamiento de Calatayud no se deberían de haber defendido los derechos de su pedanía Embid de la Ribera? ¿Qué ha hecho este Ayuntamiento al respecto? El Gobierno de Aragón siempre se ha posicionado en contra del trasvase del Ebro, ¿si el trasvase en dentro de la Comunidad de Aragón sí que es válido? ¿No es este posicionamiento hipócrita una muestra de egoísmo?
Fdo. Miguel Angel Gil
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