La rueda de prensa convocada en la FABZ se ha centrado en tres aspectos: 1. La valoración del número de impagados del ejercicio 2018 del ICA. 2. El análisis sobre los nuevos convenios de depuración entre el IAA y los ayuntamientos y 3. La convocatoria de un encuentro ciudadano el próximo 10 de febrero.
1.- Cifra de
impagados correspondientes al recibo del ICA de 2018.
Se ha recibido
constestación por parte del IAA, Instituto Aragonés del Agua, a la pregunta
formulada por la RAPA sobre el número de recibos pagados del ICA
correspondientes al año 2018.
Así se ha podido
saber que:
•
El número de recibos girados por el IAA fue de
333.161 por un importe de 13.339.842 €
•
El número de familias que no efectuaron el pago de
dicho recibo asciende a 88.685 hogares zaragozanos, con un importe de 3.514.191
€ , lo que supondria el 26,6 % de la cifra total de recibos girados por el IAA.
•
Por tercer año consecutivo se mantiene muy alto el
número de familias zaragozanas que se declaran insumisas al pago del recibo del
ICA como protesta por este abusivo recibo.
El Periódico de Aragón recoge el dato de que mientras
que en el ICA se habían recaudado 69 millones (1 más de los previstos) en
sucesiones se habían recaudado 51 millones menos de los previstos. La mayoría
de los otros impuestos también habían recaudado menos de lo presupuestado. La
reforma de la financiación del PASD suponía 15 millones y se demuestra que era
asumible.
2.- Convenidos
con municipios del Pirineo, aprobados por el Gobierno de Aragón, para la
construcción y explotación de depuradoras de aguas residuales.
El pasado 14 de enero el
Gobierno de Aragón aprobó tres nuevos modelos de convenios a suscribir con los
municipios aragoneses para la construcción y explotación de depuradoras de
aguas residuales.
Dos de ellos, para adaptar el
régimen jurídico de los convenios actualmente vigentes a la Ley 40/2015, del
régimen jurídico del sector público. Uno
de ellos contempla la “colaboración” para la construcción y explotación de las
depuradoras por parte del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y el otro, solo
contempla la explotación de las depuradoras por el IAA, fundamentalmente en las
cabeceras de comarca y ciudades principales, cuyas depuradoras ya estaban
construidas cuando se aprobó el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.
El tercer modelo aprobado
corresponde al “modelo-tipo de convenio de colaboración a suscribir entre el
IAA y los municipios pirenaicos para la construcción de plantas de depuración
de aguas residuales y fijación de los términos de la encomienda de gestión para
su explotación por el IAA.”
Respecto a este modelo de
convenio, desde RAPA queremos poner en conocimiento de toda la ciudadanía
aragonesa lo siguiente:
·
La competencia para la construcción de
las depuradoras “de los ríos y núcleos pirenaicos” reside en el Estado y
no en los ayuntamientos, de acuerdo con los artículos 46.2, 127 y 130 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, al estar reconocidas de interés general
por el Real Decreto Ley 3/1993, de 26 de febrero, de Medidas urgentes sobre
materias presupuestarias, financieras y de empleo, así como por el artº 36.5 de
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
·
El Estado, encomendó la construcción de
esas depuradoras a la Comunidad Autónoma de Aragón a través del convenio que
ambas suscribieron el 8 de abril de 2008.
El Estado ha aportado más de 142 millones de euros para acometer esas
obras, de manera que no supusiera ningún coste para la ciudadanía aragonesa.
·
Fue el gobierno aragonés quien en 2008
declaró que la ejecución directa de las obras no se ajustaba al modelo de
gestión que había elegido (la concesión de obra pública a empresas privadas) y
el Estado aceptó que se construyeran siguiendo ese modelo autonómico y aportó
los fondos necesarios para sufragar el gasto que suponían.
·
Los sucesivos gobiernos autonómicos
decidieron gastar los fondos aportados por el Estado en una multitud de obras a
lo largo y ancho de Aragón que podrían ser necesarias e interesantes, pero en
ningún caso eran de “interés general”.
Con ellas se favoreció un sistema clientelar con el que se primaba a los
municipios más condescendientes con los objetivos del gobierno, tal y como se
aprecia en la gráfica siguiente, que fue elaborada durante la “Comisión de
investigación para que estudie, analice y depure las responsabilidades
políticas, si las hubiera, sobre la organización, planificación, funcionamiento
y gestión del saneamiento y depuración de aguas en Aragón”:
·
El fracaso del modelo de construcción y
explotación de depuradoras mediante concesión de obra pública, denunciado desde
RAPA desde hace más de 8 años, confirmado por la auditoría de la Cámara de
Cuentas de Aragón y reconocido por el actual Gobierno de Aragón con sus
declaraciones públicas y sus decisiones políticas, provocó que en 2018 se
denunciaran y rescindieran definitivamente los cuatro contratos suscritos con
empresas privadas para la construcción de las depuradoras de la comarcas
pirenaicas.
·
Prácticamente vencida la vigencia del
convenio de colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma, tras tres
prórrogas sucesivas, las depuradoras del Pirineo están todavía sin
construir. Por tanto, el Estado no ha
cumplido con su competencia porque la Comunidad Autónoma no ha destinado los
fondos aportados al fin prioritario.
Ahora el Gobierno de Aragón
pretende justificar ante el Estado su incompetencia y eludir el riesgo de tener
que devolver los fondos recibidos, proponiendo un plan de actuación para
construir las depuradoras del Pirineo que se prolonga hasta 2026 (18 años
después de la firma del convenio de colaboración) que se basa en dos grandes
vías: las subvenciones anuales específicas para municipios del Pirineo y la
licitación directa desde el IAA de las depuradoras más importantes.
Ante los cambios en el modelo de
gestión de la depuración y el incumplimiento flagrante de los plazos concedidos
por el Estado, el IAA se ve en la obligación de modificar los convenios que en
su día suscribió con los municipios pirenaicos y reconoce expresamente que la
construcción de las plantas se financiará mayoritariamente a través de los
ingresos procedentes de la recaudación del ICA.
Por tanto, el Gobierno de Aragón
pretende que todos los aragoneses paguemos con el ICA la construcción de unas
depuradoras para las que el Estado aportó entre 2008 y 2016 más de 142 millones
de euros. Si se sufragaron con esos
fondos inversiones que debían haberse ejecutado con cargo a los presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma, es de justicia que ahora el actual Gobierno
de Aragón destine fondos de esos presupuestos generales a la construcción de
las depuradoras del Pirineo y no los repercuta a los contribuyentes aragoneses
a través del Impuestos de Contaminación de las Aguas. En caso contrario, el Estado debería exigir
la devolución de los fondos y asumir también sus responsabilidades al respecto.
Los municipios del Pirineo no
deberían suscribir ningún convenio de colaboración con el que admitan que el
coste de la construcción de sus depuradoras se financie con cargo a la
recaudación del ICA y deberían exigir al Gobierno de Aragón que les resarza de
los sobrecostes y sanciones que han venido soportando durante los últimos 18
años por la mala gestión y el mal uso de los fondos públicos recibidos.
Desde RAPA hemos solicitado al
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una reunión en la
que se aclaren todas las circunstancias que concurren alrededor de estos graves
hechos.
3.- La RAPA
convoca un debate con los partidos que votaron la investidura del Gobierno
de Aragón ante el desconocimiento de noticias sobre una fecha prevista para la
derogación del ICA.
La RAPA se siente obligada con los zaragozanos y zaragozanas que han seguido la sugerencia de retrasar el pago del Impuesto de Contaminación a pesar de las incomodidades que puedan derivarse de esa decisión. Por eso, de cara a los voluntarios y simpatizantes de la Red se ha convocado un acto público. A este encuentro se convoca también a los partidos que apoyaron la investidura del Gobierno de Aragón a un
debate en el que se espera que cada uno de ellos exprese su opinión sobre las
negociaciones en curso para la derogación del ICA. Este extremo quedó reflejado
en el punto 74 de los acuerdos de gobierno firmados por dichos partidos y, de momento existe un cierto vacío de información que esperamos llenar en este acto cívico.
La cita es el
próximo día 10 de febrero, en el Centro Joaquin Roncal, a las 19,00 h.
Los medios aragoneses lo han recogido:
