Mientras en Madrid el PSOE y Unidos Podemos pactan en el Congreso de los Diputados introducir modificaciones legislativas encaminadas a "facilitar" que los ayuntamientos puedan optar "efectivamente" a recuperar la gestión directa del abastecimiento del agua, en Zaragoza sigue la misma situación con respecto al Impuesto de Contaminación.
En la iniciativa parlamentaria, PSOE y Unidos Podemos instan al Gobierno a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para apostar por la autonomía local en la gestión de un recurso esencial como el agua. Asimismo, se recoge la posibilidad de que los municipios puedan gestionar de forma conjunta "todo el ciclo del agua", eso sí, "priorizando el consumo humano".
Por lo que respecta a Aragón la Red de Agua Pública de Aragón rechaza a propuesta lanzada a los medios de comunicación por el PSOE, al considerar que se trata solamente de un burdo y
engañoso intento de apagar la indignación ciudadana por el ICA.
Se vale para ello de una supuesta alternativa al actual impuesto que
aparenta en su retórica querer cambiarlo todo para asegurar que nada cambie.
Intenta así frenar el descrédito del Gobierno de Lambán por su inacción ante las
demandas ciudadanas de reformas al ICA tratando de asegurar al mismo tiempo que
las bases del modelo de saneamiento y de su financiación permanezcan intactas.
Aunque se anuncian rebajas en
el tramo de menor consumo, no hay ninguna propuesta para limitar el sistema
tributario con topes máximos, ni ninguna medida en línea a garantizar la
sostenibilidad futura del modelo de depuración y las tarifas pueden ser de
nuevo incrementadas en cualquier momento.
Aunque se anuncian rebajas de un 32% para los contribuyentes cuyos
consumos se sitúen en el primer tramo de la tarifa propuesta (hasta 6 m³/mes),
que representan poco más de una cuarta parte de los hogares (un 27,3%), eso
significa que seguirán soportando un incremento de la presión fiscal del 74%
respecto a lo que pagan al Ayuntamiento de Zaragoza por los servicios de
saneamiento.
Además, la propuesta no establece ningún límite a los precios que se
apliquen, por lo que las tarifas pueden incrementarse en cualquier momento
mediante la ley de presupuestos. No
olvidemos que el proyecto de revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y
Depuración ya preveía incrementos de las tarifas del ICA del 7,50% para 2017 y
del 5% para 2019, que no se han aplicado todavía, y la propia Cámara de Cuentas
planteaba un incremento medio anual del 3,7% para que se pudieran cubrir todos
los costes del sistema.
En el caso de la ciudad de Zaragoza el actual ICA, cuyos recibos se han
librado recientemente, supone un incremento medio de la presión fiscal sobre
las actuales tarifas de saneamiento de un 86%, lo que representa un pago anual
de 25 € por persona. La nueva propuesta tan solo reduce el incremento de la
presión fiscal media a un 68%, lo que sigue siendo una barbaridad, más aún
cuando la ciudad tiene pendientes importantes gastos de mantenimiento y mejora
de su sistema de saneamiento y depuración que exigirán en los próximos años
incrementos notables en sus tarifas.
Los ingresos totales a obtener de la ciudadanía de Zaragoza hemos estimado
que se incrementarán en más de 2 millones de € alcanzando una cifra próxima a
los 20 millones de €. Es decir, con la propuesta del PSOE, Zaragoza pasará a
pagar cada año casi la mitad de la factura de la depuración de aguas residuales
fuera de su término municipal, además de la suya propia, sin recibir ninguna
compensación a cambio. Recordemos que en la propuesta de RAPA para avanzar
desde el consenso hacia un escenario futuro de sostenibilidad la presión fiscal
se incrementaría en Zaragoza tan sólo un 17,4%, lo que equivale a unos 5 € por
persona y año.
El tratamiento a la tarifa progresiva por tramos que plantea el PSOE es, a nuestro juicio, una insensatez. Para compensar lo que dejan de ingresar en
los hogares más pequeños y en los pueblos con menos habitantes la presión
fiscal sobre el pequeño comercio casi se triplica. Así, un comercio con un
consumo actual de 800 m3, que con el ICA actual ya paga 221,26 €,
pasaría a pagar 599,65 €. Sin embargo el precio de la cuota variable del tercer
tramo, el de mayor consumo, que debiera ser el más penalizado, lo bajan un 30
%.
En muchos de los pueblos pequeños donde no hay depuradora, tampoco hay
contadores. En estos pueblos los hogares pagan un consumo a tanto alzado
calculado a razón de 400 litros por vivienda y día, repercutiéndose un ICA de
60,38 €. Pese a no prestar servicio de depuración, la tarifa propuesta apenas
desciende quedando en 54,50 €. En la propuesta de la RAPA en estos pueblos los
hogares pagarían tan solo la cuota compensatoria general, de 0,10 € por m3
que supondría 14,60 € al año.
En cualquier caso, pase lo que pase en Madrid o en Zaragoza, la Red de Agua Pública va a seguir fiel a su razón de ser como parte de un tejido asociativo y ciudadano en lucha por un modelo de gestión de lo publico al servicio de los aragoneses.
