Estimados Señores:
Por la presente queremos poner en su conocimiento nuestro profundo descontento por la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Zaragoza y Ecociudad Zaragoza con el respaldo favorable de los representantes de PP, PSOE y CHA (I.U. votó en contra) de endosar a las cuentas de la empresa pública los gastos derivados de la recuperación del edificio concedido a REMAR en Rosales del Canal.
Como en su día tuvimos ocasión de manifestarles, desde la Red de Agua Pública de Aragón estamos dispuestos a asumir compromisos y a tejer consensos sociales y políticos para construir un nuevo modelo de gestión pública del agua eficiente, transparente y participativo. Pero ese compromiso exige construir herramientas de gestión sobre la base de principios compartidos que todas las partes nos comprometamos a respetar y profundizar. En ese sentido definimos unos criterios mínimos de funcionamiento que quedaron reflejados el pasado mes de mayo en el Pacto Social por la Gestión Pública del Agua.
Entre estos criterios tuvimos la ocasión de discutir ampliamente acerca de la conveniencia de NO destinar los recursos económicos generados por las tarifas del agua que abonamos los ciudadanos a finalidades ajenas al propio ciclo integral del agua. Cabe recordar que esta condición era esencial para retirar nuestras acciones legales contra la instauración de un precio privado que permitía una recaudación superior a la necesaria para satisfacer los gastos efectuados. Es más, alcanzamos un punto de equilibrio entendiendo que, excepcionalmente y una vez cubiertas las prioridades, cabría, caso de existir remanentes, alimentar un fondo de acción social al amparo de un plan de responsabilidad social corporativa, siempre previo acuerdo y bajo la supervisión del Consejo Social.
Sólo dos meses han bastado desde su firma para que una conveniencia política coyuntural haya llevado a vulnerar los compromisos establecidos en el Pacto por la Gestión Pública del Agua. El asunto es a nuestro parecer muy grave, pues al computar a Ecociudad Zaragoza gastos que corresponde asumir al Ayuntamiento de Zaragoza, convirtiendo a esta empresa municipal en una mera entidad instrumental para disfrazar déficit de todo origen, se desplaza a ella una tensión económica que acabará por dificultar la vialidad y solvencia futura de la empresa y ello, o bien repercutirá en las ya muy abultadas tarifas a pagar por los ciudadanos o, como en tantos casos que en nuestro país estamos contemplando y combatiendo, se utilizará como pretexto para una futura privatización ante la supuesta necesidad de contar con capital privado que equilibre sus cuentas.
Como comprenderán, la situación y las decisiones tomadas nos suscitan serias dudas acerca de la voluntad real de los grupos que han votado a favor de la propuesta de entenderse con nosotros y de hacer de Ecociudad Zaragoza una herramienta pública realmente útil y eficiente, lo que pudiera llevar a replantearnos nuestro apoyo a este modelo.
Atentamente,
R.A.P.A. ( Red de Agua Pública de Aragón )
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